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DECLARACION CONJUNTA DE ORGANIZACIONES PANAMEÑAS DE DERECHOS HUMANOS CON MOTIVO DEL TRIGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

PANAMÁ JUNIO 3-5 DE 2007

En una significativa acción conjunta, Organizaciones panameñas que trabajan en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, unen esfuerzos en ocasión de celebrarse en nuestro país la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, elevan sus voces, como un llamado de atención ante la situación que vive Panamá en materia de derechos humanos. En momentos en que la pobreza en los sectores indígenas, afro-descendientes, mujeres y jóvenes, los elevados niveles de delincuencia, el alza de la canasta básica familiar directamente relacionada con la crisis energética mundial, evidencian una gran dificultad en la toma de conciencia de nuestros gobernantes de la necesidad de que el desarrollo sea para, y con, todas las personas de nuestro país.

Considerando que alcanzar el desarrollo y erradicar la pobreza son los objetivos principales de las agendas y diálogos nacionales, Organizaciones panameñas que trabajan en materia de derechos humanos, estiman necesario que el estado panameño revise el cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales que deben tener como principal beneficiario al pueblo panameño.

En este marco extendemos a la nación la siguiente declaración.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

CONCIENTES de la situación de discriminación bajo la cual viven diversos grupos sociales, y reconociendo los problemas específicos que sufre cada uno de estos en particular, como lo son: el abandono económico, político y social a los pueblos indígenas, la violencia contra la mujer, la falta de oportunidades a las personas con discapacidades, la estigmatización a las personas que viven con VIH/SIDA, etc.,

RECORDANDO los diversos casos en que las omisiones gubernamentales han tenido por consecuencia la perdida de vidas humanas, y la ausencia de la correspondiente investigación, reparación y garantía de no repetición,

RECORDANDO el carácter de Crímenes de Lesa Humanidad de los delitos cometidos durante la dictadura militar panameña (1968-1989) y el carácter de Delito de Genocidio de la invasión militar norteamericana a Panamá de diciembre de 1989 y la obligación que tiene el Estado panameño de garantizar verdad, justicia y reparación indistintamente a las victimas de estos dolorosos eventos,

RECORDANDO la obligación del Estado panameño de respetar la naturaleza del asilo político, que no permite que se brinde protección a personas presuntamente vinculadas con la comisión de actos contrarios a los fines de la Comunidad Internacional, consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en los Tratados de Derechos Humanos de alcance Universal, Hemisférico, y en el Derecho Internacional,

RECORDANDO que las normas de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos obligan al Estado panameño al juzgamiento por tribunales nacionales o a la extradición de aquellas personas presuntamente vinculadas por la comisión de Graves Crímenes contra el Derecho Internacional, como lo son RAOUL CEDRAS, PHILLIPE BIAMBY, entre otros,

LAMENTANDO las condiciones infrahumanas en que viven los privados de libertad en los centros carcelarios a lo largo del país, en donde el abuso policial tanto físico como psicológico es una práctica frecuente,

JUSTICIA Y PAZ: RECORDANDO que un 60% de las personas privadas de libertad tienen procesos penales que aún no concluyen y por tanto aún esperan la definición de sus respectivos casos,

CONCIENTES que nuestro país no es ajeno a las modalidades clásicas y modernas de esclavitud como lo son la explotación sexual, la trata de niños, la introducción ilegal de inmigrantes bajo el esquema de trabajador endeudado con quienes lo introdujeron al país, etc.,

CONSIDERANDO que el régimen de protección nacional a refugiados y solicitantes de la condición de refugiado no se acoge a los estándares nacionales e internacionales y que no existen respuestas efectivas a situaciones de refugio a largo plazo; que el procedimiento de solicitud de la condición de refugiado está sometido a un alto grado de arbitrariedad para decisiones fundamentales; que no se da solución a la situación prolongada de protección temporal de muchas personas restringiendo de forma sistemática e injustificada sus derechos,

LAMENTANDO el sistema migratorio que centra un innecesario rigor sobre los migrantes empobrecidos que salen de sus países para mejorar su calidad de vida, las recientes restricciones justificadas en la premisa de que el aumento de la criminalidad en Panamá es generado exclusivamente por los extranjeros; así como la burocracia y altos costos que enfrenta esta población al momento de su legalización, y el aumento de las deportaciones masivas, sobre todo si no reparan en la protección que se le debe dispensar a la unidad del núcleo familiar.

