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Situación y respuestas institucionales respecto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Argentina

Lic. Iraolagoitia Marina Alejandra

Lic. Lorea Maria Verónica

Lic. Zampani Roberto

Introducción:

Seria importante aclarar las dificultades metodológicas que la coyuntura actual, nos presenta para la confección de este u otros trabajos. La crisis en la que entró la Argentina en los últimos meses, torno extremadamente irrelevantes algunos estudios realizados con anterioridad, por lo que, cuando utilicemos esas fuentes, se aclarara su fecha. Así mismo, y desde el punto de vista meramente académico, estos son los momentos en los cuales las estructuras, los conceptos, y las ideas que rigen nuestras reflexiones son puestas en crisis, y tornan mucho más apasionante la labor del investigador.

Por esto, y con el plazo de quince días que nos dimos para la confección de este informe, es que creemos que aunque no llegamos a abarcar en su totalidad este fenómeno de los DESC en Argentina, si nos parece que pudimos reconocer los puntos mas importantes.

Consideramos de vital importancia, a la hora de interiorizarnos acerca de la situación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en nuestro país, desarrollar una breve introducción sobre la actual situación económica y social que nos contextualiza y su proceso de desarrollo.

En el año 1976 se produce el golpe militar más violento y siniestro de la historia argentina. Con este golpe, comienza así mismo un período en nuestros país, y concomitante con el resto de Latinoamérica, en el que desarrollan dos fenómenos que marcan y modifican de manera sustancial la vida en los estados nacionales. Uno de estos es la denominada reestructuración productiva, esto es, la forma en que la sociedad produce, gestiona y distribuye los bienes y servicios del mundo material, y por otro, el proyecto ideológico, político y cultural que bajo el nombre de neoliberalismo, se desarrollo en nuestros países.
 

Estos fenómenos, y para el trabajo que estamos presentando, traen dos consecuencias fundamentales: 1) cambio radical en el mundo del trabajo, (modificaciones en la forma de producir, cambios en las formas de trabajo) lo que genera un crecimiento exponencial de las masas d trabajadores desocupados, y 2) la radical también modificación en los roles, funciones y responsabilidades tanto del Estado como de la Sociedad Civil.

Este proceso, que paso tanto por la dictadura militar que abarco los años 1976 a 1983, siguió durante la denominada recuperación democrática, profundizándose en la década del 90, y que terminar por eclosionar en el año 2001.

Así, una sociedad que estaba asentada en políticas de pleno empleo, que todo su andamiaje de servicios y seguros sociales estaban apoyados en esta realidad de pleno empleo, entra en crisis, y las respuestas por parte del Estado, fueron en dirección contraria a las esperadas por la sociedad, lo que conformó un cóctel explosivo que aún no sabemos cuándo va a apagarse.

Como ejemplo, las políticas sociales, herramienta basal a través de las cuales lo estados modernos intentaron desarrollar niveles de igualdad en las sociedades nacionales, dejaron de tener su carácter de universal y centrales en el ejercicio de la ciudadanía y pasaron a ser focalizadas a quienes no han podido resolver su situación a través de la lógica del mercado. De este modo se rompe el sentido que ligaba a la ciudadanía con la inclusión social a través del Estado y su construcción de políticas públicas de protección e integración social.

La privatización de las empresas del Estado a través de procesos fraudulentos, los subsidios estatales a las grandes empresas, junto con administraciones que privilegiaban el ajuste estructural y de la inversión social para hacer frente a las obligaciones de pago de la deuda externa trajo como consecuencia la afección de la condición de vida del 53 % de la población.

Esto, impacta gravemente en la vigencia y ejercicio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de todos los sectores en general pero principalmente de las poblaciones históricamente marginadas: mujeres, niñas/os, personas de la 3ra edad, jóvenes, pobres estructurales.
 

Esta política económica de aperturismo, privatización de las empresas, focalización y ajuste de la inversión social, generó un sin número de nuevos espacios de participación social no tradicionales –un ejemplo claro es el movimiento de piqueteros-, en donde la gente ha generado acciones político reivindicativas de sus Derechos Sociales.

Este es el contexto en el que, en medio de una fuerte crisis de legitimidad política del gobierno del Dr. De La Rua, se suceden los acontecimientos de Diciembre de 2001.

