MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL URUGUAY

La situación de las mujeres privadas de libertad va adquiriendo lentamente más visibilidad en el contexto de los cambios que, en los últimos dos años, se están implementando en la dramática realidad penitenciaria de nuestro país.

En setiembre del 2006, se hizo público el informe sobre las condiciones de reclusión de las mujeres en el país, elaborado por un conjunto de organismos públicos y privados: Ministerio del Interior, INAMU, Ministerio de Salud Pública, Comisionado Parlamentario, Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y Patronato de Canelones, SERPAJ, ANIMA, entre otros. Fue el primer diagnóstico de ámbito nacional específico sobre las mujeres privadas de libertad. Mostró que ellas existen y que, además de estar hacinadas y mal alimentadas, que eran poco consideradas: debido a su reducido número en relación a los varones -5% del total de la población carcelaria-, pero también porque son mujeres. Y que sigue existiendo mucha invisibilidad en relación a las mujeres en nuestras sociedades, aún más si hablamos de  mujeres que están estigmatizadas y etiquetadas por su condición de encarceladas y son parte de un grupo que en su conjunto es blanco de prejuicios y discriminaciones.

El diagnóstico mostró también un gran desequilibrio entre las condiciones de reclusión de las mujeres que están en la cárcel Cabildo, en Montevideo, y aquellas que están en las cárceles del interior, con clara desventaja para estas últimas.

En la misma época en que se presentó ese informe nacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con la colaboración de CLADEM  y de otras organizaciones sociales nacionales y regionales, realizó un informe sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. El informe fue presentado en audiencia pública a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en octubre del 2006, para denunciar las malas condiciones de encarcelamiento de las mujeres en estos países, la frecuencia con que sus Derechos Humanos no son respetados y contribuir a la elaboración de mecanismos de protección adecuados a sus necesidades. También buscó aportar elementos para la redacción de una Declaración de Principios sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad, impulsada desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la expectativa de que este instrumento atienda a las particularidades que la pena privativa de libertad adquiere en el caso de las mujeres.

Ambas iniciativas revisten inmensa importancia en el contexto nacional y de la región, al llamar la atención sobre una realidad muy grave, que, sin embargo, muchas veces no es ni siquiera mencionada por los actores sociales involucrados en la discusión del tema carcelario.

Simultáneamente a los dos informes mencionados, EMAUS-Nuevo París inauguró el proyecto de artesanía con las mujeres del pabellón femenino de la cárcel de Canelones. Fue a partir de ahí que nuestras dos organizaciones decidieron unirse en esta actividad que realizamos hoy, que tiene tres cometidos principales:

1) Aportar a la visibilidad de estas mujeres y, a través de la situación particular, en Canelones, remitir las miradas a las demás reclusas a lo largo y ancho del país;

2) Difundir su trabajo y su creatividad, que son una prueba de que las mujeres, aun en condiciones muy desfavorables, aprovechan todas las posibilidades que se les ofrecen para fortalecerse y empoderarse como sujeta de derechos y deberes.

Hacer más conocidos sus reclamos de mejores condiciones de reclusión, sus esfuerzos de rehabilitación y su búsqueda de caminos de reintegración social cuando salgan en libertad.

3) Llamar urgentemente a otras organizaciones sociales para reunir esfuerzos y trabajar conjuntamente con el ámbito gubernamental para que el tratamiento de la cuestión penitenciaria incorpore de una vez por todas la perspectiva de género, la cual debe explicitarse en la formulación de la nueva política penitenciaria que se construye en el país –vivimos un momento privilegiado de cambio que no se puede perder– y concretarse en los planes y programas dirigidos a la población privada de libertad, pasando necesariamente por la formación del personal penitenciario. Formación en Derechos Humanos, ya iniciada, que debe incluir una perspectiva de género, porque “sin las mujeres los derechos no son humanos”.

Se preguntará por qué se reclama tanta atención sobre las mujeres, si la violencia de las condiciones carcelarias es dramática para hombres y mujeres; si la cantidad de hombres privados de libertad es abrumadoramente mayor; si los problemas en las cárceles masculinas saltan a la vista a cada momento y desafían a las instituciones responsables y  a la sociedad.

La pena privativa de libertad es violenta en si misma, para todos que la deben cumplir. Pero en el caso de las reclusas, se agregan discriminaciones y desigualdades hacia las mujeres que están presentes en la sociedad - pese todos los avances que hemos logrado hasta el momento- y que se reproducen y se recrean de modo particular en el sistema penitenciario.

Ø       Así, si para todos en las cárceles falta, o es precaria, la asistencia a la salud, para las mujeres esto significa no acceder al derecho humano de la atención a su salud sexual y reproductiva, no acceder al control ginecológico anual, a la mamografía y al papanicolau a que todas tenemos derecho.

Ø       Asimismo, si bien formalmente tienen derecho a la visita conyugal, éste derecho en la práctica con mucha frecuencia les es negado.

Ø       El mantenimiento del vínculo familiar, sobre todo con los hijos, de vital importancia para las mujeres, no encuentra apoyo institucional, aumentando la angustia vivida en la cárcel.

Ø       Cuando tienen sus hijos en la cárcel, pocas veces los niños y niñas están en condiciones adecuadas. En Canelones se solucionó recién el problema con el traslado de las reclusas con hijos a Cabildo, cuya guardería empezó a funcionar hace dos semanas.

Ø       El acceso a la capacitación profesional es muy reducido o nulo, limitando las posibilidades de reinserción laboral en el futuro.

Ø       También son mínimas las chances de trabajo remunerado mientras están en la cárcel, siendo que muchas reclusas lo necesitan para apoyar sus familias afuera.

En Canelones, el cuadro se agrava por la precariedad edilicia, la ausencia de un mínimo espacio verde, el exiguo ambiente para la realización de actividades: el taller de EMAUS-Nuevo París, u otro que se realice, se lleva a cabo en una sala de 3 mts por 4 mts. 

Las mujeres privadas de libertad son pocas, tienen buen comportamiento, son mujeres. Por todo esto muchas veces son olvidadas. Hoy por hoy, requieren ser vistas, atendidas, respetadas en sus Derechos Humanos y su situación de género. Tienen que ser público-objetivo de la política penitenciaria uruguaya.

El diagnóstico de las carencias que afectan  parte de las mujeres privadas de libertad en el Uruguay está hecho, las recomendaciones para el cambio están sistematizadas en los informes mencionados, a los cuales se suma el del Comisionado Parlamentario, y en los planteos de las reclusas. Hay que reunir las voluntades: voluntad política del Gobierno; voluntad de las reclusas; del Comisionado Parlamentario; del Patronato de Encarcelados y Liberados y de las organizaciones sociales – aquí nos incluimos- y de esta manera pasar efectivamente a la segunda fase de este proceso ya iniciado, que es la de implementación de los cambios sin más demora.

Montevideo, 23 de marzo de 2007

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