OBSERVANDO los altos niveles de percepción de corrupción en el Órgano Judicial (más aún en los últimos años) y tomando en cuenta la falta de compromiso del Estado con la pronta y total ejecución del Pacto por la Justicia,

RECORDANDO el largo y accidentado proceso que finalizó con un Código Penal que dista mucho de satisfacer los requerimientos de la sociedad panameña,

SOSTENIENDO la necesidad de reforzar los mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información,

TENIENDO EN CUENTA las diversas limitantes legales a la libertad de expresión y de prensa que aún encuentran lugar en nuestra legislación,

CONSIDERANDO que nuestro Estado ha expedido normas fiscales como el Decreto Ejecutivo No. 524 de 31 de octubre de 2005, según el cual pueden, desde lo tributario, coartar independencia de gestión y expresión de las organizaciones de la sociedad civil panameña,

RECORDANDO la importancia que tiene para la vida democrática del país, la posibilidad de llevar nuestras luchas a las calles a través de la protesta social pacífica, y sin olvidar las diversas ocasiones en que se ha tratado de reprimir o coartar tal derecho,

CONVENCIDOS que las causas de la delincuencia juvenil se encuentran en la pobreza, en la falta de oportunidades, en la falta de familias estables, en la penetración de las drogas y el crimen organizado en este sector de la sociedad panameña,

PREOCUPADOS por los intentos del gobierno nacional de resolver los problemas de criminalidad juvenil desde una perspectiva punitiva, en contravención a la normativa internacional,

CONSIDERANDO que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le han elevado varias peticiones sobre las cuales no se ha pronunciado aún,

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

CONSIDERANDO la alta tasa de desempleo en Panamá, la cual se encuentra entre las más altas del hemisferio; y teniendo en cuenta que gran parte de los panameños laboran en el sector informal de la economía,

CONCIENTES que estas cifras de desempleo son parciales, ya que no toman en cuenta el desempleo abierto y el subempleo,

TENIENDO PRESENTE que, frecuentemente, ante el reclamo de las organizaciones sindicales por el respeto a sus derechos laborales, las autoridades responden con incumplimiento y represión,

LAMENTANDO que se limite de hecho el derecho a sindicalización de trabajadores en el sector bancario y el sector comercial, entre otros,

RECORDANDO los continuos accidentes en los centros de trabajo que dejan saldos dolorosos y vacíos económicos en muchos hogares producto de la irresponsabilidad patronal en materia de seguridad,

TENIENDO EN CUENTA que un gran número de niños panameños se ven obligados a trabajar para llevar sustento a sus hogares,

CONSIDERANDO que en Panamá se observa un empobrecimiento creciente y excluyente de los sectores históricamente menos favorecidos,

VIGILANTES del cabal cumplimiento de las promesas realizadas con motivo del referéndum para la ampliación del Canal, particularmente del compromiso de usar los fondos excedentes para el desarrollo integral del país,

PREOCUPADOS por el constante aumento del costo de la vida, particularmente en lo que respecta a los servicios públicos, el cual limita las posibilidades del acceso al desarrollo de gran parte de los panameños, especialmente a los campesinos y grupos Indígenas,

CONSTERNADOS porque el superávit económico que genera la economía panameña sólo es disfrutado por una mínima parte de la población, como lo demuestra la enorme desigualdad social,

RECORDANDO que la promesa de una reforma agraria nunca fue satisfecha, y que grandes extensiones de tierra en Panamá están muy lejos de cumplir la función social ofrecida al campesinado,

PREOCUPADOS por la falta de apoyo al sector agro y ganadero, lo cual provoca la constante emigración a los centros urbanos del país,

SEGUROS de que en gran parte del país no se satisfacen los más mínimos requerimientos en lo que respecta a salud pública y erradicación de enfermedades,

LAMENTANDO que la educación pública dista mucho de ser gratuita, universal y multilingüe; y que además adolece de graves deficiencias en la calidad educativa y en las condiciones materiales,

CONSTERNADOS por la creciente vulneración tanto en el campo como en la ciudad del derecho a un medio ambiente sano,

RECLAMANDO el derecho de la población a vivir en ciudades limpias, sanas y seguras,

LAMENTANDO la cuestionable especulación en materia de bienes raíces, surgida de una insaciable voracidad por vender el país al mejor postor, sin considerar las medidas que deben adoptarse a fin de evitar que un mercado no atado a consideraciones sociales, nos prive eventualmente del derecho a gozar de una vida digna, y de un medio ambiente sustentable y heredable a nuestras futuras generaciones.

