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EL “LIBRE COMERCIO” Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

IV Cumbre de las Américas y III Cumbre de los Pueblos, Mar del Plata noviembre 2005

 “Crear trabajo para combatir la pobreza y fortalecer la Democracia”

Documento de posición del Grupo de Trabajo “Derechos Sexuales y Reproductivos” de CLADEM

CLADEM (Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer)

www.cladem.org es una red regional que tiene por objeto contribuir desde una perspectiva feminista a la construcción de democracias reales con justicia social, libres de discriminación, con ejercicio pleno de los derechos humanos, desde una perspectiva étnico racial. En el campo socio jurídico trabajamos en la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos interdependientes e integrales de las mujeres..

DERECHOS VS IMPOSICIONES.

CLADEM sostiene que es imposible “crear trabajo para combatir la pobreza y fortalecer la democracia” sin tomar en cuenta los condicionamientos que las personas tienen en su vida cotidiana. En particular, cómo la vida sexual y reproductiva condiciona el campo laboral, del ingreso económico y de la participación política. Poder tomar decisiones libres de coerción y violencia resulta esencial en un enfoque de Derechos Humanos. Para las mujeres la maternidad como destino, la tendencia a ser considerada un objeto sexual, el riesgo de sufrir violencia o acoso, la división sexual del trabajo –ellas siguen siendo responsables de “la casa” y “los hijos”-, la doble jornada laboral y el trabajo doméstico no remunerado como un “don” que entregan a sus familias, condicionan los modos de inserción de las mujeres en el área laboral y en la sociedad en general. Entre otras consecuencias, vemos la brecha salarial y la segregación vertical y horizontal por sexo/género. Por eso, no podrá crearse trabajo digno sin respetar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas. Para ello debe tomarse la perspectiva de género, distribuyendo roles al interior de la familia y creando más servicios estatales y comunitarios para el cuidado de los niños/as.

Se trata de una larga historia en la que la cultura patriarcal predominante en las sociedades de nuestra región determinó serias limitaciones en la sexualidad y la reproducción de mujeres, homosexuales y personas transexuales o transgénero; así como las pertenecientes a estratos bajo línea de pobreza. Estas personas siguen sufriendo discriminación, control e intromisiones de todo tipo, por acción o por omisión, sobre su vida sexual y reproductiva.

Hoy, la creciente presencia del mercado, la consecuente debilitación de los estados y la globalización—la integración de los mercados de bienes, capital y trabajo entre países, además de la creciente circulación internacional de ideas, patrones culturales y prácticas institucionales—genera efectos complejos debido al desbalance de poder. Por un lado, muchos estados desarrollados se alarman por la baja fecundidad de sus mujeres, Afirman que los trabajadores activos no alcanzan a sostener a los pasivos. Ven en los vientres de las mujeres una forma de balancear desequilibrios fiscales. Las políticas demográficas como cuestión de estado siguen presentes y consideran a las mujeres como un medio para sus propósitos.

Por otro, asistimos al aumento de los fundamentalismos. No solamente los religiosos, sino también los políticos, que en nombre de una supuesta moral única se empeñan en establecer cuáles son los comportamientos “correctos” y cuáles los intolerables. Por ejemplo, el gobierno de la mayor potencia mundial ha diseñado una política que recorta la libre opción de personas y parejas en el área de la sexualidad y la reproducción, que trata de imponer a nuestra región.

Además, uno de los principales resultados del mercado globalizado es la creciente medicalización de los cuerpos, la privatización de la salud y la predominancia del modelo biomédico. Este modelo incluye la sexualidad y la reproducción dentro del campo de la enfermedad en lugar de considerarlas como promoción de la salud.

Frente a ello reivindicamos los principios éticos de los Derechos Humanos entendidos como  universales, interdependientes e indivisibles, y en particular las disposiciones del sistema internacional DDHH que se refieren a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

LOS MERCADOS GLOBALES Y LOS CUERPOS SEXUADOS

La expresión "libre comercio" es engañosa. La mayor parte del comercio mundial es operada centralmente por medio de contratos entre grandes empresas transnacionales. El resultado del modelo neoliberal es un nítido deterioro de los índices macroeconómicos en el mundo entero (tasas de crecimiento, productividad, inversión, etc.), además de una creciente desigualdad social[1]. Como es obvio, esto recorta todo goce de los derechos humanos, y tambièn de los derechos sexuales y reproductivos para los sectores empobrecidos que son la mitad de la población de nuestra región. Por eso se trata de un tema de JUSTICIA SOCIAL.

