EC - En el Partido Colorado (PC) la bancada de senadores vota prácticamente íntegra en contra del proyecto de ley. Sin embargo Julio Herrera, del Foro Batllista (FB), lo hace a favor. ¿Por qué ese voto?


JULIO HERRERA:
Primero de todo porque yo tengo que actuar como senador, no en función de convicciones religiosas o filosóficas personales, que valen para aplicarme a mí mismo o como referente moral de una familia, pero no para aplicárselas o imponiéndolas al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, como legislador de un Estado laico y con un conjunto de electores que manifiestan distintas creencias o quizás ninguna, tengo que tomar en cuenta la realidad social y también, si se quiere, la realidad jurídica.

Yo digo que en este caso hay una gran hipocresía. Y, cuidado: no estoy acusando a los que están en contra de la ley de ser hipócritas, sino que digo que hay una gran hipocresía en el conjunto de la sociedad, estamos incluidos todos.

Estamos diciendo que esta es una especie de división entre los que están por el derecho a la vida y los que no, y no es así desde el momento en que si dejamos las cosas como están seguirá habiendo los 33.000 o más abortos en el futuro. Entonces no tenemos que dejar las cosas como están, tenemos que legislar para modificar esto, eso es lo primero.

En segundo lugar, en cuanto a los pronunciamientos judiciales... en teoría el Código Penal dice que está penado, pero después, felizmente, a ningún juez se le ocurre mandar a la cárcel a una mujer porque resolvió hacerse un aborto.


EC - El propio texto del año 1938 establece atenuantes.


JH - Por supuesto, pero igual está prevista la pena de prisión; aunque felizmente a ningún juez le pasa por la cabeza mandar a una mujer presa porque ha resuelto hacerse un aborto. Ayer decía la senadora Xavier en su informe (estoy hablando de memoria) que eran un 0,04 por ciento los procedimientos judiciales en relación al número de abortos. Entonces tampoco digamos que hay una respuesta represiva por parte del Estado o de la sociedad en su conjunto, porque todo el mundo conoce la existencia de clínicas, todo el mundo conoce la existencia de personas que dicen saber cómo se hacen y todos sabemos que hay carencias y cosas que no se están haciendo desde la sociedad para tratar de evitarlas.

Lo que hay que hacer entonces es tratar de mejorar esta situación; yo tengo que tratar con lo que tengo entre mis manos, y tengo esta realidad. Pretender estados ideales, una ley perfecta, un comportamiento del Estado perfecto, un comportamiento perfecto de las instituciones o de la sociedad en su conjunto, eso llevaría a un debate interminable, pero nunca a mejorar la situación que hoy tengo entre mis manos.


EC - El argumento central de quienes se oponen –recién escuchábamos en esa línea al senador Fernández Huidobro– es lo chocante que resulta que lo que se esté habilitando por la vía legal sea la muerte de una futura vida, la eliminación de un embrión –porque hasta las 12 semanas se supone que es un embrión–, pero que es el comienzo de una vida. ¿Qué responde a ese punto?


JH - Eso ya está habilitado en el Código Penal desde 1938. Es más: en defensa de un supuesto honor un esposo, un hijo, un hermano, un nieto, podía llevar a una mujer a la fuerza y obligarla a abortar porque había cometido un desliz y su embarazo era la prueba de su infidelidad, y eso afectaba el honor del esposo, del hermano, del hijo, del padre o de un nieto. Eso estuvo en el Código Penal hasta 1995 y lo sigue estando, sólo que no está definido quiénes son los parientes próximos que pueden obligar a esa mujer a hacerse un aborto en defensa del honor de ellos. Eso está en el Código Penal hoy. ¿Esa es la defensa de la vida, o es la defensa de un concepto del honor hipócrita y obsoleto?


EC - Otro de los incisos del artículo 328, el 3º, dice: “Si el aborto se cometiera sin el consentimiento de la mujer, por causas graves de salud, la pena será disminuida de un tercio a la mitad, y si se efectuase con su consentimiento o para salvar su vida será eximida de pena”.


JH - Sí, y después sigue con el caso de angustia económica. Pero esa es otra gran hipocresía, en este caso jurídica, porque ningún médico se atreve a ingresar en esas excepciones y pensar que el juez lo va a exonerar de pena, como es delito ningún médico se atreve a hacerlo, entonces está plasmado en el texto pero no se cumple.


EC – Pero usted iba a que la legislación hoy vigente de hecho habilita a terminar con esa vida futura mientras se está gestando.


