DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS SOBRE LA SITUACIÓN CREADA POR LOS DESPLAZAMIENTOS Y EXPROPIACIONES EN PUERTO RICO

 
 
TENIENDO PRESENTE QUE:

1. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales  y Culturales impone a los Estados la obligación de respetar y hacer cumplir  los derechos económicos, sociales y culturales.

2. La Declaración Universal de Derechos Humanos declara  como derecho fundamental la seguridad social y el bienestar de todas las  personas en una sociedad democrática.

3. La Conferencia de Viena de 1993 y su Plataforma de  Acción, la Conferencia de Población de 1994, la IV Conferencia Mundial de Beijing de  1995 y su Plataforma de Acción, hacen un llamado a defender el medio ambiente  y advierten sobre los peligros de la  globalización.

4. La Convención Americana de Derechos Humanos, en  particular su Protocolo Adicional en materia de derechos económicos, sociales  y culturales (Protocolo de San Salvador) se une a estos  reclamos.

5. En el Principio 7 de las Metas para el Milenio de la  ONU, se integran los principios del desarrollo sustentable y se recomienda  revertir la pérdida de los recursos ambientales.

6. Los derechos humanos son indivisibles, por ende, tanto  los derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos civiles y  políticos, se deben respetar sin distinción ni  discriminación.

7. El derecho a la no discriminación incluye el acceso a  los bienes y servicios básicos, a un ambiente sano y al disfrute del mismo,  según lo disponen los Principios de Estocolmo y demás instrumentos  internacionales relacionados con la protección al medio ambiente.  

8. Distintos organismos de la ONU, como la OIT y la CEPAL,  han advertido sobre la ineficacia de la protección y condiciones de empleo  para los trabajadores y trabajadoras.

9. La privatización de servicios esenciales y la  globalización ha producido aumentos en el desempleo y la pobreza, además de  propiciar la degradación del medio ambiente y de la calidad de vida en  general.

10. El mal manejo de los recursos y la corrupción de los  gobiernos afecta a todas las personas en nuestra sociedad, en especial a los  más desvalidos, quienes sufren con  mayor rigor los recortes y la falta de acceso a los recursos y servicios  sociales.

LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS DECLARA QUE:

1. A causa de la ineficiente planificación y la falta de  fiscalización, los gobiernos, en contubernio con empresas multinacionales y  locales, expropian sin piedad ni medida imponiéndonos un desarrollo  desenfrenado, sin tomar en cuenta la limitación de tierras ni el  desplazamiento de comunidades enteras.

2. Adoptamos la Declaración de la Primera Cumbre de  Comunidades en Peligro de Ser Desplazadas, celebrada el 20 de agosto de 2005  en San Juan, Puerto Rico, en la cual participaron representantes de más de 30  comunidades locales, junto con diversas organizaciones no gubernamentales como  es el caso de la Asociación Americana de Juristas, Capítulo de Puerto Rico  José “Abi Lugo”.

3. Reafirmamos el llamado de la Alianza Internacional de  los Habitantes y redes globales de organizaciones y movimientos sociales  urbanos, quienes reclaman el respeto a sus derechos y un alto al discrimen  contra las comunidades desplazadas de parte de los gobiernos y de las  industrias de la banca, la construcción y los bienes raíces.  

4. A causa de estas expropiaciones forzosas y desalojos,  no sólo se están violando los derechos a una vivienda segura y digna, sino que  se está provocando la desintegración de comunidades causando, a su vez, un  aumento en problemas sociales, violencia y desarraigo.

5. Exigimos que, cualquier plan de expropiación, desalojo  o realojo de cualquier comunidad debe garantizar los derechos a una  compensación adecuada, a estar informados y a que las comunidades participen  de todos los procesos y en todas las etapas, considerando las necesidades de  los sectores más vulnerables como las personas con impedimentos, niños y niñas  y personas ancianas.

6. Recordándole a los gobiernos de su obligación de velar  por el fiel cumplimiento de estos derechos mediante la fiscalización a las  Sociedades Transnacionales y empresas locales, so pena de imposición de  delitos, multas y pérdida de licencias, permisos, franquicias y concesiones.  

7. Exigimos a la Rama Legislativa y a la Ejecutiva de  Puerto Rico la aprobación sin demoras de un Código Ambiental y que se hagan  cumplir las normas constitucionales, legislativas, reglamentarias y de  política pública para la protección del ambiente y la protección de nuestro  recurso más preciado: la integridad y preservación de nuestras comunidades y  su sentido de pertenencia a la tierra puertorriqueña.  

8. Hacemos un llamado a la Subcomisión y a la Comisión de  Derechos Humanos de la ONU a que apliquen a todas las personas, jurídicas y  naturales, los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos,  especialmente en lo referente a las responsabilidades sociales y  ambientales.

10 de septiembre de 2005.

 
  Clea Carpi da Rocha                           Hiram Lozada

Presidente AAJ-Puerto Rico             Presidenta-AAJ Continental

 
                                 Vanessa Ramos

                                Secretaria General

 
El texto fue preparado por Dinorah La Luz, Tesorera, AAJ-Rama de Puerto Rico: aajuristaspr@yahoo.com

Otros endosos: Dessy Bones Colón, Coordinadora CLADEM-PR (Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de la Mujer, Capítulo de Puerto Rico).