El Llamado Mundial de Acción contra la pobreza es una iniciativa impulsada por varias organizaciones no gubernamentales, redes y agencias del norte y del sur. Esta iniciativa busca la movilización ciudadana para incidir ante tres fechas clave del año 2005. El 1º de Julio durante la reunión del G8, el 10 de Setiembre durante la Cumbre del Milenio +5 y el 10 de Diciembre durante la reunión de la OMC. Las organizaciones y redes feministas como CLADEM plantean en el contexto del llamado centrar la atención de los estados en relación a los efectos de la desigualdad y discriminación en las mujeres en un contexto de pobreza.

Al analizar el problema de la pobreza en América Latina y el Caribe desde una perspectiva de género, constatamos que las mujeres son más pobres que los hombres y que persisten prácticas discriminatorias en el empleo y falta de equidad en el acceso a la propiedad y control de los recursos económicos, sociales y políticos.

Las mujeres acceden al trabajo remunerado en condiciones de mucha desigualdad, dada la actual división del trabajo por género en que las mujeres asumen el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos de manera casi exclusiva, y la persistencia de formas tradicionales y nuevas de discriminación para el ingreso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral.

Existen diversas formas de exclusión en el mercado laboral que afecta de manera más severa a las mujeres: el desempleo, las formas precarias de inserción laboral, las formas de trabajo no remuneradas y la exclusión de las oportunidades para desarrollar sus potencialidades.

La agenda mundial del libre comercio ha conducido, especialmente en regiones de América Latina, Asia y África, a la informalización de la actividad laboral, con el crecimiento del trabajo independiente y además a la feminización del desempleo, pues las mujeres reciben bajos salarios en empleos precarios y el trabajo domésticos no remunerado sigue siendo invisible.

Las políticas públicas en la región tienen diversos enfoques en relación a la reducción de la pobreza que en muchos casos no toma en cuenta el carácter multidimensional de este fenómeno. Abordar una política desde una perspectiva de género exige mirar las diversas relaciones de poder, como las ligadas a las exclusiones, desigualdades y discriminaciones de género en el mercado laboral, el reparto desigual del trabajo no remunerado, los efectos de la violencia doméstica en la vida de las mujeres y el diferente uso del tiempo de hombres y mujeres.

Aunque los DESC aseguran que todas las personas sin ningún tipo de distinción tengan condiciones de vida adecuada, acceso al bienestar y al desarrollo. Pero de estos derechos no pueden efectivamente gozar la gran mayoría de la población, siendo las mujeres las más perjudicadas, situación agravada en el actual contexto de globalización económica e imposición del modelo neoliberal que acentúa las inequidades sociales y de género.

Organizaciones de todo el mundo se encuentran movilizados en el marco del Llamado de Acción Mundial contra la pobreza, concientes de que en la medida que no se tenga en cuenta la perspectiva de género en la formulación de la legislación y en las políticas públicas se estará contribuyendo a reproducir mayores niveles de discriminación, desigualdad social, exclusión de las mujeres y la pobreza se profundizará.

Elba Beatriz Núñez

Co coordinadora del Área Desc y Globalización

CLADEM

DESC EN LA REGION

Chile: Situación laboral de las mujeres 

Mujereshoy (06/05/05) publica un estudio elaborado por la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR) sobre la situación laboral de las mujeres chilenas y señala que estas se han deteriorado en calidad. Esta investigación ha sido realizada en el marco del programa “Las Mujeres Hablan”, cuyo objetivo es estimular el desarrollo económico, la relación entre mujer y comercio y mejorar las políticas comerciales de la Unión europea (UE) que afectan a la vida de las mujeres en el Tercer Mundo.

