Esta página web es posible gracias al apoyo de Christian Aid, Derechos y Democracia, OXFAM NOVIB y OXFAM GB

Campaña Defendiendo Mujeres Defendiendo Derechos
 

 

Coalición Internacional de Organizaciones para los

Derechos Humanos en las Américas

International Coalition of Organizations for Human Rights in the Americas

 

 

Pronunciamiento presentado con ocasión del

Trigésimo Quinto periodo ordinario de sesiones de la

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos

 

Ft. Lauderdale, Estados Unidos

5 al 7 de junio de 2005

 

La Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas (“la Coalición”), presenta este pronunciamiento a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

 

La Coalición es una red de organizaciones no-gubernamentales y sociales cuya visión es un hemisferio con plena vigencia y respeto de los derechos humanos. La Coalición trabaja para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados miembros de la OEA, para asegurar la protección de todas las personas y colectivos sujetos a su jurisdicción, para garantizar la eliminación de la impunidad en todos los casos de violación de derechos humanos, para promover el principio de no discriminación y para afianzar un Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, que sea sólido, accesible, reconocido y aceptado por todos los Estados miembros de la OEA.

 

En el marco de la XXXV Asamblea General de la OEA, se lleva a cabo el presente diálogo entre los Ministros de Relaciones Exteriores, los Jefes de Delegación de los Estados miembros y representantes de la sociedad civil. En tal contexto, la Coalición considera que para “Hacer Realidad los Beneficios de la Democracia”, tema propuesto por la delegación de Estados Unidos para este diálogo, debe partirse de reconocer que las democracias formales no han llegado al nivel de profundización necesario. La debilidad de las instituciones democráticas, la exclusión social, las difíciles condiciones de vida para amplios sectores de la población del hemisferio, la desigualdad dentro de este mismo hemisferio, así como la creciente vigencia de normas internacionales en materia de seguridad y comercio con los consecuentes riesgos para la universalidad y la primacía de los derechos humanos y de los procesos democráticos son elementos que nos indican la grave fragilidad de la democracia.

 

La Coalición considera que el concepto mismo de la democracia, hoy en día, no puede concebirse sin la plena vigencia y respeto de los derechos humanos. Por ello la Coalición entiende que los derechos humanos son un eje transversal y una condición esencial para “Hacer Realidad los Beneficios de la Democracia”. En función de ello, efectúa una serie de recomendaciones destinadas a llamar la atención sobre varias preocupaciones centrales vinculadas con las siguientes categorías: 1) el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos; 2) la primacía de los derechos humanos; 3) la ineludible exigibilidad a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC); 4) la equidad de género; 5) la necesidad de adoptar medidas específicas para aquellos sectores de la población en mayor situación de vulnerabilidad; 6) el reconocimiento de la Carta Democrática Interamericana (CDI) como mecanismo multilateral privilegiado en la defensa común de la democracia; 7) el fortalecimiento de los mecanismos de participación de la sociedad civil; y 8) Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia  (MAPP-OEA).

 

 

1) El fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos.

 

El fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos es uno de los objetivos principales de la Coalición; valoramos el respaldo político otorgado por los Estados Miembros para el funcionamiento de dicho sistema, ya sea mediante las numerosas resoluciones de la Asamblea General de la OEA, o dentro del marco del proceso de Cumbres de las Américas. Sin embargo,  lamentamos que hasta ahora, dichos compromisos políticos no hayan conducido a acciones suficientes para que estos sean realidad.

 

En este sentido, de manera especial, para la presente Asamblea General de la OEA, instamos a los Estados a que:

 

a.           Al elegir a los nuevos o nuevas integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evalúen rigurosamente los requisitos de alta autoridad moral y reconocida versación en  materia de derechos humanos, para asegurar que únicamente aquellas personas con las más altas calidades personales y profesionales formen parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así se fortalecerá la independencia que dicho organismo requiere;

 

b.            Promuevan un proceso de elección de comisionadas y comisionados que sea participativo, transparente y equitativo. Para ello, entre otras cosas, debe preverse una sesión especial del Consejo Permanente para la presentación de las candidatas y los candidatos con la participación de las organizaciones de la sociedad civil de manera que se puedan intercambiar opiniones sobre la situación de los derechos humanos;

