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Informe Alternativo de Monitoreo a la CEDAW de El Salvador

Presentación:

Las Organización de las Naciones Unidas, surge en 1945 a partir de la reflexión de los Gobiernos sobre la catástrofe y la devastación social que puede ocasionar la mano del hombre cuando se pone al servicio de la guerra.

En 1948 y con el impulso de Eleonora Roosevelt, se aprueba en el seno de las Naciones Unidas La Declaración Universal de Derechos del Hombre, siendo el primer instrumento moderno de reconocimiento y protección de los Derechos Humanos, reconocemos su enfoque androcéntrico y comprendemos que responde al momento histórico y al desarrollo del pensamiento de Derechos Humanos.

La innegable realidad de las mujeres a nivel mundial, se impuso en la discusión en materia de Derechos Humanos, y desde las Naciones Unidas se experimentó un avance sustantivo al aprobar en 1967 la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, precedente importante para la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en diciembre de 1979.

El Salvador ratificó la CEDAW el 2 de junio de 1981, por lo cual desde ese momento es Ley de la República de El Salvador, estando comprometido el país en adecuar leyes, adoptar medidas, definir, políticas, planes, programas y estrategias que respondan nacionalmente al espíritu de la CEDAW, con el objetivo de erradicar tanto del ordenamiento jurídico como de sus prácticas Institucionales, todas aquellas acciones que directa o por resultado signifiquen discriminación contra la mujer en el ámbito público como en el privado.

Con el fin de monitorear la implementación y cumplimiento de la CEDAW, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, solicita a los Estados partes que cada 4 años presente su informe de cumplimiento y abre la posibilidad que las Organizaciones Sociales comprometidas con los Derechos Humanos presenten su Informe Alternativo de país.

El procedimiento de presentación de informes no era lo más adecuado para constatar las violaciones a los derechos de las mujeres, por lo que se hizo necesario la elaboración de un Protocolo Facultativo que permitiera algún grado de protección.

El Protocolo Facultativo de la Convención, aprobado por las Naciones Unidas en 1999, fue suscrito por El Salvador en el 2001, evidenciándose la disposición y compromiso del gobierno de promover su ratificación.

Sin embargo, el Protocolo Facultativo de la CEDAW, aún no ha sido ratificado, debido a la oposición de algunos Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa, que han sido influenciados e influenciadas por las campañas de los Grupos Fundamentalistas, que promovieron la idea que el protocolo de la CEDAW y el Comité de la CEDAW, eran Instrumentos e Instancia supranacionales que "obligarían al Estado Salvadoreño a legalizar la práctica criminal del aborto". En todo este proceso ha existido una ausencia total de posición política de la instancia rectora de la política nacional de la mujer (ISDEMU), que no ha respaldado las diferentes campañas promovidas por los grupos de mujeres en demanda de la ratificación del Protocolo.

Durante el período que abarca el presente Informe Alternativo, las Organizaciones de Mujeres permanentemente promovieron y defendieron públicamente los Derechos Humanos, especialmente de las mujeres, y han sido las que visibilizaron la Violencia de Género como violación de Derechos Humanos, así mismo han desarrollado acciones de incidencia política y acompañamiento para el diseño y aprobación de Políticas Públicas y cambios jurídicos que mejoren la Condición y Posición de las Mujeres Salvadoreñas.

Este Informe Alternativo, es el producto del esfuerzo colectivo de una diversidad de Organizaciones que en el marco del respeto, cooperación y dedicación, construyeron esta visión crítica del cumplimiento de la CEDAW en El Salvador.

En este proceso se integraron a su elaboración: Movimiento de Mujeres "Mélida Anaya Montes" (MAM), Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), Asociación Cristiana Femenina (ACF), Asociación de Mujeres "Flor de Piedra", Fundación para el Desarrollo (FUNDE), Red de Acción contra la Violencia de Género, Asociación Cooperativa de Mujeres Iberoamericanas (ACOMIEL), Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" (CEMUJER) con el apoyo del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la Mujer, (CLADEM) y las miembras del equipo de apoyo de CLADEM Aída Ruth Rodríguez Macall y Margarita Fuentes Sanabria.

Se adhirieron al Informe Alternativo el : Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), Federación de Asociaciones de Sindicatos de El Salvador (FEASIES), Asociación Cooperativa del Grupo Independiente pro Rehabilitación Integral (ACOGIPRI), Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA); Asociación Entre Amigos.

Creemos que este ejercicio de trabajo conjunto, amplio y coordinado , puede contribuir a instaurar en nuestro país, la práctica de evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno, relativos a la defensa y protección de los derechos humanos.

San Salvador, Enero del año 2003.

I. INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE LA SITUACION POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL SALVADOR

Según el criterio de las organizaciones que asumieron el compromiso histórico de sumar esfuerzos para trabajar el presente Reporte Alternativo, es indispensable colocar el contexto socio político y económico en el que se inscribe el informe.

En el Salvador, se inició un proceso de transición con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, que se caracterizó por el impulso y la ejecución de profundas transformaciones institucionales que estaban orientadas a instaurar y consolidar un régimen democrático.

La década de los años noventa constituyó para El Salvador un período de transformación de los mecanismos, formas de acceso y ejercicio del poder. Las reformas implementadas en el sistema de justicia, reorganizaron la forma de elección de la Corte Suprema de Justicia, la redefinición del Consejo Nacional de la Judicatura, la creación de la Escuela de Capacitación Judicial, la readecuación presupuestaria que otorga al Organo Judicial una cuota del presupuesto general no menor al 6 % de los ingresos corrientes. Así mismo se planteó la necesidad de crear una defensoría de los derechos humanos, a través de la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En ese período se ejecutaron diversas reformas legales (constitucionales y de leyes secundarias) y de reorganización administrativa en las estructuras y procedimientos de la administración de justicia.

