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BALANCE SOBRE LA SITUACION DE LA VIOLENCIA DOMESTICA EN LA SUB-REGION CENTROAMERICA, MEXICO Y PUERTO RICO

Elaborado por Yolanda Guirola  

Con el apoyo de UNIFEM

San Salvador,  junio de 2004

                                 INDICE

I.                    INTRODUCCION

1.1           ASPECTOS GENERALES Y METODOLÒGICOS

     1.2    SISTEMATIZACIÒN

II.                  SINTESIS DE LA RECOPILACIÒN DE INFORMACION SECUNDARIA

III.                SINTESIS DE LA RECOPILACIÒN DE INFORMACIÒN PRIMARIA

IV.                CAMBIOS INSTITUCIONALES

V.                  ALIANZAS

VI.                 ESTRATEGIAS

VII.              ENSEÑANZAS

VIII.            CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS:     1. Cuadro de Legislación sobre violencia

                      2. Cuadro sobre políticas públicas y Planes

                      3. Cuadro sobre políticas sectoriales

BALANCE EN PROFUNDIDAD EN LA SUBREGIÓN AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO Y PUERTO RICO SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA

1.1  Aspectos  Generales y Metodológicos                                                   

 El COMITÉ DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, CLADEM y UNIFEM  promovieron  en el año 2002-2003 ,  la elaboración de un balance en profundidad que comprendió la revisión de los cambios institucionales,  analizando el trabajo con actores  e instituciones claves del sistema de administración de justicia y servicios conexos responsables del tratamiento de la violencia doméstica;  las alianzas que se realizaron y  las estrategias que se utilizaron, dirigidas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, durante la década pasada. Asimismo, se identificaron aspectos relativos a la conceptualización de la violencia, tomando en cuenta la diversidad de términos que se utilizan para su  abordaje, limitando el problema a la estructura familiar.  Además del balance, se realizó un estudio de caso: “ Zoila América “,  para contrastar los resultados del mismo  

Los estudios fueron realizados por compañeras miembras de CLADEM, como Responsables Nacionales, reflejando los avances logrados, las enseñanzas que surgen del balance y las conclusiones en cinco países de Centroamérica:  El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá además de México y Puerto Rico, coordinadas por la Coordinadora Sub-regional del Balance, quien realizó el estudio de caso.  

A)  OBJETIVO Y OBJETO DE LA SISTEMATIZACION

El Balance sobre esfuerzos y actividades dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe Hispanoparlante, tuvo como objetivo profundizar en el conocimiento de los cambios institucionales que se dieron en el sistema de administración de justicia y servicios conexos en la Subregión Centro América, México y Puerto Rico; las alianzas y estrategias utilizadas en la erradicación de la violencia doméstica en la  subregión , para consolidar los avances logrados, enfrentar los obstáculos persistentes y definir las acciones futuras.

Se pretende elaborar un balance en profundidad en cinco  países de Centro América, México y Puerto Rico, referido a las formas de operación y funcionamiento de las instituciones responsables del tratamiento de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico y el nivel de implementación de los programas, a partir del trabajo realizado con actores e instituciones claves del sistema de administración de justicia y servicios conexos.  Asimismo, la revisión de diferentes legislaciones para determinar  las definiciones conceptuales que se utilizan en el abordaje del problema de la violencia;  el acceso a servicios de atención y asesoría, la identificación de alianzas que se han realizado,  estableciendo las exitosas y las que no lo fueron, así como la ausencia de actores claves y sus  causas y las estrategias que se han utilizado para combatir la violencia.

B)  Actividades de la Coordinación

Una de las responsabilidades de la Coordinación subregional del proyecto fue el estudio de un caso ejemplar de la subregión, que permitiera dar cuenta de los problemas que aún se presentan en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, habiéndose trabajado sobre el caso “Zoila América “, como un hecho de violencia de género dentro de la familia, que reúne las distintas manifestaciones de la violencia.

Para recabar información se realizaron contactos con diferentes personas e Instituciones de  Nicaragua. Se localizó información vía electrónica y se recibió apoyo  del centro de documentación de la Oficina Regional de CLADEM, así como de profesionales conocedoras de la materia de El Salvador. 

Los resultados obtenidos de la investigación realizada, constan en un documento que se envío a la Coordinadora del proyecto.

A partir del mes de noviembre de 2002, quedó establecida la Coordinación Subregional  la que funcionó desde El Salvador, habiéndose iniciado comunicación con los CLADEM de los siete países que participarían en el proyecto, a efecto de que nombraran a las responsables nacionales de elaborar el estudio.

A partir del nombramiento de la Coordinadora Subregional, se inició una comunicación de forma permanente, tratando de recoger las inquietudes de las responsables nacionales, dándole seguimiento al trabajo de cada una, revisando los informes,  haciendo sugerencias, proponiendo soluciones, enviando documentación de apoyo.     

El contacto con la Coordinación Regional y la Oficina Regional, se mantuvo  durante todo el proceso , vía correo electrónico y telefónica, para compartir el estado de los balances, resolver situaciones que se presentaban con cada una de las responsables nacionales, como dudas sobre los plazos, falta de las guías para las entrevistas o  encuestas, problemas con la comunicación electrónica, atrasos en el envío de los avances, ampliación del contenido de los informes, presentación de informes finales. Estos fueron permanentes y  decisivos en la resolución de algunos conflictos que se presentaron derivados de las situaciones planteadas.        

La Coordinadora subregional participó a propuesta de CLADEM,  en un  evento organizado  por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social de Perú, sobre Acceso a la Justicia  y violencia contra las Mujeres, que se realizó en Lima, Perú los días 9 y 10 de diciembre de 2003, en el cual se presentó un avance sobre legislación comparada, relativa a violencia familiar en Centro América, México y Puerto Rico, basándose en los avances recibidos  y una ponencia  sobre la violencia contra la mujer,  desde el enfoque de  los derechos humanos.

