LOS DERECHOS DE LAS HUMANAS SON HUMANOS

Entrevista a Mabel Simois. Prensa Escrita. La República de las Mujeres. 17 Diciembre 2006

 

Reconocer que los derechos de las mujeres integran los derechos humanos universales todavía no resulta sencillo.  Lo prueba el escaso involucramiento de loa organizaciones de derechos  humanos, muy activas en nuestro país, con temas como la violencia doméstica.

Mabel Simois, Coordinadora Nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), define la relación entre estas y el movimiento de mujeres como “políticamente correcta” aunque, en general, sin más efectos.

La Campaña 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres incluye, entre las fechas que la articulan, el Día Internacional de los DDHH que se conmemoró el 10  de diciembre, porque justamente reivindica que la violencia doméstica es una violación de derechos humanos.

 Isabel Villar

 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, convocada por Naciones Unidas y celebrada en Viena en junio de 1993, marcó un hito para las mujeres: tanto en la Declaración final como en la Plataforma de acción se reconoce que el goce de los derechos humanos incluye tanto lo público como lo privada, por lo que también pueden violarse en cualquiera de esos ámbitos.  Pero lo más revolucionario fue el reconocimiento de que la violencia basada en el género es “incompatible con la dignidad y valor del ser humano, y debe ser eliminada (…) a través de medidas legales y de la acción nacional y la cooperación internacional en los campos de desarrollo económico y social, educativo, de salud y maternidad segura y el apoyo social”.  La Declaración, donde se establece que la violencia contra las mujeres “constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y obstaculiza o anula el disfrute de tales derechos y libertades fundamentales por parte de estas”, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del mismo año.

En 1994, el Programa de Acción de la Cumbre sobre Población y Desarrollo realizada en el Cairo, exhortó a los países a adoptar medidas exhaustivas para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. 

            La Conferencia Mundial de la Mujer (Pekín, 1995), por su parte, incluye este tipo de violencia entre las doce áreas críticas hacia las cuales debe estar dirigida la acción de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil.

            En 1999, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la Mujer –que considera los derechos de las mujeres en la familia en su totalidad- crea el Comité de Expertas, dotándolo de facultades para llevar acabo investigaciones sobre violaciones sistemáticas o graves de los derechos humanos de las mujeres.

            En el ámbito regional, el instrumento más destacable es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, adoptada en Belém do Pará en 1994, que reconoce que cada mujer tiene el derecho a llevar una vida libre de violencia tanto en la esfera pública como en la privada y condena todas las formas de violencia contra ellas.  De conformidad con la convención, los Estados parte están obligados a condenar este topo de violencia y a adoptar políticas y programas para la prevención, sanción y erradicación de la misma.

            El programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, adoptado por la VII Conferencia Regional sobre la Mujer del área en el balneario argentino de Mar del Plata en 1994, plantea como objetivo estratégico la consolidación del pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres de la región, en un marco que otorgue prioridad a la eliminación de la violencia y de la discriminación sobre la base del sexo.

 HERRAMIENTAS HAY:   NO SE USAN  

 Los mencionados no agotan la lista de instrumentos internacionales que reconocen los derechos humanos de las mujeres, y éstos y otros han sido femados y ratificados por Uruguay.  No obstante, al igual que en otros países, estos derechos humanos de la mitad femenina de la población siguen estando insuficientemente protegidos.

            “Instrumentos hay”, tanto a nivel internacional como regional.  Pero lo que también hay es poca difusión, desconocimiento y no aplicación de esos instrumentos.  Operadores sociales en general y de la justicia en particular no los conocen Los Estados , que deben velar porque sena aplicados, tampoco lo hacen”, Afirma Mabel Simois.

            “Igual pasa con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés).  Se conoce muy poco y en estos dos años se ha hecho casi nada por su cumplimiento”, agrega la Coord. Nacional de CLADEM.

            Consultada por la República de las Mujeres sobre qué habría que hacer.  Simois no duda en afirmar:  “Lo que hace falta es una política integrada, intersectorial entre los ministerios para poder realmente aplicar por ejemplo el artículo 5 de la Cedaw, que ordena eliminar los estereotipos sexistas y fomentar cultura respecto de los derechos de las mujeres y la equidad, que es lo primero”.

            A juicio de la también integrante de la organización no gubernamental Casa de la Mujer de la Unión, “Se hacen cosas deshilachadas, no hay uno política integrada y el Estado no la impulsa.  Pese a que Uruguay ha firmado, ratificado y se ha comprometido a instrumentar y aplicar políticas en materia de derechos humanos de las mujeres y no discriminación”.

 LA CUESTION PRESUPUESTAL  

 Las leyes tampoco resulten todo.

31 países ratificaron la Convención de Belém do Pará:  26 de ellos tienen leyes de violencia doméstica.  “Pero la convención no se agota con la violencia doméstica sino que considera la violencia contra la mujer en toda su amplitud, sin  recortar”, advierte Simois.

