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INFORME DESC PERU

 

Información sometida por el Centro de la Mujer Peruana

Flora Tristán en Representación de CLADEM Perú

Respuestas Institucionales

Que hacen los gobiernos respecto de los DESC en general y de los DESC de las mujeres en particular (En esta parte vamos a presentar información tanto del gobierno como del congreso ya que las obligaciones de DD.HH son estatales).

El discurso “pro-derechos humanos” del gobierno peruano actual supone un entendimiento conservador del concepto de los derechos humanos, excluyendo en gran parte los derechos económicos sociales y culturales. De este modo, todavía se habla más de “desarrollo social” en términos de programas de ayuda, que de “derechos económicos sociales y culturales” en términos del cumplimiento de obligaciones estatales. Este vacuo discursivo con respecto a los DESC se extiende a las políticas relacionadas con la equidad de género.

En general existe un problema de implementación de la legislación formalmente igual. Es decir que muchas veces la discriminación de la mujer en el goce de los DESC no existe por legislación discriminatoria, sino por falta de implementación de las garantías de no discriminación o por falta de sanciones de los actores civiles y estatales que aplican la ley de manera discriminatoria.

Otro problema generalizado es que siguen vigentes una gran parte de las leyes y políticas del gobierno de Fujimori que resultaban (y resultan) en violaciones de los DESC, notablemente las políticas económicas o de pago-del-usuario.

En un desarrollo positivo, en febrero 2001 se aprobó por resolución legislativa la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Protocolo Facultativo abrirá una vía para revisión legal internacional de los casos de discriminación en el goce de los DESC en el Perú.

En lo siguiente pasaremos por los derechos enunciados en el Pacto Internacional de los DESC, indicando la información encontrada sobre las acciones del Estado.

Libre determinación de los pueblos indígenas

El Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en esta materia en 1993. Existe una Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI), adscrita al Ministerio de Promoción de la Mujer (ahora MIMDES) desde el gobierno de Fujimori, que no ha generado un espacio de participación para los dirigentes o dirigentas indígenas. Bajo el gobierno de transición, se convocó a una Comisión Especial Multisectorial para Comunidades Nativas y se instaló una Mesa de Diálogo y Cooperación para las Comunidades Nativas de la Amazonía. En estos espacios, se avanzó en un diagnóstico de los principales problemas, aunque sigue faltando una participación más representativa. La Mesa presentó un informe con prioridades en esta conexión en octubre 2001. Estas prioridades no mencionan a la mujer indígena.

El 5 de octubre de 2001 se creó por Decreto Supremo 111-2001-PCM la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos. Este espacio ha sido criticado por su falta de representatividad y por el vacío que creó respecto al curso futuro de las recomendaciones emanadas del gobierno de transición. La Comisión ha emitido un “Decálogo” de los derechos de las comunidades indígenas del Perú, el cual incluye una promoción de servicios de atención de salud que respete y tome en cuenta las prácticas de medicina tradicionales incluyendo el parto. Está por ver si las recomendaciones de esta Comisión se tomarán en cuenta en las políticas sociales del gobierno.

El gobierno de Toledo ha auspiciado y promovido encuentros indígenas sudamericanos y nacionales. En estos encuentros se ha planteado la necesidad de expresar el carácter pluriétnico y multicultural del Perú en la “nueva” constitución. Es notable, por lo tanto, que el Ante-proyecto actualmente bajo consideración en el Congreso peruano haya eliminado todas las causales específicas en el Artículo que prohíbe la discriminación, incluyendo la causal de género y de origen y raza.

Durante el gobierno de Fujimori se comprometió las tierras de 3326 comunidades campesinas de las 5680 reconocidas oficialmente en concesiones mineras1. Durante los gobiernos de transición y democrática no se ha modificado la ley de servidumbre minera. Sin embargo, existe un Proyecto de Reglamento de Consulta para las actividades hidrocarburíferas en tierras de comunidades campesinas, comunidades nativas y de Poblaciones Indígenas. Esta propuesta se ha trabajado durante 3 años por el Estado, y supuestamente recoge las iniciativas de las organizaciones indígenas. Sin embargo, no está consistente con las provisiones del Convenio 169 de la OIT.