JH - Hoy en la ley vigente hay cuatro situaciones por las cuales se puede interrumpir el embarazo: una es el honor de los parientes próximos y del esposo; otra es la situación de violación... Y en este caso, aún sin el consentimiento de la mujer se puede rebajar la pena del que la obliga a abortar. Y yo digo ¿por qué? Si la mujer violada resuelve tener su hijo será porque tiene muy claro que la deshonrada no es ella sino que el deshonrado es el violador; pese a eso teóricamente se rebaja la pena, pero todo esto es teórico.

La tercera situación refiere a problemas de salud de la madre, algo que me parece de cajón, el juramento hipocrático debería incluir salvar la vida del paciente, y el paciente que concurre a la consulta no es un embrión sino una mujer hecha y derecha, madre, hija hermana, con responsabilidades ante la sociedad.

Y en cuarto lugar la situación de angustia económica. ¿Usted cree que una mujer en Uruguay va al Pereira Rossell o al Maciel o adonde sea y dice: “Soy una madre de siete hijos, estoy desempleada, el o los padres se fue/ron, no lo/s he visto más, no tengo cómo sustentar a mis hijos y ahora encima quedé embarazada de otro que tampoco colabora; pido por favor que no me hagan cumplir con todo el proceso del embarazo”? Nadie lo hace, porque teme que un juez resuelva que eso sigue siendo un delito y no lo exonere de pena. A eso me refiero cuando digo que es una gran hipocresía en la que estamos involucrados todos.


EC - Para usted la solución es ir lisa y llanamente a la habilitación a la madre para que resuelva dentro de las primeras 12 semanas.


JH - Quitarle el carácter de delito. Irureta Goyena, el autor de nuestro Código Penal, a quien se ha criticado por ser un hombre de un pensamiento sumamente conservador, e incluso por haberse inspirado para nuestro Código Penal de 1034 en el Código Ruocco, de la Italia fascista (lo cual es cierto, porque lo redactó al retorno de su viaje a Italia: en los viajes en buque daba el tiempo hasta para escribir un código), no lo incluyó. En 1934 él pensaba que no era un delito, y hasta pone un ejemplo, dice: “Una mujer comete un intento de suicidio y como consecuencia de ese intento de suicidio estando embarazada pierde el embarazo; a nadie se le ocurre imputarle el delito de aborto”, en todo caso será intento de suicidio, que no está penalizado.


EC - Esos son, a grandes rasgos, sus argumentos a favor de este proyecto de ley. De todos modos, todo indica que el proyecto no sale, que no tiene la mayoría necesaria en el Senado. ¿Qué opina del camino que parecería estar consolidándose, de un nuevo envío a comisión?


JH - Opino en contra. Opino en contra porque estuvo dos años en la Cámara de Representantes y un año en la Comisión de Salud; si alguien quería generar un gran debate, mejorar esa ley, lo hubiera hecho durante estos tres años. Creo que no es válido: uno tiene que levantar la mano o dejarla baja, y no decir “ahora quiero un gran debate”. No; el gran debate se hubiera propiciado tres años atrás, en los términos que algunas otras personas lo solicitan.

Yo respeto las posiciones de todo el mundo, estoy obligado a respetarlas, pero no a estar de acuerdo, hoy tenemos un texto delante: ¿resolvemos sobre eso o no? ¿Queremos buscar un acuerdo político que permita que el proceso no se detenga y sea la sociedad quien se pronuncie? Me parece un poco más sano, pero sobre la base de un acuerdo político donde todos nos comprometemos a recorrer un camino. Si no es así, mandarlo a comisión para hacer un gran debate, sería un entierro ni siquiera “de lujo” porque todo el mundo sabe que es un entierro.


EC - Pasando en limpio, a usted lo convence el pase a comisión si viene precedido de un compromiso político.


JH - No como pase a comisión sino porque ya tenemos un acuerdo político sobre cómo vamos a recorrer el resto del camino que nos falta. Yo soy partidario de aprobar esta ley e ir a un referéndum, porque creo que la sociedad uruguaya debe pronunciarse sobre esto; no es que puede sino que debe pronunciarse sobre esto. Los organizadores de referéndum han metido a la población en cosas absurdas, donde la gente decía ¿por qué tengo que opinar sobre el marco eléctrico; por qué tengo que opinar sobre un artículo en particular de la ley de inversiones? En este tema sí porque estamos todos involucrados.