 

c.            Establezcan mecanismos para cumplir con la resolución “fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos en seguimiento del plan de acción de la tercera Cumbre de las Américas” (AG/RES. 2030 (XXXIV-O/04)) y con aquellas que la desarrollen o la complementen sobre el. En estos mecanismos resulta imprescindible, entre otros, incorporar la participación de la sociedad civil en el proceso de reflexión sobre el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, especialmente a las organizaciones usuarias de éste;

 

d.            En seguimiento al artículo 2.c de la misma resolución AG/RES. 2030 (XXXIV-O/04) (sobre “fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos en seguimiento del plan de acción de la tercera Cumbre de las Américas”), insten al Secretario General de la OEA que encomiende al Consejo Permanente la creación de un fondo específico para el acceso de las víctimas al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Para ello, el Consejo Permanente debe tener en cuenta los aportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las organizaciones de la sociedad civil;

 

e.            Reconociendo el carácter esencial de los defensores y defensoras de derechos humanos para el sistema interamericano, promuevan la difusión y aplicación de los instrumentos del mismo sistema interamericano y las decisiones de sus órganos en materia de defensores y defensoras de derechos humanos, dando seguimiento al artículo 7 de la Resolución 2036/04 (sobre “Defensores de derechos humanos: apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas”) de la Asamblea General de la OEA;

 

f.             Garanticen la participación de la sociedad civil en los procesos de designación de integrantes del Comité de expertas/os del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Esta participación deberá hacerse efectiva no sólo en la elaboración del reglamento de dicho Comité sino también, de manera constante, en el funcionamiento del conjunto del mecanismo.

 

Además de estas recomendaciones, reiteramos las recomendaciones que hemos hecho en ocasiones anteriores, instando a los Estados a que:

 

g.           Ratifiquen todos los tratados internacionales e interamericanos en materia de derechos humanos, contra la discriminación y a favor de la igualdad de género. Cobra especial importancia la universalización del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos mediante la adhesión, por parte de todos los países del hemisferio, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”);

 

h.            Reconozcan la independencia y autonomía del sistema interamericano, lo cual implica, entre otras cosas, garantizar un presupuesto que permita el funcionamiento y la eficacia de sus órganos;

 

i.              Cumplan con las decisiones de los órganos de protección de los derechos humanos y que establezcan mecanismos para sancionar o condenar los incumplimientos;

 

j.              Reconozcan la primacía de los tratados y convenios de derechos humanos sobre las legislaciones nacionales y adopten medidas tendientes a la adecuación del derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales sobre la materia.

 

2) La primacía de los derechos humanos

 

La Coalición considera que para una efectiva y equitativa distribución de los beneficios de la democracia, los compromisos internacionales que asumen los Estados al ratificar los tratados de derechos humanos prevalecen por sobre otros tratados o acuerdos que se suscriban, tales como los referidos al libre comercio, la inversión, el terrorismo o la seguridad. Si existiesen incompatibilidades, los Estados deben garantizar la prevalencia de los primeros.

 

Para ello, instamos a los Estados a que:

 

a.                  Afirmen la primacía de los derechos humanos sobre los tratados, acuerdos, y/ o convenios en materia de comercio, inversión, integración, terrorismo y seguridad;

 

b.                  Se comprometan a realizar estudios de impacto de los procesos de integración económica sobre el goce integral de los derechos humanos, incluso en materia de acceso a la información;

 

c.                  Promuevan, a través de la resolución 2244/05 (sobre “la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”), la elaboración, por parte de la CIDH, de directrices con el fin de evitar la adopción de políticas públicas en materia de seguridad que limiten derechos humanos básicos, como la libertad de expresión, el derecho a protesta, de circular libremente y trasladarse de un país a otro.

 

 

3) La ineludible exigibilidad a los derechos económicos sociales y culturales (DESC)

 

La Coalición considera, como lo reconoce el artículo 12 de la CDI, que la eliminación de la pobreza y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso son factores esenciales para la consolidación de la democracia. Para lograr estos objetivos, es imprescindible reconocer el carácter indivisible de los derechos humanos y así acelerar la promoción y la justiciabilidad de los DESC.