No se conocen de propuestas que toman en cuenta específicamente los derechos de la mujer indígena o nativa.

Derecho a trabajar

La manera de abordar el problema masivo de desempleo en el Perú del gobierno actual se basa en la misma política económica que implementó el gobierno de Fujimori: privatizaciones, flexibilización del mercado laboral, apertura del mercado. Es sintomático que la iniciativa más grande del gobierno de Toledo en términos de generación de empleo crea empleo temporal y por lo tanto sin las protecciones asociadas con un empleo digno y justo. La mujer, en general, queda más afectada por la situación de desempleo y por los despidos que el varón, situación que no recibe atención sostenida por parte del gobierno. Véase más abajo por información estadística sobre el desempleo y subempleo de la mujer.

Derechos en el trabajo

La legislación mayoritariamente anti-sindical implementada por Fujimori para “flexibilizar” el mercado laboral sigue en vigor. Una consecuencia de esta legislación en la mujer trabajadora ha sido la obstaculización de su sindicalización, y de la creación de nuevos sindicatos más enfocados en la problemática de la mujer. A pesar de la legislación que prohíbe la discriminación de la mujer en el puesto de trabajo persiste la desigualdad de salarios y de oportunidades de ascenso (véase información estadística más abajo). No se está haciendo un esfuerzo para implementar las garantías de no discriminación, y para sancionar las violaciones. Considerando que el gobierno actual sólo luce una ministra mujer (la ministra de la mujer y el desarrollo social), es improbable que considere el problema de ascenso de la mujer en el puesto de trabajo como una prioridad. De hecho, las mujeres sindicalizadas mencionan la igualdad de salario y oportunidad como la principal demanda género-específica de su trabajo gremial.

Para información más especifica sobre la participación de la mujer en las organizaciones sindicales, véase abajo.

Seguridad Social

La Población Económicamente Activa (PEA) asegurada aportante al régimen contributivo de la seguridad social, descendió de un 47.6% en 1990 a 22.5% en 19962. Por el momento, se cuenta con un programa privado de pensiones, y un sistema público administrado por el Instituto Peruano de Seguridad Social. Ambos sistemas dependen de la contribución del trabajador y el empleador, por lo cual los trabajadores en el sector informal, del hogar, o las amas de casa en general no cuentan con cobertura. Pareciera que la intención del gobierno es modelar el sistema de seguridad social según el sistema de Chile, que es el primer sistema privado en América Latina. La privatización de la seguridad social dificulta aún más la protección de la mujer que generalmente gana menos que el varón o realiza trabajo no-remunerado. El acceso a la seguridad social es, precisamente, una de las demandas principales de las mujeres tanto de las organizaciones sociales de base como de las organizaciones sindicales.

Vivienda

No existe una limitación legal al acceso de la mujer al crédito, aunque en la práctica, cuando una mujer casada desea obtener crédito tiene que solicitarlo conjuntamente con su cónyuge3. El gobierno no prioriza la implementación efectiva de la equidad formal de la ley.

Se ha inaugurado el programa Mi Vivienda que otorga créditos para la construcción o compra de una vivienda. Este programa forma parte de la política general de pasar del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda, la cual – en otros países de la región – ha resultado en una exacerbación del déficit de vivienda en los grupos sociales con menos ingresos. Como todos los sistemas de crédito, Mi Vivienda se basa en el historial de trabajo del postulante para la aprobación. Esta noción puede constituir una discriminación contra la mujer que generalmente tiene un historial menos estable que el varón. El programa no incluye cláusulas específicas para superar este asunto.

