Sr.
Félix Garried
Safie
Fiscal General de la República
El Salvador
fgsafie@fgr.gob.sv
De nuestra mayor
consideración:
Reciba los saludos cordiales del Comité de
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos
Humanos de la Mujer, CLADEM, articulación dedicada a la
promoción y defensa de los derechos humanos de la mujer, que
agrupa a organizaciones no gubernamentales en 17 países de la
región.
Por este medio
deseamos expresar nuestra indignación y honda preocupación ante
la falta de recursos eficaces para reparar las violaciones de
derechos humanos en el caso de la niña Katya
Miranda, quien fue
violada y asesinada, entre la madrugada del 3 y 4 de abril de
1999 a unos metros de la playa Los Blancos, en el Departamento
de La Paz en EL Salvador.
Conforme lo
establecen los artículos 8 y 25.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, ratificada por El Salvador, consideramos
que la investigación debe ser asumida por el Estado como un
deber jurídico propio y no como una simple gestión de
intereses particulares, que dependan de la iniciativa procesal
de la madre de la víctima o de la aportación privada de los
elementos probatorios. Es el Estado, quien debe garantizar que
los recursos sean eficaces y realmente idóneos, más aún cuando
se trata de proteger los derechos de
niños, niñas y adolescentes,
quienes tienen una protección especial por su condición de
menores.
Por otra parte,
el Estado de El Salvador, ha ratificado y suscrito los
Instrumentos Internacionales sobre violencia y discriminación
contra la mujer, como son: Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer, Convención sobre
los Derechos del Niño y la Niña, Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer
(Convención de Belém Do Pará), que obligan al Estado a tomar
medidas inmediatas para prevenir, perseguir y sancionar a los
victimarios y proteger a las víctimas en sus derechos humanos,
obligación que se incumple ante la tolerancia del Estado y su
incapacidad para resolver el caso.
Urge, ante este patrón
de impunidad que existe
en
la mayoría de los hechos de violencia contra las mujeres, una
investigación seria,
imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal
del/los autores del delito y se establezca la verdad de los
hechos ocurridos, a fin que no se produzca la prescripción y por
consiguiente la impunidad definitiva.
Atentamente,
Norma Enriquez
CLADEM Coordinación Regional
Mónica De las Casas
CLADEM Oficina Regional
