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INFORME ALTERNATIVO AL SEXTO INFORME OFICIAL PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE NICARAGUA ANTE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Elaborado por:

Movimiento Autónomo de Mujeres

Comité de Lucha por los Derechos de la Mujer para América Latina y el Caribe (CLADEM-Nicaragua)

RESUMEN EJECUTIVO

Presentación

Este informe surge del convencimiento de la importancia de proporcionar insumos a las expertas del Comité CEDAW para el análisis comparativo de nuestras realidades, la generación de recomendaciones pertinentes al gobierno nicaragüense y el correspondiente seguimiento al cumplimiento de las mismas.

Teniendo como referente que los obstáculos  al avance de la igualdad de género en Nicaragua y desde  el análisis de la discriminación por razones de género en sus dimensiones de hecho y de derecho, se manifiestan por dos aspectos relevados de manera particular: el creciente aumento de la violencia por razones de género en los ámbitos públicos y privados y la situación y papel de los mecanismos institucionales existentes, responsables de coadyuvar a su eliminación.

Introducción

De manera que es determinante señalar que durante los últimos cinco años, se han agudizado las tensiones que se señalaban en los Informes Alternativos a los 4_ y 5_ oficiales, derivadas de la concreción del pacto político entre las fuerzas partidarias. Hecho que ha allanado el camino para la instauración del bipartidismo, elevado los niveles de corrupción e instituido la promoción gubernamental de valores que refuerzan roles y estereotipos negativos para las mujeres, teniendo como marco el establecimiento de una alianza con los sectores más conservadores de la Iglesia católica, representada por su alta jerarquía, lo que se materializa en el continuo irrespeto del carácter laico del Estado nicaragüense.

Estas observaciones tuvieron su peor escenario, en el mes de octubre del año 2006, cuando como parte de los compromisos asumidos frente a la jerarquía católica y otros grupos religiosos en el marco del proceso electoral de noviembre del mismo año, la Asamblea Nacional con el voto favorable de la mayoría de los diputados y diputadas de los partidos que controlan el poder legislativo y ejecutivo derogó del Código Penal las disposiciones que legalizaban el aborto terapéutico, pese a las demandas y protesta de las organizaciones de mujeres y amplios sectores de la población.

Esta decisión fue posible por los votos de los parlamentarios del Partido que hoy gobierna el país, incluyendo entre ellos a las actuales Directoras y Sub Directoras del mecanismo para el adelanto a la mujer.

La Situación de las Mujeres

Prevalece en el sustrato estructural y político cultural de quienes controlan los poderes públicos, una mentalidad discriminatoria que se traduce en ausencia de voluntad política y se manifiesta entre otros hechos, en lo siguiente:

Al mecanismo institucional no se le proporcionan suficientes recursos para el cumplimiento efectivo de su finalidad. Disponiendo de menos del 1 % del Presupuesto General de la Republica.

Ha subyacido la visión de no considerar la autonomía e independencia de la mujer como sujeto de derecho, sino que sigue siendo visualizada como un “ser para otros”, desde la concepción mujer igual a familia.

La abierta ingerencia e influencia de grupos confesionales en la elaboración de políticas públicas.

Los obstáculos institucionales que afectan el acceso de las mujeres a una justicia efectiva y en igualdad de derechos.

Violencia por razones de Género

De manera que, la falta de voluntad política e insuficiencia de recursos hace que la problemática de la mujer dependa de la cooperación internacional y de las ONGs de Mujeres, especialmente en lo que a atención de la violencia se refiere.

La falta de protección y seguridad de la vida de las mujeres es un hecho constatable y creciente, que se manifiesta en su vida diaria a todos los niveles sociales y económicos y se expresa en forma de maltrato físico, psicológico, sexual, patrimonial y en los últimos años en los asesinatos cometidos por hombres de su círculo afectivo.

Existe una real impunidad de la cual gozan los agresores, en detrimento de la integridad personal de las mujeres, hecho que propicia a su vez, que no se acuda al sistema en demanda de justicia, creándose en consecuencia una falsa percepción de disminución del problema.

Al círculo de la impunidad provocada por el sistema, al desaliento en las victimas, se une la falta de respuestas efectivas, oportunas e inmediatas, con lo cual la vida de las mujeres peligra aun más, por lo que no es casual el incremento de femicidios en los últimos años.

Según datos proporcionados por la Policía Nacional, los femicidios en Nicaragua han venido creciendo progresivamente a partir del año 2003 hasta el 2005; en 6 años (2000-2005) los femicidios se han más que duplicado, pasando de 29 en el 2000 a 65 en el 2005. En el mismo período se han más que triplicado los episodios de violencia intrafamiliar y los delitos sexuales.

En diciembre de 2003 entró en vigencia el Código Procesal Penal y pese a que se han disminuido los plazos para la resolución de casos más de la mitad de las sentencias en materia penal son de carácter absolutorio en detrimento de la protección de la integridad personal de las mujeres y se ha constatado que se recurre a la mediación para resolver casos sobre delitos sexuales.

La falta de institucionalidad, el control partidario al que son sometidos los tribunales de justicia y la permeabilidad a la corrupción, son, a la fecha, los principales obstáculos para que las mujeres accedan a la justicia de manera oportuna y eficaz.

En la Asamblea Nacional está pendiente de aprobación un nuevo Código Penal en el que no se avanza en la protección de los derechos de las mujeres, sino todo lo contrario, por ejemplo el Título que hoy se conoce como Protección a la Integridad Personal que comprende los aspectos físicos, emocionales, sociales y morales pasará a llamarse Protección Física y Sexual, con lo cual deja sin regulación los hechos de violencia que afectan las dimensiones emocionales, sociales. Por otra parte la aprobación de una Ley de Igualdad de Derechos se ha visto imposibilitada de realizarse por presiones de grupos de las iglesias católica y denominaciones evangélicas que han pretendido entre otros reducir el término género a lo biológico, negando la construcción social-cultural que el mismo tiene.

Conclusiones

En Nicaragua no se aplica en general los compromisos en materia de derechos humanos asumidos. Se violentan permanentemente los principios básicos del Estado Social de Derechos.

Las mujeres no son consideradas ciudadanas en toda la amplitud del concepto, prevaleciendo la concepción de que su valor está referida solamente a su calidad de reproductora de la especie humana.

La violación de sus derechos se expresa en todos los ordenes y dimensiones: económico, laborales, sociales, políticos, ya que están excluidas de la toma de decisiones fundamentales.

Por ello reafirmamos nuestro convencimiento que únicamente luchando contra la tendencia de cierre del sistema político y el autoritarismo, es que se podrán ampliar las oportunidades para nuestra emancipación plena y la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

Recomendaciones

1-    La restitución del aborto terapéutico en la legislación nacional.

2-    La aprobación de una Ley de Igualdad acorde con los derechos de las mujeres contendidos en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

3-    La aprobación de un Código Penal que tome en cuenta la integridad personal de las mujeres. Así como la revisión del actual Código Procesal Penal.

4-    El mantenimiento de los actuales derechos relativos a la igualdad formal y material contenidos en la Constitución Política del país.

5-    La aprobación y ratificación del Protocolo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Reporte alternativo completo

•   Anexo 1: Doc. Conferencia Episcopal

•   Anexo 2: Pacto entre fundamentalista