El informe muestra que pese a que las mujeres actúan en distintas formas de trabajo, están en la base de la pirámide económica con actividades poco rentables y con altos niveles de precariedad. El estudio concluye que existe un deterioro general de las condiciones laborales, principalmente en los empleos relacionados con la exportación. En la peor situación están las trabajadoras de la agricultura y de la industria salmonera. Las trabajadoras de la agricultura no pertenecen al sistema de pensiones y no tienen protección de salud o de cesantía y no reciben pago por vacaciones. También carecen de contratos de trabajo  y persisten los empleos temporales, mal pagados y sin ninguna protección social.

La industria salmonera, que tiene en su fuerza de trabajo a un 70 por ciento de mujeres, tiene deficientes condiciones laborales. El estudio señala que “en el trabajo de la industria salmonera las mujeres permanecen paradas entre ocho y 16 horas diarias. Las condiciones laborales son precarias en términos de higienes e insalubridad con un alto nivel de toxicidad debido al agua clorada que utilizan.

Las empresas  no respetan las horas semanales estipuladas en la legislación laboral y las mujeres trabajan hasta 14 horas diarias.

Los resultados del estudio fueron entregados a la Comunidad Europea (CE) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en ella se propone una cláusula de género para todos los compromisos económicos internacionales, que asegure el acceso pleno de las mujeres a políticas de desarrollo social, y de equidad de género.

Colombia: Campaña de despenalización del aborto

Las últimas semanas el tema del “aborto” ha estado, nuevamente, en el escenario público por diferentes acontecimientos; el primero, relacionado con la demanda de inconstitucionalidad que la abogada Mónica Roa  interpuso ante la Corte constitucional, solicitando la despenalización del aborto en casos extremos; cuando hay violación,  cuando el embarazo amenaza la vida de la madre y cuando se confirma que el feto tiene graves malformaciones congénitas, con el propósito de que las mujeres tengan la libertad de interrumpir su embarazo conociendo esas circunstancias.  El otro acontecimiento que ha puesto el tema del aborto en los medios de comunicación y en la opinión de diversos sectores del país es la judicialización de dos mujeres jóvenes en Pamplona por el delito de aborto.

En Colombia el aborto está penalizado con penas de entre uno y tres años de prisión. Está incluido en los delitos contra la vida y la integridad personal después del genocidio o el homicidio. Incluso en los casos más extremos, sería castigado si el embarazo se interrumpe por una violación.

En abril pasado la Internacional Womens Link Worldwide, presentó una demanda de inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal. Con esta demanda, pretende despenalizar el aborto en caso de riesgo para la vida o salud de la madre, malformación fetal o si el embarazo fuera producto de una violación.

La demanda fue interpuesta ante la Corte y en pocos días se abre un espacio para la admisión de las intervenciones ciudadanas y se espera que muchas organizaciones nacionales e internacionales presenten sus intervenciones apoyando este proceso.

Esta demanda  ha tenido repercusión en los medios de comunicación, tanto en la televisión como en la radio y en la prensa escrita. El clima que se percibe es favorable a la propuesta.

Aún así, los hechos y actitudes de algunos sectores siguen demostrando que la pelea no será fácil. En estos días se difundió que la población de Pamplona, norte de Santander, está preocupada por una ola de abortos entre jóvenes, la mayoría estudiantes de la Universidad de Pamplona. En el 2001, se registraron 173 casos y 208 en el 2004.

Los últimos casos son los de dos universitarias que fueron al hospital después de haber consumido pastillas abortivas. Allí recibieron asistencia médica pero luego las hicieron detener por la fiscalía.

Los miles de casos como éstos hablan de las situaciones que se generan en un país donde el aborto es considerado un delito en todos los casos, y es castigado con uno a tres años de cárcel. Estas medidas punitivas, por supuesto, no contribuyen a reducir los 300 o 400 mil abortos que se practican al margen de la ley por año.

La demanda interpuesta pide a la Corte aplicar los lineamentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyo valor ha reconocido en muchas de sus decisiones, pero que nunca se ha usado para analizar el tema del aborto.

Colombia ha ratificado varios tratados internacionales de Derechos Humanos, incluyendo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, cuyos comités de control han recomendado a Bogotá que despenalice el aborto en los casos más extremos.

