PRONUNCIAMIENTO  DE  LA  OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES  Y  UN  AMPLIO  SECTOR  DE  MUJERES SOBRE  LA  REFORMA  FISCAL

Ante los proyectos de ley radicados en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico algunos de los cuales ya han sido aprobados por ambas cámaras y otros que se encuentran en un acelerado proceso de consideración, un amplio número de representantes de organizaciones de mujeres acudió ayer a una reunión de emergencia convocada por  la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. El objetivo de la reunión fue discutir las propuestas sometidas y elaborar una posición de consenso que incluya la perspectiva de las mujeres en este importante asunto de política pública.

Tras un intenso análisis a continuación se exponen las posiciones acordadas ante la llamada Reforma Fiscal propuesta por las Cámaras sobre todo en el Proyecto de la Cámara 2454.

1-           Consideramos el proceso para lograr una reforma fiscal ha sido uno atropellado, abrupto, de una premura inusitada, proponiendo medidas que no han sido producto de un análisis o estudio que promueva decisiones acertadas y sabias en la reestructuración del Gobierno.

2-           En consecuencia proponemos un proceso de planificación integral que permita un análisis individual de cada agencia y dentro de las agencias de cada programa para determinar su objetivo original y su eficacia en el logro de ese objetivo. Entendemos que ese proceso puede realizarse en un plazo de 8 meses y debe ser coordinado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Recursos Humanos del ELA (ORHELA).

3-           Este análisis debe ser parte de la elaboración de un verdadero Plan de Desarrollo mediante un proceso de Planificación Estratégica para nuestro país que propenda en mayores y más eficientes servicios para la ciudadanía.

4-           Exigimos que las propuestas para tomar medidas de reducción de gastos deben incluir las tres ramas del Gobierno del Estado así como a municipios y a corporaciones públicas y no solo a la Rama Ejecutiva.

5-           Entendemos que una reducción de la magnitud que se propone para la Rama Ejecutiva afectará inevitablemente a l@s emplead@s públicos en cuyas filas las mujeres son la mayoría, muchas de ellas jefas de familia de cuyo ingreso dependen sus familias.

6-           Entendemos también que una reducción de la magnitud de $300,000 millones en un solo año y de ahí en adelante, sin un proceso de estudio y planificación estratégica, va a tener efectos adversos muy profundos en los servicios que ofrecen las diversas agencias a la población pobre, la mayoría de la cual está conformada por mujeres y sus hijas e hijos.

7-           Una reducción del tal magnitud en los gastos del Ejecutivo y la insistencia en la consolidación de agencias, sin un proceso evaluativo previo, pone en peligro la existencia misma de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, un mecanismo exigido por nosotras para garantizar la defensa de nuestros derechos.

8-           Reclamamos y exigimos que se mantenga la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y que no se le reduzca su presupuesto operacional ni las Asignaciones Especiales que apoyan los servicios y esfuerzos que se ofrecen desde las organizaciones no gubernamentales. Ya el pasado año a la Procuraduría se le redujo sustancialmente su presupuesto mucho        más que a muchas agencias.

9-           Una nueva reducción afectaría seriamente la capacidad de la OPM para realizar las funciones delegadas por ley y desestabilizaría los servicios que se ofrecen con las subvenciones que asigna esa Oficina.

10-       Rechazamos la propuesta que impediría que los recaudos que se reciban     por el Estado no puedan utilizarse para ampliar los servicios al pueblo en aquellas áreas que se identifiquen como sub atendidas. Las necesidades de la ciudadanía varían continuamente y los presupuestos deben reflejar el reconocimiento de esas nuevas necesidades.

11-      Rechazamos que se hable de gigantismo gubernamental de forma genérica y que se rechace un posible o eventual despido de emplead@s públicos sin que se analice de forma sistémica la estructura         gubernamental y las formas de incrementar su eficiencia en los servicios al pueblo.

12-       Planteamos también que en este proceso de análisis y revisión de las estructuras gubernamentales no se descarte la revisión de legislaciones que impiden una eficiente administración pública.

13-    Exigimos también que se respete el mandato del pueblo y se instrumente la decisión ciudadana de establecer un sistema legislativo unicameral.

14-       Respaldamos como medida de ahorro la eliminación del Fondo Electoral a los partidos políticos.

15-       Respaldamos la eliminación de los automóviles para el uso personal e ilimitado para los funcionarios públicos, sin embargo, entendemos ineficiente la propuesta de reducir el uso de celulares para los emplead@s de agencias públicas a solo un 10% de ést@s toda vez que no hace diferencia en el tamaño de las agencias y afecta adversamente el funcionamiento eficiente de las agencias pequeñas en las cuales el 10% implica un solo celular. Igualmente entendemos inaceptable que se pretenda que el gasto del uso del celular para gestiones oficiales se le pretenda imponer a l@s emplead@s para que lo sufraguen de su propio bolsillo.

16-       Entendemos ineficiente además la propuesta legislativa que pretende congelar por un espacio de seis meses los puestos en los que surjan vacantes toda vez que afectará la realización de funciones esenciales por un periodo extenso de tiempo. El efecto sobre las agencias pequeñas puede ser devastador en el cumplimiento de sus funciones.