El avance de la tecnología al servicio de la salud está modificando los sentidos de vivir y morir. Desde mediados del siglo XX, la intervención de la tecnología médico-farmacéutica sobre los cuerpos de las personas y de las mujeres se ha incrementado enormemente. Eventos que anteriormente eran manejados por el saber ancestral (en manos de mujeres) hoy son objeto de estudios e intervenciones permanentes, medicación “preventiva” y prácticas biomédicas de todo tipo, en ocasiones sin el debido consentimiento informado. La anticoncepción es cada vez más sofisticada, pero sigue dirigiéndose casi exclusivamente al cuerpo femenino. También personas con identidades y opciones sexuales “diferentes” (no hegemónicas) suelen sufrir a menudo mecanismos de intervención que resultan iatrogénicos. Todas estas prácticas generan enormes ganancias para el mercado globalizado. Por eso se trata de un tema de LUCHA POR EL SENTIDO de lo que consideramos bienestar para tod@s y tod@s

El caso de la industria farmacéutica es paradigmático de los mercados globales que deterioran los derechos humanos e incide directamente en el no goce de los derechos sexuales y reproductivos. Ella regula el (no) acceso a medicamentos e insumos para preservar la salud y curar enfermedades. Mueve anualmente más de US$ 350.000 millones, la mayor parte  captada por un puñado de megacorporaciones multinacionales, cuyas enormes ganancias son producto del monopolio de los precios de las medicinas. A su vez, estas fueron desarrolladas con una sustancial contribución del sector público, es decir, de la población. La declaración de Doha fue firmada en noviembre de 2001 por todos los miembros de la OMC incluyendo a los EEUU y confirma la primacía de la salud sobre las patentes y reafirma los derechos de los países de usar todas las salvaguardas de interés público contenidas en el ADPIC incluyendo, entre otras, las licencias obligatorias y la importación paralela. Por eso se trata de un tema de JUSTICIA INTERNACIONAL y de DESARROLLO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE ENTRE LOS PAÍSES.

Por eso, rechazamos todo “tratado de Libre Comercio” que no respete los principios de Derechos Humanos en general, y en particular los derechos sexuales y reproductivos, establecidos en una serie de tratados internacionales y regionales que la gran mayoría de los países de la región han suscripto.

EXIGIMOS A LOS ESTADOS NACIONALES Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:

Tener una mirada crítica, y rechazar aquellos convenios comerciales que violan los derechos a la salud integral de todas las personas, en particular de las mujeres.

Comprender la sexualidad y la reproducción como ámbitos integrales vinculados a la preservación de la salud, entendida como un estado de bienestar que integra las dimensiones corporal, emocional, psicológica, comunitaria y ciudadana.

Defender y respetar lo establecido sobre el tema en los tratados internacionales y regionales que protegen los derechos sexuales y reproductivos, adecuando su legislación interna y gestionando políticas públicas adecuadas para su cumplimiento. Entre ellos, los documentos finales de las Conferencias de Viena (1993) Copenhague (1994) Cairo (1994) y Beijing (1995), y sus seguimientos periódicos, como el Consenso de Santiago, la declaración de México y de Lima, y las Convenciones CEDAW y de Belem do Para, entre otros;

Aceptar que el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos es un prerrequisito para que todas las personas puedan trabajar, combatir la pobreza y fortalecer la democracia, y gozar del más alto Standard de bienestar para sí y para su comunidad.

Que el eje central de estos derechos es que las personas manejen su sexualidad y tomen decisiones sobre su vida reproductiva libres de violencias e intromisiones del Estado o de la sociedad.

Que para ello es necesario que los Estados provean servicios de salud adecuados, integrales, accesibles, de buena calidad, con perspectiva de género, en los servicios de atención primaria.

Que el personal de salud en todos los niveles debe ser capacitado y sensibilizado para dejar de lado prejuicios y enfoques biomédicos y patriarcales que no respetan la autonomía de decisión, las perspectivas y las necesidades de las personas, en particular de las mujeres.

Que la gama de anticonceptivos ofrecidos debe ser la más amplia disponible, que deben respetarse las decisiones de usuarios/as, y su distribución debe ser gratuita.

Que tanto el parto como el aborto en curso debe ser atendido de manera humanitaria y sin criminalizaciones. Que los abortos permitidos por las leyes sean realizados sin dilaciones y de manera adecuada.

Que cumplan con las disposiciones del párrafo 106 K de la Plataforma de Acción de Beijing (firmada por la mayoría de los estados) y las Recomendaciones Generales del Comité de Expertas de la CEDAW Nª 19 inc 17 e inc 22 (1992); la RG Nª 21, inc 22 (1994); la RG Nª 24 inc 12 y 31 (1999), ya que la CEDAW ha sido asimismo ratificada por casi toda la región, en particular sobre revisar y modificar las leyes que penalizan el aborto. Además, exigimos avanzar hacia la completa despenalización del aborto, siempre que sea realizado con consentimiento de la mujer.

Que los servicios de prevención y tratamiento de cáncer genital y mamario; y de las ITS sean universalmente accesibles e integrados al resto de los servicios de salud sexual y reproductiva.

Que los y las adolescentes y jóvenes, las personas de tercera edad, las que han optado o tienen una identidad de género diferente a la hegemónica, las pertenecientes a otras etnias o culturas o grupos discapacitados, entre otras diversidades, reciban atención especializada y adecuada a sus necesidades particulares.

Que sean castigadas de manera efectiva todas las formas de violencia sexual, entre ellas la violación, el acoso, el abuso sexual infantil y sobre todo la explotación sexual y la trata de personas con estos fines.

Que el sistema de educación formal debe estar libre de estereotipos discriminatorios por sexo/género, asegurando una educación sexual amplia, pluralista y desde el nivel inicial.

Que garanticen mecanismos de seguimiento y monitoreo social del cumplimiento de los compromisos asumidos, con una plena participación activa de la sociedad civil.

Mar del Plata, noviembre 2005