C)  Actividades de las Responsables Nacionales

CLADEM encargó a las responsables nacionales, la elaboración de un balance en profundidad sobre violencia doméstica en cada uno de los países. El balance comprendía:

1.      Un informe nacional sobre cambios institucionales en el sistema de administración de justicia y servicios conexos; alianzas y estrategias para la erradicación de la violencia doméstica.

2.      La organización de grupos focales, aplicación de encuestas a policías y/o jueces y juezas para recolección de primera mano.

3.   La organización de foros nacionales de evaluación         

D)  Contenido de los Balances

Tomando en cuenta que se trataba de realizar un estudio a profundidad, fue necesario hacer una recopilación y análisis de la información secundaria.  Para la recolección de esta información, se procedió a identificar las fuentes documentales tales como las Constituciones nacionales, legislación penal, leyes contra la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, la Convención de Belém do Pará y la  CEDAW, así como otros instrumentos internacionales,  políticas institucionales, planes contra la violencia, Programas e Informes sobre violencia e investigaciones, fotocopiándolas o revisándolas, tomando nota de los contenidos. Asimismo se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema de violencia.

El balance se sitúa en la década de los años noventa que se caracterizó por importantes acciones surgidas de las Naciones Unidas y de la OEA. Entre ellas están la  Recomendación No.19 ( 1992 ),  del Comité para la Eliminación de  la Discriminación contra la Mujer, que reconoce que la violencia basada en el género es una forma de discriminación que inhibe el ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres en igualdad con los hombres, ya que limita el goce de las mujeres de sus derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a no ser sujeto de tortura, el derecho a igual protección de acuerdo a las normas humanitarias en caso de conflictos armados, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a igual protección ante la ley, derecho a la igualdad en la familia, derecho a la salud física y mental, derecho a condiciones justas y favorables de trabajo.

Posteriormente en 1999 se aprueba por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Protocolo Facultativo a la CEDAW, que es un instrumento jurídico que establece la denuncia de las violaciones a la Convención de parte de los Estados que la han ratificado, a través de la presentación de casos, así como la reparación a las víctimas,   reconociendo la competencia del Comité para recibirlas.

Otro acontecimiento importante lo constituyó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en  junio de 1993 ,  habiéndose reconocido la violencia como violación a los derechos humanos. En diciembre del mismo año, las Naciones Unidas emiten la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer , la que contempla aspectos relevantes como situar a la violencia como una violación a los derechos humanos.  

 En 1994 la OEA aprueba  la Convención de Belém do  Pará, afirmándose que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales libertades. 

 La IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, China en 1995, culmina con una Plataforma de Acción que sirve de antecedente en la mayoría de los países para la implementación de políticas públicas.  

Estos documentos constituyeron una importante fuente de información para contextualizar la violencia, habiéndose utilizado como marco de referencia para el desarrollo del tema,  

Para la sistematización de los Cambios Institucionales referidos a la violencia doméstica,  que se han realizado en los países donde se elaboró el balance, se utilizó una guía que  contemplaba un primer acápite sobre Cambios Normativos en la Constitución, en los Códigos, en las normas y  en los procedimientos.

En lo que concierne a las Constituciones se pudo observar que en todas se encuentra contemplado el derecho a la vida y el respeto a la integridad personal; en la de El Salvador  se hace referencia  a que todas las personas son iguales ante la ley,  no se distinguirá en razón del sexo, ...; la de  Guatemala expresa que el hombre y la mujer cualquiera que sea su estado civil, tendrán iguales oportunidades y responsabilidades; Honduras, contempla la igualdad entre hombres y mujeres; México establece prohibición a todo tipo de discriminación, explicitando la discriminación en razón del género; Nicaragua reconoce la igualdad ante la ley de todas las personas y el derecho a igual protección sin ningún tipo de discriminación  y  la Constitución de Puerto Rico consigna el derecho de todos los hombres a la igualdad ante la ley, no pudiendo establecerse discriminen alguno por motivo de sexo...   

Ninguna de las Constituciones contempla normas referentes a la violencia contra la mujer,  en forma expresa.

En cuanto a la legislación secundaria,  se constató que el tratamiento hacia la violencia difiere entre los países de la subregión.. En El Salvador se reguló en 1996 como ley especial , bajo la denominación de Ley contra la Violencia Intrafamiliar, tiene un carácter preventivo, siendo las sujetas de protección las personas que integran la familia; Guatemala  emitió en 1996 la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, se protege a todas las personas ligadas por lazos de parentesco; en Honduras, se decreto en 1997 la Ley contra la Violencia doméstica, en la cual la  sujeta de protección es la mujer en su relación de pareja, contemplándose como excepción la protección al hombre, debiéndose verificar si la violencia alegada no es en respuesta a agresiones pasadas sufridas por la mujer y no denunciadas; en México en 17 Estados de la República a partir de 1996,  se han decretado Leyes para Prevenir y Atender la Violencia Familiar,  no existiendo esta ley en los  15 Estados restantes; Puerto Rico fue el primer país de la subregión que en 1989 emitió la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, esta es una ley especial de naturaleza híbrida ya que contempla aspectos procesales, civiles y penales. Trata aspectos relativos a la violencia doméstica  en las relaciones de pareja, establece como agravante la agresión a mujeres embarazadas.

Nicaragua en 1996 aprobó la ley 230 para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar, esta ley introduce en el Código Penal normas que regulan la violencia intrafamiliar; Panamá  modificó en el año 2001, la ley de 1995, que contemplaba como delito la violencia intrafamiliar, en el Título V del  Código Penal, que regulaba los delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil. El nuevo tipo penal se encuentra regulado en el Título V, “ De la Violencia Doméstica y el Maltrato al Niño, Niña y Adolescente “ ;  El Salvador y Honduras introdujeron en 1997 el delito de Violencia Intrafamiliar en sus  Códigos Penales,  en México se encuentra  también tipificado el delito de violencia intrafamiliar, en algunos Códigos Penales.   

