En lo que refiere,  la orientación a la población desplazada se ofrece apoyo psicosocial, según características poblacionales de género, edad y etnia, tendiente al acompañamiento e intervención personal, familiar y comunitaria para la atenuación de los efectos derivados del desplazamiento, en procura de contribuir al manejo de la crisis psicosocial, el restablecimiento del equilibrio emocional y el fortalecimiento de la cohesión familiar.

Fecha de publicación:   08.11.2004

Se considera también como  crimen organizado,  artículo 22°-A  del Código Penal,  las conductas que efectúen  dos o más personas  que tienen como fin cometer los delitos de pornografía, utilización de personas menores de 18 años de edad e incapaces o deficientes  mentales en pornografía.

Se  adiciona el artículo 367°-C, estableciendose los agravantes del delito de trata de personas: cuando el sujeto activo sea funcionarios, empleados públicos y municipales, autoridad pública y agentes de la Policía Nacional Civil;  cuando la víctima sea menor de 18 años de edad o incapaz; si hubiera relación de confianza, doméstica, educativa, de trabajo, o cualquier otra relación; si los sujetos pasivos fueran víctimas de delitos, o fallecieran por causas dolosas o culposas.

Publicada  el  03.03.2005

Se adiciona a la  configuración de  la conducta delictiva el sujeto  quien induzca, financie, colabore o participe en la captación, transporte traslado, acogida o recepción  de una o más personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, rapto, fraude, al engaño, al abuso de poder, al plagio o secuestro, o de una situación de vulnerabilidad  o a la concesión o la recepción de pagos o beneficios para obtener  el consentimiento  de una persona  que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, prostitución o pornografía o cualquier forma de explotación sexual.

Se establece como agravante si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o persona de la tercera edad, o resultare con lesiones.   

Publicada  el  29.12.2004

El objeto de ley es actuar contra la violencia, entendida como  manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los varones  sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes  estén o hayan estado ligados a ellas  por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia.

La ley se estructura en un título preliminar que recoge disposiciones generales,  que se refieren al objeto y principios  rectores y en  cinco títulos, 20 disposiciones transitorias, una derogatoria y siete disposiciones finales.

En el Título I, se determinan medidas de sensibilización, prevención y detección en diferentes ámbitos (educativo, medios de comunicación, sanitario). El Título II trata lo relativo  a los derechos de las mujeres víctimas de violencia (derecho al acceso a la información y a la asistencia social integrada, derecho a la asistencia jurídica gratuita, entre otros). En el Título III,  lo concerniente a la tutela institucional, se establece la creación de dos órganos administrativos, la Delegación Especial del Gobierno contra la violencia  sobre la Mujer en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a quien le correponderá proponer la política del Gobierno  en relación con la violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que tendrá como principales funciones servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia contra la mujer.  En el Título IV, la ley introduce normas de naturaleza penal y el título V, se establece  la llamada Tutela Judicial para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz en la situación jurídica, familiar y social  de las víctimas de violencia de género en las relaciones intrafamiliares.