 

Para ello, instamos a los Estados a que:

 

a.            Firmen y ratifiquen, o ratifiquen el Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) y avancen en la confección de las guías sobre cómo se deberá informar sobre su cumplimiento en concordancia con el mandato del artículo 19 del citado Protocolo;

 

b.            Avancen en la elaboración de una Carta Social Americana;

 

c.            Fortalezcan su compromiso para respetar los derechos de las y los trabajadores, promoviendo una vinculación más efectiva entre el sistema interamericano de derechos humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

4) La equidad de género

 

La Coalición considera que para asegurar la equidad de género, se deben coordinar los esfuerzos que se realizan en el marco de la OEA y de la Organización de las Naciones Unidas, así como los que llevan adelante otros foros y organizaciones intergubernamentales regionales y subregionales, en las que también participan Estados miembros de la OEA. Así se podrá asegurar la igualdad entre mujeres y hombres y hacer realidad los derechos humanos de las mujeres en el hemisferio.

 

Para ello, instamos a los Estados a que:

 

a.            Los que todavía no lo hayan hecho, firmen y ratifiquen, o ratifiquen la Convención de Belém do Pará a la mayor brevedad y que den los pasos necesarios para la plena y efectiva implementación de dicho instrumento mediante el dictado de las normas internas apropiadas, entre otras medidas;

 

b.            Los que todavía no lo hayan hecho, firmen y ratifiquen, o ratifiquen el Protocolo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a la mayor brevedad y que den los pasos necesarios para la plena y efectiva implementación de dicho instrumento mediante la adopción de normas apropiadas, entre otras medidas;

 

a.            Adopten medidas necesarias para cumplir con la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en todos los sectores de la OEA (AG/RES. 1977 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2023 (XXXIV-O/04)).

 

 

5) La necesidad de adoptar medidas específicas para implementar la igualdad y la no discriminación

 

El derecho a la igualidad y la prohibición de la discriminación constituyen principios que sustentan los derechos humanos. De la misma manera, el restablecimiento de los equilibrios sociales es motor e indicador de los procesos de consolidación democrática. En este sentido, es importante actuar de manera inmediata y especial para proteger aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

 

Para ello, instamos a los Estados a que:

 

  1. Los que todavía no lo hayan hecho, firmen y ratifiquen, o ratifiquen la Convención de Belém do Pará a la mayor brevedad y que den los pasos necesarios para la plena y efectiva implementación de dicho instrumento mediante el dictado de las normas internas apropiadas, entre otras medidas;

 

  1. Los que todavía no lo hayan hecho, firmen y ratifiquen, o ratifiquen el Protocolo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a la mayor brevedad y que den los pasos necesarios para la plena y efectiva implementación de dicho instrumento mediante la adopción de normas apropiadas, entre otras medidas;

 

  1. Adopten las medidas adecuadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra todas las formas de discriminación y que garanticen su derecho humano a no ser víctimas de castigo corporal, tal como lo establecen los artículos 2 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual todos los Estados de América Latina son Estados Parte. Para acabar con el castigo corporal urgen reformas legales que contemplen expresamente su prohibición contra niños, niñas y adolescentes, así como políticas públicas que permitan la implementación oportuna y adecuada de las normas internacionales y nacionales que se adopten.

 

  1. Avancen en la discusión sobre la elaboración de una Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, , reconociendo que el racismo, la xenofobia y la discriminación racial representan un problema fundamental en la región;

 

  1. Avancen en la elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, garantizando la libre determinación y el derecho a sus tierras, territorios y recursos, siempre con la plena participación de representantes de estos colectivos;

 

  1. Establezcan el Comité encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad que debió haber sesionado por primera vez el 22 de febrero de 2003, luego del depósito del décimo instrumento de ratificación;

 

  1. Garanticen los derechos de los refugiados y refugiadas, solicitantes de asilo y desplazados internos, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional. En particular, los Estados deben desarrollar los programas de Formación en Protección Internacional de los Refugiados y Refugiadas, de Fortalecimiento de las Comisiones Nacionales de Refugiados y Refugiadas y de Fortalecimiento de las Redes Nacionales y Regionales de Protección, tal como propone el capítulo segundo del Plan de Acción de México (PAM), aprobado en México D.F., los 16 y 17 de noviembre 2004;

 

  1. Protejan los derechos humanos de todas las personas dentro de sus territorios, incluyendo las personas que son víctimas de la trata de personas, sin tener en cuenta su estatus migratorio. En tal sentido, los Estados deben adoptar e implementar legislación y políticas públicas de conformidad con las medidas recomendadas en los Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas (Naciones Unidas E/2002/68/Add.1.);

 

  1. Adopten medidas para proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en particular, mediante el apoyo a la Relatoría de Derechos de Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un estudio de un desarrollo normativo regional en la materia y la adhesión al Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes;

 

  1. Releven la importancia de resolver la crítica situación de violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales que viven millones de migrantes y adopten medidas en consecuencia.

