El proyecto de ley sobre salud reproductiva, que incluye la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo (abortar), ha provocado la discusión pública del tema por parte de diversos grupos y personas, trascendiendo el nivel de la argumentación racional y abarcando descalificaciones genéricas para quienes la apoyan. Tanto ella, como la discusión en el Parlamento, muestran ciertas "debilidades" que salen a la luz al tratar de zanjar, en términos políticos, dilemas que se derivan de las prácticas sexuales y reproductivas de las/os ciudadanas/os.

La primera debilidad que vale la pena señalar es la del doble discurso, como ocurre con propuestas que lo único que hacen es tratar de evitar cualquier resolución al respecto. Es el caso del Diputado Abdala que, recurriendo a los superiores intereses públicos, propone dejar la decisión a un plesbiscito que, como hombre de leyes le consta, no tiene andamiento en nuestro orden constitucional; planteo que, sin duda, refleja algún interés político, aunque dudosamente los intereses superiores del "bien común".

La segunda notoria debilidad, se refiere a la calidad de los argumentos expuestos hasta hoy por la gran mayoría de quienes se oponen a lo que el proyecto establece. Varios de esos argumentos se apoyan en el ocultamiento de información veraz, que los desacredita como válidos y que ya han sido contestados en la discusión parlamentaria y aún antes (a pesar de lo cual siguen siendo utilizados). Los dos principales hacen referencia al Pacto de San José de Costa Rica o Convención Interamericana de Derechos Humanos -que las fuentes más legitimadas para hacerlo, descartan como norma que impide la legalización del aborto-; y a la existencia de consecuencias psicológicas y emocionales negativas para las mujeres que abortan, identificadas como "síndrome post-aborto", lo que está invalidado por el conocimiento científico existente (en ninguno de los manuales profesionales que describen las enfermedades mentales, figura tal síndrome). Un tercero, menos utilizado, ha sido el de atribuir este tipo de leyes a las influencias de los "intereses imperialistas" norteamericanos; desinformando adrede, ya que la Administración Bush no sólo está en desacuerdo con la legalización del aborto (uno de los puntos de su campaña electoral), sino que ha dejado sin financiamiento a las clínicas que proveen ese tipo de servicios y, según ciertos trascendidos, emplea sus influencias sobre sectores políticos de otros países para evitar cualquier tipo de legalización o financiamiento a lo existente (¿y por casa, cómo andamos?).

Esa debilidad hace que prácticamente, el único argumento que queda en pie para los que se oponen a legalizar el aborto en ciertas circunstancias, sea el de la defensa de la vida del feto o embrión, por razones metafísicas,morales o religiosas; argumento al que, en la discusión actual, quizás le falte la credibilidad necesaria por ser llevado a la arena pública por muchos, en forma aislada, sin la apoyatura de una prédica similar y cotidiana -de esos opositores- en defensa de la vida bajo cualquier circunstancia (guerras, pena de muerte, violencia doméstica, terrorismo de Estado, etc.). Parecería que el respeto por la vida no puede ser artificialmente restringido al tema del aborto -y a un solo elemento de la díada, ya que la vida de la mujer puede también estar en juego-, sino que, para ser creible, debería permear el discurso público de los que lo plantean en relación con todas las normas y prácticas que la ponen en riesgo.

Y al hablar de este argumento, surge otra debilidad -a mi juicio la más importante- en la discusión política acerca de la posible modificación a la ley actual que penaliza, en general, a la mujer que se realiza un aborto. Se trata de una debilidad que se constituye al dejar de lado la distinción entre qué puede ser propio de la argumentación política y qué no lo es; qué es lo propio de la ciudadanía y qué es lo propio del sujeto individual; qué corresponde a las "razones privadas" y qué corresponde a las "justificaciones públicas" (distinción crucial para el liberalismo político); qué tipo de tesituras pueden sostenerse para mantener el "contrato social" (el consenso democrático) y cuáles no; qué significa la vida, en abstracto y a secas, en relación con la "buena vida" de la que hablan los filósofos. Todas cuestiones que nos llevan al meollo de la discusión actual y que se deben considerar por separado.