CONDENANDO la tendencia a no consultar a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en áreas donde se planifican y ejecutan proyectos de construcción de represas,

RECHAZANDO las actividades de aquellas empresas de exploración y explotación minera que contaminan al medio ambiente, vulnerando por tanto las condiciones de vida digna de las poblaciones aledañas,

LAMENTANDO que el Estado panameño aún no se adhiere a algunos de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos,

Resuelven,

EN TORNO A LOS CASOS PENDIENTES DEL SISTEMA INTERAMERICANO

1. Conminar al Gobierno para que cumpla a cabalidad y de manera inmediata las obligaciones internacionales que surgieron con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baena Ricardo y Otros, relativo a la Ley No. 25 de 1990 tal como lo indica el Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humano expedido en el mes de febrero de 2001. No hacerlo, marcaría un grave precedente que lesionaría la credibilidad de reparación del Estado ante presentes y futuras violaciones de derechos humanos y conllevaría consecuencias en el ámbito internacional

2. Apoyar la búsqueda de justicia por parte de las víctimas en instancias nacionales e internacionales. Particularmente nos unirnos a los esfuerzos de la Familia Portugal en el proceso que adelantan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. Exigir que el Estado panameño cumpla las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso de Santander Tristán Donoso.

4. Requerir al Estado panameño que indemnice a las comunidades Kuna de Madungandi y Emberá de Bayano por la construcción de la represa de Bayano, causa acogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante el expediente no. 12.354 de 2000.

EN MATERIA DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

1. Solicitar al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la igualdad política, social, laboral, económica y legal de todos los grupos que conforman la sociedad panameña.

2. Exigir medidas específicas dirigidas a resolver los problemas que aquejan a grupos sensibles; las tales podrían ser:

a. La inclusión plena de los pueblos indígenas en los procesos democráticos del país, para que sean satisfechas sus necesidades en materia de derechos sociales, según su propia cosmovisión y su desarrollo con identidad.

b. La enérgica actuación de las autoridades competentes en la pronta detección y sanción de casos de violencia contra la mujer y violencia doméstica.

c. La promoción de ciudades amigables a los discapacitados, así como el aseguramiento de su igualdad en las condiciones laborales.

d. El compromiso de la Asamblea Nacional de anteponer la vida, la salud y el libre desarrollo de las personas, a toda posición política, religiosa y económica que obstaculice las acciones para detener la pandemia del VIH-SIDA.

3. Exigir que se ejecuten lo más pronto posible, las medidas de reparación a las victimas y las garantías de no repetición de las tragedias de la Cresta en la que murieron panameños de extracción popular como resultado del incendio de un bus de transporte colectivo en condiciones defectuosas, así como de la tragedia de la Caja del Seguro Social que ha causado la muerte a más de un centenar de panameños por envenenamiento con Dietilen Glycol; específicamente exigimos que los correspondientes procesos penales se den de manera expedita para deslindar las responsabilidades; que el gobierno reconozca su papel omisivo en la larga cadena de eventos que llevaron a estas tragedias; que se creen instancias especificas de reparación; que se adopten normas legales que establezcan estándares razonables en la materia y que el gobierno se comprometa a cumplir los estándares internacionales de protección sobre las materias específicas.

4. Luchar por el establecimiento de un Programa Nacional de Verdad, Justicia y Reparación, con el objeto de cerrar finalmente el periodo post-dictatorial en un ambiente de armonía y reconciliación nacional; y que simultáneamente se honre las justas reivindicaciones de las victimas de la invasión a Panamá las cuales el Estado esta obligado a satisfacer.

5. Lograr que el Estado reconozca la magnitud y cantidad de crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo de la dictadura militar y en la genocida invasión militar del 20 de diciembre de 1989, para coadyuvar en la creación de una memoria histórica que garantice la no repetición de dichos crímenes.

7. Luchar por que miembros de los gobiernos de facto y de las fenecidas Fuerzas de Defensa, respondan sobre los crímenes que cometieron en su momento, y por el fin a la impunidad y a los beneficios que gozan.