A comienzos de los 90 se creó el Proyecto de Titulación de Tierras (PETT) para otorgar seguridad de tenencia a los campesinos o agricultores. Las metas de este proyecto no se han logrado, y muchas comunidades campesinas y nativas siguen sin titularidad. Se nota en el V informe periódico al Comité de la CEDAW que 82944 mujeres han beneficiados de este programa (supuestamente hasta 1998), mientras el Informe Anual DESC de APRODEH/CEDAL indica que el número total de beneficiarios hasta 1996 han sido 818628. Es decir que las mujeres constituyen menos de 10% de los beneficiados.

El Congreso aprobó las leyes 27500 y 27551 para ampliar las facilidades del Programa de Rescate Financiero Agrario de refinanciar deudas por créditos agropecuarios con instituciones del sistema financiero nacional. Estas leyes pretenden responder a uno de los problemas creados por la recesión económica: la pérdida de tierras ofrecidas en garantía a cambio de créditos bancarios.

Salud

En Enero de 2001 se promulgó la Ley 27403 que señala que la hora diaria de lactancia se considera como efectivamente laborada para todos efectos legales, mientras la Ley 27591 establece la duración del permiso de lactancia para el régimen privado (existía desde 1990 para las profesoras, y para las servidoras de la administración pública).

Según la Encuesta nacional Demográfica y de Salud ENDES 2000, entre las principales razones que dieran las madres al ser consultadas sobre el porqué no acudieron a un establecimiento de salud cuando su niño estaba con fiebre, neumonía o diarreas fue “no pudo pagar”. Esto tiene que ver con la política general que implantó el régimen fujimorista – y que sigue vigente – de “modernizacion” del sistema de salud que obligó a los hospitales y centros de salud a general recursos propios, es decir cobrar por sus servicios4.

Educación

Perú: Tasa de asistencia escolar y analfabetismo por género 2000

Fuente: ENAHO, II Trimestre 2000 (Encuesta Nacional de Hogares de INEI)5

Existe un Programa Nacional de Alfabetización del PROMUDEH (ahora MIMDES) que tenía como meta para 2000 reducir la tasa global de analfabetismo a 3.5%, y la femenina a 4.1%. Esta meta obviamente no se ha alcanzado. El Estado reconoce en su V informe periódico al Comité de la CEDAW que el gran problema es la educación de las mujeres y niñas rurales, y el acceso escolar. Se asignó, en 1999, el 5% de presupuesto nacional al sector educación.

Qué hacen las ongs respecto de los DESC en general y de los derechos económicos y sociales de las mujeres

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH, ha incorporado, recientemente, un eje de trabajo específico sobre los derechos económicos sociales y culturales. Este trabajo se lleva a cabo a través de una red nacional de vigilancia social, y varios grupos de trabajo ad hoc o más formales que se responsabilizan por una parte del trabajo por los DESC. En general, el trabajo de la CNDDHH en este respecto está enfocado en los derechos laborales y la seguridad social, el derecho a la salud, y el derecho a la educación. La perspectiva de la mujer se trabaja más en conexión con la mesa de discriminación de la misma CNDDHH. Los grupos de trabajo sobre los DESC incorporan la perspectiva de la mujer en la medida de que esté presente una representante de una organización de mujeres en la sesión de trabajo.

La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, tiene un programa de DESC enfocado en el derecho a la salud y las consecuencias de los programas de ajuste estructural. La no-discriminación de género no es un eje general en el programa de DESC, aunque se incorpora en proyectos específicos.

El Centro de Asesoría Laboral del Perú, CEDAL, tiene un programa de los DESC enfocado en el derecho al trabajo, los derechos laborales, la seguridad social, el ajuste estructural, la deuda, y la exigibilidad general de los DESC. La perspectiva de la mujer se incorpora, otra vez, más en proyectos específicos que como eje transversal.

Los ejes de trabajo de ambas organizaciones son la educación, el recojo y sistematización de información, la presentación de informes, y el trabajo de cabildeo.

APRODEH y CEDAL publican cada año un informe anual sobre el estado de los DESC en el Perú, que incluye un capítulo sobre los DESC de la mujer.