Los acuerdos formales y las acciones institucionales emprendidas, sin embargo, no incorporaron de manera sustantiva la búsqueda y construcción de una cultura política a favor de la democracia. Las reformas políticas, no solamente las derivadas de los Acuerdos de Paz, no tomaron en cuenta este ámbito de la dinámica política del país. La población tiene una visión de desconfianza en los partidos políticos y de las instituciones públicas, más que de cualquier otro tipo de organización. En 1999 tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Corte Suprema de justicia y la Asamblea Legislativa, se encontraban en un nivel de confianza bastante bajo, en comparación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, que estaban mejor posicionadas frente a los ojos del público.1/

En cuanto a las reformas económicas, se impulsó un proceso bastante profundo cuya fuerza estaba puesta en la desestatización (privatización), en la desregulación (liberación de precios y poca intervención estatal) y en la desprotección (liberalización comercial). Sin embargo el proceso descuidó la modernización el Estado, el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de la igualdad de oportunidades.

En El Salvador, la relación entre crecimiento y desarrollo humano ha cambiado en los últimos años. Entre 1975 y 1980 el índice de desarrollo humano se mantuvo inalterado, pese a que el PIB per cápita crecía a tasas relativamente altas. Este crecimiento contribuyó muy poco a disminuir la pobreza y a aumentar el acceso de la población a servicios sociales básicos. En cambio entre 1980 y 1990, a pesar que el PIB per cápita decreció, el IDH aumentó debido, principalmente , a la mayor cobertura en los servicios de salud. En la década de los años noventa, tanto el PIB per cápita como el IDH aumentaron. Este último caso indica que el crecimiento logrado contribuyó a disminuir la pobreza y a mejorar el acceso a servicios sociales básicos. 2/

En lo que respecta a la discriminación contra las mujeres, algunos avances se han podido constatar con la formulación de normas, implementación de programas y creación de espacios. Sin embargo, también existen retrocesos significativos, como son la criminalización de todos los casos de aborto, reformas constitucionales, disminución de los porcentajes de mujeres en los espacios de poder y decisión, campañas sistemáticas contra la aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, absolución en casos de acoso sexual y otros casos que se expondrán en el Informe.

Se desarrollarán algunos de los artículos de la Convención que las organizaciones consideraron que eran importantes en este momento. Como son: violencia contra las mujeres, participación política, mujeres de las zonas rurales, prostitución, trabajo, educación, salud.

II.- ARTÍCULOS 1 A 3

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

El contenido de estos artículos nos permitirán abordar la realidad existente en el país, referente a la falta de medidas que para eliminar la discriminación, deberían tomarse en las diferentes instituciones del Estado, así como a la vigencia de leyes que contradicen los principios de la Convención.

1. PRINCIPIO DE IGUALDAD

La Constitución establece en el artículo 3 que “Todas las personas son iguales ante la ley, para el goce de los derechos civiles, no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión“. 3/

El concepto de NO DISCRIMINACIÓN establecido en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, no ha sido recogido ni en la Constitución ni en la legislación secundaria, encontrándonos con disposiciones como las contenidas en la Ley Procesal de Familia en donde se impone la Procuración obligatoria, lo que constituye un obstáculo para que las mujeres ejerzan su derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los hombres.4/ Es indispensable establecer ambos principios en el texto de la Constitución y de la legislación secundaria para que garanticen el respeto a los derechos humanos.

No se han adoptado medidas que respondan a planes de divulgación amplia, que contribuyan al conocimiento integral de la Convención y que proporcione herramientas a funcionarios y funcionarias públicas y a ciudadanas y ciudadanos para una efectiva aplicación de los principios de la Convención . Al respecto, es importante resaltar que se han suprimido programas que desarrollaba la Escuela de Capacitación Judicial, para la formación de Jueces y Juezas y personal del Organo Judicial , que contenían temas sobre género, violencia, derechos humanos e instrumentos internacionales con el objetivo de capacitar y sensibilizar sobre los derechos de las mujeres, para garantizar una efectiva aplicación de las leyes y Convenciones internacionales.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS

En El Salvador se creó en 1996 el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, habiéndose aprobado en 1997 la primera Política Nacional de la Mujer, con participación de diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

El ISDEMU no ha logrado constituirse en un organismo rector de la política nacional de la mujer, ya que no tiene la capacidad jurídica ni presupuestaria para definir ni implementa una política global contra la discriminación que sea asumida por las diferentes instancias del Estado y de la administración pública. No ha podido incorporar una visión de género al diseño y ejecución de políticas públicas sectoriales, ni posee mecanismos para hacer cumplir los compromisos derivados de la Convención. El ejemplo más concreto, es la falta de posición ante la negativa a la aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, que se encuentra en la Asamblea Legislativa desde hace 2 años.

Consideramos que el ISDEMU debe constituirse en una instancia desde donde se controle el cumplimiento de políticas, planes y proyectos que vayan dirigidos a eliminar la discriminación contra la mujer en forma efectiva, en coordinación con las políticas generales del gobierno, ya que de sus informes anuales se refleja una diversidad de acciones que se ejecutan en forma parcial y dispersa, la falta de mecanismos de seguimiento , la carencia de estrategias y la desvinculación con organismos que representan expresiones de la sociedad civil como los grupos de mujeres.

3. LEGISLACIÓN

EL Salvador ratificó por decreto 430 de fecha 23 de agosto de 1995, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, lo que dio origen a que por decreto 902-28 Nov., 96, se aprobara la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la cual ha sido reformada con fecha 27 de Junio-2002, considerándose incluso la violencia patrimonial como una forma de Violencia que afecta el derecho a la mujer a vivir una libre de toda forma de violencia.