8. Exigir que el Gobierno deje de brindar asilo político y protección a reconocidos criminales internacionales como RAOUL CEDRAS y PHILLIPE BIAMBY, entre otros, quienes adelantaron actos genocidas y de opresión en perjuicio de pueblos hermanos.

9. Exigir igualmente que el Gobierno deje de brindar asilo político y protección a reconocidos criminales internacionales como JORGE SERRANO ELÍAS Y ABDALÁ BUCARAM, quienes se enriquecieron a costa del sufrimiento de sus pueblos.

9. Insistir en la necesidad de juzgar a todo criminal internacional que se encuentre bajo la jurisdicción panameña o, en su defecto, entregarlo a las autoridades nacionales de un país dispuesto a juzgarlo debidamente.

10. Instar al Estado para que atienda de manera diligente los diferentes problemas que confronta nuestro sistema penitenciario en materia de salud, infraestructura, programas de rehabilitación y personal de custodia y administrativo.

11. Luchar para el establecimiento de un modelo penal y penitenciario que aliviane la carga que pesa sobre los centros carcelarios de todo el país; específicamente que se tomen las medidas para reducir la cantidad de personas en medidas de prisión preventiva.

12. Promover controles migratorios tendientes a erradicar la trata de personas, la explotación sexual y las deudas perpetuas.

13. Solicitar al gobierno Panameño que se tomen medidas pertinentes para resolver la situación de los refugiados a nivel nacional, como lo son:

e. concretar el largo proceso de siete años de la regularización de refugiados de larga data;

f. respetar los compromisos asumidos con el Estado Colombiano en Abril de 2004 para regularizar alrededor de 500 personas colombianas bajo el régimen de protección temporal y

g. reformar el Decreto Ejecutivo 23 de 1998 sobre el procedimiento de solicitud de la condición de refugiado y elevarlo a rango de ley para actualizarlo a la realidad regional y nacional.

14. Exigir al Gobierno el cumplimiento expedito y absoluto del Pacto por la Justicia.

15. Unirse con los entes públicos para la elaboración de un Código Procesal Penal que satisfaga las expectativas de la ciudadanía, que proponga mecanismos modernos de lucha contra la criminalidad y que tenga operatividad y funcionalidad en nuestro medio.

16. Luchar para evitar que, bajo pretextos de seguridad pública, se limiten los derechos humanos contemplados en la constitución y tratados internacionales; particularmente rechazar un modelo de investigación desmedido fuera del control judicial y ejecutado por uniformados.

17. Exigir se consagren legalmente otros modelos de participación ciudadana y de auditoria social, de manera que se promueva una cultura de rendición de cuentas y acceso a la información pública.

18. Reiterar el descontento sobre el incumplimiento de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, y continuar con la agenda de despenalización de la calumnia e injuria.

19. Defender nuestro derecho a protestar pacíficamente, y rechazar cualquier intento de los Órganos del Estado de criminalizar la protesta social.

21. Exigir la derogación o modificación de las normas fiscales o de otra índole, que puedan servir como mecanismos de control indirecto o persecución de los organismos de la sociedad civil panameños.

22. Defender el derecho de los jóvenes infractores a un proceso penal especializado que tome en cuenta su situación, y reiterar que la lucha contra la criminalidad juvenil no se da en los tribunales ni centros de detención, sino a través de programas de educación en valores, actividades de sano esparcimiento y en general, creación de oportunidades de desarrollo social y personal en áreas sensibles.

23. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie sobre las cuestiones de admisibilidad y fondo en torno a casos panameños.

EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

24. Solicitar al Gobierno que diseñe un programa de incentivos efectivos a la pequeña y mediana empresa, de manera que se promueva el empleo formal de más panameños.

25. Luchar para que no se limiten los derechos de sindicalización de los trabajadores ligados a la banca y al comercio.

26. No permitir que los entes gubernamentales coarten la libertad de sindicalización, manifestación y huelga de los trabajadores.

27. Pedir al Gobierno Nacional que, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se vigile estrictamente a las empresas constructoras de manera que cumplan a cabalidad con la normativa de seguridad laboral vigente.

28. Unir esfuerzos para erradicar, de una vez por todas, el trabajo infantil en Panamá.

29. Rechazar el presente modelo de desarrollo que genera una injusta distribución de las riquezas, un aumento de la dependencia económica, una impagable deuda externa; y en su lugar impulsar un modelo que promueva la inclusión de los sectores menos favorecidos.