En primer lugar, en cuanto a la argumentación política, que es la que importa en este momento, se puede observar que la principal debilidad radica en validar en forma acrítica el otorgamiento de la "libertad de conciencia" a los que ocupan cargos políticos, sea en el Estado o en los partidos, sean líderes o militantes, para opinar en la discusión actual. Porque si bien la moral o el sentido de justicia, debería impregnar las decisiones políticas, no se deduce de ello que dicha moral hace referencia a la propia de cada sujeto, sino a aquellos principios morales compartidos, que deben ser respetados para mantener el consenso democrático y la inclusión de todos en una ciudadanía de igual valor. Y sucede que los agentes políticos (nombrados para actuar en el ámbito político), ponen en riesgo la democracia, al tratar de hacer valer sus concepciones personales en una sociedad que manifiesta múltiples concepciones, en vez de distinguir su función "pública" como políticos, de su quehacer como sujetos/ciudadanos.

Por ejemplo, si el Dr. Vázquez -como cualquier persona- tiene una determinada concepción metafísica o religiosa, tiene todo el derecho de expresarla y aún defenderla; sin embargo, a lo que no tiene derecho en una sociedad pluralista y democrática, es a basarse en su criterio a la hora de opinar como político, sobre un dilema que se plantea entre puntos de vista opuestos, en la agenda ciudadana; como demócrata, tiene la obligación de orientar su opinión según aquellas normas procedimentales y morales consensuadas que le permitan ayudar a la resolución del conflicto, sin excluir o marginar a las concepciones opuestas a la suya que no coliden con el consenso democrático; como político -en su función política- tiene la obligación moral de estar abierto a las soluciones que permitan respetar las distintas formas de pensar y de actuar de la ciudadanía, en el marco de los consensos éticos/políticos que todas/os compartimos. El Dr. Vázquez, en su calidad de líder, no puede hacer prevalecer su concepción personal, sobre el interés social concreto de preservar la salud de cientos de mujeres. Ser conciente y mantener esa distinción entre "razones privadas" y "justificaciones públicas", permite contemplar el pluralismo existente en la sociedad y parece ser la única forma de respetar, desde el ámbito político, el equilibrio necesario entre individualidad y colectividad. (Justamente, un asunto como el referido al aborto, permite el tipo de soluciones que respeta todas las ideologías, creencias, formas de pensar, que conviven en nuestra sociedad, porque legalizar el aborto en ciertas circunstancias, no obliga a nadie a abortar o a realizar un aborto, pero tampoco sanciona a aquéllas/os que lo practican en la convicción de que sus concepciones morales se lo permiten).

En segundo lugar -y en apoyo de las afirmaciones anteriores-, en cuanto a lo que es propio de la ciudadanía y qué de los individuos, vale la pena señalar -según nos recuerda Sonia Catela- lo que nos enseña la teoría ético/política de la democracia, según dos de sus máximos representantes: Rawls y Habermas. Sostienen, por ejemplo, que "...de los principios que deben regular la vida política... sólo son legítimos aquellos que puedan ser racionalmente aceptados por todos los ciudadanos a los que han de vincular" (o sea, los criterios morales consensuados entre todas/os). Y agregan que "...Hegel consideraba que el sustrato último de toda discusión de filosofía política era la necesidad de reconciliar subjetividad y generalidad, o si se quiere, individualidad y comunidad". De modo que, según sintetiza Catela, las cuestiones de justicia ("lo que es bueno para todos") admiten su separación analítica y su diferencia de rango sobre aquellas que remiten a preceptos éticos o concepciones del bien propias de individuos o grupos (que, agrego, divergen y se oponen entre sí, pero conviven en la arena ciudadana).