Varios sectores comparten la idea de que “la posibilidad de un cambio en la ley de aborto es mucho mayor ahora que en ningún otro momento en la historia de Colombia”. El precedente legal, el derecho internacional y las actitudes de la sociedad hacia el tema del aborto, todos parecen estar a favor de despenalizar la ley para poder proteger el derecho a la vida de las mujeres en Colombia. El alto número de abortos clandestinos y la muerte materna que provoca son razones suficientes para pedir la despenalización del aborto. El aborto es la tercera causa de mortalidad materna; los estudios revelan que el 24 por ciento de todos los embarazos terminan en aborto y cerca de 30 por ciento de las mujeres que tienen un aborto, sufren complicaciones.

Según una encuesta realizada a hombres y mujeres que se declaran católicos, un 73 por ciento aprueba el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro; un 65 por ciento, cuando la salud de la mujer está en peligro; un 61 por ciento, cuando el feto presenta defectos congénitos graves, físicos o mentales y un 52 por ciento, si fuese por una violación.

Para declarar inconstitucional la ley del aborto, el Tribunal necesita una mayoría simple, cinco de nueve votos. La composición de la Corte incluye la primera magistrada de la Corte y otros magistrados que en años recientes han publicado en aclaraciones de voto declaraciones contra la criminalización total del aborto. Es probable que la Corte Constitucional tarde entre cuatro y seis meses en dictar una decisión.

Con este compromiso adquirido frente a la comunidad internacional, el Estado colombiano tendría que acoger las recomendaciones de liberalizar la ley sobre el aborto, permitiendo su aplicación en casos extremos.

Ante este y otros hechos, las organizaciones de mujeres se unen una vez más para impulsar acciones de corto, mediano y largo plazo para realizar una Campaña por la DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN COLOMBIA, la cual está acompañada por consignas como “Sexo cuando yo lo deseo, embarazo cuando yo lo decido” “Personas libres, Estados laicos. Ni del Estado ni de la iglesia mi cuerpo es mío”, “Yo también aborté, Yo decido”, “Por la vida de las mujeres, despenalización del aborto”

La primera actividad de la campaña fue una  acción de resistencia no violenta “PLANTON” realizada el 27 de mayo en la plazoleta de la Corte Constitucional que contó con la participación de numerosas organizaciones y personas comprometidas con la causa.

Las organizaciones impulsoras CONVOCAN a organizaciones sociales, de mujeres, de derechos humanos, del movimiento de paz, sindicales, comunales, comunitarias, de jóvenes, de afrodescendientes, de indígenas, del colectivo LGTTB, de adultas-os mayores, colectivos universitarios, organizaciones de personas en situación de desplazamiento, académicas-os, a periodistas, medios de comunicación y hombres y mujeres a que participen y acompañen las acciones de movilización que se vaya impulsando. CLADEM forma parte de esta campaña. Las organizaciones y personas interesadas en participar pueden adherirse comunicándose con la Casa de la Mujer.

Perú: Primer Tribunal ético político para denunciar violaciones a los DESC de las Mujeres y exigir su cumplimiento

El 2 de junio se realizó el Primer Tribunal Ético Político en Lima, Perú para denunciar las violaciones a los Derechos Económicos, Sociales  y Culturales de las mujeres peruanas por parte del Estado y el sector privado, y exigir su restitución.

A través de seis casos y testimonios se conoció la realidad de las mujeres afectadas por la actividad minera, de lesbianas, obreras de la agro exportación, trabajadoras del hogar, mujeres a las que negaron el acceso a atención de salud en caso de aborto terapéutico y de mujeres esterilizadas bajo coerción. Ellas denunciaron la violación sistemática de sus DESC y exigieron justicia durante el Tribunal que fue público y abierto a la ciudadanía.

