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INFORME NARRATIVO DEL SEMINARIO TALLER - PARAGUAY

“INSTRUMENTOS Y MECANISMOS INTERNACIONALES DE

PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA NIÑA Y DEL NIÑO”

Esta actividad se llevó a cabo en Asunción, Paraguay como parte del compromiso asumido por una integrante de Cladem Paraguay de replicar el seminario taller del mismo nombre llevado realizado en Bogotá, Colombia, en julio de este año.

Fecha: Viernes 22 de octubre de 2004

Local: Hotel Cecilia – Asunción

Entidades Organizadoras:

• Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia –CDIA- Paraguay

o  Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer –CLADEM- Paraguay

Asistentes:  59 asistentes, pertenecientes a distintas organizaciones sociales y operadoras del sistema de justicia principalmente. Ver detalles en el anexo 1.

Objetivos:

·     Analizar los derechos de la infancia y la adolescencia desde la perspectiva de género.

·      Reflexionar acerca de los nuevos paradigmas que rigen en la promoción y la defensa de los derechos de la niña y del niño y su aplicación práctica en nuestro país.

·      Utilizar los mecanismos internacionales de protección a los derechos de la niñez para la presentación de situaciones problemáticas de la infancia de nuestro país.

Apertura del Seminario: Las palabras de apertura del Seminario Taller realizaron dos  representantes de las entidades organizadoras: por Cladem Paraguay, habló Graciela Mendoza y por CDIA, se dirigió a los presentes María Silvia Calvo. 

Graciela Mendoza resaltó la importancia del encuentro, ya que constituía un espacio para discusión y análisis  de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que a nivel regional, Cladem ha adoptado como una línea de trabajo. Propuso ver a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y modificar nuestras actitudes para comprender que tienen su propia voz y que no deben limitarse a seguir la ruta que les indicamos. También destacó la necesidad de que a nivel de los operadores/as de justicia y defensores/as de los derechos humanos se puedan incorporar al trabajo cotidiano, los nuevos paradigmas existentes en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

María Silvia Calvo destacó la importancia de compartir la organización con CLADEM Paraguay, precisamente en el momento en que se plantea la necesidad de impulsar una alianza estratégica entre los sectores sociales que trabajan niñez y género femenino, que históricamente son discriminados. Además subrayó la imprescindibilidad de transversalizar el principio de no discriminación, con énfasis en artículos como el derecho a la salud, protección de grupos vulnerables, etc. así como la necesidad de terminar con la ausencia de políticas públicas para eliminar estas discriminaciones, donde persisten diferencias, ejemplificando el acceso a educación.

PRIMER PANEL:

.   Carmen Coronel: “Sistema de Protección Internacional a los Derechos Humanos”.

.   Rosa María Ortiz: “El Comité Internacional y la defensa de los Derechos del Niño y de la Niña”.

.  Roberto Stark: “La experiencia paraguaya en la utilización de los mecanismos internacionales de protección”.

“EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

A LOS DERECHOS HUMANOS”

CARMEN CORONEL [1] 

La primera expositora indicó que las Naciones Unidas ha postergado el reconocimiento de los derechos, entre ellos, los de niñez, la ONU ya tenía 40 años de funcionamiento cuando se vio la necesidad de contar con un instrumento específico para defender los derechos del niño, la niña y adolescentes. Además, señaló que los graves problemas notorios, como la desnutrición y los altos índices de mortalidad, el analfabetismo hicieron necesario que se firmara la Convención por los Derechos del Niño.

Mencionó algunos de los organismos creados para monitorear el cumplimiento de los tratados y las convenciones, entre los cuales destacó al Comité de Derechos del Niño. Este Comité está compuesto de 18 integrantes, de los cuales 3 de América Latina, son expertos independientes elegidos por cuatro años. Se reúne en Ginebra, tres veces al año y pide informes breves que deben ser enviados, con tres meses de anticipación y recibe los reportes de los Estados Partes cada cinco años, así como también recepciona los informes sombra o alternativos presentados por las organizaciones de la sociedad civil. También emite observaciones a los Estados después de confrontar ambos informes y emite recomendaciones generales.