La violencia doméstica es considerada en Puerto Rico y Panamá como una conducta antisocial o un problema social; en Nicaragua, el Ministerio de Salud emitió  en 1997 el Decreto  67  en donde se declara  la violencia hacia la mujer, como un problema de salud pública;  en Guatemala se reconoce la violencia como un problema de índole social y como  violación a los derechos humanos; en El Salvador constituye una agresión constante al derecho a la vida libre de temor, a la integridad física, psíquica, moral y sexual de la persona humana y en Honduras, se enfoca a patrones de conducta asociados al ejercicio desigual de poder.       

 El segundo acápite se refería a Cambios en las Instancias relacionadas con la violencia doméstica,  qué instituciones dentro de poder judicial, el Ministerio Público y la policía, se hacen cargo de los temas de violencia doméstica, los cambios, si los ha habido, que se hayan dado en los últimos años, creación de nuevas instancias para atender  violencia doméstica, programas especiales.

 E)  Poder Judicial

 A partir de la creación de leyes especiales, los tribunales de Paz y de Familia en el caso de El Salvador, son los encargados de la aplicación de la ley, interviniendo los tribunales con jurisdicción penal cuando se tratare de delito, a partir de 1998 que entró en vigencia el nuevo Código Penal, que contempla el delito de violencia intrafamiliar.  Papel importante desarrolla el Instituto de Medicina Legal, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, ya que es el ente público que colabora con el peritaje judicial para establecer la existencia del delito a través el examen médico forense de las víctimas, proporciona la intervención de profesionales de la psicología durante y después de la práctica del reconocimiento médico. Por su parte los tribunales de Familia, de Paz y de lo Penal ofrecen apoyo emocional emergente a las víctimas y la posibilidad de continuar siendo asistidas a través de los Centros de Atención Psicosocial ( CAPS ), que han sido creados para dar atención y tratamiento a las víctimas que acuden a los tribunales. Otro cambio que es importante resaltar es la creación en el año 2001, de los tribunales pluripersonales que comprenden dos jueces o juezas ejerciendo sus funciones jurisdiccionales en forma independiente entre sí, funcionan en cuatro juzgados de la capital, uno en la periferia y otro en el juzgado del Departamento de La Libertad. Son los encargados de atender los casos de violencia intrafamiliar.

 En Guatemala, son los tribunales de Familia los encargados de la aplicación de la ley. 

 En Honduras la evolución de las entidades creadas por el Estado, parte desde su respuesta legal como delito en El Código penal y su atención originaria en los Juzgados de Familia, siendo a partir de 1999 que se empezaron a crear los tribunales especializados que funcionan solamente en la capital Tegucigalpa y en San Pedro Sula, en el resto del país se siguen atendiendo los casos en los Juzgados de Letras de Familia, o los Juzgados de Letras Departamentales o Seccionales y los Juzgados de Paz ; en México, cuando se trata de delito conocen los juzgados con jurisdicción penal; no existen juzgados especiales, la denuncia se tramita vía civil o vía penal;

En Nicaragua, tratándose de una incorporación en el Código Penal, los juzgados competentes son los que tienen esa jurisdicción.  En 1998 se creó el Sistema Nacional Forense, adscrito a la Corte Suprema de Justicia, éste presta atención diferenciada a las mujeres, desempeñando un papel decisivo en los casos de violencia doméstica, ya que en muchas ocasiones los hallazgos encontrados se consideran como definitivos en la comprobación de las causas.  Tiene especial importancia la creación  de la Comisión de Género, en donde se ha elaborado un Plan de Acción que fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de lograr avances más acelerados  en género, violencia intrafamiliar y sexual                                                                                                                           .                                                                                                                

Panamá cuenta con los Juzgados de Circuito Penal y la Oficina de Asesoría Legal gratuita para las víctimas de los delitos, que fue creada en 1998.  Cabe mencionar que ni los juzgados ni la Oficina de Asesoría Legal, atienden con exclusividad casos de violencia.     

  En Puerto Rico en 1995,  la Rama Judicial ( Tribunales ) y su Tribunal Supremo, creó una “Comisión Judicial Especial para Investigar el Discrimen por Género en los Tribunales de Puerto Rico”.  Se creó asimismo un Comité de seguimiento. La Administración de Tribunales produjo un Manual de Conducta para los Tribunales libres de discrimen por género. 

 F)  Ministerio Público

 El Ministerio Público en El Salvador está conformado por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Divide sus servicios en dos grandes grupos : delitos de violencia contra mujeres y menores de edad cometidos fuera de la relación familiar y delitos contra mujeres y menores cometidos en el ámbito de la relación familiar. Dentro de la Fiscalía funciona una Unidad de Atención a Delitos contra Menores de edad y la Mujer en su Relación Familiar, brindando servicios como recibir denuncias, aportar pruebas en los procedimientos que se inician en los tribunales, representar legalmente a las víctimas, ordenar los primeros exámenes médicos legales que se aportan como pruebas en el proceso

En la Procuraduría General funciona la Unidad de Defensa de la Familia y el Menor,  dentro de su proceso de modernización ha formado un equipo multidisciplinario para atender casos de violencia intrafamiliar. La PGR a través del Departamento de Trabajo Social de la Unidad de Familia, cuenta con un Programa de Orientación Socio-Jurídica-Familiar, que a nivel preventivo desarrolla jornadas de sensibilización en instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  De acuerdo a lo establecido en la ley,  se ha creado la Unidad de Proceso de atención de víctimas de violencia Intrafamiliar.

En la Procuraduría de Derechos Humanos funciona  la Procuraduría Adjunta de los Derechos de la Mujer, ésta tiene como parte de sus estrategias de trabajo el fortalecimiento del sistema de tutela individual y colectivo de la institución, incorporando el análisis de género; gestionar la elaboración de diagnósticos situacionales e identificar problemáticas específicas de violación sistemática al los derechos de las mujeres.    