Existen organizaciones y coaliciones enfocadas en derechos específicos tales como el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud, y los derechos medio-ambientales (vinculados con el derecho a la libre determinación y el derecho a la vivienda digna). En algunos casos el enfoque de derechos es más visible que en otros.

Varias organizaciones abordan el tema de la lucha contra la pobreza, pero generalmente no desde la perspectiva de los derechos humanos.

Qué hacen las ongs de mujeres (y organizaciones feministas) respecto de los DESC en general y de los DESC de mujeres en particular

Las organizaciones feministas están empezando a incluir el tema de los DESC como tal en su trabajo. El trabajo que vienen realizando desde hace muchos años estas organizaciones en el marco de la salud, el desarrollo, la educación, y el trabajo está, obviamente, estrechamente vinculado con la temática de los DESC, aunque el discurso puede haber sido diferente. Un “nuevo” enfoque de DESC, por lo tanto, es muchas veces una cuestión de fortalecer y potencializar las actividades ya realizadas a través de una visión más enfocada en los DESC como derechos humanos internacionalmente protegidos.

El trabajo realizado actualmente en este marco incluye capacitación, presentación de informes, recojo de información, y promoción de herramientas específicas de exigibilidad de los DESC de las mujeres como por ejemplo los presupuestos participativos.

Sobre la participación de las mujeres en organizaciones sociales y las demandas planteadas

Participación en organizaciones sindicales y principales demandas

Bibliografía principal para esta parte:

María Bastidas, Participación Laboral y Sindical de las Mujeres en el Perú durante los 90, Lima: OIT/ACTRAV/Oficina Regional para las Américas, 2001. ISBN: 92-2-312914-1

La participación de la mujer en el movimiento sindical en el Perú, se tiene que entender dentro del marco de la debilitación general del movimiento sindical. Los factores principales para esta situación son: la violencia estatal, la flexibilización laboral, la privatización de las empresas estatales, y la recesión económica.

El mito del típico trabajador sindicalizado (hombre, trabajador manual, con trabajo fijo y por tiempo completo) no ayuda la integración de la mujer en las organizaciones sindicales.

Hay una presencia creciente de mujeres en el sector formal e informal, sobre todo en los servicios (trabajo mal pagado y de baja capacitación). Sin embargo, Bastidas nota que los problemas, demandas, y nuevos desafíos creados por la masiva presencia de las mujeres el ámbito laboral aún no han sido incorporados plenamente por las organizaciones sindicales.

En Noviembre de 2000 se realizó el primer encuentro de mujeres trabajadoras andinas en Lima, donde se constituyó la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Andinas, COMUANDE. La página web de esta coordinación es www.plades.org.pe/mujerccla

Cuadro en la página 122 del libre de María Bastidas citado arriba.

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las mujeres de la CGTP, CUT, y CATP – Diciembre de 1999. Los totales representan el porcentaje de afiliados y directivos por cada centro sindical.

Participación de la mujer en los proceses de negociación colectiva %

Fuente. Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a las mujeres de la CGTP, CUT, CATP, Diciembre de 1999.

La mayor participación de la mujer en CATP se explica por la alta proporción de su membresía del sector informal.

Las principales preocupaciones de las mujeres sindicalizadas no están directamente relacionadas con el género, sino con la situación económica (p. 130):

- aumento de sueldo

- salario acuerdo con la canasta básica familiar

- estabilidad laboral

- respeto al día de 8 horas

- mejores condiciones de empleo

Las principales demandas género-específicas son (p. 130):

- igualdad de derechos y oportunidades de ascenso y capacitación

- reforzar mecanismos legales para denunciar y sancionar el acoso sexual

Las trabajadoras de hogar además piden (p. 131):

- acceso a la seguridad social

- pago por horas extras

- respeto a su trabajo

Las trabajadoras rurales (p. 131):