La gente salió a las calles a protestar1 y pedir por la renuncia del Presidente y del Ministro de Economía. En reacción a las mismas, el Estado reprimió fuertemente a la ciudadanía y declaró el Estado de Sitio.

Como consecuencia de ello, hubo detenciones, heridos y muertes en todo el país.
 

Con posterioridad a una serie de sucesiones presidenciales -justicialistas- la Asamblea Legislativa designa como nuevo presidente a Eduardo Duhalde, cuyo mandato se extendería hasta marzo de 2003, fecha para la cual se han establecido las próximas elecciones.

El contexto socioeconómico y el proceso de ajuste estructural desarrollado durante los últimos 20 años, ha afectado de manera sustancial el ejercicio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de la mayor parte de la ciudadanía argentina. La riqueza del país ha quedado concentrada en una cifra ínfima de personas de modo tal, que hemos llegado al presente, con un 53 % de pobres en todo el territorio argentino2.
 

Seguidamente, en el trabajo intentamos respetar la guía propuesta por los solicitantes del mismo.

1-1 Que hacen los gobiernos por los DESC en general y por lo de las mujeres en particular.
 

En esta parte del trabajo intentaremos relevar programas y proyectos en cada una de las áreas - en términos de obligaciones estatales - y, a modo de complemento de la información recogida, las posibles transformaciones que se produjeron en materia de vulneración de derechos sociales que impactan en la vida de las mujeres (por ejemplo, transformación del sistema de reparto, flexibilización laboral, mortalidad por aborto).
 

Derecho al Trabajo:

Siguiendo la lógica temática de la introducción, podemos afirmar que en la década del 90, se consolidaron y tomaron forma pública –a través de propuestas legislativas- , el desmantelamiento de los instrumentos en materia de derechos sociales que caracterizó al período del Estado de Bienestar. Es decir, esta suerte de red de seguridad que se proyectaba a través del pleno empleo en las políticas sociales y leyes que lo regulaban.

El modelo económico neoliberal estima otras formas de empleo, en donde las propias del modelo de bienestar pasan a ser “duras” y no adaptables a los procesos de modernización del país, en pos de ingresar en el concierto de las naciones. De este modo, comienzan a suceder de hecho una serie de transformaciones de la condición laboral de las y los trabajadores que se traducen en el aumento de los contratos fuera de la ley, flexibles, sin ningún tipo de protección social; los empleos de medio tiempo, subempleo, modificaciones en los términos de contratos bajo el nombre de período de prueba, disminución de las indemnizaciones por despido. De este modo se viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional de la República Argentina que comienza diciendo “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes las que le asegurarán al trabajador(a) condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada, descansos y vacaciones pagas retribución justa, salario mínimo vital y móvil (...) protección contra el despido arbitrario...3 ”

En el mes de mayo de 2000, se produjo una modificación de derecho, que legalizó las prácticas que ya venían ocurriendo, y transforma sustancialmente las condiciones de contratos laborales en la Argentina. De este modo se crea la ley 25.250 bajo el nombre de Ley de Reforma Laboral, después de un proceso de sucesivas modificaciones legales en el Derecho Laboral. La observación de los Componentes de la Población Económicamente Activa4 (PEA) brinda un primer acercamiento a los desequilibrios en el mercado de trabajo. En 1999, la PEA urbana en Argentina estaba compuesta por 13,7 millones de personas, 60 % de hombres y 40 % de mujeres. De este total 11.9 millones de personas estaban ocupadas y 1.8 millones buscaban activamente empleo remunerado sin encontrarlo5 .

 

Jefes de hogar: tasas de empleo, desocupación, actividad e inactividad según sexo.

Total de aglomerados. Mayo 20016 .
 

Como es de esperar, la tasa de empleo y actividad sube sensiblemente entre los jefes y jefas de hogar, con respecto a la población general. La tasa de desocupación, por su parte es sensiblemente menor (lo que puede explicarse por el menor peso de la población joven que registra los más altos índices de desocupación) y bastante semejante entre varones y mujeres.

Por otra parte, el peso de la inactividad entre las mujeres jefas (que registran una tasa que ronda los 50 puntos), puede explicarse por la incidencia de mujeres mayores de 65 años (jubiladas y pensionadas) que encabezan hogares.

