Regresar Index

1. La Relatora Especial, Sra. Yakin Ertürk, visitó El Salvador (del 2 al 7 de febrero de 2004) y Guatemala (del 8 al 14 de febrero) por invitación de ambos Gobiernos. El objetivo de la misión era estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y formular recomendaciones para dar una respuesta efectiva al fenómeno. La Relatora Especial desea agradecer al Gobierno de El Salvador y al Gobierno de Guatemala las invitaciones para visitar sus países y la intensa cooperación y asistencia que le prestaron durante la visita.

2. El informe final de la visita a El Salvador y Guatemala estará disponible en el verano de 2004 y será presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 2005.

3. El Salvador y Guatemala se han comprometido a respetar, proteger y promover las disposiciones enunciadas en los instrumentos internacionales y regionales básicos de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, a fin de garantizar el derecho de la mujer a no ser víctima de la violencia y la discriminación. Los acuerdos de paz contienen también compromisos concretos para rectificar situaciones de discriminación en la protección jurídica. El problema radica en hacer de esos compromisos una realidad.

4. La Relatora Especial observa con satisfacción que recientemente El Salvador ha introducido enmiendas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para tipificar como delito diversas formas de violencia sexual y proporcionar mayores garantías a las víctimas de la violencia doméstica, entre ellas el cumplimiento por parte del padre del pago de la pensión alimenticia de los hijos. En Guatemala se han presentado al Congreso varios proyectos de reforma legislativa.

5. Los conflictos armados que han vivido ambos países han dejado heridas profundas. Es necesario que se reconozca la gravedad de la violencia sexual utilizada como arma de guerra durante los conflictos y la necesidad de justicia para las víctimas y los supervivientes, la mayoría de los cuales son, en el caso de Guatemala, mujeres indígenas. Los supervivientes siguen sufriendo traumas y problemas de salud como consecuencia de esos actos. Se debe reconocer la lucha de los supervivientes por la justicia y se deben investigar con prontitud los actos de intimidación o acoso contra ellos. El enjuiciamiento de los responsables de actos de violencia contra la mujer cometidos en el pasado será un paso importante en la lucha contra la impunidad, no sólo porque los autores serán sometidos finalmente a la justicia sino también porque servirá para disuadir de que se cometan esos actos en el futuro.

6. A pesar del marco jurídico generalmente positivo, esos Gobiernos no cumplen sus obligaciones internacionales de prevenir, investigar y perseguir efectivamente los actos de violencia contra la mujer. La respuesta oficial en esos casos demuestra que, cuando se trata de violencia doméstica, violación o acoso sexual, la violencia contra la mujer sigue sin considerarse un delito grave. Hay un elevado grado de impunidad que refuerza los modelos de desigualdad y discriminación y perpetúa la violencia. Las mujeres, en particular las mujeres indígenas y las que viven en zonas rurales, experimentan múltiples formas de discriminación y obstáculos para acceder a la justicia. Según muchos testimonios, el sistema de justicia penal simplemente vuelve a convertir a las mujeres en víctimas. Hay una falta general de respeto por la dignidad de los supervivientes de actos de violencia y sus familiares que intentan que se haga justicia.

7. La manifestación más evidente de violencia contra la mujer en la región son los brutales asesinatos de mujeres secuestradas, que luego son halladas muertas con señales de haber sido violadas y torturadas. Según las cifras oficiales, entre 2001 y 2004 se registraron en Guatemala 1.049 casos de asesinato de mujeres, situación que continuaba durante la visita de la Relatora Especial. En El Salvador también se han registrado asesinatos similares. En términos generales, la respuesta de las autoridades no ha sido adecuada, ya que no ha procedido a una investigación efectiva, al enjuiciamiento ni al castigo de los responsables. No se ha indemnizado a los supervivientes ni se ha proporcionado un apoyo integrado a las familias de las víctimas. Lamentablemente, esos casos se han utilizado con fines políticos y los medios de información se han ocupado de ellos de manera sensacionalista. El hecho de culpar a las víctimas mediante una respuesta poco seria a los actos de violencia contra la mujer agrava su sufrimiento y el de sus familias; además, legitimiza el uso de la violencia y recompensa al agresor.

