La PAM de Beijing: Una base indispensable para el logro de los ODM.

Posición de CLADEM*

 

 

CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer, desea sumarse a los esfuerzos de todas las personas que participan en la 49 sesión de la CSW, dedicada a la celebración de los 10 años de la Conferencia de Beijing y a los vínculos entre la Plataforma de Acción de las Mujeres, firmado por 187 países; el documento “Mujeres 2000: Equidad de Género, Desarrollo y Paz para el Siglo 21”, emitido con ocasión de Beijing + 5 y los Objetivos del Milenio.

 

A diez años de la Conferencia Mundial de la  Mujer y la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing por más de 187 países, las mujeres aún vivimos en un sistema patriarcal dominante desde hace milenios. Es indudable que en muchos de los países que suscribieron el documento, los gobiernos han hecho esfuerzos para elaborar  planes nacionales de acción, así como planes provisorios para la implementación de la Plataforma; sin embargo, los resultados de dichos planes son escasos. En momentos de crisis económica generalizada las primeras cuentas en ser afectadas son las destinadas a programas de promoción de la mujer y de la equidad de género.

 

Como producto de esos esfuerzos, pero principalmente de la incesante lucha de las organizaciones feministas y el movimiento social de mujeres, en muchos países de América Latina se muestran índices de aumento de escolaridad de las mujeres, disminución de la mortalidad materna, adopción de políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y mayor participación femenina en los espacios de decisión, entre otras.

 

Sin embargo,  estas políticas de género no siempre son definidas por las mujeres. Suele suceder que los decisores políticos sean personas sin compromiso con la equidad de género. Por ello, en muchas ocasiones, los resultados logrados apenas logran rasgar la epidermis de los problemas.

 

En relación a los Objetivos del Milenio, nos parece meritorio que la ONU haya lanzado esa propuesta, haciendo énfasis en el combate a la pobreza, ya que esta es la violación a los derechos humanos más extendida del planeta y además es causa de otras muchas violaciones. Los 8 objetivos, y sus metas, están entre las preocupaciones de todos los movimientos sociales del mundo. Además, el hecho de que las metas sean numéricas y tengan plazo determinado, obliga a los gobiernos a extremar sus responsabilidades para asegurar su cumplimiento. También es positivo que tanto los gobiernos como los organismos financieros y agencias donantes asignen fondos para combatir la pobreza y los otros problemas listados en los ODM.

 

Sin embargo, debemos resaltar que a pesar de los esfuerzos de las organizaciones de mujeres, no se logró que todos los ODM tuvieran enfoque de género. La equidad de género y la autonomía de las mujeres han sido colocadas en un solo objetivo, cuando estos elementos son indispensables para el logro de todos ellos. Vemos con preocupación este planteo reduccionista y que la mayoría de las metas sean ciegas a las diferencias de género. Los logros de las Conferencias de la Mujer (de México a Beijing), al igual que las demás Conferencias mundiales de la década del 90 (de la Cumbre de Río en el 92 a la de Hábitat del 96), que emitieron Programas de Acción con una agenda política global, como las de El Cairo y Beijing, se ven de esta manera limitados a un solo objetivo. Si bien los documentos emitidos por la ONU no se desplazan entre sí, las agendas de los gobiernos y de algunas agencias donantes están otorgando más importancia a los ODM que al cumplimiento de los otros Programas, incluida la Plataforma de Acción de las Mujeres de Beijing, que corre el riesgo de ser relegada al olvido. En los reportes de seguimiento a los ODM de los países ya se puede observar la ceguera de género en 7 de los 8 ODM.

 

 

1. La Pobreza de las mujeres y el ODM 1: (erradicar la pobreza)

 

La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995) comprometieron a los gobiernos  a “lograr la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos económicos, en especial al trabajo, para reducir la pobreza de las mujeres y asegurar una mejor calidad de vida”.

 

Para América Latina y el Caribe, la región con distribución de recursos e ingresos más injusta del mundo, la igualdad de oportunidades para acceder a los recursos no es un tema menor. Para lograr la igualdad se requieren programas de redistribución de la riqueza que disminuyan significativamente la brecha entre los más ricos y los más pobres y entre mujeres y varones. Sin ellos, no habrá posibilidades de desarrollo reales

 

Las políticas neoliberales impuestas en nuestros países tienen como efecto la reproducción de nuevas y diferentes relaciones patriarcales, al excluir del sistema principalmente a las mujeres. Los niveles de pobreza y desigualdad  son una amenaza a la democracia y a la vigencia de los derechos humanos. Constatamos que ya no rigen los principios de universalidad de las políticas públicas; sino la lógica de un “patrón mínimo” de actuación estatal en la reducción de la pobreza, congruentes con las políticas de ajuste estructural. En este contexto las más pobres entre los pobres son las mujeres.