Carmen Coronel citó algunos mecanismos existentes en la ONU para la presentación de casos, entre los cuales se encuentran las Comunicaciones Individuales, los Pedidos de Investigación, los Reportes alternativos o Sombra, la Resolución 1503, los Reporteros Especiales,

A través de las Comunicaciones Individuales se reciben denuncias de derechos humanos presentados por personas individuales o grupos de personas ante el Comité de Derechos Humanos y entre los requisitos para la presentación de una comunicación individual se encuentran: a) Ser habitante de un estado que ratifico el tratado; b) Violación de uno de los derechos reconocido en el Tratado, luego de haber sido ratificado[2]; c) Que se hayan agotado los recursos internos y acotó que un retardo en impartir Justicia puede considerarse para estos casos, inclusive; d) Que el caso no esté siendo examinado por otro organismo internacional, apuntando que se debe analizar cual es el organismo  más conveniente antes de presentar la denuncia e) Presentación por escrito y con responsables de la comunicación, aclarando que la comunicación no puede ser anónima; f) Acompañar la documentación apropiada que contenga los datos completos de la víctima, los artículos violados, las medidas tomadas para agotar recursos internos, la declaración de que ningún otro organismo esta llevando el caso y la descripción detallada de los hechos.

Respecto a los Pedidos de Investigación, la expositora señaló que requiere básicamente los mismos requerimientos pero  se utilizan cuando las violaciones son sistemáticas y afectan a un grupo más amplio. Refirió que la CEDAW permite presentar pedidos de investigación a los Estados Parte desde la sociedad civil y el Comité puede resolver llevar a cabo una visita in loco u otras medidas.

En cuanto a los Reportes alternativos o Sombra dijo que los mismos son preparados desde la sociedad civil, generalmente a través de ONGs y se presentan en las sesiones del Comité para ser contrastados con los informes gubernamentales. Los reportes deben ser  breves, concisos y  basarse en fuentes fidedignas, siguiendo los artículos de la Convención.

Luego se refirió a la Resolución 1503, que fue formalizada en el año 1970, a través del ECOSOC, y permite presentar a la Comisión de Derechos Humanos, denuncias de violaciones a los derechos humanos. Acerca de los Reporteros Especiales o grupos de trabajo, señaló que los mismos reciben encargos de la Comisión de Derechos Humanos para investigar temas concretos, elaboran informes y realizan consultas regionales e indicó que pueden ser convocados mediante la presión de grupos de la sociedad civil, o a través de la Chancillería. 

La panelista se refirió también al funcionamiento del Sistema Interamericano de defensa de los Derechos Humanos. Hizo una breve referencia al proceso histórico de la OEA y sus países miembros.  Al referirse a la estructura de la OEA, indicó que se compone de la Asamblea General, el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Social, la Secretaria General y los Organismos Especializados, así como el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Se refirió en forma especial al Instituto Interamericano del Niño –IIN-, acotando que es organismo especializado que promueve el estudio de los temas relativos a la niñez, adolescencia y familia así como la adopción de medidas conducentes a su solución. Refirió que el IIN investiga, elabora y propone herramientas técnicas, políticas y jurídicas que ayuden a enfrentar los problemas reales de la niñez y la adolescencia de las Américas y el Caribe  y agregó que elabora anualmente un informe sobre la situación de la infancia que presenta a la Asamblea General. Añadió que estructuralmente, el IIN, está compuesto por un Consejo Directivo, un Comité Ejecutivo, en el que están representadas las 5 zonas geográficas y el Congreso Panamericano del Niño/a. La sede del Instituto está en Montevideo, Uruguay y la oficina está dirigida por un Director General. Asimismo, mencionó que el Instituto cuenta con tres  programas: el de Protección Integral de los Derechos del Niño (PRODER); el de Información y Familia y el Programa Jurídico desde la Perspectiva de los Derechos del Niño (PROJUR).

Finalmente, la panelista expuso datos sobre metas propuestas por la UNICEF en la cumbre mundial de las Naciones Unidas en 1990, el cumplimiento de las mismas y algunas cifras acerca de la pobreza y su incidencia en la infancia de la región y significó positivamente el cambio de los paradigmas vigentes en la visión de niños, niñas y adolescentes. 