A continuación observaremos un cuadro que contiene las Tasas del Marcado laboral correspondiente a la onda Mayo de 2002, por regiones del país. La información fue obtenida a través del Comunicado de Prensa de Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, de agosto de 2002, como resultado de la Encuesta Permanente de Hogares7.

 

Algunas aclaraciones necesarias:

Desocupación Abierta: se refiere estrictamente a personas que, no teniendo ocupación están buscando activamente trabajo. No incluye por lo tanto otras formas de precariedad laboral tales como las referidas a las personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, a aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, a los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc. De modo que teniendo en cuenta las definiciones expuestas, el número de desempleados/as se vería incrementado.

Subocupados Demandantes: ocupados/as que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, están dispuestos a trabajar más horas y están en la búsqueda de otra ocupación.
 

Subocupados No Demandantes: ocupados/as que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, y están dispuestos a trabajar más horas pero no buscan otra ocupación.

En lo que respecta a las transformaciones en las condiciones del contrato laboral, éstas se establecieron principalmente en lo que se denomina Período de Prueba8, que ponen en crisis el pleno ejercicio del trabajo en condiciones dignas como derecho humano. De este modo y tal como hemos apuntado, la consagración de la garantía de protección contra el despido se encuentra constitucionalmente reconocida. Y desde 1974, establece que cualquiera de las partes podía dar por finalizado el contrato, y que en caso de inexistencia de una causa justa, el empleador debería abonar al trabajador o trabajadora una indemnización que la misma ley fijaba. Este principio se sostuvo hasta 1995, dado que a partir de la ley 24.465, se instituyó un período de prueba (incorporado en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo). Por ello, el empleador podía sostener una contratación de prueba por un período de tres meses, pudiendo, una vez terminado el plazo, despedir al o la trabajadora sin necesidad de especificar motivos, ni obligado a abonar indemnización alguna. Este período de prueba se extendió posteriormente a seis meses. Esta normativa de contrato por período de prueba encuentra legalidad en la ley 25.250. Y en el caso de contratación de mano de obra calificada por Pequeñas y Medianas Empresas, el período de prueba puede extenderse de seis a doce meses, sujeta a lo que se acuerde entre las partes a través de negociaciones colectivas. De este modo se pierde por completo la función de tutelaje de las leyes frente a la situación de desprotección del o la trabajadora con relación a la falta de empleo, para pasar a hacer uso indiscriminado del período de prueba. Se generan, entonces, sucesiones de empleos inestables –en el mejor de los casos-.
 

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, desarrolla una serie de Observaciones Finales al informe presentado por la Argentina en el año 1999, entre las que figura que... “El Estado Parte pase revista a su legislación en lo que respecta a las disposiciones de los convenios colectivos que tienen consecuencias negativas, como la prolongación del período de prueba estipulados en los contratos de trabajo o a la limitación de la duración de estos, y se cerciore de que se ajusta a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del pacto” (Párrafo 31)
 

Respuestas Institucionales.
 

En la historia inmediata anterior argentina, las respuestas de los gobiernos en lo concerniente a planes de empleo, se llevaron a cabo mediante los denominadas planes TRABAJAR (y con sus variaciones regionales, y provinciales) los cuales se basaban en un subsidio monetario que las personas recibían a cambio de una tarea de tipo comunitaria. Debido al manejo discrecional de estos planes, es que en la actualidad, y sumado a la crisis, la modalidad de plan se modifica y se pasa a lo que comentaremos seguidamente.
 

- Plan Jefes y Jefas de Hogar
 

A continuación, describiremos el plan por medio del cual el Estado argentino ha decidido enfrentar la problemática del desempleo a través de fondos del Tesoro Nacional, bajo el lema “por una Argentina de pie y en paz...”9. Cabe aclarar que el mismo no tiene como meta la creación de fuentes de empleo a través de una política de Estado.

La institución responsable es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Secretaria de Empleo Dirección Nacional de Promoción del Empleo, con radio de cobertura en todo el país.

Los organismos responsables de la ejecución del programa son las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otros centros de información.

Este subsidio por desempleo, comenzó a implementarse a partir del 3 de abril de 2002 a través del Decreto del P.E.N. 565/02. Su duración estimada es hasta el 31 de diciembre de 2002.
 