Los problemas de una efectiva aplicación de la ley no se han superado debido a que son los tribunales de Familia los encargados de resolver los conflictos, lo cual ha constituido una carga de trabajo, sumándose la falta de capacitación que permita un conocimiento y apropiación de parte de Jueces y Juezas, de la realidad de la violencia y de las causas, efectos y consecuencias que afectan primordialmente en las mujeres. Se hace necesario crear más Centros de Atención psico social que son los encargados de atender extrajudicialmente a las personas involucradas en hechos de violencia intrafamiliar, para asegurar un eficiente servicio y la implementación de medidas de seguimiento. 5/

Por Decreto 1030 de fecha 26 de abril de 1997 se aprobó el Nuevo Código Penal, que entró en vigencia el 20 de abril de 1998, en el cual se introdujeron figuras penales que tienen por objeto proteger los derechos de las Mujeres, como el acoso sexual y la violencia intrafamiliar, sin embargo los tipos de penas ubican estos delitos en la categoría de menos graves, lo que hace imposible su persecución hasta obtener una condena, pues gozan de salidas alternas como la Conciliación, no tienen compensación por el daño causado como es el caso de la violencia intrafamiliar, y son considerados de menor importancia en relación incluso con delitos relativos al patrimonio. Es importante destacar que el nuevo Código Penal criminaliza todos los casos de aborto, los cuales no estaban penalizados en el Código anterior. 6/

III.- ARTÍCULO 5

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La violencia sigue siendo en El Salvador la expresión máxima de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, manifestada en todos los ámbitos de la vida. Aún con los avances en materia de Políticas Públicas como La Política Nacional de la Mujer y la Legislación sobre Violencia Intrafamiliar, subsiste la visión sexista de las mujeres y los Derechos de ésta, lo cual no ha posibilitado generar en el país la perspectiva de la Violencia de Género.

En agosto de 1995, la Asamblea Legislativa ratifica la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual por mandato establece la adecuación y formulación de leyes propias que apliquen el espíritu de la Convención; su implementación se tradujo en la Ley Contra La Violencia Intrafamiliar. el reconocimiento del delito de Violencia Intrafamiliar en el Código Penal, la consolidación del programa de Saneamiento de las relaciones familiares y la línea de emergencia del "Teléfono amigo de la familia" del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer" (ISDEMU) lo que evidencia el sesgo familista de seguir ubicando a la mujer en el espacio privado y sujeta de violencia en las relaciones familiares.

Existen algunos cambios formales en el reconocimiento del acoso sexual y la discriminación laboral como delitos penales. Sin embargo en ambos no se hace una referencia específica como Violencia de Género: el artículo 165 del Acoso Sexual se ubica en el capítulo III "Otros ataques a la Libertad sexual" define el delito en un lenguaje ambiguo "el que realizare conductas sexuales indeseadas por quien las recibe…" y la asignación de pena aún cuando se considere agravada por realizarse hacia menores de 12 años o prevaliéndose de posición de superioridad, no pasa de 2 años de cárcel y la imposición de 30 días multas, el procedimiento de denuncia pareciera más que son las víctimas las deben probar su moralidad, que un acto serio de investigación del delito. La discriminación laboral como delito relativo a los derechos Laborales 7/ se establece en un contexto amplio de discriminaciones "… en razón del sexo, estado de gravidez, origen, estado civil, raza, condición social o física, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos…".

1- VIOLENCIA SEXUAL. El código Penal vigente aprobado en 1997, reestructura las diferentes expresiones de la Violencia Sexual en el Título IV Delitos contra la Libertad Sexual, el cual está subdividido en 3 capítulos, el I "De la Violación y otras Agresiones Sexuales" que incluye 5 tipos de delitos: Violación, Violación en Menor e Incapaz, Otras agresiones Sexuales, Agresión sexual en menor e incapaz, Violación y Agresión sexual agravada; II. "Del Estupro" que incluye el estupro y el estupro por prevalimiento y III "Otros Ataques a la Libertad Sexual" que define 9 tipos penales: Acoso sexual, acto sexual diverso, corrupción de menores, inducción, promoción y favorecimiento de la prostitución, determinación de la prostitución, exhibiciones obscenas, pornografía y utilización de menores con fines pornográficos y exhibicionistas.

Consideramos un cambio importante en la actual legislación, la asunción de la propuesta de organizaciones de mujeres de ampliar la tipificación de la violación al "…acceso carnal por vía vaginal y anal…" 8/ que si bien es cierto no representa en su totalidad la propuesta ha significado un avance en reconocimiento y tipificación del mismo.

La Violencia Sexual representa uno de los mayores índices de denuncias por las mujeres, pero es difícil establecer un número real de denuncias de personas agredidas sexualmente, puesto que durante el período del informe cada Institución referente manejaba individualmente su registro y su propia tipología de denuncia.

La Unidad de Delitos contra Mujeres y Menores en la Relación Familiar de la Fiscalía General de la República recibió en el año 2000, 2512 denuncias de violaciones y otras agresiones sexuales, representando el 77.8% de las denuncias, el estupro y acoso sexual representaron el 12% respectivamente.9/

La Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL 98), realizada por la Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS) exploró por primera vez, el indicador "exposición al abuso sexual" entre mujeres de 15 a 49 años. El resultado indicó que el 5.8% de las mujeres fueron forzadas a tener relaciones sexuales al menos una vez en su vida. La FESAL en su análisis retoma los datos poblacionales de la DIGESTYC (Dirección General de Estadísticas y Censos) y considera que de la población de mujeres de 15 - 49 años para 1998 ( 1,580,574) un aproximado de 91,673 mujeres fueron forzadas a tener relaciones sexuales en alguna ocasión. 10/

En relación al Acoso Sexual, la tipificación y su proceso legal, no permite realmente hacer justicia a las mujeres, la mayoría que denuncia se encuentra con un proceso engorroso que las culpabiliza. En el 2001, 8 mujeres pertenecientes a la Policía Nacional Civil denunciaron acoso sexual por parte de jefes de alto rango policial, de ellas 3 (una agenta y 2 administrativas), interpusieron demanda en los tribunales contra el sub - director de la Academia de Seguridad Pública y el jefe de la región metropolitana de San Salvador, en los tres casos los imputados fueron sobreseídos definitivamente y las denunciantes sufrieron traslados y desprestigios al interior de la entidad Policial.