 

Si bien ha aumentado la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, aún siguen percibiendo sólo entre el 60% y el 70% de los ingresos de los hombres; están insertas en mayor proporción en los sectores informales de la economía; con menor seguridad y protección social. Esta situación se agrava cuando se cruzan con otras causales de opresión, como las étnico-raciales, que pueden significar mayores niveles de informalidad y menores salarios. Las condiciones de trabajo son cada vez más precarizadas y con menores oportunidades de acceder a programas que tengan en cuenta el cuidado de los niños y las bajas por maternidad. El sistema imperante lleva a aumentar la carga de trabajo de las mujeres y se insertan al trabajo formal, sin abandonar las labores tradicionales en el mundo privado.

 

La mayor parte del trabajo que realizan las mujeres no está remunerado, y por tanto, está excluido del cálculo del Producto Nacional Bruto. Las instituciones financieras internacionales tienen una deuda pendiente con las mujeres, ya que durante la Conferencia de Beijing, se comprometieron a incorporar indicadores para medir el trabajo impago de las mujeres en las cuentas nacionales. De esa manera, las energías puestas para mantener el hogar, criar y educar a niñas y niños, cuidar a las personas enfermas, ancianas o con capacidades diferentes de la familia, serían visibilizadas. 

 

Mujeres y hombres acceden en forma desigual a la vivienda urbana (ODM 7). Los cinturones de pobreza de las ciudades nos muestran viviendas urbanas de mala calidad y  las legislaciones no garantizan adecuadamente la propiedad de la tierra a las mujeres. Los asentamientos irregulares son salidas alternativas al déficit de la vivienda urbana; mientras que la respuesta estatal es el desplazamiento y desalojos forzosos donde las mujeres son las principales víctimas de violencia. Las políticas neoliberales han impuesto el  incremento de las tarifas de servicios públicos que, en los barrios populares, actúan como factores de expulsión de las viviendas al no poder absorber los costos. Esto hace que aumente el número de personas viviendo en tugurios. Por otro lado, se ha traspasado al sector privado la construcción de la vivienda social, recortando los subsidios de vivienda, afectando al desplazamiento de las poblaciones urbanas, con un alto número de mujeres perjudicadas. Esto conlleva a la necesidad de promover los derechos de las mujeres al acceso, tenencia y propiedad de las viviendas.

 

La tierra es un instrumento de trabajo que está distribuida de manera desigual, siendo las más afectadas las mujeres, quienes por prácticas tradicionales o trabas legales, son perjudicadas para acceder a la misma. En muchas comunidades indígenas se considera que el varón es el único que debe trabajar la tierra. La ley estatal que ordena la igualdad entre varones y mujeres no incluye a las tierras de las comunidades indígenas, situación que deja en una desventaja total a muchas mujeres que son solteras, divorciadas, viudas quienes no tienen la posibilidad de acceder a la titularidad de la tierra, situación que también  implica que no pueden participar con derecho a voz y voto en los sindicatos agrarios. En otros casos son despojadas de la propiedad de la tierra cuando se ha producido el divorcio, viudez o soltería de las mujeres. Este tema es uno de los que más desigualdad de género ha producido y ha generado mayor pobreza a las mujeres del área rural en varios países[1]. La alta concentración de las tierras rurales y urbanas exige la aplicación de políticas de redistribución de la propiedad con equidad de género y el Estado no puede desligarse de su responsabilidad de garantizar la equidad entre varones y mujeres para todos sus habitantes, incluso para las mujeres indígenas.

 

 

2. El compromiso de los Estados para lograr la Igualdad entre los géneros y el ODM 3.

 

En Beijing, los Estados se comprometieron a asignar recursos suficientes a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer así como a todas las instituciones que puedan contribuir a la implementación de la Plataforma de Acción. Esto requería la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas y la financiación adecuada para su implementación; cambios de las políticas presupuestarias y reasignación de recursos; y el compromiso de revisar sistemáticamente la manera en que las mujeres se benefician de los gastos del sector público. Así mismo se comprometieron a la reducción de los gastos militares excesivos y las inversiones para la producción y adquisición de armas de manera compatible con las necesidades de seguridad nacional. Estas acciones no se han concretado.