- Objetivo General

El programa Jefes de Hogar tiene por objetivo brindar un beneficio económico a los jefes y jefas de hogar desempleados con hijos menores, con el fin de propender a la protección integral de los hogares, asegurando tanto la concurrencia escolar cuanto el control de la salud de los hijos a cargo.

- Objetivos Específicos

El programa tendrá por objeto brindar una ayuda económica a las jefas y jefes de hogar desocupados con el fin de garantizar el Derecho Familiar de Inclusión Social, asegurando:

•  la concurrencia escolar de los hijos, así como el control de salud de los mismos;

•  la incorporación de los beneficiarios a la educación formal;

•  su participación en cursos de capacitación que coadyuven a su futura reinserción laboral;

•  su incorporación en proyectos productivos o en servicios comunitarios de impacto ponderable en materia ocupacional;
  
  

- Modalidad de Ejecución
 

Beneficiarios:

El municipio, conjuntamente con los Consejos Consultivos Locales, asignarán las actividades que, en concepto de contraprestación, deberán cumplir los beneficiarios del programa. Entre las que se encuentran:

1. Incorporación de los beneficiarios a la educación formal (si correspondiere)

2. Participación en cursos de capacitación laboral

3. Participación en el desarrollo de proyectos productivos o de servicios para la comunidad

4. Incorporación a empresas y/o instituciones públicas inscriptas en el Registro de Empleadores.
   
   

Las actividades seleccionadas deberán ser listadas y comunicadas a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del MTEySS

- Organismos ejecutores:

Los organismos públicos o privados sin fines lucro podrán participar en el programa proponiendo actividades o proyectos con el objetivo de incorporar a beneficiarios para que realicen una contraprestación. Para ello deberán estar habilitados como “Organismo Ejecutores” por el Consejo Consultivo Municipal o Comunal.
 

Los organismos ejecutores deberán presentar las propuestas de actividades o proyectos de contraprestación en el formulario Descripción de Actividades ante el Consejo Consultivo Municipal, Comunal o Barrial
 

- Criterios de focalización:

Jefas o jefes de hogar con hijos de hasta 18 años o discapacitados de cualquier edad. También podrán recibir el beneficiario los hogares donde la jefa, la cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar se hallare en estado de gravidez, todo ellos desocupados y que residan en forma permanente en el país.
 

- Demanda potencial:

1.285.109. potenciales beneficiarios. Este dato surge a partir de la sumatoria de 567.610. jefes desocupados sin jubilación, pensión o seguro de desempleo; 242.935 jefes ocupados no registrados con ingresos menores a $ 150; 165.666. jefes inactivos con ingresos menores a $150; 309.897 jefes ocupados no registrados con ingresos entre $150 y $300 y cónyuge no ocupado. Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo, en base a EPH (INDEC).
 

- Criterios de accesibilidad:

Los potenciales beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos para ingresar al programa
 

• Acreditar la condición de jefa o jefe de hogar desocupado o cohabitante o jefa de hogar en estado de gravidez, mediante el Formulario Único de inscripción (declaración jurada).

• Acreditar la condición de alumno regular de los hijos mediante certificación expedida por la escuela.

• Acreditar el control sanitario y cumplimiento de los planes nacionales de vacunación de los hijos.

• En caso de hijos mayores con discapacidad, acreditar su condición mediante certificación expedida por un centro de salud municipal, provincial o nacional.

• En caso de embarazo acreditarlo mediante certificación expedida por un centro de salud municipal, provincial o nacional
  
  

No será impedimento la percepción por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar de becas estudiantiles o ayuda alimentaria.
 

- Presupuesto total proyectado:

Se espera que el plan insumirá en todo el año unos 2040 millones de pesos: $1230 millones de fondos nacionales y un aporte del Banco Mundial de alrededor de $800 millones.
 

- Metas de cobertura para el año en curso:

1.040.000 desocupados con subsidios mensuales. Se espera una ampliación hasta 1.500.000 hacia fin de año
 

- Descripción de bienes y/o servicio que brinda:

Ayuda económica no remunerativa de 150 (en bonos del Estado argentino) pesos mensuales, en forma directa e individual.