El primer Tribunal Ético fue impulsado por las siguiente organizaciones: Asociación Aurora Vivar, Central Nacional de Mujeres Mineras, Centro Flora Tristán FEMOCCPAALC, Grupo Género y Economía, Coordinadora de Lesbianas Feministas, Lundú, Milenia Radio y DEMUS Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

Esta iniciativa surgió ante la indiferencia de las autoridades peruanas frente a los casos en que se procesan violaciones a los derechos humanos de las mujeres, estos Tribunales Éticos son una herramienta importante para poder alcanzar la justicia por lo menos de manera simbólica.

La modalidad de este juicio ético prevé la participación de representantes del Estado y de un tribunal compuesto por mujeres con amplia trayectoria en el campo de los derechos humanos, que actuaron como juezas y emitieron un fallo tras la presentación y sustentación jurídica de los casos y de la defensa estatal.

Este fallo indicó las responsabilidades del Estado y del sector privado y señaló las recomendaciones para que los derechos vulnerados sean restituidos.

La realización de este Tribunal fue posible luego de tres años de trabajo impulsado por  un  colectivo de instituciones promotoras de los derechos humanos de las mujeres, que han venido profundizando la reflexión sobre los DESC desde la perspectiva de las mujeres y documentando los casos.

Los DESC garantizan el derecho a la propiedad, al crédito, al trabajo, a la libre sindicalización y a la huelga, a la protección social, a la vivienda digna, a la atención de la salud física y mental incluida la sexual y reproductiva, a la educación, al respeto a las manifestaciones culturales y a la cosmovisión, a la libre orientación sexual, a gozar del progreso científico, entre otros.

Pese a estar garantizados en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado peruano como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC y la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación hacia las Mujeres CEDAW y en la propia Constitución, éstos derechos son ajenos a la vida cotidiana de la población fundamentalmente de las mujeres.

Para mayor información escribir a tribunaldesc@yahoo.com

Argentina: Tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) obliga al estado a pagar indemnización a empresa norteamericana

El tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) condenó a la Argentina a pagar US$ 133,2 millones a la empresa norteamericana CMS Gas Transmission, Blackaby. Esta decisión fue adoptada por unanimidad por el CIADI.

Cabe destacar que la demanda del CMS al estado argentino se había iniciado durante la presidencia de Fernando de la Rúa en el año 2000, época en el que según la empresa correspondía hacer un ajuste de los precios del gas según la inflación de los Estados Unidos. El Gobierno en ese momento pidió una postergación del reajuste hasta junio, pero en ese mes la decisión se volvió a prorrogar, pues las condiciones económicas y el contexto de crisis lo ameritaba.

Finalmente, las empresas y el Gobierno negociaron la aplicación del ajuste en etapas, pero una demanda iniciada ante la Justicia obtuvo un fallo de no innovar. Ante esta situación, CMS decidió hacer la presentación ante el Ciadi, lo que constituye una de las primeras demandas contra el Estado argentino.

El argumento utilizado es que la empresa había sufrido una expropiación indirecta del activo por parte del Estado argentino, al no permitirle ajustar sus tarifas y trato discriminatorio. Este último punto se refería a la posibilidad que tuvieron otros sectores de la economía de ajustar sus precios, luego de la devaluación del peso y la inflación derivados de la crisis de 2001. El Ciadi le dio la razón al afirmar que la devaluación deterioró los ingresos de la compañía al no ajustarse las tarifas en la misma proporción.

El argumento del  fallo en este caso es que "un Estado no puede cambiar las reglas de juego a mitad de camino, cuando atrae inversiones extranjeras dentro de un marco jurídico determinado.

Cabe señalar que Argentina había invocado el argumento de "crisis grave en el país", y a través del la figura del “estado de necesidad” en el derecho internacional se le otorgó posponer sus obligaciones financieras internacionales.

Argentina firmó el tratado bilateral con Estados Unidos, que se utilizó como base del reclamo. Al momento de contestar la demanda, el Gobierno argumentó que no fue sólo esa empresa la que sufrió el efecto de las decisiones económicas, sino que todos los argentinos estuvieron equitativamente sometidos a iguales condiciones. También justificó que las medidas se tomaron en medio de un estado de necesidad y urgencia por el que transitó el país.