“EL COMITÉ INTERNACIONAL Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

DEL NIÑO Y DE LA NIÑA”

ROSA MARÍA ORTIZ[3] 

En cuanto al proceso de  aprobación de la Convención por los Derechos del Niño y de la Niña, la panelista señaló que el texto fue producto de un consenso entre diferentes culturas, religiones, sistemas de gobierno y de vida. Aunque tuvo cuestionamientos, sin embargo es el instrumento más respaldado a nivel internacional y fue la más rápidamente ratificada ya que había un consenso en el planeta sobre la urgencia de atender los Derechos del Niño. Apuntó que Estados Unidos es el único país que no la ha ratificado, y es el que más promueve las adopciones ilegales y no combate esta realidad protagonizada por sus ciudadanos.

Recordó que luego de la ratificación, los Estados quedan sometidos a sus estipulaciones. Agregó que en nuestro país (Paraguay), la adecuación legal ha avanzado, la institucional en algo, pero la presupuestaria menos, por falta de voluntad política, lo que no permite a las instituciones encargadas nuevas o modificadas atender los problemas sociales.

Ortiz señaló que la Convención invita a la sociedad civil a tomar parte activa de la vigilancia de su cumplimiento y esto, es algo que, nuestras autoridades (Secretaría de la Niñez) no comprenden ya se debe trabajar en forma conjunta, porque todos (y todas) somos parte de un mismo Estado. Agregó que el derecho a la participación, que garantiza la CDN es uno de los avances fundamentales, lo cual  no siempre se aplica en el ámbito judicial para la toma de decisiones y que con la nueva visión del niño (y niña), aún es necesario hacer el ejercicio de cambiar nuestra propia visión, del niño (y de la niña) como actor(a) y sujeto(a) social y que es necesario verlo(a) como ciudadano (a) con derechos.

Criticó que una vez que salió el Código[4], se terminaron las capacitaciones y las iniciativas para impulsar la aplicación pues en el poder judicial hubo mucho cambio de jueces, fiscales, etc., y se ve (actualmente) la carencia del enfoque de la protección integral, ejemplificando que en las guardas adoptivas se tienen defensas que eluden el mantenimiento del vínculo familiar, yendo contra la Convención. Puntualizó que la resistencia al cambio existe y lo viejo vuelve con facilidad, lo que complica el trabajo porque la percepción es que la ley no funciona, cuando es la aplicación la que tiene fallas y agregó que, con el avance de las fuerzas conservadoras y los espacios dejados por la sociedad civil se genera una impresión popular de que los derechos humanos en vez de ser una salida son la causa de los problemas.

Respecto al Comité de los Naciones Unidas de los Derechos del Niño, refirió que es el responsable de hacer el seguimiento de los avances y las sesiones se realizan en Ginebra, detallando cómo funciona y dijo que son muchos los estados ratificantes del tratado, por lo que no se da abasto a la revisión de los informes.  Indicó también que los países se comprometen a informar cada cinco años, y las Ongs presentan sus reportes alternativos, apuntando la importancia de que el mismo sea producto de un proceso de discusión en el país y una cuestión que acotó Rosa María Ortíz es que gobierno y sociedad civil pueden acordar la presentación de un informe conjunto.

Además, señaló que la secretaría del Comité analiza los informes recibidos, alistan la documentación y se inicia el diálogo con la sociedad civil, luego con los gobiernos.

En cuanto al contenido de los informes, la expositora explicó que deberían incluir a) medidas generales de implementación, b) definición de niñez y principios, c) libertad y derechos civiles d) ambiente familiar y cuidados alternativos e) salud y bienestar f) educación, recreación y actividades culturales g) medidas especiales de protección. Respecto al último punto, acotó que en el Paraguay, el problema de los niños (y de las niñas) institucionalizados/as es aún manejable pero hace falta que el estado no los olvide en las instituciones.

Agregó que luego de revisar los informes, el Comité elabora y las recomendaciones para el país que reporta y en el documento, se pronuncia acerca del cumplimiento las recomendaciones anteriores y la situación actual. Estas recomendaciones son de divulgación obligatoria, tanto desde el estado, como desde la sociedad civil y la panelista puntualizó que en esto hay fallas, ya que todavía se guardan en el cajón y solo se usan sólo para hacer el siguiente informe. Remarcó la necesidad de la difusión para demostrar los avances y las deudas pendientes y como forma de incidir en los cambios.