Para Rawls, entonces, el rasgo esencial de una concepción política de la justicia es la neutralidad respecto de la distintas concepciones del bien -o de la moral- (neutralidad limitada al campo de la política). De modo que ser políticamente justo implica lograr normas que surjan de un doble movimiento: ubicarnos más allá de cualquier concepción, forma de pensar, creencia, singular (ser neutrales) y, al mismo tiempo, establecer limitaciones desde dentro de esas mismas formas singulares (autolimitarse) para que aquéllas abarquen a todas/os. Porque lo que se busca es lograr reglas de juego que sean aceptables para toda la comunidad política, de modo que todas las personas tengan el mismo grado de acceso a las posibilidades que tales reglas ofrecen. Por esas cuestiones es que el pluralismo político, en general, argumenta que las instituciones públicas en la democracia deben descansar en premisas que todos podamos compartir, sin apelar a visiones morales, metafísicas o religiosas, que nos dividen. La carga de la prueba en la esfera pública impone ciertas limitaciones acerca de qué podemos y qué no podemos adoptar como terreno común "razonable" que justifique los acuerdos.

En tercer lugar, en cuanto a las tesituras que deben respetarse para mantener el consenso democrático en cualquier diálogo político y frente a los argumentos utilizados por la mayoría de los que se oponen a la legalización del aborto, ¿cómo es posible establecer un diálogo, cuando uno o más de los participantes se respaldan en premisas que impiden ese diálogo? Una forma de pensar que niega la validez de todas las otras, es nociva para cualquier diálogo razonable que intente resolver una disputa entre ideas acerca de ciertas prácticas, en una sociedad democrática; es más, pone a ésta directamente en riesgo porque implica una tesitura fundamentalista que es lo opuesto a ella. Yo no niego a nadie su derecho a sostener una concepción en particular; pero sí me opongo al derecho de una persona o grupo a imponer sus puntos de vista a otra persona o a consagrar en la ley sus conceptos religiosos o filosóficos particulares, que rechazan y "lapidan" cualquier otra concepción o forma de pensar. Esta es la debilidad particular de los grupos religiosos que se oponen a la ley que se discute y que están utilizando los recursos menos honestos para impedir un diálogo fructífero en busca de consensos.

Son ellos los que están más desubicados en cuanto a las tesituras legitimadas para el diálogo y la búsqueda de acuerdos; porque opinan desde otro lugar que no es el de la ciudadanía plural; porque a esta altura de la historia, insisten en imponer su pensamiento único; porque no se permiten la revisión de sus propios dogmas (salvo desde la cúpula) para poder formar parte de los consensos democráticos. Por eso, también, son los más necesitados de una reflexión propia que les permita distinguir entre individualidad y comunidad política (que no tiene nada que ver con la religiosa); entre interés general e intereses singulares; entre política y religión; entre estado laico (neutro) y estado clerical. Porque es irracional en una sociedad pluralista al menos, querer basar la doctrina pública o las políticas públicas sobre un conjunto de creencias cuya justificación no puede ser compartida por otras/os sobre la base de ciertas premisas no sectarias y razonablemente acordadas. Y porque no hay premisas que puedan ser compartidas por las principales doctrinas religiosas y sistemas conocidos de filosofía ética, que nos ayuden a decidir, en un foro público, si una persona que reúne determinadas condiciones podría o no podría someterse a un aborto. Esta convicción es la que llevó a la Suprema Corte de Justicia de los EE.UU a legalizar el aborto; para ella, la ausencia de premisas públicas compartidas que pudieran ayudar a dirimir la cuestión moral en el foro público, conllevaba la necesidad de que la solución del dilema fuera dejado a la decisión de los individuos involucrados, precisamente por existir posturas tan divergentes al respecto y por tratarse de un problema tan íntimo y personal.

