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Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer

REUNION DE ALTAS AUTORIDADES DE DERECHOS HUMANOS DEL MERCOSUR Y PAISES ASOCIADOS

CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer, desea sumarse a los esfuerzos de todos los participantes en la III Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías (RADDHH) del MERCOSUR y presentar este pronunciamiento a los Estados miembros y asociados del MERCOSUR.

En primer lugar, expresamos nuestra satisfacción por los esfuerzos en consolidar la RADDHH como un espacio de búsqueda de convergencias en políticas públicas de derechos humanos en la región. Así como valorar el espacio de participación abierto para la Sociedad Civil. Sin embargo, observamos con perplejidad la ausencia de la perspectiva de género en la agenda de trabajo, a pesar de que todos los temas tratados se encuentran atravesados por el género.

Es innegable el avance que representa la incorporación de los derechos de las humanas en la agenda nacional e internacional de derechos humanos. Los gobiernos de la región se comprometieron a hacer avanzar la igualdad entre los géneros y los derechos de las mujeres. En el marco del Programa de Acción de Viena los derechos humanos de la mujer y de la niña son considerados como “parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales y contempla la plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.”

Por eso, los derechos humanos de las mujeres deben ser parte integrante de la agenda de derechos humanos de la comunidad internacional, de los estados y de toda la sociedad civil de la región. En particular, la promoción de todos los instrumentos de derechos humanos relacionados con la mujer (el caso del Protocolo facultativo a la CEDAW, por ejemplo).

En este sentido, consideramos que es fundamental:

Proteger y fortalecer las institucionalidades específicas de las mujeres: La Reunión especializada de la Mujer del MERCOSUR (R.E.M.)

Dadas las condiciones, consideramos e instamos al fortalecimiento de este órgano.

En la medida que falta mucho para que efectivamente se transversalice en los demás órganos, tradicionalmente mixtos y hasta que eso no se consiga de manera constante y como una política -y no respondiendo a cuestiones coyunturales que pueden darse o no darse, como lo eficientes que puedan ser determinados/as funcionarios/as, etc-, creemos e instamos a las Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías (RADDHH) del MERCOSUR a brindarle mayor participación, espacio y recursos a la REM.

Consideramos igualmente clave, diseñar mecanismos que permitan articular temas y agendas de trabajo para garantizar avanzar las legislaciones  Derechos Humanos con perspectiva de género.

Garantizar la participación amplia de la sociedad civil. Que estos espacios no sean usados como guetos, feudos o espacios de preferencias para determinadas organizaciones, pero esto en TODOS los espacios y como una política de democracia elemental dentro de las instancias intergubernamentales.

Supremacía de los derechos humanos en los Tratados de Comercio. Consideramos clave que la RADDHH ratifique el compromiso de que los estados propicien la adopción de las decisiones necesarias para garantizar que en los tratados comerciales y de inversiones en fase de negociación contemplen la protección de los derechos humanos.

Fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Resulta urgente y prioritario asignar recursos suficientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de la Mujer(CIM)., a fin de garantizar las acciones de vigilancia y monitoreo a los estados parte en el cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos ratificados.