 

En los últimos diez años, se hicieron esfuerzos considerables para lograr la igualdad formal entre mujeres y varones. A pesar de ello, aún se mantienen leyes discriminatorias, sobre todo en los códigos penales, en especial aquellas que permiten al violador quedar libre de pena ofreciendo matrimonio a la víctima. También existen dificultades para la ratificación del Protocolo Opcional de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.[2]

 

También observamos un aumento de la participación política de las mujeres en ámbitos públicos formales e informales. Entre los primeros, las instancias de gobierno (nacionales y locales), partidos políticos, sindicatos. Entre las segundas, se destaca  netamente su participación en organizaciones no gubernamentales de todo tipo, agrupamientos, redes y servicios barriales y comunitarios, y también en los movimientos sociales; en particular el feminista, el foro social mundial y los movimientos contestatarios a la corriente neoliberal que predominó en nuestra región en la década de los 90.

 

Esta creciente participación estuvo sustentada en una ola de mecanismos destinados a ello, como los cupos femeninos en cargos electivos gubernamentales  y no gubernamentales (como por ejemplo la dirigencia partidaria o sindical). También fue motorizado por la creación, en todo el mundo, de las llamadas “oficinas mujer” en los diferentes niveles de los gobiernos, las que llevaron adelante – de manera no siempre sistemática o sustentable – acciones destinadas a promover la participación de un creciente número de mujeres. Sin embargo, la segregación horizontal y vertical en los diversos ámbitos persiste. Sigue constatándose, en términos generales, una relación inversa entre el grado de poder y rédito económico que rodea un determinado cargo o función y la posibilidad de que esté ocupado por una mujer. Será necesario seguir insistiendo en la importancia de promover a las mujeres que sostienen concepciones políticas basadas en la perspectiva de género a los cargos de poder de todo tipo, y confiar en que puedan resistir los embates del poder sexista y patriarcal de modo de contribuir a formar una masa crítica que tenga posibilidades de tener una verdadera incidencia en las políticas generales de la región,

 

En cuanto a la educación (ODM 2,), la mayor escolaridad de las mujeres no significa de manera alguna la transformación de los roles estereotipados existentes en la sociedad que responsabilizan a las mujeres del cuidado y atención de sus hijos/as, de la gestión de mejoras para su comunidad  y, en un porcentaje cada vez mayor, de garantizar el sustento económico de la familia. Las mujeres, además de asumir los nuevos roles que exige la situación de precariedad en la que vive más del 70% de la población, no han podido liberarse ni tan siquiera parcialmente de los roles tradicionales.  

 

En relación a la prevención y sanción de la violencia contra la mujer se aprobaron leyes y se crearon instancias para prevenir la violencia, en general, en el ámbito doméstico. La mayoría de estas leyes son declarativas y preventivas y no contemplan sanciones penales. Las mujeres rurales, o las alejadas de los centros urbanos, no cuentan con servicios o asesoramiento apropiados para enfrentar ese problema. También constatamos el aumento de la gravedad de los casos de violencia, que llega a su máxima expresión con los femicidios. El caso de Ciudad Juárez es emblemático por un lado, de la impunidad de los agresores y por otro, de la sensación de indefensión e impotencia que viven las mujeres.  Así también, el caso de Guatemala que ya superó el caso de femicidios al de Ciudad Juárez.

 

Continúan existiendo grandes dificultades para acceder a la justicia por parte de las mujeres. Esto tiene como consecuencia que muchas denuncias y procesos por agresiones sufridas no se realicen, continúen o lleguen a sentencia, aumentando los niveles de impunidad en casos de violencia de género.

 

Otro lacerante problema en la región, es el crecimiento de la prostitución, en especial entre las niñas. La explotación sexual de las mujeres y las niñas se ha convertido en un negocio floreciente para miles de proxenetas, y tiene conexiones con delitos como el tráfico de personas y la pornografía infantil. Si bien la mayoría de los Estados acepta que en estos casos se atenta contra los derechos humanos de las mujeres, no todos los países han tomado medidas adecuadas para enfrentar el problema. La regulación de la prostitución por parte del Estado, en la mayoría de los casos, genera una red de corrupción que incluye a funcionarios del gobierno, empresarios de locales nocturnos, jueces y policías, creando a la vez, una categoría de mujeres en situación vulnerable y altamente estigmatizadas.

 

En síntesis, tal como señala Bourdieu el depredador actúa no sólo discriminando jurídicamente, es decir, estableciendo dos estatus diferentes a los sexos, las etnias, las razas o las clases sino, lo que es mucho más complicado de ilustrar, ocultando las causas reales de las diferencias de clase, sexo o etnia: la desigualdad material en el proceso de división social del trabajo y la consecuente exclusión del ámbito de lo político; lugares donde las actividades públicas y privadas deberían instituir el espacio de la lucha por la dignidad, y no, como ocurre, desde la “firma” del contrato social, ser el espacio de la renuncia al poder ciudadano.[3]

 

 

3.  Los derechos sexuales, los derechos reproductivos y el ODM 5

 

Este objetivo reflejaría mejor lo propuesto en la PAM si exigiera el respeto pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que no son nombrados dentro de los ODM. El ODM número 5, no podrá cumplirse si los gobiernos no implementan algunos cambios mínimos propuestos tanto en el Plan de El Cairo como en la PAM de Beijing. Muchas de las llamadas muertes maternas son de mujeres que no han podido ejercer adecuadamente sus derechos sexuales y reproductivos y que no han tenido autonomía sobre sus cuerpos, especialmente, cuando no desean ser madres. Un paso importante para reducir esas muertes sería despenalizar el aborto, que en la mayoría de los países de la región aún es un crimen, incluso cuando una mujer es violada o el feto es inviable.