             Y eso no es lo más grave, continúa:  “Se hacen leyes que no tienen presupuesto, o son inadecuadas, lo que convierte en inviable su aplicación”.

            En Uruguay la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, que lleva el número 17.514, encuentra serias dificultades de aplicación.  Simois las atribuye a “desconocimiento de los operadores” y denuncia “vacíos terribles” en el interior del país:  “Salvo en las capitales departamentales, no hay defensores.  Si la mujer no tiene dinero para pagar un abogado, no tiene quien la defienda, queda desprotegida.  Estamos hablando de protección de los derechos humanos de las personas.  Y no se está haciendo nada porque no hay presupuesto para designar defensores.  Se nos han dado instrumentos valiosos pero las mujeres no tienen acceso  igualitario a la justicia en todo el territorio nacional”.

            En Montevideo las cosas todavía no funcionan como debieran, pese a que se han creado cuatro juzgados de Familia especializados, hay fiscales, defensores y peritos “La Ley 17.514 contempla la pensión alimenticia provisoria, pero ningún juez especializado la está estableciendo.  En el espíritu de la ley está que las mujeres dispongan de in instrumento que les permita hacer la denuncia y no quedar desprotegidas.  Muchas veces no denuncian porque el único que trae el dinero a la casa para la comida de los chiquilines es el marido agresor.  Mientras esperan que se determine la pensión alimenticia por el trámite normal, lo que puede durar 6, 8 ó 10 meses, ¿qué hacen?  Y ahora están en la misma situación, porque aunque la ley lo manda los jueces no la cumplen” alega Mabel Simois.

            Consultada sobre las razones de esta omisión, admite que los jueces no comprenden bien la complejidad de la problemática.  “Resuelven rápido lo indispensable y dejan el resto para la justicia de Familia ordinaria.  Ellos alegan que están recargados, que hay muchas denuncias, y ese también es un tema de presupuesto.

Los juzgados especializados no han sido dotados de presupuesto suficiente para que los jueces trabajen tranquilos, bien, para que haya los magistrados y fiscales necesarios para atender la cantidad de denuncias que hay”.

            Respectote otras situaciones de violencia, como el abuso sexual infantil, habría que hacer urgentes modificaciones legales.  “Es muy difícil de probar, y mas si no hubo penetración.  El Código (Penal) nuestro es muy viejo”, acota Simois.

 CAMINOS DIFERENTES      

 En Uruguay existen muchas organizaciones de derechos humanos, que desde la recuperación democrática han estado muy activas sobre todo en materia de derechos políticos.  Los derechos humanos de las mujeres no han perneado la agenda de la mayoría de ellas, siendo una de las excepciones Amnistía Internacional, que desde hace unos años viene asumiendo la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos, a partir de una sección de género en su organigrama, tanto nacional como internacional.

            Simois insiste:  “Cuando hace unos años hablábamos de derechos humanos, referíamos a personas torturadas, presas.  Ahora estamos integrando los derechos humanos un poco más ampliamente, pero los de las mujeres siguen no estando presentes en ese universo.  Mi opiniónpersonal es que los derechos humanos van por un lado y los derechos humanos de las mujeres van por otro”.

            Desde el movimiento de mujeres “ha habido acercamientos, propusimos una capacitación en derechos humanos de las mujeres.  Ahora habrá una feria de derechos humanos y nos invitaron  a participar.  Hay una relación políticamente correcta pero no hay una integración real”, afirma la coordinadora de CLADEM.

            Simois no descarta que influya el hecho de que mayoritariamente las organizaciones de derechos humanos son de izquierda, y para ésta la cuestión principal es la injusticia social, la igualdad de clase, mientras que el problema de género sigue siendo menor.

            Simois ejemplifica:  “El intendente (Ricardo) Erhlich pertenece a una izquierda muy comprometida.  Pero lo primero que hizo fue introducir el logo “Montevideo de todos”.  Ya no me siento representada, porque es de todos y de todas.  El lenguaje también discrimina.

            El PIT-CNT aprobó la cuotificación para el funcionamiento de sus órganos.  Pero en los sucesivos congresos miramos el estrado y dan ganas de llorar:  son puros hombres.

            No tiene una fórmula para avanzar en el involucramiento de las organizaciones de derechos humanos con el género, pero Simois apuesta a la capacitación permanente y cree que también en este caso harían falta acciones afirmativas, es decir:  “Discriminar para nivelar la balanza que está muy desbalanceada”.

 EL PROXIMO TRIBUNAL

 Durante la semana de los Derechos Humanos 2005 se organizó el primer Tribunal de los Derechos de las Uruguayas, que sesionó en el Palacio Legislativo con la organización del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, y el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo y los Ministerios del Interior y Relaciones Internacionales.  Se presentaron cinco casos de violaciones de derechos humanos de las mujeres  relacionados con violencia doméstica, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, abuso sexual, acoso moral en el trabajo y discriminación racial.