2- PATRONES Y ESTEREOTIPOS SOCIOCULTURALES. En el marco de las Políticas Públicas, la Política Nacional de Mujer en sus 10 objetivos estratégicos, especialmente el objetivo 2 relativo a la Educación, propone acciones tendientes a la eliminación del lenguaje sexista, las prácticas discriminatorias en la escuela, trabajo, salud, medios de comunicación, ha promovido la inclusión de la equidad de género como valor en el curriculo educativo formal. La Política como Instrumento Nacional tiene que ser aplicado por todas las Instancias Públicas y Municipales, el problema que identificamos, no se ubica en el aspecto formal por estar acorde a los compromisos internacionales, sino que en la "voluntad de garantizar" una implementación real, ya que ello implica adecuación de funciones e Instituciones, así como el monitoreo de procedimientos y prácticas de las y los funcionarios y empleados públicos en los diferentes niveles de autoridad.

IV. ARTÍCULO 6

SITUACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

En El Salvador, la legislación existente sobre prostitución, es de carácter punitivo y está referida a la penalización con prisión de uno a tres años, para quienes induzcan, promuevan y favorezcan la prostitución en menores de edad. 11/

Las acciones que realizan las instituciones estatales dedicadas a la protección de los derechos humanos de la niñez se reducen únicamente a acciones de detención o allanamientos en los negocios (prostíbulos) en donde se han identificado menores de edad, pero las alternativas que les presentan es el internamiento en un centro de menores que no contribuye a resolver el problema de la explotación.

No existen instituciones que desarrollen políticas dirigidas a suprimir o disminuir la explotación de mujeres, desde las instancias gubernamentales, solamente funcionan organismos de mujeres que ejecutan proyectos con esta finalidad.

No existe una política de abordaje integral el fenómeno de la prostitución que contemple acciones reales para la prevención de la explotación sexual de menores; programas alternativos para mujeres que deseen voluntariamente retirarse del ejercicio de la prostitución; programas de seguridad, reconocimiento y de respeto a sus derechos humanos.

Los agentes municipales se encargan de multar a las mujeres, el Ministerio de Salud Pública no presta mayor interés por las condiciones de insalubridad en las que muchas mujeres que comercializan sexo realizan su actividad.

Desde el Ministerio de Educación poco se realizan acciones educativas masivas encaminadas a la transformación de las concepciones patriarcales de una sociedad que acepta y reproduce valores basados en la subordinación, discriminación y explotación de las mujeres y que reproducen la superioridad masculina y posiciones de doble moral.

Los tratados y las convenciones internacionales firmadas por el Estado Salvadoreño serán inoperantes si éstas no van acompañadas de políticas económicas que beneficien a la mayoría de la población. Al firmar tratados de libre comercio y al impulsar las actuales medidas económicas está llevando a que más familias y de éstas las mujeres, se dediquen a actividades de sobre vivencia, que afectan su salud y su dignidad personal.

Existe una Ordenanza Municipal en San Salvador, la capital de la República que sanciona el comercio sexual, con multas de doscientos cincuenta a mas de cien dólares. 12/

V. ARTÍCULO 7

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA

El Estado salvadoreño reconoce legal y formalmente el derecho al sufragio; el derecho a asociarse para constituir partidos políticos e ingresar a los ya constituidos, el derecho a optar a cargos públicos, en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 13/

Después del derecho al voto alcanzado en 1950; del acceso a cargos de dirección en el gobierno, iniciado en los años sesenta; del significativo acceso a cargos de elección popular desde la década de los años ochenta y de la participación de la mujer en Concejos Municipales, desde los años noventa, no se registran avances en la participación de la mujer en la vida política y pública de El Salvador, sino que, por el contrario, preocupantes retrocesos.

En los últimos cinco años (período 1998-2002) no ha sido adoptada ninguna nueva normativa que garantice la participación de la mujer en la vida pública y política sin discriminación.

FORMAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL SALVADOR PARA ACCEDER A CARGOS PÚBLICOS

• Elección popular: Presidencia y Vice Presidencia de la República, Diputados/Diputadas a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano, Concejalas/Concejales de los Municipios.

• Votación Nominal y pública: Diputadas y Diputados eligen para los Cargos de: Designado/a a la Presidencia de la República; Presidencia y Magistrados/as del Organo Judicial y Corte Suprema de Justicia; Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura; Presidente/a y Magistrados/as del Tribunal Supremo Electoral; Presidente/a y Magistrados/as de la Corte de Cuentas de la República; Procurador/a para la Defensa de los Derechos Humanos, Fiscal General de la República, Procurador/a General de la República.

• Por nombramiento: Para ocupar diferentes cargos administrativos en el sector público.
  
  

A- POLÍTICAS, MEDIDAS Y PROGRAMAS ADOPTADOS POR EL ESTADO SALVADOREÑO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, creado en 1996 desarrolló acciones tales como: El establecimiento de compromisos para asesorar a los Concejos Municipales, en materia de género y la adopción de medidas para la creación de la Unidad de Género en el Instituto de Desarrollo Municipal.

El ISDEMU y el Tribunal Supremo Electoral, desarrollaron un Plan de fortalecimiento de la participación ciudadana de la mujer. 14/

Como resultado de esas dos acciones se creó la Unidad de Género en la Escuela de Capacitación del Instituto de Desarrollo Municipal, asimismo el Tribunal Supremo Electoral, desarrolló 2 campañas de sensibilización-1998, 1999- para incrementar la carnetización y la votación de las mujeres a nivel nacional. E actualizó el Registro Electoral, con datos desagregados por sexo; en la Alcaldía Municipal de San Salvador, se creó la Comisión para la Equidad Genérica.