A pesar de lo dicho, debemos hacer la distinción entre las posiciones "oficiales" de ciertas iglesias y sus jerarquías y la de los creyentes que saben distinguir entre su papel como ciudadanos y sus creencias religiosas. Precisamente, la extensión de la democracia a ámbitos geográficos cada vez más amplios, está cuestionando la capacidad de esas organizaciones religiosas -especialmente, de la Iglesia Católica- para influir en las agendas públicas. El desarrollo de las democracias y de las identidades ciudadanas, el aumento de la individuación (que no es lo mismo que la individualidad posesiva), están erosionando cada vez más la capacidad de ese tipo de estructuras para imponer un pensamiento único; siendo un caso especial la aplicación de la doctrina de los derechos humanos al campo de la sexualidad y la reproducción (lo que ahora se llaman "derechos reproductivos" -que reivindican con énfasis la capacidad moral de las mujeres para decidir sobre sus necesidades-). Erosión desde afuera, por los cambios que ocurren simultáneamente, en las relaciones sociales y las identidades. Erosión desde adentro, por sacerdotes como el padre Pérez Aguirre y otros teólogos y teólogas, partidarios de despenalizar el aborto; por comunidades de base que reivindican el derecho a cambiar la interpretación de la ley "divina"; por el reclamo de que se admita la pluralidad de opiniones que realmente existe, como en cualquier conglomerado social; y por la propia práctica social de las personas que integran esas iglesias, que "desobedecen" en mayor proporción que antes y ponen a las cúpulas en el dilema de admitir el disenso o aplicar más sanciones (quizás por esto no parece haberse concretado la amenaza de negar la comunión a las mujeres católicas que hayan recurrido al aborto -que son muchas-).

Por último, en cuanto al argumento central referido a preservar la vida, tanto la aseveración de que la presencia del código genético completo en el cigoto, indica la existencia de un ser humano, como la que refiere a que la vida uterina del embrión tiene igual valor que la de una persona, son afirmaciones que no tienen que ver con cuestiones empíricas, sino con concepciones metafísicas referidas a qué es ser un ser humano o qué es ser una persona; afirmaciones que, por lo tanto, sólo pueden ser validadas en el marco de una religión dada o de un sistema moral de creencias. Y ocurre que en cualquier sociedad democrática, por definición, existen una pluralidad de tales sistemas, por lo que tampoco esos argumentos sirven para dirimir el dilema involucrado en la propuesta de legalizar el aborto bajo ciertas condiciones, volviéndonos a argumentos ya analizados.

Para terminar, quiero repetir aquí algo que sostuve años ha:

"...sólo recordaremos una historia americana: las mujeres de una de las etnias que poblaban Yucatán -creo no equivocarme en el origen- mataban a sus hijos cuando nacían, después que su pueblo fue conquistado por los españoles. Nacer en cautiverio era, para ellas, peor que la muerte. Una de las miles de formas en que las mujeres de cada cultura han respondido a las circunstancias externas, frente a su capacidad de parir. (...) Porque la vida y la muerte son valores relativos al bien y al mal y en todas las culturas -y según las circunstancias- han tenido distinta carga valorativa; morir y vivir, matar o preservar, ha sido bueno o malo, según el bien que se pretende tutelar. Por eso, el valor o desvalor, atribuído a la vida y a la muerte siempre ha dependido de qué otro valor se resguarda con ellas, la libertad, la dignidad, la paz, el honor, el bienestar de los hijos que se tienen y hasta la belleza y las creencias.

Si nos sentimos pertenecientes a la humanidad, lo importante para nosotras/os será  no sólo "dar la vida, sino también conservarla" (como decía el slogan del 8 de marzo de 1985, con reminiscencias ecológicas). Pero ¿qué vida? Lo importante será  otorgar a la vida humana un contenido que permita que ella se despliegue en la Tierra dignamente; como resultado del idéntico valor asignado a cada ser humano por serlo; con la aceptación de todas las diferencias y todos los dilemas que el estar vivas/os supone, incluyendo aquellos que nos obligan a decidir entre opciones "de hierro"; nunca como derivación de nuestra animalidad o de algún "destino manifiesto" que se nos quiera imponer. En esto, en todo caso, reside la trascendencia de la vida y la muerte para los humanos. Lo otro, suele ser falsa conciencia."