 En Guatemala dentro del Ministerio Público,  funciona la Fiscalía  de la Mujer desde 1995; se encarga de tramitar los procesos que involucran a una o varias mujeres ya sea en su calidad de ofendida o sindicada judicial. En algunas de las fiscalías se han abierto Oficinas de Atención a la Víctima , como subdependencias de la oficina de Atención Permanente, siendo su función brindar apoyo psicológico a las denunciantes.      

 En 1991  la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos creó la Defensoría de los Derechos de la Mujer, con el propósito de tutelar, defender y promover los derechos de la mujer, sin embargo esta unidad no cuenta con el respaldo presupuestario ni con un estatus institucional que le permita un marco adecuado de intervención;  por otra parte, la Procuraduría General de la Nación , creó la Unidad de Protección a la Mujer, recibiendo las denuncias que provienen de la Unidad de Derechos de las Mujeres que es donde se toman las denuncias remitiéndolas a los juzgados de Familia o de Paz.  

 Honduras presenta un Ministerio Público que fue creado  en 1994 , estaba organizado en Fiscalías de lo Común  que se encuentran situadas en las cabeceras departamentales y los principales Centros urbanos de los 18  Departamentos del país y Fiscalías Especiales que se ubican principalmente en la capital  y en la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país.  En ese mismo año de 1994 se creó la Fiscalía Especial de la Mujer, con sede en tres de las principales ciudades de Honduras, tiene entre otras las funciones de ejercitar la acción penal pública por delitos de acción pública perpetrados en perjuicio de la mujer, como discriminación por razones de género ( violencia intrafamiliar ) así como ejercitar la acción especial por Violencia Doméstica. Ha tenido diversos cambios desde su creación, elaboración de manuales y formularios de atención, intercambios de experiencias con otros países, brindar capacitación a operadores de justicia de Medicina Forense que es una Dirección a su cargo y funciona en los principales centros urbanos del país: Tegucigalpa y San Pedro Sula y con personal médico contratado en el resto del país y a policías, hasta contar con personal especializado para la atención en crisis.  

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras ( CONADEH ), cuenta con 14 oficinas en las principales ciudades, siendo su primordial atribución “conocer a petición de parte, los casos de violencia que perjudiquen la integridad moral, física y  psíquica de los cónyuges, descendientes y demás miembros de la familia y evidencien infracción a la norma penal, denunciándolos ante la autoridad competente “.  

En México,  la Procuraduría de Justicia ha abierto en algunos Estados, direcciones para la atención de la violencia familiar, esta procuraduría cuenta en algunos estados como en el Distrito Federal  con los CAVIs que son   Centros de Atención a la violencia familiar, sin embargo su procedimiento es como el de cualquier Ministerio Público ( Policía ), salvo que tienen un servicio de atención psicológica para las víctimas.       

No fue hasta el año 2000 que en Nicaragua se creó el Ministerio Público, como una institución independiente, con autonomía orgánica y administrativa, que tiene bajo su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de las víctimas del delito en el proceso penal, su función se aprecia poco beligerante, el personal no tiene los conocimientos necesarios sobre violencia intrafamiliar que le permita una representación eficaz, siendo sus coordinaciones intersectoriales, todavía incipientes.

Formando parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se encuentra la Procuraduría Especial de la Mujer,  que forma parte del sistema de detección y referencia de casos de violencia.

En Panamá, el Ministerio Público creó las Fiscalías Especializadas en Asuntos de la Familia y el Menor que tienen competencia en materia de investigación de los procesos de violencia doméstica. Estas Fiscalías funcionan en el Distrito Capital de Panamá, en un número de tres, las dos primeras fueron organizadas en 1995 y la tercera en 1997, posteriormente en el año 2001 se crearon tres Fiscalías más, una en el Distrito Especial de San Miguelito, otra en el Distrito de Chorrera y la última en la Provincia de Veraguaz.

En Puerto Rico a partir de 1998, el Departamento de Justicia (Ministerio Público),  inició la creación de Unidades Especializadas de violencia doméstica. Forma parte de la Comisión Interagencial para una Política Pública Integrada sobre Violencia Doméstica. 

G)  Policía Nacional

Una de las políticas de Estado en El Salvador para la prevención de la violencia intrafamiliar,  fue  la creación de una División Especializada en la atención y manejo de la Violencia Intrafamiliar dentro de la Policía Nacional Civil, denominada División de Servicios Juveniles y Familia, la que, a través del Departamento de Protección a la Familia, el menor y la Mujer, desarrolla un Programa de divulgación de normas jurídicas en centros educativos , comunidades y hospitales.. También se desarrollaron jornadas de capacitación    para el  personal que se encargará de darle cumplimiento a lo establecido en la ley Contra la Violencia como  es asesorar a las víctimas sobre sus derechos, conducirlas a un lugar seguro, dictar las medidas de protección especial temporal, detener a la presunta persona agresora si se constata la existencia y participación de las conductas de violencia intrafamiliar.  Se estableció un área psicosocial atendida por personal policial y profesionales de trabajo social y psicología.     

En Guatemala es la Oficina de Atención a la Víctima, creada en el año 2000,  la que se encarga de atender los casos relativos a violencia doméstica,  en sus inicios solamente funcionó una oficina en la sede central de la policía, en estos momentos funcionan tres oficinas delegadas en los departamentos del país. Se plantea como uno de los logros el establecimiento de un curso del área Humanística, como requisito para optar a grado. Este curso contempla temas como género, violencia doméstica, atención a víctimas, derechos humanos, y otros.