8. La violencia doméstica está enormemente extendida en El Salvador y Guatemala. Se han tomado algunas medidas de prevención en esta esfera mediante reformas de la ley y planes de acción, pero para que los planes sean eficaces se necesitan recursos adecuados. La respuesta del sistema de justicia penal es en la mayoría de los casos muy negligente, no brinda la protección solicitada y la preferencia por la adopción de medidas conciliadoras a menudo hace que las mujeres tengan que regresar a sus hogares para hacer frente al agresor en una situación en que se encuentran más vulnerables. El abuso sexual de niñas en el hogar, las consecuencias para la salud que se derivan de ello y los embarazos como consecuencia de esos abusos son especialmente alarmantes. Como el abuso se produce en la intimidad del hogar, permanece invisible en ambos países.

9. Las mujeres y las niñas que trabajan en las maquilas (ZIF) o que realizan trabajos domésticos en casas privadas están expuestas a la explotación y son especialmente vulnerables al acoso y la violencia sexuales. Las condiciones de trabajo en sectores en que la mayoría de la mano de obra es femenina aún no han sido reglamentadas.

10. La trata de mujeres y niñas y las adopciones fraudulentas de bebés, vinculadas a la delincuencia transnacional son problemas regionales que ocupan un lugar predominante en la agenda de los Gobiernos tanto de El Salvador como de Guatemala y se está trabajando para buscar una solución en el plano regional.

11. Las familias encabezadas por mujeres, que representan entre el 30 y el 40% de los hogares en los dos países, están compuestas por viudas o por mujeres a las que sus compañeros han abandonado. Esas mujeres son especialmente vulnerables a la explotación y la violencia, ya que deben aceptar trabajos precarios y están expuestas a relaciones inestables y abusivas para poder mantener a sus hijos.

12. Ambos Gobiernos deben actuar con la debida diligencia para impedir, investigar y castigar los actos de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares. Se debe conceder prioridad a acabar con la impunidad de los autores de actos de violencia contra la mujer, independientemente de su condición social. Se deben tomar medidas de conformidad con los acuerdos de paz y las recomendaciones incluidas en el informe y los documentos pertinentes, especialmente en lo que respecta a las reparaciones para las víctimas de la violencia sexual y para las viudas.

13. Se deben aplicar estrategias que incluyan la reforma de la ley y, en particular, la del sistema de justicia penal. Se debería conceder prioridad a la asignación de fondos del presupuesto nacional para tratar de resolver el problema de la violencia contra la mujer. Es necesario impartir capacitación en cuestiones de género y derechos humanos a los encargados de la formulación de políticas, la policía, los jueces y los fiscales. También debe prestarse asesoramiento jurídico, médico y psicológico y deben proporcionarse servicios sociales adecuados, que incluyan centros de acogida y formación profesional, para las víctimas y sus familias. El sistema educativo y los medios de información deberían utilizarse para sensibilizar a la opinión pública para que no se tolere la violencia contra la mujer y para desvincular la masculinidad de la violencia.

14. Se debería conceder prioridad al fortalecimiento de la estructura jurídica e institucional de los organismos nacionales para el adelanto de la mujer y la eliminación de la violencia contra la mujer. Además, debería aumentarse la capacidad de esos organismos proporcionándoles personal y recursos suficientes. Ambos Gobiernos deben apoyar la investigación de las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer y los programas para su eliminación. Para formular políticas fundamentadas y supervisar su aplicación se precisan datos y estadísticas desglosados por sexo sobre la violencia contra la mujer, así como otros indicadores sobre los derechos de la mujer.

15. El gobierno debe enviar un mensaje claro a los hombres, las mujeres y los niños de que no se tolerará ninguna forma de violencia contra la mujer. La policía y los jueces deben tomar medidas para proteger a las mujeres y los niños en sus hogares. Es necesario que las medidas cautelares de protección se dicten rápidamente y que se dé prioridad a la creación de centros de acogida para las mujeres y sus hijos, donde puedan tener acceso a los servicios necesarios y formación profesional.

16. El sistema debe adoptar enfoques dinámicos para abordar el problema e impedir la violación de los derechos de las mujeres en los lugares de trabajo y supervisar las condiciones de trabajo.

17. El problema de la trata de mujeres debe abordarse de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos para la protección de los derechos de la víctima.

18. A la Relatora Especial le impresionaron el movimiento y las redes de mujeres que luchan para poner fin a la violencia contra la mujer, y alienta a ambos Gobiernos a que apoyen su labor y que tengan en cuenta sus propuestas en las políticas para poner fin a ese tipo de violencia.

_______________
 

* El presente documento se distribuye solamente en el idioma en que se presentó y en español.