El ISDEMU no ha propuesto la realización de acciones determinantes para asegurar la eliminación de la discriminación contra la mujer en la vida política y pública; hace falta establecer mecanismos y procedimientos en el sistema de partidos políticos, tendientes a garantizar la participación con equidad de mujeres y hombres en los cargos públicos de elección popular. Es necesario que se desarrollen campañas que promuevan el derecho de las mujeres a optar y ejercer cargos públicos en igualdad de oportunidades y en las mismas condiciones que los hombres.

B- PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN CARGOS POLÍTICOS Y PÚBLICOS DE TOMA DE DECISIÓN

1. ÓRGANO EJECUTIVO

En 1999 asume la Presidencia de la República el Licenciado Francisco Flores. Su fórmula era masculina, sin embargo su oponente llevaba una fórmula mixta.

Ese gobierno, que continúa en su período presidencial, se inició con un total de tres mujeres Ministras sobre un total de diez Ministerios, lo que significa un 30 %; este porcentaje se redujo posteriormente al 10% .

El primero y segundo designados a la Presidencia, son hombres sin ninguna experiencia previa en política, requisito que suele exigirse a las mujeres, siendo por lo tanto de un 0% el porcentaje de mujeres designadas a la presidencia de la República.

Dos de los tres cargos principales del Ministerio Público: el de Fiscal General de la República y el de Procurador General de la República, son ocupados por hombres; una mujer ocupa el cargo de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Constituyendo la participación de la mujer en el Ministerio Público, un 33.33%.

2. ÓRGANO JUDICIAL

En la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional es la de mayor relevancia en la vida política del país. Nunca ha sido una mujer la Presidenta de esa Sala, en consecuencia nunca ha sido una mujer Presidenta de la Corte Suprema. La Sala de lo Penal, que tiene el más alto poder punitivo del Estado no tiene representación de mujeres. En la Sala de lo Contencioso Administrativo, solamente en el período anterior hubo una mujer Magistrada y otra en la Sala de lo Civil. En la actual Corte son dos mujeres Magistradas las que forman parte de la Sala de lo Civil que decide sobre el derecho patrimonial y social, constituyendo un 14% del total de Magistrados.

En las magistraturas de Cámara o de segunda instancia, las mujeres alcanzan un 9% de los cargos; en los tribunales de primera instancia, un 30 % son mujeres Juezas; el los tribunales de Paz, un 44 % son mujeres, a nivel nacional.

A excepción de la Corte Suprema, la tendencia en el Organo Judicial constituye discriminación cualitativa ya que se determina a mayor jerarquía, menor participación de mujeres en cargos de dirección y decisión.

No existe legislación que establezca acciones positivas en el ámbito del Organo Judicial, para la participación de mujeres.

3. ÓRGANO LEGISLATIVO

En la anterior Asamblea Legislativa ( 1997-2000), la participación de las mujeres alcanzó el 17% frente a un 83% de hombres de un total de 84. En la actual Asamblea 2000-2003, solamente participa un 9.5% de mujeres, frente a un 90.5% de hombres. Ha habido una drástica reducción cualitativa y cuantitativa de participación de mujeres en dicho Organo del Estado.

Es importante señalar como persiste la tendencia a la exclusión de las mujeres parlamentarias, tanto de la Junta Directiva como de la Comisión Política, que son las dos estructuras internas donde se concentra el poder real. Actualmente solamente una Diputada forma parte de esas instancias.

4. GOBIERNOS LOCALES

Se observa la misma tendencia a la discriminación hacia las mujeres que participan en dichos espacios. En la medida que aumenta la importancia del cargo, disminuye el número de mujeres. Actualmente un 8% de las Alcaldías están dirigidas por mujeres; un 12 % son Síndicas y un 20%, Regidoras.

5. PARTIDOS POLÍTICOS

En los partidos políticos persiste la tendencia a la reducción cualitativa en los cargos de dirección y decisión. El partido de gobierno, ARENA, tiene en su máximo organismo de dirección un total de 13 miembros, de los cuales 2 son mujeres, constituyendo un 15.38 %. El partido FMLN, que constituye el primer partido de oposición, tiene en su máximo organismo de dirección un total de 56 miembros, de los cuales 20 son mujeres, constituyendo un 35.7%; en la Comisión Política, de un total de 18 miembros, solamente 8 son mujeres, lo que representa un 44.44 %.

6. ORGANIZACIONES GREMIALES

En el sector público, la participación de mujeres en las directivas como la de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, AGEPYM, alcanza un 18 % ; en la Asociación de Trabajadores Municipales, ASTRAM, un 11 %; en la Asociación de Trabajadores del ORGANO judicial, ASTOJ, un 44 %. En el sector privado, la Asociación Nacional de la Empresa Privada cuenta con un 13 % de mujeres en la directiva; en la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, un 23 % de participación de mujeres.

VI. ARTÍCULO 10

DERECHO DE LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN

SISTEMA EDUCATIVO DEL PAÍS

La Constitución en el artículo 53, establece que la obligación y finalidad primordial del Estado es la conservación, fomento y difusión de la educación. En el artículo 56 se reconoce el derecho y el deber de las y los habitantes de la República de recibir educación parvularia y básica , comprometiéndose el Estado a la formación de centros de educación especial. Se establece la gratuidad para esos niveles. El artículo 58 contempla que ”Ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivos de la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, religiosas, raciales o políticas “ 15/

El sistema educativo del país tiene dos modalidades, la educación formal que comprende los niveles inicial, parvularia, básico y medio y se imparte en establecimientos educativos autorizados, en una secuencia regular de años o ciclos colectivos, sujetos a pautas curriculares progresivas que conducen a grados y títulos; y la educación no formal que se ofrece para complementar y formar en aspectos académicos laborales sin estar sujetos al sistema de grados y títulos.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN EL PAÍS (período 1998-2001)

En 1999 el gasto destinado al desarrollo social aumentó del 24 % del gasto total al 36 %, siendo el área educación con el 17.2 % la que más recursos consumió.