- igualdad de salarios

- reconocimiento de los daños a la salud que producen los agente agrotóxicos

y las trabajadoras informales (p. 131):

- cese de abuso por municipalidades

- acceso a la seguridad social

- cuidado diurno de los niños

- capacitación

Participación en organizaciones de base y demandas planteadas

En Mayo de 2000, varias organizaciones de base, organizaciones sindicales, y organizaciones de derechos humanos con enfoque en los derechos de la mujer se juntaron para presentar, de manera conjunta, sus demandas principales a los candidatos en las elecciones generales. Las organizaciones que se juntaron a este esfuerzo fueron:

- La Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima y Callao (FEMOCPAALC),

- la Coordinadora Metropolitana de los Comités de Vaso de Leche (CMCVL),

- la Coordinadora nacional de Desplazados y Comunidades Afectadas por la Violencia y en Reconstrucción del Perú (CONDECOREP),

- la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNG),

- la Red Nacional de Casas de Refugio (RENCARE), las Secretarías Mujer y Niñez de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP),

- el Centro de Estudios y Asesoría Laboral para Impedidos Físicos (CESALIF),

- el Centro de Capacitación para las Trabajadoras del Hogar (CCTH) y

- las mujeres del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL).

Las principales demandas planteadas se relacionan con:

1. La Educación

– ingreso gratuito a las universidades estatales

– mayor capacitación de la mujer

– priorización de la alfabetización de la mujer

– mayor presupuesto para la educación de los peruanos

– capacitación de los profesores para evitar estereotipos sexistas en la educación

– asesoramiento técnico para el agro

2. El Trabajo y Economía

– remuneración y pensión justas

– medidas afirmativas

– salas cunas

– acceso a la seguridad social

– acceso a créditos

– protección de productos nacionales contra la importación o los patentes extranjeros

– fin al programa de ajuste estructural, priorización de los gastos sociales

– fin a la explotación del trabajo infantil

– salario mínimo de las trabajadoras del hogar

– producir alimentos antes de importarlos

3. La Salud Reproductiva

– acceso a los servicios de planificación familiar

– no a las esterilizaciones forzadas

4. Desarrollo Social

– afirmación del derecho al desarrollo

– priorización de la lucha contra la pobreza

– reconocimiento del trabajo de la mujer en el desarrollo social

– erradicar el alcoholismo

5. La Violencia Contra la Mujer

– erradicación de la explotación sexual de los menores de edad

– reforzar las sanciones por las violaciones y el maltrato de las mujeres y las niñas

– adecuar la Ley de Protección frente la Violencia contra la Mujer para que sea efectiva

6. La Representación de la Mujer en los Espacios Públicos

– ley de participación de la mujer 50%-50%

- garantizar la promoción de la mujer a puestos de alta gerencia del Estado

– impulsar la participación de la mujer en los espacios de toma de decisiones

Participación en organizaciones de defensa del consumidor y demandas planteadas

No se tiene información sobre este punto.

Problemas específicos

Programas de Apoyo Alimentario, breve reseña, número de beneficiarios, mujeres involucradas

El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) fue creada por Decreto Supremo Nº 020-92-PCM el 03 de Febrero de 1992. Su Reglamento de Organización y Funciones fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 142-93-PRES, precisando su autonomía económica, técnica, financiera, administrativa y su competencia en el ámbito nacional.

El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) depende del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES, anteriormente PROMUDEH), según el Decreto Legislativo Nº 866 del 29 de Octubre de 1996 que establece la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH, ahora MIMDES). Los objetivos oficiales del programa son:

- Promover el desarrollo integral de la mujer y la familia con equidad de Género;

- Promover el desarrollo participativo y sostenible de las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas; y

- Promover el desarrollo y la atención integral en las poblaciones desamparadas, marginadas y en riesgo.

Estos objetivos se alcanzan a través de programas nutricionales enfocados en niños, adolescentes, y madres gestantes, programas alimentarios con enfoque en la población considerada “en riesgo”, y programas de mejora de ingresos.