Al culminar su exposición, dijo que cuando existen problemas que se reiteran en forma sistemática, se solicita el envío de un relator para que realice un informe especial y luego se hace hincapié en esa situación particular, recordando que en nuestro país (Paraguay) hace poco tuvimos la presencia del relator especial para tráfico de niños y niñas.

“LA EXPERIENCIA PARAGUAYA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS

MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN”

ROBERTO STARK[5]   

El expositor recordó que el primer informe que presentó Paraguay fue a dos años de ratificar la Convención, y esa presentación se retrasó un poquito y luego tuvo que hacer una presentación extra, porque era incompleto y que éste informe inicial fue acompañado por otro alternativo de la sociedad civil, preparado por Rosa María Ortiz.

Añadió que el segundo informe fue mejor elaborado y también, desde la sociedad civil hubo mejor organización, abarcó el periodo 1994 – 1999, pero fue presentado recién en el 2002 porque el Comité se había retrasado en la recepción.

Stark indicó que el informe sombra debe ser escueto y referirse a lo que los estados reportan, debe ser traducido al inglés y enviado tres meses después del envío del informe oficial y refirió que se podría presentar más de un informe alternativo, sobre todo en algunos países donde existen varias coaliciones en la sociedad civil, pero que esto no es recomendable. Agregó que la presentación se hace en una reunión muy breve y recomendó coordinar la exposición para evitar repeticiones.

El expositor mencionó a las organizaciones que participaron en la elaboración del último reporte alternativo de Paraguay citando a Atyhá, Beca, Callescuela, Cectec, Cird, Don Bosco Roga, Esap, Global Infancia, Inecip, Hogar San Vicente, Hermanas del Buen Pastor, Hogar Santa Teresa, Luna Nueva, Plan Internacional, Serpaj, Sefem, Camsat y Onats

En cuanto al proceso de elaboración del informe, el panelista explicó que las organizaciones trabajaron en talleres para identificar los problemas de la niñez a priorizar, sistematizaron esas experiencias, consultaron reportes y datos estadísticos, revisaron el informe estatal y participaron de talleres de validación y ampliación. Acotó que las directivas del Comité ayudaron mucho y el acuerdo inicial fue sobre los temas prioritarios, puntos a hacer hincapié, y luego se profundizaban los temas, se aportaban más datos y se puntualizaban algunos, agregando que los informes no se caracterizan por tener muchas estadísticas, pero si tienen anexos.

Como el informe de 1999 no fue presentado y se postergó hasta el 2002, el panelista manifestó que para ese año fueron incluidos otros temas como: el caso Panchito[6], la aprobación del nuevo Código, la participación de niños y la situación de niños en los cuarteles.

Un aspecto positivo que destacó en el proceso de elaboración del informe,  fue que los niños (y las niñas) tuvieron participación por primera vez pero puntualizó como negativo  que no se haya incluido a otras organizaciones de de niños, niñas y adolescentes pues solo fueron invitados a los menores trabajadores (as) organizados/as.

Al referirse a la metodología de trabajo, Stark manifestó que fue más participativa ya que en la primera ocasión se dejó de lado a varios sectores y solo se redujo a la CDIA, y de ésta a las más vinculadas. Remarcó que la preparación debe ser un proceso progresivo y no una actividad concreta, constituirse en un espacio de encuentro y diálogo, de investigación y análisis, participativo y amplio y también señaló que la fuerza de estos informes está en su difusión para movilizar al sector y trabajar temas coyunturales y con situaciones estructurales.

Igualmente, presentó un cuadro comparativo con los resultados (avances y retrocesos) que tuvo nuestro país en el periodo comprendido entre la presentación del primer informe el presentado en 1999, destacando: a) en cuanto a políticas sociales se delineó un plan nacional pero carente de recursos y con acciones sin coordinación; b) adecuación legal la existencia del proyecto del Código pero sin aprobación; c) salud con persistencia de sub registros de salud y nacimientos, así como una mínima cobertura a discapacitados d) educación avances en matriculación pero también aumento de la deserción e infraesctructura inadecuada e) protección: aumento de denuncias de maltrato y procedimientos inadecuados en casos de explotación sexual

Al concluir su ponencia, Stark dijo que nuestro país (Paraguay) no difundió nada del proceso, ni siquiera su propio informe, a pesar de fue mejor que el anterior, y la presentación fue mala porque la persona encargada no estaba compenetrada con el tema.