Aunque el gobierno de Kichner se adelantó en  señalar que no pagaría la indemnización y se encuentra delineando estrategias a seguir en el tratamiento del laudo arbitral; pero la presión es tan alta que la CMS ha señalado que “si Argentina cae en mora, quedaría al margen de la comunidad internacional”. Por último señalar que en la historia del Ciadi, sólo dos países se negaron a pagar la indemnización decidida por el tribunal y ambos países fueron africanos.

Este es el primer fallo de esta instancia ante reclamos de empresas de servicios públicos privatizados en el país, y por la tendencia actual sobrevendrán otras más. En este mismo tribunal se tramitan más de 30 demandas contra argentina y los reclamos sumarían alrededor de US$ 20.000 millones.

Sin lugar a dudas sienta un precedente muy grave para aquellos países que debido a las crisis económicas y financieras se vieron obligadas en mantener precios de servicios públicos que habían sido privatizados a empresas transnacionales como medida provisoria de disminuir el impacto negativo hacia los sectores más empobrecidos. También pone en evidencia los riesgos que el Estado asume cuando privatiza servicios públicos que en la mayoría de los casos se convierten en monopolios privados y que ante contextos de crisis igualmente operan con criterios de lucro; sin tomar en cuenta la situación en que se encuentra la población y sus posibilidades reales de absorver un reajuste.

Pueblos indígenas: crisis de derechos humanos en América Latina

LEGISLACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS 

Argentina: Campaña Nacional sobre Salud Sexual y Procreación Responsable

El Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Argentina lanzó a fines de abril una campaña masiva para evitar abortos, embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, algo inédito en el país con la consigna "Infórmate, consulta, decidí. Es tu derecho". La campaña se enmarca dentro del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable que el Ministerio lleva adelante desde principios de 2003 en todo el país.

Según declaraciones del Ministro de Salud Ginés González García en una emisora radial, con la campaña “se pretende prevenir los embarazos no deseados y trabajar de manera tal que la procreación sea un hecho responsable y en este contexto la información es como una vacuna".

También se está acompañando con capacitaciones a los miembros del sistema de salud para que las mujeres que llegan a los hospitales con complicaciones por abortos incompletos sean atendidas sin ser discriminadas y no se vayan del centro de salud sin un método anticonceptivo para usar en el futuro.

En este contexto más de 5 mil entidades sanitarias, entre hospitales, centros de salud y de atención primaria, ofrecerán información sobre enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, que prescribirán de forma gratuita.

Se prevé repartir este año 18 millones de anticonceptivos: 10 millones de preservativos, 1,6 de anticonceptivos inyectables, 450 mil dispositivos intrauterinos (DIU) y 5,8 millones de blisters de píldoras. La iniciativa se acompañará con una campaña mediática con la emisión de spots de radio y televisión y publicidades en medios gráficos.

Como respuesta, la cúpula de la Iglesia Católica Romana, volvió a atacar al ministro. Recordemos que el obispo castrense Antonio Baseotto había enviado a González García una carta en la que advertía, mediante una cita bíblica, que "aquel que escandalizara a los pequeños merecería que le cuelguen una piedra al cuello y lo arrojen al mar".

Esta vez la Conferencia Episcopal sacó un duro documento advirtiendo que el programa lanzado por el gobierno “ha demostrado ser ineficaz” reafirmándose en los principios fundamentalistas de que el estado debe enfatizar en primer lugar, la abstinencia; en segundo, la fidelidad, y en tercero, el preservativo.

En una consulta online lanzada por el diario Clarín sobre si los lectores estaban o no de acuerdo en que se entreguen anticonceptivos en forma gratuita. Respondieron casi 30 mil votantes. El 93, 3 por ciento contestó que sí, y sólo el 6,3 que se expresó por el no.