En 2000, varias lideresas de comedores denuncian que ciertos funcionarios del PRONAA estaban ejerciendo presiones sobre ellas para que voten por Fujimori.

Programa Vaso de Leche

El programa Vaso de Leche es un programa de apoyo alimentario que busca cubrir la totalidad de la población infantil entre las edades de 0 a 5 años y 11 meses, las madres gestantes y lactantes. Fui concebido inicialmente en 1983 como un programa municipal de asistencia alimentaria temporal (18 meses) dirigido únicamente a la oblación de menos ingresos de Lima Metropolitana. Sin embargo, después de los primeros meses el programa despertó tal expectativa que se consagró como Programa de Asistencia Alimentaria Materno-Infantil permanente a través de la Ley 24059 del 6 de enero de 1985. La Ley creó el Fondo de Vaso de Leche cuyos recursos provendrían del presupuesto general de la República. El 1991, el Vaso de Lecho fue incorporado al Presupuesto General de la República a través de la Ley 25308.

Desarrollo Programa Vaso de Leche, 1992-96, Nivel Nacional

De Aída García Naranjo, Mujeres Peruanas: Las Protagonistas de Junín, Pasco, y Huánuco de la Sobrevivencia al Desarrollo, CEDAL Lima 1999 página 193.

Fuente citado: Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Presupuesto Público. Elaboración: Aída García Naranjo.

Los siguientes datos provienen de: Aída García Naranjo, Vaso de Leche Memoria de Mujeres, CEDAL Lima 2001.

Los beneficiarios del programa Vaso de Leche son 5 millones de un total de 11 millones de personas que benefician de los varios programas de ayuda alimentaria y nutritiva. (p. 11)

Presupuesto nacional de 2001: $100 millones destinados al programa Vaso de Leche, lo cual representa un 40% de los fondos destinados a los programas sociales (total presupuesto para programas sociales: $250 millones). (p.11)

Se reparten 1 millón 250 mil raciones de leche y complementos cada día en 2001, a cargo de casi 15 mil comités sólo en Lima Metropolitana. (p. 21).

Programas de Apoyo al Ingreso de las Mujeres o de Empleo temporal

Existen dos programas estatales que apoyan las actividades de las microempresas: Cooperación Popular (COOPOP) y PRONAA (véase arriba). El Estado nota en un V informe al Comité CEDAW que de todas las microempresas, 47% está ubicada en el sector comercio, y de este 47% la mitad son microempresas de mujeres. No tenemos información sobre el número de mujeres beneficiadas directamente, pero se ha conseguido información sobre la inversión en microempresas por estos dos programas en general en 1998.

Fuente: V Informe Periódico de la Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer 1998-1999 presentado por el Estado

Notamos que el informe no indica la moneda utilizada para cuantificar la inversión (suponemos nuevos soles), ni se indica qué porcentaje del total de microempresas queda beneficiado. En otra parte del mismo informe se indica que existen 3200000 unidades económicas en el estrato de la pequeña y microempresa (cifra oficial). Es decir que los beneficiados representarían un 0.3% de las microempresas.

PRONAA también tiene un programa especial dirigido a las mujeres organizadas pertenecientes a las organizaciones sociales de base que brinda capacitación para el desarrollo y conducción de microempresas, asistencia técnica y crédito.

El Estado menciona en su V informe periódico al Comité de la CEDAW que las cajas municipales, rurales, y algunas ONGs otorgan crédito a microempresas, sin embargo, estas actividades transcurren sin participación del Estado.

También se mencionan las actividades de MIBANCO, una entidad privada promovida por el Estado. El objetivo de MIBANCO es atender la demanda por servicios financieros de los sectores más pobres de la población, entre los que se encuentra la mujer y las micro-empresarias. MIBANCA tiene, según el informe periódico, 22456 clientes mujeres.