30. Promover que los recursos excedentes del Canal se destinen a inversión social, que su distribución se realice según las prioridades que la propia ciudadanía establezca mediante un ejercicio nacional de elaboración de un presupuesto participativo y que la ejecución de las inversiones sea monitoreada por los distintos sectores que componen nuestra sociedad, los cuales deben rendir informes periódicos a la ciudadanía.

31. Solicitar al Gobierno que ejerza un control efectivo sobre las empresas prestadoras de servicios públicos, de manera que sus ganancias sean razonables.

32. Procurar la búsqueda de una reforma fiscal que acabe con el sistema de privilegios que prevalece en Panamá.

33. Comprometer al Estado en la erradicación de la pobreza y asegurar niveles de equidad que garanticen condiciones de vida humanas y dignas para toda la población, particularmente a los sectores que más sufren la pobreza y la extrema pobreza.

Instar al gobierno panameño a respetar los derechos de las personas migrantes en cumplimiento con los pactos y convenios internacionales suscritos.

34. Promover una reforma al Código Agrario que contribuya al uso social de la tierra.

35. Requerir programas para impedir la vulneración de aquellos actores económicos pequeños y medianos que se verán afectados por la aplicación de políticas contenidas en algunos tratados de libre comercio.

36. Exigir el cumplimiento de los estándares mínimos de salud de acuerdo a las organizaciones internacionales, particularmente que se tome responsabilidad sobre la situación de la salud en las áreas rurales e indígenas de nuestro país y que se refuerce la lucha por la erradicación de enfermedades infecto-contagiosas.

37. Exigir al Gobierno Nacional que replantee el modelo educacional, de manera que la escuela primaria sea verdaderamente gratuita y universal, cumpliendo con los estándares mínimos en material humano, equipo e infraestructura,

38. Requerir del Estado el respeto de las normas nacionales e internacionales de protección al medio ambiente de modo que se impidan acciones u omisiones de agentes estatales o particulares que pongan en peligro la sostenibilidad de un medio ambiente sano,

39. Recordar al Estado la necesidad de que se adhiera y/o ratifique los siguientes instrumentos internacionales:

· el Convenio 156 de la OIT sobre la Igualdad de Oportunidades y Trato para Hombres y Mujeres, de 1981;

· el Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 1989;

· la Convención sobre el Status de los Apátridas de 1954;

· la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961;

· el Convenio 135 relativo a la Protección y las Facilidades que deben Otorgarse a los Representantes de los Trabajadores en la empresa;

· el Convenio 141 de la OIT sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales y su función en el Desarrollo Económico y Social;

· la Convención 151 de la OIT sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública, de 1978;

· el Convenio 167 de la OIT sobre Seguridad y Salud en la Construcción, de 1988;

· la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, de 1990;

· el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT de 2006;

· la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas en contra de las Desapariciones Forzadas de 2006, de Naciones Unidas.

· y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas de 2006.

Está declaración representa nuestro compromiso vigilante frente a acciones que puedan violentar derechos humanos, y marca el camino hacia la articulación de nuestras organizaciones en la lucha por la vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos.

Las Organizaciones participantes incluyen, en orden alfabético, a:

Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP),
Centro de Capacitación Social (CCS),
Centro de Estudios y Acción Social – Panamá (CEASPA)
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM),
SEQ CHAPTER \h \r 1Centro de Investigación de los Derechos humanos y Socorro Jurídico de Panamá (CIDHS),
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM),
Concejo Nacional de la Juventud de Panamá,
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer (CODIM)
Comisión de Justicia y Paz,
Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA),
Foro Mujer y Desarrollo,
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana,
Instituto de Estudios Políticos e Internacionales (IEPI),
ONG Comisión de la Verdad,
Trabajadores Ley 25,
Unión Nacional de Abogadas (UNA),
Voces Vitales

Organizaciones Internacionales que apoyan la Declaración Conjunta:

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, México,
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL,
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU Ecuador,
Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas, Programa LAC, Argentina,
MULABI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. Argentina, Costa Rica, México.
OTD, Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad, Chile.

	Consejo Consultivo de CLADEM: Carmen Antony Susana Chiarotti Graciela Dufau* María Antonia Martínez Julieta Montaño Silvia Pimentel Giulia Tamayo Roxana Vásquez Cristina Zurutuza * In Memorian


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