La Policía Nacional Preventiva de Honduras ha tenido cambios a partir del involucramiento en la atención de la violencia en las relaciones de pareja, ya que a partir de la aprobación de la Ley Contra la Violencia Doméstica y de la inclusión como delito en el Código Penal , sus competencias se han ampliado para conocer y prevenir las infracciones o  delitos de violencia contra las mujeres que ocurriesen en su jurisdicción teniendo competencia para la vigilancia del cumplimiento de medidas concretas.  Ha desarrollado un proceso de formación y sensibilización a fin de desmitificar la idea de la violencia contra las mujeres como un problema del ámbito privado y familiar, además de los mitos culturales que contribuyen a perpetuar la violencia en el seno del hogar.  Mantiene 18  estaciones policiales  en los 18 departamentos del país y cobertura en el 85 % de los municipios de Honduras. Su personal está compuesto ( enero 2003 ) de 698 mujeres y 6,764 hombres. Se ha establecido, desde el año 2000,  la instancia de Alianza de Mujeres policías de Centroamérica.   

En México la policía se denomina Ministerio Público o Policía Judicial, se regula en algunos  Códigos Penales, que el Ministerio público exhortará al probable responsable del delito de violencia familiar, para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. En todos los casos, el Ministerio público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes.  Los Ministerios Públicos,  son el equivalente en otros Estados a las Comisarías de Policías. 

En algunos Estados como en el Distrito Federal, Chichuahua y Chiapas, la Procuraduría de Justicia ha abierto centros para la atención de la violencia intrafamiliar aunque también se atiende sobre otros hechos,  solamente el CAVI ( Centro de Atención a la violencia intrafamiliar ) que funciona en el D.F. tiene estancias especialmente dedicadas al problema.  

Nicaragua es uno de los ejemplos en donde, a partir de 1994 se han creado Comisarías de la Mujer y la Niñez que tienen su fundamento en la Ley de Creación de la Policía Nacional la que está orientada a la prevención, detección, tratamiento e investigación de las faltas y delitos de violencia física, psicológica y sexual dentro o fuera del hogar, contra la mujer, niñez y adolescencia; es una dependencia de la Dirección de Investigaciones Criminales ( DIC ),  son espacios especializados, con personal profesional capacitado, se encuentran establecidas en un 82 % del territorio nacional.  

Se ha incorporado el enfoque de género al marco general de la seguridad ciudadana, habiéndose constituido el 8 de marzo de 1996 el Consejo Consultivo de Género de la Policía Nacional. 

 Panamá cuenta con una figura denominada CORREGIDURIAS,  son las instancias más cercanas a las comunidades, como instituciones de la Policía, tienen una vinculación permanente con los hechos que se suceden en sus áreas de trabajo. A estas corregidurías acuden con mayor frecuencia las víctimas de violencia doméstica, correspondiéndoles inicialmente la atención y aplicación de las medidas de protección a las víctimas. Posteriormente se remiten los casos a las Fiscalías Especializadas en Asuntos de la Familia y el Menor.  Importantes funciones desarrolla la Policía Técnica Judicial a través del Centro de Recepción de Denuncias, creado en 1996, el cual cuenta con un Centro de Atención a la Víctima en donde se le da seguimiento a los casos de violencia y maltrato a menores.  Para el año 2000 contaba con tres funcionarios: un Psicólogo, una Trabajadora Social y un Filósofo Educador. Se presta atención psicológica y orientación legal. 

La policía en Puerto Rico tiene un mandato derivado de la Ley en relación a los informes de los casos. Debe asistir a las víctimas de maltrato y acompañarla en el proceso de  búsqueda de servicios médicos y en el proceso legal,  asimismo debe proceder al arresto de la persona agresora.  La Superintendencia de la Policía de Puerto Rico, forma parte de la Comisión Interagencial para una Política Pública Integrada  sobre Violencia Doméstica, la que fue reactivada en 2003 por gestiones de la oficina de la Procuradora de las Mujeres.

H)  PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTANCIAS

En El Salvador es el Instituto salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, el Ente Rector encargado de diseñar, dirigir, asesorar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas, programas, planes y proyectos referidos a la prevención y atención de la violencia intrafamiliar. Uno de sus programas es el de Saneamiento de las Relaciones Familiares que cuenta  con un sistema de atención psicológica, médica  y legal, además de líneas telefónicas  (teléfono amigo),  con funcionamiento las veinticuatro horas del día.

El ISDEMU ejecutó un proyecto para introducir indicadores de género en las estadísticas sobre violencia en las diferentes instancias gubernamentales, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas. Se ha creado un Sistema Nacional Interinstitucional de Protección contra la Violencia Intrafamiliar.

 En el sector salud, hay un esfuerzo reciente por discutir y establecer un sistema de vigilancia de la violencia intrafamiliar desde la perspectiva de la salud pública, a través del  Modelo de Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar del MINISTERIO DE SALUD  -OPS/OMS que se ejecuta en Unidades de Salud y Hospitales, constituyendo el único modelo estructurado de atención a víctimas de violencia,  funciona a través del personal médico, paramédico, psicológico, de trabajo social, inspectores de saneamiento ambiental en coordinación con la Policía Nacional Civil, juzgados de Familia y de Paz, Alcaldías, Casas de la Cultura, Cruz Roja, ONGs, iglesias, escuelas, a través de redes comunitarias para abordar la violencia intrafamiliar a nivel departamental, municipal y local.                             

 En el hospital 1º. De Mayo y en el hospital Nacional Rosales que funcionan en la capital del país,  se desarrollan programas de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, o agresiones sexuales; se proporciona atención médica y psicológica.  

 En países como Guatemala también funcionan otros instancias como el Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, PROPEVI, que tuvo sus orígenes en propuestas del Movimiento amplio de mujeres, las que derivaron en la creación de este Programa en 1998,  bajo la dirección de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del Presidente de la República. Es un programa de orientación que cuenta con un  servicio telefónico de ayuda familiar ( TAF ) y mantiene contacto con la Policía para la investigación de los hechos de violencia.