 

 

6) El reconocimiento de la Carta Democrática Interamericana como mecanismo multilateral privilegiado en la defensa común de la democracia.

 

La Coalición reconoce los avances que representó, en 2001, la adopción de la CDI. En particular, valoramos el reconocimiento del caracter esencial de los derechos humanos y de su indivisible relación e interdependencia con la democracia (artículos 3 y 7 de la CDI). De la misma manera, consideramos positivo que se haya ampliado el concepto de ruptura de la democracia más allá de las formas tradicionales de golpe de Estado. Sin embargo, de cara a las graves crisis democráticas que han surgido en el hemisferio en los últimos años, es necesario que la OEA analice en profundidad la mejor manera de garantizar la implementación concreta de estos principios básicos de la CDI.

 

Para ello, instamos a los Estados a que:

 

a.            Reconozcan el valor preventivo de la CDI, recurriendo a ella de manera temprana y oportuna;

 

b.            Privilegien el recurso a la CDI sobre las acciones unilaterales;

 

c.            Al analizar las situaciones de riesgo o crisis de la democracia en los países de la región, se basen en los pronunciamientos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

 

d.            En la Evaluación de la democracia en los Estados miembros de la OEA, garanticen  los aportes de las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de prevenir con más eficacia la inestabilidad democrática ya que la ciudadanía es tanto un actor fundamental en todas las democracias, como también la principal víctima de sus eventuales crisis;

 

e.            Otorguen especial atención a la división de poderes como condición esencial de la democracia, ya que su falta de garantía ha demostrado jugar un papel predominante en las recientes crisis, así como la necesidad de elecciones libres, con respeto de los derechos  de reunión, expresión y manifestación para de partidos de oposición.

 

 

7) El fortalecimiento de los mecanismos de participación de la sociedad civil

 

La Coalición reconoce los avances en materia de formalización de la participación de la sociedad civil en la OEA. Sin embargo, nos preocupa la escasa incidencia real que ella permite. Como lo menciona el artículo 6 de la CDI “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad”. En este sentido, la Coalición considera fundamental que se fortalezcan y se amplíen los espacios de participación de manera de promover la eficiencia e incidencia de la sociedad civil en la OEA.

 

Para ello instamos a los Estados a que:

 

a.                  Garanticen el derecho humano de acceso a la información pública oportuna publicando los borradores de las resoluciones, declaraciones o convenciones antes de la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la OEA;

 

b.                  Garanticen que la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA cuente con suficientes recursos para implementar las recomendaciones del Consejo Permanente de la OEA sobre “Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA” (CP/RES. 840 (1361/03));

 

c.                  Capaciten a la ciudadanía sobre participación pública y procesos hemisféricos tanto a nivel nacional como regional, facilitándole el acceso a la información;

 

d.                  Promuevan y regulen el derecho humano de acceso a la información pública así como a la participación en los procesos de toma de decisiones en cuestiones hemisféricas y locales mediante instrumentos hemisféricos que definan su alcance y contenido, al igual que mediante leyes nacionales que lo normen, de tal forma que se garanticen su pleno goce y ejercicio;

 

e.                  Promuevan la institucionalización de la participación de la sociedad civil en procesos hemisféricos, tales como la Cumbre de las Américas, y las actividades en la OEA.

 

 

 8) Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia  (MAPP-OEA)

 

Los Estados de la OEA deberán tomar las medidas necesarias, oportunas y eficaces que aseguren que su papel se desarrollará con la indispensable observancia de la transparencia, la independencia y la vigencia de un marco jurídico que haga prevalecer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

 

La Coalición espera que estas recomendaciones logren ser tomadas en cuenta en el desarrollo de esta Asamblea General de la OEA con el fin de “Hacer Realidad  los Beneficios de la Democracia”.