DEBATE

Finalizado el primer panel, se inició un debate con una ronda de preguntas y las personas intervinientes fueron:

-Edy Irigoitia quien realizó un reconocimiento al trabajo de Rosa María Ortiz, manifestó  preocupación acerca de la difusión de los informes y preguntó ¿Cómo está la situación de los niños en las Aldeas SOS (si hay alguna reglamentación), y la de los niños refugiados e indígenas?

-Cristina Ávalos preguntó ¿Por qué en 1999 no se abordó él tema de la nutrición? ¿Cuál es la forma de convocatoria para el proceso del informe?

-Luis Claudio Celma: interrogó ¿Respecto a la comunicación individual, si uno quiere denunciar a otros estados partes, también se puede hacer con este mecanismo?. Con relación a la retroactividad de los tratados, como en el caso de las torturas durante la dictadura argentina, delitos que no proscriben, juega a favor de los derechos humanos?

Las respuestas del y las panelistas fueron:

-Rosa María Ortiz: sugirió que se distribuyan las recomendaciones para Paraguay entre los materiales del taller, para que sean utilizadas en procedimientos judiciales, proyectos e investigaciones y recordó que el Comité, publica cada año, documentos que profundizan sobre problemáticas concretas como el caso de niños indígenas, primera infancia, y otros, previa consulta a diversos sectores y que todos los documentos están en la página web.

Con relación a los refugiados, manifestó que aparecen en los informes de los países que tienen este problema y que se trabaja de forma conjunta con el ACNUR, y que es un tema presente en la discusión, el compromiso y la búsqueda de soluciones.

Respecto a las aldeas SOS, manifestó que no existe reglamentación y que la Secretaría de la Niñez debería tenerla, agregando que el acompañamiento a hogares y aldeas es un ámbito desatendido apuntando que éstas no deberían ser la primera medida a adoptar aunque en algunos casos es una opción válida para casos que no encuentran otras soluciones.

-Roberto Stark: señaló que la difusión y distribución del informe es un tema pendiente y hay que buscar la forma de llegar con la información ya que es fundamental compartir y complementar las iniciativas desde la sociedad civil. Con respecto a la nutrición, indicó que se enfocó hacia el tema de la salud porque era una carencia muy grande y había un compromiso previo incumplido por parte del Estado pero que se incluyeron datos sobre la mortalidad por desnutrición.

-Carmen Coronel recordó que entre los requisitos para la presentación de una comunicación individual se encuentra la condición de habitante y no de ciudadanía, afirmando que se puede presentar denuncias contra otro estado y al referirse a la retroactividad, expresó que existen excepciones, sobre todo cuando el estado no investigó ni ofreció reparación alguna a la víctima.

SEGUNDO PANEL:

·      Lourdes Barboza: “Nuevos paradigmas en la protección de los derechos de las niñas y niños”.

·      Teresa Martínez: “Utilización de los instrumentos jurídicos internacionales por los operadores de la justicia paraguaya”

·      Dina Cabañas: “Protección de los derechos de la niñez desde la perspectiva de género”.

·      Luis Claudio Celma: “Ejes problemáticos en la situación de la infancia paraguaya”.

“NUEVOS PARADIGMAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS”

LOURDES BARBOZA[7]

La misma comenzó diciendo que la Convención es casi un sinónimo de la doctrina de protección integral, al ser positivizada y destacó la importancia de que la Constitución Nacional haya incorporado el artículo 54,  inspirándose en la Convención y enfocando la visión del niño y de la niña como sujetos de derechos.

Luego repasó el proceso que se llevó adelante para la elaboración, aprobación y promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Al respecto, dijo que el mismo fue muy complejo, duró siete años y se tuvo mucha resistencia así como también que se ha avanzado bastante pero que aún no ha concluido el proceso.

Asimismo, expresó que en la elaboración del proyecto participaron numerosas instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que son especializadas en el área de la niñez y la adolescencia. Indicó que estructuralmente el Código de la Niñez se compone de cinco libros y 259 artículos.

Barboza expresó que se incorporaron el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y apuntó que el objeto de la legislación constituye la protección integral de la persona desde la concepción hasta la obtención de la mayoría de edad.