Algunas Consideraciones...10
 

Los $ 150 de subsidio por desocupación, equivale a un cuarto de la Canasta de Bienes y Servicios Básicos calculada en $ 625,94 o a la mitad de la Canasta Alimentaria Mínima -$ 266,36- de una familia tipo de cuatro miembros/as dos de ellos menores de corta edad.

Otro problema es que no se encuentra garantizado del mismo modo el acceso de todas las personas que cumplimentan los requisitos. El Estado nacional ha informado al Comité que el programa beneficiaría a dos millones de personas. Sin embrago es importante destacar que por la limitación de los recursos financieros, es otorgado a una porción menor que la prevista.

Es importante tener en cuenta además, que la jefatura de los hogares pobres se encuentra en un 30% a cargo de mujeres11, y que el Plan no establece estrategias que contemplen esta circunstancia. Tampoco, en lo que respecta a los convenios de cooperación interinstitucionales entre el Consejo Nacional de la Mujer y el Ministerio de Trabajo, se han establecido la participación de organizaciones específicas que defiendan y promuevan los Derechos de las Mujeres.

Situación laboral de las mujeres argentinas

A partir de la década del 60, se desarrolla un importante proceso de capacitación de masa laboral femenina. El nivel de educación trae consigo tres consecuencias fundamentales sobre la inserción de las mujeres en el mercado laboral: estimula el ingreso –o reingreso- en una actividad profesional, permite a las jóvenes con títulos superiores integrarse a profesiones “masculinas”, y da pie a una variedad de utilizaciones profesionales de un mismo título. Existen evidencias que señalan que cuanto mayor es la cantidad de egresadas universitarias, son más las mujeres que trabajan. Sin embargo, existen evidencias acerca de los salarios desiguales entre hombres y mujeres por igual calificación e igual trabajo. Esas diferencias aumentan con la edad y la calificación12.

Consideramos, entonces que los procesos desiguales de inserción de las mujeres en el mercado laboral deriva de una traslación de la lógica que divide lo público y lo privado: unas cualificaciones son valoradas en detrimento de otras. De este modo, las mujeres que ingresan en el mundo del trabajo se insertan, por lo general, a través de profesiones llamadas “femeninas” y que como tales no representan el mismo valor social (y consecuente retribución monetaria) que las desarrolladas por varones. Por su parte, aquellas que se ingresan en procesos de trabajo de las llamadas profesiones masculinas, experimentan lo que se denomina Techo de Cristal: los puestos de trabajo son los de menor calificación y en el caso de acceder a cargos gerenciales, se presentan limitaciones a ascender en los mismos por el hecho de ser mujer.
 

Este, es un importante indicador, que pone sobre el tapete la lógica de uno de los espacios donde se ejerce mayor discriminación hacia las mujeres. De este modo, queda demostrado que la mayor inserción femenina –y más permanente a lo largo de los años- en el mercado laboral no implica una democratización del mismo.

Brecha de género en la participación económica por edad, según

División político-territorial. Población de 14 años y más. Año 1991.

Fuente: INDEC, Situación y evolución social. Síntesis Nº 4.1998. Tomo 1. Buenos Aires, 1999. Cuadro 6.1.
 

La tasa de actividad de las mujeres, presenta en el año 2001 valores que confirman este incremento. En 1990 (como promedio de las dos ondas anuales de la EPH) se registró una tasa de 27.4, y para el mes de mayo del 2001, la misma llegó a 33,2.13
 

Es necesario señalar14:
 

• Que existe mayor empleo, la tasa de empleo de las mujeres ha aumentado, como así su participación en el total de ocupados. La tasa de empleo para las mujeres pasó de 25,3 puntos en 1990 a 27.6 en 2001.

• Que las mujeres están asumiendo roles claves tanto en el proceso de desarrollo económico como en la manutención de sus propios hogares.

• Que las mujeres presentan un mayor nivel de instrucción y de escolaridad que el alcanzado por los varones, por lo tanto la falta de accesibilidad a puestos jerarquizados, es una clara muestra de discriminación.

• Que la tasa de asistencia escolar de las mujeres es mayor que la de los varones. Por tramo de edad y por sexo, en los principales aglomerados urbanos es para los/as jóvenes de 15 a 17 años de 78,6 para los varones y de 84,6 para las mujeres, en tanto que para el tramo de 18 a 24 años es de 41,5 y 48,6 respectivamente. (Onda Mayo 1999 -Fuente SIEMPRO).
  