Trabajo secundario o por horas, usualmente las que se reportan como amas de casa trabajan por horas y no lo declaran, si hubiera estudios de caso sobre esto sería útil tener breves referencias

(Nota a CLADEM: No se encontró información actual específica sobre este tema, adjuntamos la información estadística recogida sobre la situación de desempleo y subempleo de la mujer)
 

De la población femenina en edad de trabajar, en 1999 el 39,3% no formaba parte de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras el resto (60,7%) sí6. Se indica además que de las mujeres ocupadas el 64% vive en zona urbana y el 36% en el ámbito rural, mientras de las desocupadas el 91,8% vive en zona urbana y el 8,2% en la zona rural7. Es decir que la “desocupación” es más común para la mujer urbana.

De las mujeres ocupadas 7,4% se consideran trabajadoras del hogar (cifras de 1999). Las trabajadoras del hogar sobre todo viven en el ámbito urbana: de las mujeres ocupadas urbanas, el 10,7% es trabajadora del hogar, mientras sólo un 1,6% de las mujeres ocupadas rurales8.

Tasa de desempleo

Fuente: Convenio INEI, Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Encuesta Nacional de Hogares – Niveles de Empleo 1996-00.9

Subempleo por hora y por ingreso

(Por hora: menos de 35 horas la semana; por ingreso: ingreso es inferior al ingreso mínimo referencial en función a una canasta mínima de consumo y la jornada superior a las 35 horas semanales)

Fuente: Convenio INEI, Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Encuesta Nacional de Hogares – Niveles de Empleo 1996-00.10

Ingreso líquido promedio mensual de la actividad dependiente en nuevos soles 2000

Fuente: INEI: ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) II Trimestre 200011

Otros datos sobre la participación de la mujer en el Perú

Fuente principal para los siguientes cuadros:

Aída García Naranjo, Mujeres Peruanas: Las Protagonistas de Junín, Pasco, y Huánuco de la Sobrevivencia al Desarrollo, CEDAL, Lima 1999.

Número de Alcaldesas y Alcaldes Distritales de Lima Metropolitana Según Períodos de Gestión Municipal (1981-1988)

Fuente citada: ONPE. Lima Noviembre 1996/INEI. FT 1998

Número de regidoras/es y alcaldes/as a nivel departamental en el Perú según el Sexo en el Período 1996-98

Fuente citada: INEI FT/1998.

Programa de Apoyo Social, Según Unidad Operativa, 1996

Fuente: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA)

Elaboración: Aída García Naranjo
 

Perú 1999: Programas de Lucha contra la Pobreza (en millones de soles)
 

1 Datos actualizados a julio del 2002. Fuente: CONACAMI, citado en APRODEH/CEDAL, Informe Anual 2001: Los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Lima 2002, página 16.

2 IPSS – Boletín del Sistema de Recaudación y mercadeo, Lima 1994-96, citado en APRODEH/CEDAL, Informe Anual 2001: Los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Lima 2002, página 42.

3 DEMUS, Estudio para la defensa de los derechos de la mujer. Lima, Enero de 1997.

4 Citado en APRODEH/CEDAL, Informe Anual 2001: Los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Lima 2002, página 55.

5 Citado en APRODEH/CEDAL, Informe Anual 2001: Los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Lima 2002, página 24.

6 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru: Compendio de Estadísticas Sociodemográficas 1999-2000, Lima 2000, página 296.

7 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru: Compendio de Estadísticas Sociodemográficas 1999-2000, Lima 2000, página 296. Fuente citada: Convenio INEI – MTPS, Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 1999 – III Trimestre.

8 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru: Compendio de Estadísticas Sociodemográficas 1999-2000, Lima 2000, página 296. Fuente citada: Convenio INEI – MTPS, Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 1999 – III Trimestre.

9 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru: Compendio de Estadísticas Sociodemográficas, 2001, Lima 2001.

10 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru: Compendio de Estadísticas Sociodemográficas, 2001, Lima 2001.

11 Citado en APRODEH/CEDAL, Informe Anual 2001: Los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Lima 2002, página 25.