Al referirse a los sujetos de la ley, mencionó al niño, a la niña y adolescente, aclarando que el texto se refiere a solo dos categorías: niño y adolescente, ya que hubo resistencia a utilizar la palabra niña, porque supuestamente implicaría demasiados sujetos, agregando que los legisladores incluso intentaron sacar el término adolescente.

            Posteriormente habló acerca de algunos principios de la Convención plasmados en el Código y expresó que la consideración del niño/a como sujeto/a de derechos es uno de ellos, resaltando la importancia de terminar con la denominación “menor”, ya que era necesaria la reforma semántica para cambiar el significado. Luego, manifestó que el principio de interés superior del niño/a  sirve para resolver litigios y controversias en conflictos intrafamiliares, pero también debería servir para decisiones de políticas públicas, sobre todo a la hora asignar recursos, agregando que el Código trató de ser más preciso que la Convención, definiéndolo como el ejercicio de todos los derechos.

Acerca de la igualdad ante la ley, señaló que pretende la no discriminación y en su primera acepción comprende el interior del grupo infancia (grupo étnico, sexo, nacionalidad, etc.) y en la segunda es la no discriminación del universo infancia frente al adulto. Al hablar acerca de la autonomía progresiva (distinción niño - adolescente), lo relacionó con el derecho a la participación y las posibilidades de asumir gradualmente responsabilidades e incluso de infringir la ley.

Respecto a la protección efectiva, la expositora destacó que toda legislación fundada en la Convención exige buscar mecanismos que permitan que los derechos sean efectivamente garantizados a los niños y niñas; en sentido existe obligación de los estados de adecuar las legislaciones internas y se crearon mecanismos internacionales, que, a través del Comité vigilan y exigen a los países el cumplimiento de la Convención.

También se refirió a los principales aportes que tuvo la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, señalando entre ellas a la desjudicialización de los problemas sociales que afectan a los derechos del niño (y de la niña); la creación de un sistema social de protección integral de los derechos; la descentralización y municipalización de la atención social y el tratamiento de  infracciones a la ley penal cometidas por los adolescentes.

“LA UTILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

POR LOS OPERADORES DE LA JUSTICIA PARAGUAYA”

TERESA MARTÍNEZ[8]

Esta panelista inició su exposición explicando las bases constitucionales para la incorporación y aplicación del derecho internacional, ejemplificando que los protocolos traen disposiciones precisas sobre el compromiso que asume el Estado para hacer efectivos esos derechos consagrados y que esto significa, que todos sus órganos estatales están comprometidos a implementar la norma, especialmente el poder judicial, que ocupa el primer lugar en la interpretación y aplicación.

Al analizar la praxis judicial, indicó que puede notarse que en algunas decisiones judiciales, se mencionan las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño (y de la Niña), lo cual constituye un avance, pero también puntualizó, que muchas veces, estas mismas sentencias van en contra del cumplimiento de esta norma internacional y como ejemplo explicó que desde el poder judicial se sigue aplicando como medida paliativa a diversas situaciones la institucionalización de niños (y niñas) lo cual denota que hay un resquebrajamiento entre la aplicación y el discurso del instrumento.

En cuanto a las limitaciones existentes, recordó que el tipo penal de violencia intrafamiliar del Código Penal tiene una descripción hecha en forma muy restrictiva con relación a definiciones de instrumentos internacionales, ya que aún se mantiene el presupuesto de la convivencia entre víctima y victimario para castigar. No obstante, indicó que la Ley 1600[9] tiene una descripción más amplia pero que, en contrapartida, no permite sanciones más fuertes y agregó que si hubiese una real incorporación, debería aplicarse la definición de Belem do Pará. 

También expresó que frecuentemente los jueces penales declinan su competencia y esto plantea el desafío de trabajar en dos vías para conseguir la aplicación de las medidas de protección, que son las más difíciles de conseguir y en este contexto, existe una constante revictimización y señaló, además, que al no ser efectivas las medidas de protección, las posibilidades de desistimiento por parte de la víctima son mucho mayores.

Recordó que la Convención trae medidas operativas que no son incorporadas en la práctica de los y las operadores/as de justicia y si se tiene en cuenta la prelación legislativa, es imprescindible que orienten las decisiones que serán adoptadas y la misma interpretación de las normas internas.

