ACTORES DIFERENCIADOS

PERSONAS

ENTREVISTADAS

PROFESIONALES DE ONGS FEMINISTAS

Giulia Tamayo

Edita Herrera

Janet Llaja

Gina Yañez

REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

Carlos Llerena

Dula Saldaña

PROFESIONALES DE ONGs FEMINISTAS CON EXPERIENCIA EN EL ESTADO

Silvia Loli

Grecia Rojas

REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS CON EXPERIENCIA EN ONGs

Teresa Hernández

Ma. Emilia Filomeno

Aspectos

Representantes de ONGs Feministas

Representantes de Instituciones Públicas

Representantes de ONGs Feministas con experiencia en el Estado

Representantes de Instituciones Públicas con experiencia en ONGs

Impacto en la población

La gente está más sensibilizada y las denuncias han aumentado. Debemos definir indicadores para medir el impacto basándose en los derechos humanos afectados. Los jóvenes saben que esta conducta no es buena, pero se debe poner énfasis en la escuela para crear una cultura de paz.

Ahora se denuncia más. La difusión ha contribuido, pero no hay igual conciencia respecto del maltrato psicológico.

No se ha incidido en cambiar actitudes en la población, “si el varón siente que está perdiendo poder lo que hace es agredir a la mujer”.  En zonas rurales e indígenas no ha habido una apropiación de derechos. No tenemos una línea de base para saber si ha disminuido o aumentado.

Hay mayor conciencia de que la violencia es un problema que no debe ser tolerado. El impacto en la población ha sido muy pobre.

Influencia de actores sociales

El tema ha sido convocante porque permitió avanzar en conjunto entre organizaciones de mujeres, autoridades, medios de comunicación e iglesia; un ejemplo es la Mesa Nacional Multisectorial sobre Violencia Intrafamiliar (MENAVIF). Los diferentes sectores deben involucrarse. Nos toca potenciar el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer y tratar el problema desde la descentralización (gobiernos regionales y Defensoría Municipales del Niño y el Adolescente - DEMUNAs). Debe reivindicarse como un problema de justicia y derechos humanos; no levantar un discurso a favor de la familia. Las mujeres de la población son las que exigen cambios.   

Tanto instituciones públicas como privadas han contribuido sobre este tema, tales como la Policía, la Fiscalía y entidades particulares que le dan difusión, uniendo esfuerzos para cambios positivos. Las ONGs feministas son las principales gestoras. Hoy intervienen, además de la Policía, MIMDES, Justicia, Salud, la OPS.

Las ONGs feministas pusieron el tema en la agenda. Las estrategias han sido los convenios con la Policía, el acercamiento a las mujeres políticas, la difusión de instrumentos internacionales y la presencia en el Estado de mujeres con formación sobre el tema.

La acción de las mujeres organizadas hizo visible el problema. El movimiento feminista ha hecho explícito el problema.

Población rural e indígena

Es importante respetar la diversidad cultural, siempre que no permita violentar el derecho de las mujeres. En el proceso de descentralización, se debería evaluar estos aspectos. Se debe dar mayor atención a los Jueces de Paz, que en la práctica atienden casos de violencia doméstica mayoritariamente.

Falta mayor difusión y concienciación de la situación, especialmente a las autoridades locales.

La Ley de Violencia Familiar menciona a las zonas rurales. El Plan Nacional también lo contempla. Se debe hablar de la pluriculturalidad e incorporar aspectos positivos de la cultura andina y amazónica. Los mecanismos desarrollados son urbanos y urbano marginales. Gran parte de la población rural e indígena no accede a un Juez de Paz Letrado ni a Comisarías.

El Plan Nacional sí se habla de que debe realizarse estudios y crearse servicios en zonas rurales en especial.

Aspectos

Representantes de ONGs Feministas

Representantes de Instituciones Públicas

Representantes de ONGs Feministas con experiencia en el Estado

Representantes de Instituciones Públicas con experiencia en ONGs

Grado de importancia otorgado.

La difusión e identificación del tema en la agenda pública tuvo impacto en América Latina. Hoy, la respuesta real no es suficiente. El problema es que no se destaca la relación de poder detrás de la violencia.

Está dentro de los lineamientos de la política del Estado. Reconocerlo como problema social favorece el crecimiento de niños emocionalmente estables.

Resultado de la presión de las organizaciones de mujeres desde la sociedad civil. Los procedimientos ameritan corregirse.

Alta importancia y nivel de sensibilización a través de los años. Es momento de evaluar.

Acción del Estado

La prioridad dada no significa que se haya comprendido. Falta medir la eficacia de las normas y el trabajo de rehabilitación y protección de las víctimas. Falta voluntad política para la sostenibilidad de la política. Debe darse mayor viabilidad a la ley.

Hay normas e institucionalidad pública. El presupuesto es insuficiente para abarcar más aspectos. Se requiere mayor concienciación y sensibilización.

Está presente en diferentes instituciones públicas, pero no llega a las zonas rurales por haber un problema de acceso a la justicia. La ley no es insuficiente porque en el sistema sigue la impunidad.

El Estado le está dando  importancia en la ejecución de políticas. Es necesaria la participación de la sociedad civil. La complejidad del tema implica multiplicidad de sectores involucrados.

Contribución de los cambios normativos

Los cambios normativos en lo sustantivo y procesal sí han contribuido. Se ha eliminado la conciliación, a excepción de la instancia judicial. Hace falta más cambios. Es una etapa intermedia por no haber presupuesto para mejorar la implementación de la ley.

Los cambios han contribuido a visibilizar el problema, pero no bastan. Se ha determinado 5 días hábiles para que la Policía envíe el parte policial al Ministerio Público.

Lo aprobado dista mucho de las medidas que garanticen que las mujeres estén libres de la violencia familiar. No basta lo legal.

Aún no hay una respuesta a las expectativas de las mujeres que denuncian. Todos los procesos deben acabar en sentencia.

Influencia internacional

La Convención de Belem do Pará es posterior a la Ley contra la Violencia Familiar, pero su ámbito es mucho más amplio. Más logró la presión interna. El Perú firma los acuerdos internacionales, pero no hay un correlato de su compromiso en el sistema jurídico nacional en conjunto.

Los movimientos feministas intercambian opiniones y hacen nuevas propuestas a los legisladores. Mayor fuerza tuvo la necesidad nacional de resolver el problema.

En 1993, nace la ley por presión de las organizaciones de mujeres, pero el Estado tenía que mostrar su voluntad formal de respetar los derechos humanos. El movimiento mundial de mujeres ha sido un gran aliado en el proceso. 

La presión social interna ha llevado al Estado a firmar los compromisos internacionales.

Cambios institucionales

Las iniciativas sectoriales no están articuladas y por lo tanto decaen. El único intento de articulación puede ser el Plan Nacional 2002-2007. Hay valiosos esfuerzos institucionales públicos, pero hace falta un modelo más integral de legislación liderado por el MIMDES frente a la discriminación. Debería haber mayor articulación también entre Estado y sociedad civil.

Las normas se dan, el problema está en la adecuación por intermedio de las instituciones que están comprometidas.

La capacitación al personal es importante; también hay capacitación del personal policial a otros grupos, tales como OSB.

La Policía creo la primera Comisaría de la Mujer sin ley que lo obligue; fue estratégico empezar con ellas.

Debería analizarse ésto dentro de las nuevas estructuras que el Estado peruano está desarrollando: modernización del Estado y descentralización.

Ministerio de la Mujer conforme a Beijing y CEM conforme a Belem do Pará.

Los sectores Salud y Educación tendrían que hacer cambios institucionales frente a la VD.