El Consejo Directivo Central de la Universidad aprobó anoche por unanimidad una declaración pública referida al Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva. El texto íntegro es el siguiente:

"Ante la discusión parlamentaria del Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en el marco del artículo 2° de su Ley Orgánica, considera oportuno compartir con la opinión pública las siguientes consideraciones:

- La penalización -en los 64 años que lleva su aplicación- no ha impedido que el aborto constituya una práctica sumamente frecuente en todos los sectores sociales.

- Su carácter de "práctica clandestina" al margen de los controles sanitarios y en manos de personal no debidamente calificado lo ha convertido en un grave problema social de la Salud Pública.

- Complicaciones derivadas de dichas prácticas configuran la causa del 27% de la mortalidad materna, cifra que se encuentra entre las más altas del mundo y que afecta casi exclusivamente a mujeres provenientes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

- Se hace necesario sustituir el criterio penalizador que orienta la actual legislación por otro que impulse el desarrollo de políticas públicas tendientes a orientar e informar a las personas sobre los diversos aspectos relacionados al libre ejercicio de su sexualidad.
Esto implica poner al alcance de las mujeres -cualquiera sea su condición- los apoyos médicos, psicológicos y sociales necesarios para procesar decisiones libres, autónomas y conscientes, incluyendo los servicios y programas necesarios para sostener dichas decisiones en condiciones de dignidad y equidad.

- La Universidad de la República comparte la importancia de que la sociedad uruguaya debata sincera y ampliamente este tema comprometiendo su aporte científico y académico como contribución a la mejor resolución de esta grave problemática sanitaria y social.

- Para finalizar reafirma su convicción de que la base para dicha solución deberá respetar el derecho de las personas a ejercer su capacidad de libre decisión, de acuerdo a sus propias convicciones y el acceso equitativo a los recursos con que la sociedad cuenta para sostener dichas decisiones".