Teresa Martínez concluyó exhortando a las operadoras de justicia, que estaban presentes, a que apliquen las normas que están vigentes, mencionando específicamente los artículos de los instrumentos internacionales en las resoluciones o requerimientos e incorporando sus principios orientadores en las medidas a adoptar y a solicitar, ya que según su visión, la sociedad civil ya ha instaurado la práctica de exigir a través de mecanismos internacionales, y que, por tanto, los y las agentes de la justicia no pueden seguir permitiendo que los instrumentos internacionales sigan ausentes en sus prácticas diarias.

“LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO”

DINA CABAÑAS[10]

La expositora refirió que CLADEM se suma al monitoreo de la Convención porque es una organización que defiende los derechos de las mujeres de cualquier edad, incluidas las niñas y adolescentes, así como también existe un amplio sector de éstas, que están excluidas o invisibilizadas en los informes y aclara que no se trata de discriminar a los niños, sino de trabajar en forma particular y especializada a la situación de las niñas y adolescentes. Recordó que esta tarea forma parte del observatorio de Derechos Humanos y que CLADEM Paraguay está preparando este año, junto a la CMP [11], el reporte ante el Comité de la CEDAW.

            Refirió que para el monitoreo de la Convención, se consideran cuatro principios: no discriminación, interés superior de niñas y niños, participación, supervivencia y desarrollo y remarcó la necesidad de incorporar las particularidades de la situación de las niñas, tanto en los informes oficiales como en los alternativos. 

            Al analizar la aplicación del principio de interés superior, comentó que en el Departamento de Identificaciones rechazaron el certificado de nacimiento de tres niños/as porque estaba mal escrito el lugar de nacimiento y no les expidieron la cédula de identidad, por lo que quedaron fuera del sistema escolar y en la misma oficina, se denunció que requerían el certificado de nacido vivo pese a la existencia de certificado de nacimiento enfatizando que el estado no puede poner trabas  burocráticas para negar un derecho humano fundamental como es la educación

            En cuanto a la participación, se preguntó sobre la efectivización y los mecanismos que utilizan las organizaciones que reportan ante el Comité para incorporar a las niñas y niños en esos procesos y luego reflexionó acerca de las condiciones de supervivencia y desarrollo, subrayando las condiciones de pobreza  que afecta a una gran capa social y sus consecuencias nefastas: falta de acceso a la educación, a salud pública, el trabajo doméstico, etc.

Luego, la panelista presentó los ejes temáticos que CLADEM ha definido y que son: educación, derechos sexuales, trabajo infantil, violencia y abusos sexuales, explotación sexual y tráfico, niñas y niños institucionalizados y pobreza.

Al referirse a educación, mencionó algunas cifras sobre falta de acceso y deserción escolar y señaló que pese a que la reforma educativa se propone trasversalizar la igualdad entre los sexos, los textos, los contenidos obsoletos y las prácticas educativas refuerzan la cultura machista y autoritaria e invisibilizan el protagonismo femenino, comentando la negativa de estudiantes de los Colegios Nacional de la Capital y de Niñas a recibir a alumnos y alumnas del otro sexo, argumentando la pérdida de la tradición. Además, remarcó que persiste la utilización un lenguaje no sexista que contribuye a degradar, estigmatizar, preasignar roles tradicionales, y se legitima la violencia contra la mujer.

En el aspecto salud, brindó algunos datos sobre acceso a servicios de salud y desnutrición e indicó que este año se presentó el plan nacional de salud sexual y reproductiva, reflexionando sobre el reconocimiento de esos derechos a las niñas y los mecanismos para hacerlos efectivos ya que persiste un modo tradicional en el abordaje.

            Luego habló sobre la situación laboral de niños y niñas, indicando que persisten diversas formas de explotación laboral de la niñez tales como los trabajos en industrias insalubres, en supermercados, en los vertederos de basura y la mendicidad. También señaló las condiciones en que las niñas desarrollan el trabajo doméstico y las consecuencias en su desarrollo, agregando que aunque Paraguay aprobó los convenios de la OIT sobre la edad mínima para el trabajo y las peores formas de trabajo infantil, todavía faltan políticas públicas efectivas para disminuir aquellos indicadores ya que están en directa relación con la pobreza y el desempleo.