El gasto público en educación en 1994 fue de 1.9 % del PIB habiendo aumentado para el año 2000 al 3%. El Ministerio de Educación ha considerado que es necesario aumentarlo a un 4 % del PIB por lo menos, con el objeto de lograr acceso universal en educación básica y dotar a las escuelas de los recursos mínimos para lograr un buen ambiente en el proceso de aprendizaje. 16/

El presupuesto del Ramo de Educación alcanzó US $ 334,972.34 en el año 2000, sin embargo, en las condiciones en que se encuentra el sistema educativo, dicho presupuesto no garantiza las condiciones necesarias para la atención de la población estudiantil.

En el año de 1997 la inversión promedio por niña/niño fue de menos de US $ 8.00.

EN 1997 había 8,218 Centros Educativos públicos a nivel nacional:

En 1997 la asistencia escolar en el Area urbana fue de 91.1 % niños y 92.2 % niñas.

En el área rural 76,2 % niños y 76.0 % niñas.

Es preocupante la disminución en el ingreso de estudiantes a la educación básica en el período comprendido entre 1997 a 2000, de 1,191.208 a 1,015.000. No se logra precisar en los datos encontrados si ese fenómeno afecta de manera especial a las niñas ya que no existen datos desagregados por sexo.

En 1999 el 29 % de la población rural mayor de 10 años de edad era analfabeta, casi triplicando el valor del área urbana. En ambas áreas la tasa de analfabetismo femenina era bastante mayor que la femenina. Del total de analfabetismo 18.1% , el porcentaje masculino era de 15.5% y el femenino de 20.4 %. En las zonas urbanas el porcentaje masculino era de 8.1 y el femenino de 12.9, en las zonas rurales de 25.8 % masculino y de 32.3 el femenino. 17/

El 82.1 % de la población rural mayor de 10 años contaba con un mínimo de educación primaria, mientras que en el área urbana más del 50 % había superado ese nivel de estudios.

En el Informe Estado de la Nación 1999, se destaca que más que el factor género, lo que más ha afectado el nivel de escolaridad de la población es la ubicación geográfica y los niveles de ingresos, así se presenta que las diferencias en el área rural eran mínimas: 3 años de estudio para hombres y 2.8 años para las mujeres, mientras que en el área urbana la diferencia era de casi un año de escolaridad: 6.9 para los hombres y 6.3 para las mujeres.

En el año 2000 se implementó un programa para disminuir el analfabetismo en coordinación con seis Universidades, dirigido a 78,000 personas de las zonas rurales y urbano marginales, el objetivo era reducir en un 12 % la tasa de analfabetismo que ascendía a 17.2 % . No se planteó la alfabetización en orden prioritario para niñas y mujeres.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL ESTEREOTIPADA

El informe del Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos de El Salvador, 1995, reporta que el Proyecto Educación para el Trabajo se diseñó como alternativa no formal de continuidad educativa para la población recién alfabetizada, estableciendo cursos planificados en los llamados “Centros de Educación Básica Integrada de Adultos“.

Dentro de las ramas ocupacionales que se diseñaron se encuentran: confección, metal, mecánica, construcción civil, alimentos, hostelería y turismo. Dentro de estos programas no se estableció la implementación de políticas tendientes a favorecer la participación de las mujeres, ni la promoción de la inserción en áreas no tradicionales.

MANEJO EDUCATIVO EN LA CIUDAD Y EN EL CAMPO. DIFERENCIAS

En 1999 el 29 % de la población rural mayor de 10 años de edad era analfabeta, casi triplicando el valor del área urbana. En ambas áreas la tasa de analfabetismo femenina era bastante mayor que la femenina. Del total de analfabetismo 18.1% , el porcentaje masculino era de 15.5% y el femenino de 20.4 %. En las zonas urbanas el porcentaje masculino era de 8.1 y el femenino de 12.9, en las zonas rurales de 25.8 % masculino y de 32.3 el femenino. 18/

El 82.1 % de la población rural mayor de 10 años contaba con un mínimo de educación primaria, mientras que en el área urbana más del 50 % había superado ese nivel de estudios.

No existen acciones de coordinación entre el Ministerio de Educación y otras dependencias del Estado como el Ministerio de Obras Públicas que se encarga de el mantenimiento de carreteras, a fin de mejorar o abrir nuevas vías de acceso en los lugares más alejados, a fin de facilitar a las y los estudiantes la llegada a los centros educativos. Este es uno de los obstáculos que predomina en las zonas rurales y que contribuye al ausentismo estudiantil.

Por otra parte, no existe una política de distribución territorial de los centros educativos, en razón de la dispersidad de las viviendas en las zonas rurales; asimismo en esas zonas, los centros educativos generalmente atienden población de niveles de los 2 primeros ciclos escolares, teniendo que viajar grandes distancias para poder continuar el siguiente ciclo obstaculizando la posibilidad de estudiantes de esas zonas rurales, de poder elevar su nivel educativo.

DESERCIÓN ESCOLAR, CAUSAS. ALTERNATIVAS DE PARTE DEL GOBIERNO

En 1998 el total de deserciones fue de 125,713.

En la ZONA URBANA: 21, 113 MUJERES Y 31, 131 HOMBRES.

En la ZONA RURAL: 33, 064 MUJERES Y 40, 400 HOMBRES.

Del total de deserciones el 58% corresponden al AREA RURAL. La mayor deserción se encuentra en los niveles básicos y medios, período en que las mujeres inician sus funciones reproductivas, circunstancias que promueven el abandono de los estudios.

Persisten las prácticas discriminatorias hacia las adolescentes embarazadas las que se ven obligadas a abandonar sus estudios. Una de las causas se identifica en que el personal de los distintos niveles educativos no han llevado en forma permanente y coordinada, procesos de capacitación/formación sobre equidad entre los géneros, expresiones del sexismo dentro y fuera del aula, el “curriculo oculto“ y otras formas de discriminación.

