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Documento de Posición de CLADEM en la Conferencia de los Cancilleres de la Región con la Sociedad Civil

 2 de noviembre 2005

IV CUMBRE DE LAS AMERICAS

Mar del Plata, Argentina, noviembre 2005

“Señor Secretario General de la OEA, Señores Cancilleres, señoras y señores representantes de la Sociedad Civil:

Represento a CLADEM, una red latinoamericana que articula organizaciones y personas y desarrolla actividades permanentes en 17 países para la defensa de los derechos de la mujer.

En primer lugar, queremos señalar que apoyamos lo dicho por Transparencia Internacional, la Coalición de DDHH y otras organizaciones, sobre mejorar la metodología utilizada en las Cumbres, que no favorecen la participación de la sociedad civil. Pero además, queremos recomendar que se revise la efectividad de la totalidad del Proceso Cumbres, tomando en cuenta los cuantiosos recursos que insume, que en nuestra opinión debilita a otros organismos de DDHH del sistema como la Comisión y el Tribunal de DDHH, así como la CIM, organismo que se ocupa específicamente de la problemática de las mujeres.

Señores cancilleres: vinimos aquí para hablar de las mujeres de la región, a quienes las políticas neoliberales con su ajuste estructural ahoga con particular crueldad. Estas políticas han provocado la retirada del Estado de las áreas de la salud, la educación, la previsión social, recargando a las mujeres en el cuidado de enfermos, ancianos y niños, complejizando el trabajo doméstico para compensar la baja del salario y dejándolas particularmente indefensas en la vejez.

Hablamos de la inequidad de género, que oprime a más de la mitad de la población sólo por ser mujeres, y persiste a pesar de los documentos internacionales, porque los estados no combaten los estereotipos culturales que la sostienen y el “libre comercio” hace más vulnerables a los más débiles.

Porque ellas, como muestran las estadísticas, encabezan más del 30% de los hogares de la región, que son los más pobres entre los pobres. Porque son ellas las que trabajan en mayor proporción en puestos precarios, las que en promedio reciben el 70% del salario masculino, las que sufren segregación laboral vertical y horizontal y las que hacen una doble o triple jornada laboral haciéndose cargo del trabajo doméstico, el cuidado de los hijos y el trabajo comunitario voluntario.

Por todo eso, señores cancilleres, aquí afirmamos que no es posible crear trabajo, combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática sin tomar en cuenta a las mujeres y sus necesidades particulares; en especial, en materia de derechos sexuales y reproductivos, para que puedan decidir si tener hijos, cuántos, cuándo y con quién, el intervalo entre ellos, y disfrutar de una sexualidad plena sin coerción ni violencia. Las mujeres no pueden planificar sus vidas, su estudio o su trabajo, si no tienen garantizados estos derechos humanos básicos.

Para ello es absolutamente imprescindible que los tratados y el comercio de la región cuiden de preservar que los estados nacionales provean servicios de salud universales, gratuitos, amigables y accesibles; que puedan distribuir gratuitamente la más amplia gama de métodos anticonceptivos, así como medicamentos para combatir las ITS (incluido el VIH-SIDA) y el cáncer en los establecimientos públicos; la atención humanitaria del parto, el aborto no punible y el aborto en curso; la educación sexual en las escuelas con un enfoque pluralista. Todo esto, en el marco de una cultura no represiva ni prejuiciosa sobre la sexualidad femenina.

Les pedimos, señores cancilleres, nada más pero nada menos que cumplir con los compromisos asumidos internacionalmente, entre ellos el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Cairo 1994) y sus seguimientos; la PAM de Beijing (1995); y la CEDAW, que manda combatir todas las formas de discriminación hacia la mujer. Particularmente es una deuda hacia las mujeres de la región el párrafo 8.25 de la Conferencia de Cairo, el párrafo 106 K de Beijing y las Recomendaciones Generales del Comité de Expertas de la CEDAW Nº 19, 21 y 24, en el sentido de revisar la legislación punitiva sobre el aborto provocado.

Grupo de Trabajo CLADEM DSR

Mar del Plata, noviembre 2005