  

Además de ello, nos encontramos con:

• Un mercado laboral muy segmentado horizontalmente, concentración de las mujeres en un conjunto reducido de ocupaciones que se definen como típicamente femeninas en términos culturales. Las mujeres trabajan, fundamentalmente como maestras y profesoras, enfermeras, secretarias, dactilógrafas, empleadas de oficina y vendedoras de comercio, peluqueras y afines.

• Las mujeres se encuentran sobre-representadas en actividades vinculadas al sector servicio de baja calificación laboral, donde el servicio doméstico ocupa un lugar preponderante, ya que sobre el total de la ocupación femenina el sector representa el 18%.

• Al mismo tiempo se observa un mercado laboral muy segmentado verticalmente. Concentración de las mujeres en los puestos de menor jerarquía de cada ocupación, lo cual implica puestos de trabajo peor remunerados y más inestables. Esta situación se manifiesta sobre todo en el sector privado.

• Brecha salarial entre varones y mujeres. El ingreso percibido por las mujeres durante su vida activa, es inferior al de los hombres, en promedio, alrededor de un 30 % menos. Esto se explica porque las mujeres están concentradas en los grupos de ingresos bajos y medios mientras que los varones se concentran principalmente en los grupos de ingresos medios y altos.

• Las mujeres han presentado mayores índices de desocupación que los varones durante la década. Los datos de mayo del 2001 registran una diferencia menos notorias que en años anteriores (en 1995 llegó a casi 5 puntos esa diferencia.)

• Los últimos datos disponibles indican que las mujeres participan en muy baja proporción como patronas y empleadoras: mientras que, el peso de esa categoría ocupacional es de 4.3 entre varones, entre las mujeres es de 2.3 por ciento. Inversamente, en la categoría "trabajador/a sin salario" las mujeres registran un valor casi tres veces mayor al de los varones. También en este caso, los datos correspondientes al principal aglomerado urbano del país presentan una tendencia semejante a la del total de aglomerados.
   

Categoría Ocupacional según sexo. Total Aglomerados al mes de mayo de 200115.

• Según el INDEC, hoy en la Argentina hay 650.000 personas que trabajan en la construcción (actividad en fuerte baja, por la recesión económica), una actividad masculina, mientras el servicio doméstico, de preeminencia femenina, ocupa a casi un millón. 16
  
  

- Trabajo no remunerado:

El gobierno continúa en este sentido, incumpliendo lo recomendado por el Comité en las observaciones finales de fecha 12 de agosto de 1997, cuando se referían a asignar un valor al trabajo no remunerado e incluirlo en las Cuentas Nacionales en la forma de cuenta subsidiaria. El trabajo no remunerado es el que insume la mayor cantidad de tiempo productivo de las mujeres en las tareas de la casa, madre, cuidados de los ancianos y enfermos, hasta en las propias empresas de familia. 17

Respuestas Institucionales.

Por su parte, el Consejo Nacional de la Mujer18, ha desarrollado una serie de programas y proyectos que ponen en debate público la discriminación de la mujer en el mercado laboral.

Si bien los datos más actuales confirman la creciente discriminación actual y que la misma presenta visos de mayor complejidad, resulta necesario pasar revista por las propuestas gubernamentales en este sentido.

Se ha desarrollado en diferentes etapas, el primer Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1993-1994), el Programa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Empleo (PIOME), el que surgió de la acción coordinada de dos áreas de gobierno: el Consejo Nacional de la Mujer y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, las que firmaron en el mes de mayo de 1993 un Convenio Marco para su desarrollo. El Programa se proponía dar cumplimiento a los compromisos asumidos por la Nación en materia de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en particular en el campo del empleo y la formación profesional (Art.11, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). Se fijan como líneas de acción:

• Incorporación de las mujeres al mercado de trabajo

• Formación Profesional para las mujeres

• Promoción de las mujeres en el empleo

• Conocimiento de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo

• Sensibilización y difusión de las características y potencialidades del trabajo femenino y de las políticas que inciden sobre el mismo

• Cooperación y coordinación interinstitucional.

El Plan de Igualdad de Oportunidades 1995-1999, refuerza la propuesta de acciones para lograr los objetivos propuestos.