La falta de mecanismos de seguimiento y de políticas de evaluación no permite ponderar las actitudes y prácticas no sexistas de maestros y maestras en la enseñanza.

MEDIDAS TOMADAS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE VIH/SIDA Y PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA EL SIDA

En el período reportado se informaba sobre vida familiar, biología de la reproducción, sexualidad, sin embargo a partir de 2000 en el marco de la reforma educativa, se consolida el Programa “EDUCACION PARA LA VIDA” que comprende un enfoque integral que desde la intención de los derechos humanos, desarrolla programas de formación docente y estudiantil, prevención del VIH, violencia, sexualidad, desarrollando asimismo campañas bajo el nombre: DECÍDETE A ESPERAR, USA TU INTELIGENCIA, en coordinación con el Ministerio de salud. En el año 2001 el Ministerio de Educación, respondiendo a presiones de sectores conservadores, retiró de todo el sistema educativo un Manual llamado “ de Adolescentes para Adolescentes “ que contenìa informaciòn sobre educación sexual, el cual había sido trabajado en coordinación con el Ministerio de Salud, organismos de cooperación y de mujeres.

VII. ARTÍCULO 11

DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES, SIN DISCRIMINACIÓN

1. LA SITUACIÓN DEL EMPLEO Y LOS SALARIOS EN EL SALVADOR.

La situación que atraviesa el mercado de trabajo salvadoreño no está desvinculado del conjunto de medidas orientada a la modificación de las política económicas con el propósito de lograr una mayor liberalización de la economía mediante la reducción del rol del Estado, privatizaciones de empresas públicas, eliminación de las barreras comerciales, desregulación de los precios y apertura a la inversión extranjera; es decir, con la aplicación de la PAE/PEE a partir de 1989.

Es importante destacar que los gobiernos de El Salvador durante los doce años de ajuste y estabilización no ha contado con una política de empleo bien definida en cuanto a propósitos e instrumento; de tal manera que el empleo ha sido concebido como una variable sujeta a las actividades relacionadas con el comercio exterior, con la micro y pequeña empresa y el sector agropecuario.

Es de vital importancia la implementación de una política de empleo bien definida en donde se analicen las causas de la discriminación hacia las mujeres que se traducen en tratos discriminatorios en los derechos laborales: contrato de trabajo, remuneraciones, descansos, horario de trabajo, beneficios sociales, ya que la ausencia de una política ha repercutido en un escenario del mercado de trabajo poco favorable para las mujeres.

Evolución del empleo y desempleo en los años noventa.

En los años noventa el empleo no mejoró significativamente; para 1992 los ocupados representaban el 90.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) y para 2000 un 93%, observándose para este año un crecimiento nulo del empleo con respectos a 1999 . Por otra parte, el modelo impulsado mediante la aplicación de los PAE/PEE no ha sido capaz de generar los empleos necesarios acorde al crecimiento de la oferta de trabajo; entre 1992 a 2000 se crearon 569,550 puesto de trabajo y la oferta de trabajo ascendió a 972,728 (población en edad de trabajar), por lo que cerca de un 40% de la población en edad de trabajar no fueron absorbida por el empleo, lo cual repercute en la informatización del empleo y en la migración de mano de obra salvadoreña hacia el extranjero.

Uno de los sectores más dinámicos en la generación de empleo ha sido el sector informal, el cual desde inicio de la década pasada ha crecido su participación dentro de la PEA. Para el 2000 en el área urbana el empleo en el sector informal creció en un 5.6%, mientras que el formal creció en 0.5%. La perdida de dinamismo del sector formal de generar empleo, se explica en parte por los resultados de la medidas de ajuste y estabilización económica.

La reducción del gasto público y la modernización del Estado ha expulsado un significativo número de mano de obra (para 1999, sólo el 9.2% de la población ocupada estaba empleada en el sector público; porcentaje que para 1998 era cerca del 16%) que el sector formal no ha sido capaz de absorber, por lo tanto los desocupados de este sector se ven obligados a emplearse en actividades informales. Por otra parte la reducción de los empleos en el sector formal, también, se explica por el bajo dinamismo de las ventas de la gran y mediana empresa, lo cual ha repercutido una baja demanda de obra por parte de las mismas.

A nivel de sectores económicos, también se han observados cambios importantes, lo que ha llevado a la tercerización del empleo y una caída y estancamiento del mismo en actividades productivas. A inicios de los noventas el sector agropecuario figuraba como el principal sector generador de empleo, para 1992 éste empleaba el 34.8% de los ocupados y para el 2000 solamente el 20.9%, mientras que el comercio absorbió el 26.3% y la industria mantiene su participación alrededor del 18%. Si bien el sector de la industria manufacturera ha sido uno de los que más se ha visto dinamizado por las medidas de ajuste y estabilización, en materia de generación de empleo sus resultados han sido poco significativos, durante la década el empleo en este sector se ha mantenido alrededor del 18.3% del empleo total.

Durante los noventas el subempleo se ha reducido (subempleo urbano entre PEA total), pasando de una tasa del 19.5% con respecto a la PEA del país para 1992 a una del 14.9% para 2000. Pese a los buenos resultados, la mayoría de los subempleados se concentran en la categoría de los invisible, para 2000 el 86%, de los subempleados reciben ingresos inferiores al salario mínimo y laboran durante las horas destinadas para la misma reproducción de sus fuerza de trabajo, lo cual indica que también no gozan de los derechos laborales.

Hay que señalar que los sectores con mayores niveles de subempleo son el agropecuario, pesca, y comercio; y la mayoría de éstos se concentran en la categoría de los invisible. La situación del sector agropecuarios es bastante preocupante, ya que el 60.6% de los ocupados urbanos están subempleados y sí se considerarán a los del área rural el porcentaje sería aún mayor. En el comercio, el porcentaje de subocupados asciende al 31.2%, son las mujeres las que se encuentran en una situación más desventajosa con respecto a los hombres, pese a que la mayoría de trabajadoras/es en el sector son mujeres (58%).