17-       Igualmente entendemos demasiado limitado la lista de funcionari@s excluidos de la obligación de congelación de vacantes en la que se encuentran policías, fiscales, maestr@s, etc. Existen otras funciones esenciales, sobre todo en el área social, que requieren de continua atención, sin interrupciones en los servicios tales como los de             educación especial para niñ@s con necesidades especiales y amas de            llaves para la población vieja.

18-       Requerimos un presupuesto que incluya entre sus prioridades la atención a las necesidades variadas de la población, sin marginar asuntos de gran importancia para un desarrollo social integrado que atienda los aspectos humanos, los problemas sociales y la protección del ambiente, el desarrollo económico para aquellos sectores que han           estado marginados por la estructura prevaleciente por tantas décadas.

19-       Proponemos que en lugar de propulsar que de los ahorros que puedan realizar las agencias solo puedan re-presupuestar la mitad en actividades no recurrentes, puedan utilizar la totalidad para de esta forma ofrecer más servicios al pueblo. Igualmente entendemos que el aspecto social tiene que estar incluido en las prioridades de desarrollo, además del desarrollo económico.

Adicionalmente, la Procuradora de las Mujeres dio a conocer los hallazgos preliminares de un estudio encomendado por esa oficina a la Dra. María Enchautegui, catedrática en Economía de la Universidad de Puerto Rico, para identificar el presupuesto del año en curso identificando la atención que el mismo presta a atender las áreas de con un diferenciado impacto sobre las mujeres.

Es importante notar que un análisis de presupuesto con perspectiva de género  (o presupuesto de género)  no es lo mismo que un análisis del presupuesto de las mujeres.  El primero analiza una variedad de incisos de gastos dentro del presupuesto nacional, aún aquellos que no están directamente dirigidos a mujeres o que son aparentemente  “neutrales” al género. El análisis de presupuesto de las mujeres se enfoca únicamente en el gasto público dirigido específicamente a las mujeres. Obviamente, el primero es mucho más amplio que el segundo. 

Se podría argüir que los presupuestos gubernamentales son en su generalidad neutrales al género, pues la gran mayoría de fondos no se asignan explícitamente a hombres ni a mujeres. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan impactos desproporcionados  por género.  Un análisis de presupuesto con  perspectiva de género busca analizar las partidas presupuestarias enfocándose en (1) si estas  impactan en forma diferenciada a hombres y a mujeres (2)  documentar las diferencias presupuestarias en áreas identificadas como de impacto alto de género y  (3) discutir las consecuencias de éstas diferencias  en  las mujeres.

Es importante también hacer hincapié sobre qué trata de lograr el análisis de presupuesto de género. En una crisis fiscal como la que vive Puerto Rico, el presupuesto de género no busca necesariamente  aumentar el gasto público. En vez, el análisis recalca la necesidad de:

1.           re-priorizar el gasto público para lograr mayor equidad por género

2.            re-orientar los gastos existentes para que respondan a las necesidades de las poblaciones desaventajadas, de las cuales las mujeres representan un componente importante

3.           re-organizar la forma en que se producen los servicios existentes para que se haga un uso más eficiente  de los recursos,  se  logre un mayor rendimiento de estos recursos y que las mujeres se pueden beneficiar de unos mejores servicios.

La necesidad de un presupuesto con perspectiva de género se evidencia en los siguientes hallazgos:

1.      Mejorar el estándar de vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas es la meta última de todo gobierno y lo que en esencia guía el presupuesto. Sin embargo,  las mujeres continúan siendo más probables que los hombres a ser pobres, y su ingreso total es menos de la mitad del de los hombres.[1] Los hogares dirigidos por madres solteras con niños menores de cinco años sufren la mayor desventaja: 77 por ciento de estos hogares viven bajo el nivel de la pobreza. 

2.      Las políticas recientes de desarrollo económico han desplazado a mujeres en la manufactura y la proliferación de la industria de servicios las ha ocupado en empleos menos remunerados y con menos beneficios. 

Un análisis del presupuesto del año fiscal en curso, muestra que menos de una décima de cada centavo del presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico se dedica a asuntos relacionados con promover y proteger la igualdad de género (.1%).  Esto incluye los presupuestos consolidados de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Protección contra Discrimen en el Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Comisión de Derechos Civiles y la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada. Los fondos de todos los orígenes de estas agencias totalizaron 31.5 millones en el año fiscal 2005-2006. De estos, solo 33 por ciento provenían de fondos del gobierno de Puerto Rico. O sea que de los fondos del gobierno de Puerto Rico, 10 millones de 9 mil millones.

La razón de nómina a presupuesto en estas agencias fue de 27 por ciento.

Más aún, políticas fundamentales  para las mujeres como aquellas relacionadas con pobreza, salud maternal y de infantes, y vivienda están virtualmente ausentes de la distribución de fondos del presupuesto general, pues son en su gran mayoría costeadas con fondos federales. 

Cuando se consideran áreas específicas de alto impacto de género como pobreza, programas de vivienda, programas de salud maternal y de infantes, seguridad dirigida a delitos sexuales y violencia doméstica, educación secundaria de adultos, educación universitaria, adiestramiento y apoyo a desempleados, concluimos que 23 centavos de cada dólar del presupuesto del gobierno de Puerto Rico se dirige a áreas de alto impacto de género. Sin embargo, nuevamente, la aportación del fisco de Puerto Rico es muchísimo menor pues muchos de estos fondos son federales.