En el período 1993-1996, se propone reforma de la Legislación laboral para remover obstáculos en la inserción y promoción de mujeres en el mercado de trabajo.

Preparación de informes sobre indicadores relativos al empleo, la formación profesional y las políticas y programas destinados a las mujeres.

- Programa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Desarrollo Económico
 

En los dos Planes de Igualdad de Oportunidades también se reconoce la necesidad de impulsar la participación equitativa de mujeres y varones en el desarrollo económico y social, por lo que se crea el Programa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Desarrollo Económico que tiene como Objetivo General asegurar que las decisiones, las responsabilidades y los beneficios del desarrollo económico se distribuyan equitativamente entre varones y mujeres y se fijan como líneas de acción:

• Incorporación de la perspectiva de género en el campo económico nacional y en los espacios de integración regional

• Promover la constitución de asociaciones de mujeres emprendedoras y de redes locales, regionales y nacionales

• Capacitación y Asistencia Técnica

• Desarrollo del conocimiento sobre la situación de las mujeres en la actividad productiva

• Fortalecer la capacidad de las mujeres en la promoción del Desarrollo Sostenible
  
  

Principales intervenciones:

• Creación de la Comisión Asesora de Mujeres Empresarias y experiencia piloto de capacitación de las Mujeres en la Gestión Empresarial, año 1994.

• Tratativas para la celebración de un Convenio con el Ministerio de Economía para la concertación de un programa de capacitación y asistencia técnica en todo el país, y búsqueda de financiamiento en organismos internacionales y la Unión Europea.

• Presentación en la Eco 92 Brasil Documento sobre Mujer, Medio Ambiente y Desarrollo y preparación de materiales d Trabajo para su difusión en el país, 1993.

• Convenio celebrado con el Programa Global de Crédito para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía para el desarrollo de cursos de capacitación, asistencia técnica, y la realización de investigaciones y publicaciones. Se desarrollaron las siguientes acciones:

• Convocatoria a entidades no gubernamentales para la preparación y dictado de cursos sobre gestión y desempeño empresarial para mujeres a ser financiado por el Programa

• Evaluación y selección de propuestas

• Realización de encuentro con 20 organizaciones no gubernamentales especializados en la temática para la validación de la propuesta de curso

• Presentación de un proyecto de investigación sobre "Estudio del perfil de las mujeres micro y pequeñas empresarias subprestatarias del Programa Global de Crédito" para su financiamiento y de la preparación de cuadernillos didácticos de apoyo a la capacitación y asistencia técnica.

• Realización del Curso de Capacitación para mujeres en la Gestión Empresarial. 60 hs.cátedra, de julio a septiembre de 1997.

• Preparación y dictado del Módulo 8 del curso sobre la incorporación de la perspectiva de género en esta temática.

• Evaluación del mismo para su replicación en las provincias.

• Realización del "Encuentro hacia la Igualdad de Oportunidades para las mujeres en el trabajo y en la producción en el marco del Mercosur, Chile y Bolivia" en el mes de octubre de 1995, financiado por la Unión Europea. Participaron funcionarias de las Oficinas de la Mujer de los países de la región, de la Unión Europea, de la OIT y de UNIFEM, de representantes de Cancillería y Economía y de las Áreas Mujer provinciales y de organizaciones no gubernamentales de toda el área especializadas en cada uno de los temas tratados. Fue el primer encuentro internacional de este tipo que se realizó en el país y en toda la Región. Se firmó una declaración conjunta de las representantes de los países, en la que se solicitaba la creación de una instancia de coordinación y elaboración de propuestas para la promoción de la igualdad de oportunidades de las mujeres en el proceso de integración regional y la gestión de financiamiento para proyectos regionales. Se preparó un documento de trabajo para su publicación sobre exposiciones y conclusiones del Encuentro.
   

En el mes de abril de 1997, el CNM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firmaron un nuevo Convenio Marco para la cooperación interinstitucional y la prestación de asistencia técnica, destinado a promover y hacer efectiva la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el trabajo. A partir de dicho convenio se acordaron dos Protocolos Adicionales:

Protocolo Adicional Programa de Orientación Laboral para Mujeres. Sus objetivos fueron: a) implementar en las Áreas Mujer Provinciales y Municipales el Programa, para la búsqueda de empleo, teniendo en cuenta las alternativas locales de trabajo y formación profesional; b) fortalecer las redes institucionales vinculadas a la temática laboral femenina, organismos gubernamentales de la mujer y agencias públicas de colocación; c) capacitar a los recursos humanos participantes de la ejecución del Programa.