 

Debemos señalar, además, la dificultad que todavía existe, tanto conceptualmente como en las prácticas públicas y privadas, para establecer que son parte de los derechos humanos básicos. Esta dificultad para sostener plenamente los derechos humanos tiene consecuencias en la legislación y las políticas públicas, pero también en áreas no estatales como los medios de comunicación, las orientaciones institucionales, la opinión pública y la vida familiar. Esto explica, por ejemplo, que la educación sexual en todos los niveles del sistema educativo formal todavía esté lejos de estar instalada en toda la región.

 

A esto se suma un obstáculo importante para la vigencia de estos derechos que es el accionar sistemático de fuerzas conservadoras y fundamentalistas que intentan limitarlos severamente. Por su parte, los estados nacionales y locales se debaten en contradicciones político-institucionales y económicas que se traducen en cifras y realidades todavía muy alejadas de las metas deseables en términos de muerte materna, embarazos en la adolescencia, feminización del VIH-SIDA, violencia sexual y permanencia de normas culturales discriminatorias hacia la mujer en el terreno de la sexualidad.

 

De otro lado, a nivel de normativas legales, el desarrollo es disparejo. Mientras algunos países han avanzado, otros han retrocedido, sobre todo aumentando la penalización del aborto[4]. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la falta de implementación de las normativas existentes. Por ejemplo, “en ningún país está garantizada la total disposición de la variedad de métodos anticonceptivos para la población en general”[5]. En cuanto a la sexualidad, se registra una debilidad en su tratamiento jurídico, por lo que todavía se está lejos de garantizar de manera efectiva el derecho a una sexualidad libre, placentera y responsable, y a los medios para ejercerla sin coerción.

 

Finalmente debemos señalar que, en nuestra región, los estados nacionales y sus mandatarios tienen dificultades para asumir que deben legislar para toda la población y, por tanto, no deben ceder ante presiones de sectores dominantes que tienen posiciones contrarias a los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo la jerarquía de la iglesia católica. Legislar en nombre de una supuesta mayoría católica supone un acto de discriminación para quienes no lo son.

 

 

4.  El Fomento del desarrollo con equidad y el ODM 8

 

No habrá posibilidades de desarrollo para los países más pobres si no se revisan los mecanismos abusivos y poco transparentes de comercio internacional, implementados actualmente a través de la OMC, donde los derechos humanos y la equidad de género son premisas inexistentes. Difícilmente se puedan reducir las asimetrías si no se imponen reglas de comercio justas y transparentes y se enmarcan los tratados de libre comercio en los principios de derechos humanos, incluyendo el derecho a no ser discriminada por sexo.

 

El recorte de gastos estatales realizado para pagar los servicios de la deuda externa disminuye las posibilidades de las mujeres de acceder a servicios de salud, educación o cuidado comunitario. Debe condonarse el pago de la deuda externa que agobia a los países más pobres y establecerse  un compromiso serio de ayuda por parte de los países más ricos.

 

En las metas no se plantea la reducción de gastos militares, o de la sobredimensionada inversión en seguridad, que están insumiendo la mayor parte de la ayuda para el desarrollo, ni se incluyen metas que impliquen la búsqueda de la paz. El efecto de los conflictos armados en las vidas y cuerpos de las mujeres, es particularmente dañoso e impide su desarrollo personal y colectivo.

 

La ayuda que reciben las organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres es mínima, comparada con las de las organizaciones “tradicionales” de derechos humanos. Debe tenerse en consideración el inmenso aporte realizado por estas organizaciones para promover la igualdad de género en la región y dotarlas de los fondos necesarios para continuar y potenciar su trabajo.

 

 

5.  Estas preocupaciones nos llevan a hacer las siguientes propuestas:

 

·     Que tanto gobiernos como agencias donantes e instituciones financieras, garanticen la implementación de la Plataforma de Acción de las Mujeres de Beijing y el Programa de Acción de El Cairo, así como todos los tratados y programas que los obligan y comprometen a erradicar la discriminación de g