Igualmente, Dina Cabañas se refirió a las formas más usuales en que se ejerce la violencia en contra de las niñas, tanto en su vida familiar, escolar y en otros ámbitos; además expresó que la explotación sexual y el tráfico de niñas con fines sexuales tiene un crecimiento alarmante, recordando el turismo sexual que se fomenta alrededor del rally del Chaco.

Luego se refirió a la institucionalización de las niñas, indicando que la mayoría se encuentra por  medidas de “supuesta protección” pero que en realidad se convierten en cárceles ya que frecuentemente son violentadas y están recluidas.

La panelista indicó que el último eje fue elegido considerando la coyuntura del país y que a nadie escapa que la pobreza es una triste realidad que nos afecta a todas/os y con la presentación de datos estadísticos que reflejan la situación del país e indicó que la pobreza impide el desarrollo y el pleno ejercicio de los derechos.

“EJES PROBLEMÁTICOS EN LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA PARAGUAYA”

LUIS CLAUDIO CELMA[12]

El panelista cuestionó el título del tema asignado “ejes” problemáticos, ya que implica un abordaje que no refleja la complejidad que se requiere. Luego se refirió a que los derechos humanos de los niños y niñas se originan en dos vulnerabilidades: la primera por su condición de desarrollo y  crecimiento y la otra que es estructural por las condiciones de la sociedad.

Asimismo, habló de algunos principios de la Convención como supervivencia, protección, participación y desarrollo y otros que son transversales como interés superior de la niña y el niño, universalidad e integralidad. Aclaró que el delineamiento de ocho ejes problemáticos no son suficientes: derechos a la educación, a la salud, sexuales y reproductivos, niñas y niños víctimas de maltrato y abuso sexual, trabajadores, en condiciones de condiciones de institucionalización, niñas y niños víctimas de explotación  y en condiciones de desnutrición.

Respecto a educación mencionó datos acerca del acceso escolar y los (las) que se quedan fuera del sistema, señaló que aunque el preescolar es obligatorio, aún no se ha extendido totalmente y la persistencia de docentes sin preparación. En cuanto a salud, recordó las consecuencias que acarrea la falta de yodo y comentó que las fuentes de financiación del presupuesto tienen incidencia negativa en la implementación de la política de vacunación así como el problema que acarrea el uso indiscriminado de agrotóxicos.

Al referirse a los derechos sexuales y reproductivos, mencionó la existencia del Plan Nacional pero acotó que los adolescentes carecen de información y tampoco participan. Posteriormente habló acerca los niños y niñas víctimas de maltrato y abuso sexual indicando la persistencia de maltratos en escuelas así el crecimiento de los raptos, secuestros y violaciones.

Celma habló también acerca de los niños y niñas trabajadores/as señalando que la Policía Nacional está registrando a los trabajadores en las calles, en contra de lo establecido en la ley y se preguntó por qué se está tornando punitivo el sistema. En cuanto a los niños y niñas en condiciones de institucionalización dijo que este sistema se utiliza como medida de protección y significó como preocupante las condiciones de los niños reclutados en cuarteles, con los  consecuentes castigos e incluso muertes y recordó el caso de niños que fueron llevados hasta el cuartel ubicado sobre la avenida Artigas pero puntualizó que se les perdió el destino.

Acerca de niños y niñas víctimas de explotación sexual, señaló las causas que rodean a este problema y resaltó que la demora de los procesos judiciales y la impunidad que brinda el sistema de justicia a los responsables hace que este delito persista y crezca. Luego aportó algunos datos sobre los niños y niñas en condiciones de desnutrición, significando negativamente la disminución del periodo de amamantamiento.

Finalmente, el panelista señaló algunas pistas para la consideración de los casos indicando que es necesario considerar los instrumentos jurídicos en función a los organismos y puntualizó que no siempre tiene que ver sólo con los intereses del niño/a en la Convención, el agotamiento de los recursos o la imposibilidad de su usar y la necesidad de sentar precedentes.

DEBATE

-Jacqueline Méndez: ¿En el ámbito judicial, existe espacio para que los y las agentes judiciales puedan tener reflexionen, estudien e incorporen los instrumentos internacionales en la práctica?

-Graciela Mendoza: Cuando se presentó el proyecto de la ley 1600, la CMP trató de adecuarse al texto de Belem do Pará con la tipificación de la violencia económica pero el legislativo lo sacó. ¿Será que hoy podemos empezar a forz