Cabe señalar que en Argentina se producen unos 500 mil abortos cada año y que la principal causa de mortalidad en las mujeres son las complicaciones post aborto. Esta iniciativa gubernamental es sumamente positiva y puede contribuir por un lado a la disminución de embarazos no deseados y muertes maternas por falta de atención en los servicios públicos debido a la penalización de aborto; y por otro puede servir como una experiencia demostrativa para otros países de la región que debido a la influencia de fuerzas fundamentalistas como el de la iglesia católica no han emprendido políticas públicas en este sentido.

Por último, desde el movimiento de mujeres de argentina, el 27 de mayo se ha lanzado una Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con el apoyo de 70 organizaciones de mujeres y feministas. La campaña se inició con la recolección de firmas a favor de despenalizar y legalizar el aborto y culminará con la realización de una marcha federal al Congreso de la Nación el 25 de noviembre próximo, Día de Acción contra Toda Violencia hacia la Mujer.

Uruguay: Ministerio de Desarrollo Social

A través de la Ley Nº17866 publicada el 31.03.2005 se crea el Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay. En este Ministerio se incorporan   el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer y el Instituto Nacional de Juventud, entre las funciones que le competen se encuentran ejecutar, supervisar, coordinar, programar y dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las áreas de juventud, mujer y familia, entre otros. Además estará encargado de coordinar acciones, planes y programas intersectoriales, implementados por el Poder Ejecutivo a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y a la no discriminación.

Fuente: Paquete informativo de legislación www.cladem.org

Panamá: Rectificación de reformas a la Seguridad Social

El presidente de Panamá, Martín Torrijos, cedió a la presión social y ha rectificado algunas de las reformas introducidas a la Seguridad Social. Cabe señalar que inicialmente, la propuesta del presidente panameño incluía aumentos de los porcentajes de las cuotas mensuales y de las edades para optar a la jubilación, cinco años para las mujeres y tres para los hombres. Después de un fin de semana de protestas sociales, Torrijos redujo a tres años el incremento de la edad para las mujeres que opten a la jubilación.

El pasado 19 de mayo, Torrijos aprobó un paquete de reformas a la Caja de la Seguridad Social, para resolver la crisis financiera de la institución. Ante esta propuesta, el Frente Nacional por la Defensa de Seguridad Social, integrado por 50 organizaciones obreras y populares, declaró una huelga indefinida desde el pasado viernes, exigiendo que las reformas sean retiradas.

Mientras en las calles panameñas se extendían las protestas en contra del Gobierno, Torrijos accedió al diálogo con dirigentes empresariales y sindicales. Como resultado de esa reunión, la Asamblea Legislativa ha introducido las modificaciones que ha anunciado

En el debate que tuvo lugar esta mañana se redujo el incremento de la edad de jubilación para las mujeres, de cinco a tres años. Actualmente, la edad de jubilación de las mujeres es de 57 años, con las nuevas reformas se fijará en 60 años. En el caso de los hombres no hubo cambios. La segunda rectificación hace referencia al aumento de las cuotas requeridas para la jubilación, que de 180 se incrementarán a 300 cuotas. Este aumento iba a entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2007, pero los sectores sociales han conseguido retrasarlo hasta el 2015.

Fuente: Mujeres Hoy 30.05.05

INTEGRACION REGIONAL Y TLC`s

Declaración Final del IV Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el ALCA

La declaración del IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA realizada en la Habana el 30 de Abril y en su versión final del 12 de mayo se refiere a todos los pueblos de nuestra América en los siguientes términos:

Manifiesta que “el primero de enero de este año el mundo amaneció sin que la Organización Mundial de Comercio (OMC) adquiriera nuevos poderes sobre el destino del planeta, y nuestro continente se despertó sin la calamidad de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), como lo tenían planeado y nos pretendían imponer las grandes corporaciones trasnacionales, el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos subordinados en la región.”

Rescata que “…después de años de lucha contra el proyecto del ALCA celebramos aquí, desde Cuba, Territorio Libre de América, est