 

 

Organizaciones que se adhieren a este pronunciamiento:

 

1.             Alianza por tus Derechos, Costa Rica

2.             Amnistía Internacional

3.             Asociación Casa Alianza, Guatemala

4.             Asociación para la Democracia y el Desarrollo Local (FUNDASPAD), El Salvador

5.             Asociacion Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU)

6.             Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, El Salvador

7.             Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Suiza

8.             Asociación Proyecto Caribe, Caribe

9.             Asociación de Salud Integral, Guatemala

10.          Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala

11.          Centro de Asistencia Legal Popular, Panamá

12.          Centro de Capacitación Social, Panamá

13.          Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las  Casas", A. C. (CDHFBC), México

14.          Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV), México

15.          Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, México

16.          Centro de Derechos Reproductivos, Estados Unidos

17.          Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), Costa Rica

18.          Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), El Salvador

19.          Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina

20.          Centro de Iniciativas Demócraticas (CIDEM), Panamá

21.          Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

22.          Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras

23.          Clínica Familiar "Luis Ángel García", Guatemala

24.          Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México

25.          Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH), Honduras

26.          Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", Colombia

27.          Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

28.          Comité de Familiares de las Victimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

29.          Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú y sus miembros:

30.          CDAS CHACHAPOYAS Obispado de la Diócesis de Chachapoyas

31.          CJS - CHIMBOTE  Comisión de Justicia Social de Chimbote

32.          CODISPAS HUARAZ  Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social

33.          CDH  Centro para el Desarrollo Humano

34.          ANFASEP Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos

35.          CDHVS  Comisión de Derechos Humanos de la Vicaría de la Solidaridad

36.          VICARIA DE LA SOLIDARIDAD DE JAÉN  Vicaría de la Solidaridad de Jaén

37.          APORVIDHA   Asociación por la Vida y la Dignidad Humana

38.          CODEH - CANAS  Comité de Derechos Humanos de Canas

39.          CODEH - CHUMBIVILCAS Comité de Derechos Humanos de Chumbivilcas

40.          CODEH - ESPINAR Comité de Derechos Humanos de Espinar

41.          MCPDHQ Movimiento Cristiano Pro Derechos Humanos de Quillabamba

42.          VICARIA DE SOLIDARIDAD DE LA PRELATURA DE SICUANI

43.          AJUPRODH Asociación Jurídica Pro Dignidad Huamana de Huánuco

44.          CODEH - PACHITEA Comité de Derechos Humanos de Pachitea

45.          CODHAH Comisión de Derechos Humanos  Alto Huallaga

46.          CODEH - ICA Comisión de Derechos Humanos de Ica

47.          CEIDHU  Centro de Iniciativas para el Desarrollo Humano

48.          CODDHT  Comité de Defensa de Derechos Humanos Taurija

49.          CODEH - SC  Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Prov. de Sánchez Carrión

50.          CODEH - TAYABAMBA Comité de Derechos Humanos de Tayabamba - Pataz

51.          COPREPAS  Comisión Prelatural de Pastoral Social - Huamachuco

52.          SEDYS Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad

53.          COSDEJ Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia

54.          APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos

55.          CAAAP Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica

56.          CAPS Centro de Atención Psicosocial

57.          CEAPAZ  Centro de Estudios y Acción para la Paz

58.          CEDAL Centro de Asesoría Laboral del Perú

59.          CODEH - EL AGUSTINO  Comisión de Derechos Humanos de El Agustino

60.          CODEH - HUACHO   Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Diócesis de Huacho

61.          COFADER   Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Refugiados

62.          COMISEDH   Comisión de Derechos Humanos

63.          FEDEPAZ   Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz

64.          IDL   Instituto de Defensa Legal

65.          IPEDEHP  Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz

66.          OFIP   Oficina de los Derechos Humanos del Periodista

67.          PAZ Y ESPERANZA Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza

68.          REDINFA   Red para la Infancia y la Familia - Perú

69.          SER   Asociación Servicios Educativos Rurales

70.          VICARIATO APOSTOLICO SAN JOSE DEL AMAZONAS  Vicariato Apostólico San José del Amazonas

71.          CODEH - ILO   Comité de Derechos Humanos de Ilo

72.          CODEH - PASCO   Comité de Derechos Humanos y Desarrollo Humano - Pasco

73.          DIOCESIS DE CHULUCANAS  Diócesis de Chulucanas Area de Justicia y Paz

74.          ADLps   Asociación de Defensa Legal y Promoción Social

75.          CEDEH   Centro de Desarrollo Humano

76.          VICARIA DE SOLIDARIDAD DE LA PRELATURA DE AYAVIRI  

77.          VICARIA DE  SOLIDARIDAD DE JULI  

78.          CODEH - MOYOBAMBA   Comité de Derechos Humanos de Moyobamba

79.          CODEH - PUCALLPA   Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa

80.          Corporación Humanas, Chile

81.          Defensa de Niñas y Niños (DNI), América Latina

82.          Derechos y Democracia, Canadá

83.          Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Compañía de Jesús, Honduras

84.