  El Instituto de Defensa Pública, se creó en 1998 como una dependencia del Organismo Judicial y funciona como un ente autónomo desde 1999.  Sus atribuciones son la asistencia a personas que hayan cometido delitos, sin embargo se da atención especial a aquellos casos que tienen antecedentes de violencia intrafamiliar . En el año 2000 se creó la Unidad de Género lo que ha permitido solicitar que se incluya la atención psicológica a las mujeres y no solamente la impartición  de charlas o asistencia jurídica..

 La Defensoría de la Mujer Indígena se crea adscrita a la Comisión Presidencial coordinadora de la política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos ( COPREDEH ) , una de sus atribuciones es  proporcionar asesoría social y jurídica a mujeres indígenas víctimas de violencia.  Posteriormente, en 2002 se creó la Oficina de Equidad de Género, con el propósito de incorporar en la Policía Nacional Civil el enfoque de género, debiendo conocer de las situaciones de discriminación o acoso sexual, así como de abuso o maltrato recibido.    

 Honduras cuenta en el sector Salud, con las Consejerías de Familia, las que se crearon formalmente mediante Acuerdo Ejecutivo en 1993, a partir del reconocimiento de la violencia  contra las mujeres como un problema que afecta su salud .

 Asimismo cuenta con un organismo llamado Dirección General de Investigación Criminal, que está ubicada en la estructura de la Secretaría de Seguridad. En materia de violencia contra las mujeres, es la instancia encargada de acreditar las pruebas penales para que la Fiscalía Especial de la Mujer o el órgano fiscal encargado, ejercite la acción penal por el delito de violencia intrafamiliar. Tiene incorporado a su curricula de formación de nuevos agentes de investigación, las materias de género y violencia doméstica, asimismo han incorporado en su Sistema de Estadísticas y Antecedentes Policiales, las denuncias por violencia doméstica o violencia intrafamiliar.  Cuenta con un procedimiento especial de investigación de la violencia doméstica y del delito de  violencia intrafamiliar. Algunos obstáculos que se presentan en la DIC se refieren a la falta de programas de capacitación intensivos y sistemáticos lo que es indispensable para la eliminación de patrones estereotipados; no existe una Unidad Especializada para atender los casos de violencia contra las mujeres, de tal manera que las y los agentes están sobre cargados ya que atienden diversidad de situaciones que se les presentan, no siendo prioridad las denuncias de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Opera solamente en los centros urbanos de las principales cabeceras departamentales del país.                                

 En México, en el D.F. se encuentra la Dirección General de Atención a la Violencia, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social con 16 unidades delegacionales ( UAPVIF ) de atención y en el Estado de México se han creado Centros de Atención, uno por municipio,   que atienden casos de maltrato infantil y violencia.     

 En la última década en Nicaragua han surgido diferentes instancias enfocadas a la erradicación de la violencia contra la mujer, algunas ya fueron mencionadas en el apartado respectivo, pero también se encuentran otras como el Instituto Nicaragüense de la Mujer   

( INIM ),  a través del cual se ha impulsado la constitución de la Comisión Nacional de lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y Adolescencia que tenía entre sus objetivos, el diseño de un Plan Nacional , entendiendo que la violencia hacia la mujer es un problema de impacto social, cuya ocurrencia obedece fundamentalmente a una relación de poder desigual y que se perpetúa a través de la existencia de patrones culturales, sociales, legales y psicológicos.   El Ministerio de la Familia es el organismo rector de la política de protección especial de la familia, promueve la participación comunitaria para prevenir la violencia intrafamiliar y sexual y ejecutar acciones de atención a personas víctimas de violencia. Forma parte del Sistema de detección y referencia. Actualmente funciona con perfil bastante bajo, sin mayor incidencia.  El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, trabaja en función de la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual a través de la incorporación en la curricula de una cultura de paz y un enfoque no sexista en los contenidos de educación. Desde el Ministerio de Salud se ejecutan programas y proyectos en función de garantizar la salud integral de mujeres, niñez y adolescencia, reconoce la violencia intrafamiliar como un problema de salud pública y trabaja una estrategia de atención a través de la vigilancia epidemiológica de la violencia y el protocolo de atención. Sin embargo, la mayoría del personal de salud no conoce los acuerdos ministeriales ni cuentan con protocolos de atención.

Se encuentran dentro del Sistema de Detección y Referencia de casos de violencia, otros institutos como el Instituto Nacional Tecnológico que oferta educación y capacitación en los centros de formación técnica , el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que recopila y realiza análisis de las estadísticas del país que permitan conocer sobre la prevalencia de la violencia hacia la mujer, niñez y adolescencia. También se puede hacer referencia a la Procuraduría Especial de la Mujer que forma parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y que es parte del Sistema de Detección y Referencia de casos de violencia. 

 En Panamá la Ley que estableció el tipo penal de la Violencia Doméstica y el Maltrato al Niño, Niña y Adolescente, contempla  que el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia es el ente responsable en materia de seguimiento, coordinación, promoción y evaluación de esa misma ley. Señala también responsabilidades para el Ministerio de Gobierno y Justicia en cuanto a los medios de comunicación y establece que este Ministerio deberá capacitar al personal de la Policía Nacional. Otro de los entes gubernamentales con responsabilidades es el Ministerio de Salud quien deberá capacitar al personal de los centros de salud, hospitales regionales y nacionales en materia de prevención y atención. Desde este Ministerio se elaboró el “ Manual de Normas y Procedimientos para la Atención Integral de la Violencia Intrafamiliar y la Promoción de Formas de Convivencia Solidaria en el sistema Nacional de Salud“.       

Desde la aprobación de la Ley de Puerto Rico, varias instancias gubernamentales asumieron responsabilidades, así tenemos que la Comisión de Asuntos de la Mujer, llamada ahora Procuraduría de las Mujeres, debe desarrollar las acciones relativas a la prevención, educación y evaluación de los progresos de la ley . 