Protocolo Adicional Programa Servicios Comunitarios. Sus objetivos fueron: a) crear un ámbito específico del Ministerio y del CNM para el diseño del Programa a ejecutar en cada año; b) incorporar al CNM, en calidad de miembro pleno, a las Unidades de Aplicación Provinciales y de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; c) enfatizar la "continuidad" y la "capacitación" en los criterios de selección de proyectos, en tanto facilitan la promoción e inserción de las mujeres en la comunidad.

Plan de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral

En el año 1998, se firmó el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 254/98, que aprobó el "Plan de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral". Este Plan tenía como objetivo que el CNM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, acordaran acciones a fin de promover la igualdad de oportunidades y de trato, como:

el diseño e implementación de planes operativos para la incorporación de las mujeres al trabajo; la promoción de la actividad emprendedora;

la difusión de los derechos de las trabajadoras; la generación de instancias administrativas para garantizar la igualdad de oportunidades;

la promoción de acciones para la conciliación de la vida familiar y laboral;

el análisis y difusión de información sobre el aporte de las mujeres trabajadoras.

Este Decreto fue incorporado como parte integrante del Pacto Federal del Trabajo, compromiso asumido entre la Nación, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires a efectos de trabajar en conjunto y coordinadamente para mejorar la calidad del trabajo y prestando especial atención a los sectores de menores recursos.

Derecho a la Seguridad Social

Los aportes y las contribuciones realizados sobre los salarios de los/as trabajadoras/es activos tienen como destino, el financiamiento de la seguridad social; cuyo principal componente es el sistema jubilatorio19.
 

Los aportes al sistema de jubilaciones y pensiones de nuestro país, se desarrollan, entonces a través de los aportes de quienes se encuentran en el mercado laboral bajo relación de dependencia: aquello que llamamos trabajadores en “blanco”. Con aportes del patrón y el obrero/a.

Del mismo modo las contribuciones y posterior acceso al beneficio de las asignaciones familiares y el fondo o seguro por desempleo, quedan circunscrito a este grupo de trabajadores/as.

Los principios que rigieron en este sistema de seguridad social podríamos decir, que se sostenían en la “solidaridad social” de empleador y trabajador/a, debido a que se estaba aportando conjuntamente y en el presente para sostener el retiro propio, futuro y las jubilaciones actuales.

Pero en el presente asistimos a una transformación profunda de la categoría trabajo en tanto integrador social: el modo, las condiciones y la permanencia en el circuito laboral no son del mismo modo que en lo que podríamos denominar Estado de Bienestar en la Argentina.

De esta manera, aumenta el número de trabajadores/as dentro del mercado laboral en “negro”. Se produce, así, un desfasaje entre una concepción de política pública basada en el pleno empleo, y una masa creciente de trabajadores/as subempleados o sin registro legal. Y se generan en el presente y hacia el futuro excluidas/os del Derecho a la Seguridad Social.

Este quiebre de las solidaridades sociales, se encuentra sostenido a su vez, por la creación de los sistemas de jubilación y pensión privados –surgimiento de las denominadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, desde ahora AFJPs-, durante el gobierno de Carlos Menem ( 1989 – 1999) en donde los y las trabajadores pueden “optar” por el sistema de reparto, fuertemente deslegitimado y sospechado de malversación de fondos por funcionarios del ejecutivo y los “transparentes y seguros” sistemas de capitalización de fondos fuertemente cuestionados en la actualidad, con la ruptura de la paridad cambiaria. En este sentido, las AFJPs se niegan a devolver actualmente los ahorros de la gente en la moneda de depósito original, es decir, en dólares.

Observemos como se incrementa la demanda de Seguro de Desempleo: este aumento se ve directamente relacionado con los niveles actuales de desempleo en nuestro país. En este caso hemos decidido incluir la información de todas las provincias, debido a que la demanda de los centros urbanos industriales –señalados en verde- se ve mayormente incrementada que en las áreas rurales o no tan industrializadas.

Prestaciones promedio del seguro de desempleo