            Un tribunal, integrado por expertos en derechos humanos escuchó, deliberó y formuló en vivo recomendaciones.  “Fue notorio que no sabían mucho del tema, que no tenían integrados los derechos humanos de las mujeres, los tomamos de sorpresa”, evoca Simois, partidaria de la docencia continua.

            Abocado a difundir el contenido de las convenciones que reconocen los derechos de las humanas en todo el país, CLADEM no alcanzó a organizar el segundo tribunal para este 10 de diciembre.  Pero lo tiene previsto para el 8 de marzo próximo, Día Internacional de la Mujer, “Porque hay que presentar públicamente casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres par que la gente entienda que existen, así como qué significa tener derechos.

 Evidencias     

 Estos casos fueron presentados en el Primer Tribunal de los Derechos de las Uruguayas, que sesionó en el Palacio Legislativo en diciembre pasado.

 Primer caso

 Tenía 20 años cuando conoció a Eduardo de 35.

Vivieron juntos poco más de un año:  Alicia intentó dejarlo varias veces.  El reaccionaba con más violencia.  Antes de lograr abandonar la casa común, Alicia lo denunció dos veces, en Canelones y en Montevideo; no se tomó ninguna medida.

El acoso de Eduardo hacia Alicia y su familia arreció.  La seguía, la amenazaba, la vigilaba.  Ella presentó la tercera denuncia penal; el juez dispuso la libertad del denunciado, fijando una audiencia para un mes después y sin remitir los antecedentes a la justicia de Familia.  Veinte días más tarde, Eduardo abordo a Alicia y la amenazó con matarla y suicidarse.  Ella radicó una nueva denuncia en la Comisaría de la Familia y la Mujer y buscó asesoramiento en la Casas de la Mujer de la Unión.  Por nuevas amenazas de llenarle ”de balas la cabeza” y ya con apoyo de una abogada, amplió la denuncia, alertando sobre la gravedad de su situación.  Otro juez dispuso vigilancia domiciliaria, que se retiró al día siguiente por falta de “novedades” y porque los efectivos hacían falta para otro procedimiento.  Mientras la policía siguió buscando a Eduardo sin Éxito.  Dos días antes de la audiencia esperada, él fue al encuentro de Alicia a la parada de ómnibus y le disparó dos veces.  Las balas impactaron en el cuerpo de la madre que la acompañaba y que al intentar protegerla encontró la muerte.  La tercera bala alcanzó a Alicia, que intentaba escapar seguida por el agresor, y le perforó los intestinos.  Eduardo se suicidó.

            Previa colostomía, Alicia se recuperó, retomó sus estudios universitarios y junto con su abuela se abocó a la crianza de su hermano de 5 años, a quien Eduardo dejó huérfano de madre.

 Segundo caso        

 Vivían con su madre y su padrastro, pero la pobreza la obligaba a almorzar diariamente en casa de su tía, cuyo marido comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 7 u 8 años de edad.  A los 10 u 11, él comenzó a penetrarla y a los 12 la dejó embarazada. 

A SU MADRE Annabela le contó que había sido violada en el camino de la casa a la escuela.  Para interrumpir el embarazo. Se golpeaba todos los días el vientre.  Atendida y apoyada en la policlínica de la zona, habló del abuso pero no denunció al perpetrador; se sospechaba del padrastro.  Cuando la gestación estaba a término, su familia la desalojó a Annabela pidió internación en el INAU, donde planteó que no deseaba al bebe y comenzaron los trámites para darlo en adopción.

            Recién cuando el niño nació, luego de cinco días de convivencia y muchas dudas que no impidieron que el niño fuera entregado a una familia adoptiva, Annabela contó quien era el padre.  La derivaron a un hogar de adolescentes; siguió pidiendo con insistencia hablar con técnicos del INAU, con la familia adoptante; le informaron que tenía que esperar un año, durante el cual se fuga y reclama ayuda de su madre y padrastro.

            Cumpliendo un año, Annabela otra vez pidió ser internada en el INAU y que la ayudaran a recuperar a su hijo, para verlo, para decirle que lo quiso mucho aunque no pudiera conservarlo.

            Fue derivada a IACI, que inició acciones ante la justicia penal solicitando examen de ADN del niño y su progenitor para probar la violación, y ante la justicia de Familia para que se ordene al INAU revelar al paradero del niño.

            El juez penal citó a Annabela y la interrogó de forma inapropiada; también a su tío pero no ordenó el examen de ADN.  El fiscal de Familia dictaminó que la partida de nacimiento tenía vicios formales y no habilitó acciones;  el INAU negó los datos y el juez archivó las actuaciones.

 El tío, viviendo puerta por medio de Annabela, comenzó a amenazar a la familia.

Cuando sucedieron los hechos, la ley no habilitaba a adolescentes a reconocer a sus hijos, hoy sí lo permite.

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