I)  OPERADORES DE JUSTICIA

En cada uno de los países de la subregión que comprende Centroamérica, México y Puerto Rico, se han desarrollado en mayor o en menor medida,  programas, cursos o jornadas de capacitación dirigidas a las personas encargadas de atender los temas/ procesos/ reclamos/ practicar exámenes médicos/ relacionados con la violencia doméstica.

En El Salvador, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha desarrollado programas de capacitación sobre violencia intrafamiliar, derechos humanos, instrumentos internacionales y legislación nacional, dirigidos a jueces y juezas de Paz y de Familia así como a Magistradas y Magistrados de Cámaras de Familia de la zona occidental del país, participando generalmente jefes y agente policiales, personal de la Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República.  En  la Escuela de Capacitación Judicial funciona el Programa de Formación de Capacitadoras/es que se instaló con el apoyo de ILANUD,  desde donde se seleccionó a un equipo de Juezas para desarrollar el Programa de capacitación a todo el personal de los diferentes juzgados del país, que funciona permanentemente, incluye temáticas sobre derechos humanos, ley contra la Violencia Intrafamiliar y Códigos Penal y Procesal Penal, de Familia, Convenciones Internacionales.

La Procuraduría General de la República a través del Departamento de Trabajo Social de la Unidad de Familia, cuenta con un Programa de orientación Socio-Jurídica-Familiar que desarrolla jornadas de sensibilización.

La Procuraduría Adjunta de los Derechos de la Mujer, desarrolla programas de capacitación y divulgación de los derechos humanos, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia,   con el personal de la institución, siendo una de sus estrategias de trabajo la revisión desde una perspectiva de género de la legislación nacional y de los instrumentos internacionales.

Por su parte, la Policía Nacional Civil, a través del Departamento de Protección a la Familia, el Menor y la Mujer de la  División de Servicios Juveniles y Familia, desarrolla un Programa de divulgación de normas jurídicas en la institución, así como la realización de patrullajes preventivos para prevenir posibles acciones de violencia contra las mujeres y niñas; se ejecutan otros programas de sensibilización y capacitación a elementos policiales sobre violencia intrafamiliar y derechos humanos en coordinación con la División de Derechos Humanos de la misma  Institución.                   

El Balance de El Salvador señala que se encuentran deficiencias en el abordaje que desde algunas de las instancias encargadas de la aplicación de la ley se hace del problema de la violencia, relaciona el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del año 1997 en donde se reflejan datos muy sintetizados sobre los hechos de violencia intrafamiliar, que puede deberse a deficiencias técnicas o la poca valoración que se hace de la importancia de contar con un registro permanente. Las limitaciones señaladas en la Policía Nacional Civil, se dirigen a la falta de formación académica que aunque contempla la violencia intrafamiliar, no se incluye la violencia de género como eje transversal en los programas de formación de las y  los agentes en la Academia Nacional de Seguridad Pública, persistiendo factores culturales que frecuentemente llevan a subestimar el trabajo relacionado con la familia, la mujer y la violencia intrafamiliar.

En Guatemala se señala que existe voluntad política para el tratamiento de la violencia no solamente dentro de los juzgados sino también de parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Las juezas y jueces han recibido algunos cursos y pláticas aunque no en profundidad sobre violencia intrafamiliar, asimismo han recibido cursos sobre género. En opinión de un Operador se le da el mismo trato a la mujer y al hombre ya que también existe violencia intrafamiliar hacia ellos, todos tienen el mismo derecho de expresarse, señala.

En los juzgados de familia trabaja un conciliador que forma parte de un equipo especializado en el tema de familia. Para ellos la familia es la base de la sociedad y base de todas las relaciones jurídicas. Comentan que son pocos los casos que regresan ya que cada mediación es una escuela tanto para los técnicos como para la gente. Han participado en encuentros con la Unidad de Psicología de retroalimentación de casos, asimismo participan cada año en acercamientos con la Policía, en la Oficina de Atención a la Víctima y en reuniones con UNICEF, sobre atención a las víctimas de violencia.

Los Jueces y Juezas han recibido cursos de sensibilización a la violencia intrafamiliar, así como han participado en foros, seminarios y talleres sobre la misma temática. Según algunos Médicos Legistas de Guatemala, no han recibido ninguna capacitación referente al tema de la violencia intrafamiliar, pero han leído sobre el tema, comentan que han cambiado su percepción en cuanto reconocen que las personas necesitan ayuda de cualquier tipo, ya no la regresan después de practicarle el reconocimiento, sino que la remiten a la Oficina de Atención a la Víctima.. Son cuatro las médicas legistas, no se reporta el número total por lo que no se puede determinar que porcentaje existe de mujeres y de hombres. Consideran que uno de los problemas consiste en que cuando fuera del horario normal de trabajo, tienen que hacer algún reconocimiento y ya no se encuentra una enfermera, tienen que solicitar la presencia de la madre de la menor y si no se encuentra, entonces le solicitan a la mujer policía que la acompaña, que presencie el examen, algunas veces cuando es hombre el policía, éste se queda detrás de la puerta custodiando la sala de reconocimientos. Estas medidas las toman debido a  problemas surgidos por  acusaciones que en algunos casos las víctimas de violencia hacen contra los médicos.

En Honduras, los Juzgados de Familia han recibido cursos de sensibilización a la violencia intrafamiliar, a partir de l998, asimismo se han desarrollado talleres y foros, sin embargo, en  entrevista sostenida por la responsable nacional con funcionaria judicial, se comentaba que se están dando abusos de la ley ya que por cualquier discusión que es normal dentro de una relación de matrimonio, se denuncia por violencia intrafamiliar y que los niveles de tolerancia han bajado. Al referirse a la actuación de la policía para hace efectiva una medida, exponía que existen problemas para que sea ejecutada con efectividad.

La Policía Hondureña a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia Doméstica sufrió un proceso de formación y sensibilización a fin de desmitificar la idea de la violencia contra las mujeres como un problema del ámbito privado y familiar, además de los mitos culturales como el débito conyugal,  la culpabilización de las mujeres debido a su forma de vestirse que contribuyen a perpetuar, etc. Se han implementado cambios en el  Currículo de Formación Policial para policías de nuevo ingreso y Oficiales del Post Grado en Ciencias Policiales, de la asignatura de Género y Violencia Doméstica, dentro del proyecto “ “Institucionalización del Enfoque de Género y Previsión de la Violencia Doméstica e Intrafamiliar en la Policía Nacional “   Se ha desarrollado un Manual de Procedimiento policial para la atención de la violencia doméstica, promovido por el ILANUD. Se están incorporando al Sistema de Registro y Estadísticas de la Policía Nacional Preventiva, las denuncias por violencia doméstica, según el tipo y desagregándolas por sexo. Asimismo se han desarrollado Cursos a la  Alta Oficialidad, Talleres a jefes policiales, capacitaciones a personal de escala básica,  elaboración de material educativo conteniendo tres paquetes: a) Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Doméstica, dirigido  a docentes y alumnos del Centro de Instrucción Policial; paquete educativo “ Equidad de Género y Prevención de la Violencia  Intrafamiliar y Doméstica ,. Dirigido a docentes y alumnos de la Academia Nacional de Policía                         

Honduras reporta que la Dirección de Medicina Legal funciona dentro del Ministerio Público, está capacitada para atender casos de violencia doméstica e intrafamiliar , destacándose la capacitación en género, consecuencias legales de la violencia doméstica e intrafamiliar, impartida por la Fiscalía de la Mujer y organizaciones no gubernamentales. Realiza un buen trabajo, consta de un personal multidisciplinario: médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, etc. Su principal limitante consiste en la falta de clínicas acondicionadas, y de personal especializado en el resto del país.               

 En México es generalizada la opinión que la falta de capacitación es uno de los principales problemas que enfrentan las instancias encargadas de la aplicación de la ley. 

Algunos esfuerzos se han realizado, por ejemplo la Procuraduría General de la República realizó un Seminario nacional nombrado “Juzgando con ojos de mujer “al que asistieron jueces y juezas; también de esa misma institución se ha impulsado la integración del tema “Género, Derecho y Equidad” como módulo permanente dentro de la currícula de los y las aspirantes a Agentes de Investigación Federal, dentro de este módulo, un tema es la violencia contra las mujeres. Según el Balance, en ningún Estado el tema de violencia familiar o doméstica es prioritario, señalando que el 90 % del personal que atiende violencia familiar, directa o indirectamente como son las y los peritos, secretarias y secretarios de juzgados, Ministerios Públicos, Jueces, Juezas, Magistradas, Magistrados, no está capacitados.       

 Sobre este aspecto en Nicaragua se han realizado en la década pasada, desde la Corte Suprema de Justicia, jornadas de capacitaciones a los Jueces y Juezas locales y de Distrito, Magistradas y Magistrados de Apelaciones y de la misma Corte Suprema.  La Escuela Judicial, creada en 1993 adscrita a la CSJ, ha suscrito Convenios con instancias internacionales como ILANUD , GENDHU de Venezuela y el Centro de Derechos Constitucionales de Nicaragua para impartir a esas funcionarias y funcionarios, Seminarios sobre género y Derechos Humanos, eventualmente se incorporan miembros de la Policía Nacional, personal del Sistema  Penitenciario y otros organismos vinculados a la administración de justicia. No se obtienen datos del personal capacitado.

En el año 2002, la Comisión Nacional de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y Adolescencia desarrolló capacitaciones a Magistrados y Magistradas, Jueces y Juezas locales y Miembros del Comité de Sanción en Violencia Intrafamiliar y sexual con el objetivo de profundizar en la problemática de género desde la óptica de la justicia.

El Proyecto de Comisarías de la Mujer y la Niñez ha incorporado 35 Médicas Forenses, quienes trabajan en Centros alternativos de mujeres y unidades públicas de salud las que están capacitadas para diagnosticar daños en las víctimas, como recurso importante en el proceso judicial.   

El tema de violencia doméstica no ha sido abordado de manera sistemática, no encontrándose registros sobre otras actividades organizadas por la Corte Suprema de Justicia que estén relacionadas con capacitación en este tema.

Sobre este aspecto, Panamá reporta que se han identificado algunas actividades de formación llevadas a cabo por instituciones gubernamentales como la Escuela Judicial, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de la Mujer, así como la Red Nacional contra la Violencia a la Mujer y la Familia, que es un organismo no gubernamental.  Para el año 1998-1999 el Organo Judicial  a través de la Escuela Judicial y en conjunto con la Dirección Nacional  de la Mujer participó en el proyecto  sobre “ Incorporación de la perspectiva de género en la Administración de justicia “, las capacitaciones se dieron bajo la coordinación teórica del ILANUD .

En el año 2000 la Oficina de Capacitación y Desarrollo del Ministerio Público, llevó a cabo un seminario sobre violencia intrafamiliar , dirigido a personal de las Fiscalías, DIIP, Policía técnica Judicial y Corregidores, habiéndose abordado temas como las medidas de urgencia que se pueden tomar en caso de violencia intrafamiliar, desistimiento, evaluación psicológica para la víctima y el agresor, el proceso judicial, y otros.          

En el reporte de Panamá se menciona que algunos cambios se han dado en las y los operadores de justicia, en relación al tema de la violencia doméstica ya que éstos manifiestan su interés al asistir a charlas o seminarios que se dictan sobre la materia. Ejemplo de ello  fue el rol protagónico que tuvieron los Fiscales de Familia en la aprobación de las  reformas a la Ley 27.   

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