La excesiva concentración de subocupados en el subempleo invisible revela la precariedad en la que se encuentra el mercado de trabajo salvadoreño, la imposibilidad de las reformas económicas de reducir las brechas entre ambas categorías (visible e invisible) y entre hombres y mujeres; siendo las mujeres, en la mayoría de sectores, las que perciben ingresos menores al salario mínimo y se obligadas a trabajar más cuarenta horas a la semana, sin considerar el trabajo en el hogar.

Los ingreso percibidos por debajo del salario mínimo y la jornada laboral excesiva no contribuyen a la eficiente reproducción de la fuerza de trabajo, especialmente para las mujeres para las cuales su jornada laboral es mucho mayor que la de los hombres.

Para el año 2000 la tasa de desempleo para los hombres es del 9.1% y para las mujeres del 3.7%; durante toda la década la tasa de desempleo femenino se ha mantenido por debajo de la nacional como también de la masculina y con un tendencia al ensanchamiento de la brecha entre ambas tasas.

La reducción del empleo femenino podría explicarse por la dinámica de la actividad económica que se ha venido fomentando en el marco de los PAE/PEE: especialmente maquila. Dado que una de las principales estrategias planteadas desde los programas es la atracción de inversión extranjera y el fomento de las exportaciones, y la mano de obra barata resulta ser el elemento esencial para que el país sea atractivo para los inversionistas y mejorar la competitividad de las exportaciones; en ese sentido desde la aplicación de los programas a cobrado dinamismo el desarrollado actividades intensivas en mano de obra femenina (maquila textil), ya que ésta resulta ser más barata y menos rígida que la de los hombres y consecuentemente más atractiva para los inversionistas para reducir sus costos.

Otro indicador que permite constatar la feminización del empleo es la Encuesta Mercado de Trabajo de FUSADES, esta revela que el empleo femenino en la industria textil, confección y calzado creció en 48.7% entre 1993 y 1996 en el área metropolitana de San Salvador, mientras que los hombres crecieron en 11.8%. Por otra parte un estudio realizado por el Centro de Estudios del Trabajo (CENTRA) destaca que el 83% de la fuerza laboral empleada en la maquila es femenina.

La reducción de la tasa de desempleo de las mujeres, no contribuye necesariamente a un mejoramiento de sus condiciones debido a que (1)la mayoría de éstas se encuentran empleadas en el sector informal y actividades del sector formal en donde son violados recurrentemente sus derechos laborales; (2)los ingresos percibidos, no son suficientes para cubrir sus necesidades y sacarlas de la pobreza debido a las diferencias salariales existente entre hombres y mujeres; y (3)cada vez disponen de menos tiempo para reproducción de su fuerza de trabajo y esparcimiento, ya que también son responsable del trabajo en el hogar, cuido y educación de sus hijos e hijas.

Las diferencia de salarios entre hombre y mujeres siguen presentes con las reformas estructurales aunque se ha observado una reducción de las brechas, por ejemplo para 1992 la brecha entre ambos sexos era del 44% y para el 2000 cae a un 26%.

En promedio durante 1992-2000 los hombres han ganado ¢456 (US$ 52.1) más que las mujeres lo cual se explica en parte por el hecho de que las mujeres se encuentran empleadas en actividades de baja remuneración como la maquila y la microempresa y por los mismos patrones culturales de la sociedad salvadoreña que en cierta medida han marginado el rol de las mujeres en la producción.

La seguridad social.

El artículo 50 de la constitución establece que “La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio”; en ese sentido, las/os trabajadoras/es tienen derecho ser afiliadas/os en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para gozar de las prestaciones médico-hospitalarias. La seguridad social es importante para conocer las condiciones de vida del sector laboral ya que es un sistema que busca que la población trabajadora y su familia cuente con los suficientes prestaciones para la conservación de su salud.

La seguridad social es un indicador que puede aproximarnos a la precariedad de los empleos que se generan en la economía salvadoreña, ya que la existencia de altos niveles de población sin prestaciones de seguridad social significaría que los empleos que la economía se están generando son de mala calidad, carentes de protección social y consecuentemente con incumplimiento de los derechos laborales.

A nivel de Latinoamérica El Salvador se ubica entre las economías con las más bajas tasa de desempleo; sin embargo, la reducción de la tasa de desempleo ha venido acompañada con una reducción del acceso de la población ocupada a la seguridad social. Para 2000 el porcentaje de ocupadas cubiertos por ISSS se redujo en un 5.6% y han sido en las mujeres en donde se ha reducido significativamente la cobertura del seguro social (la reducción de cobertura de las mujeres para el 2000 del 6.4% y de los hombres del 4.7%); mientras que los ocupados no cubiertos se incrementaron en un 5.2% con respecto a 1999.

Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo

Según el Informe del Monitoreo de las Maquilas y Recintos Fiscales (IMRF) del Ministerio de Trabajo para el año 2000, revela que una de los señalamientos de los trabajadores es la mala calidad del agua de consumo humano, la cual presenta un mal sabor, apariencia, color y olor. Además no se realizan estudios periódicos que comprueben el estado fisicoquímico y bacteriológico del agua que se ingiere. Por último Por otra parte el ambiente físico no es el adecuado, las instalaciones son poco ventiladas, en algunos casos no cuentan con el equipo idóneo de seguridad como guantes, mascarillas, etc. 19/

ACOSO SEXUAL

En el Código Penal se encuentra tipificado el acoso sexual, en el artículo 165. No se refiere expresamente a los casos laborales, pero es esta la normativa que abarca las situaciones que se presentan en el sector laboral.

TRABAJO DOMÉSTICO

Solamente en la legislación de familia, en el artículo 38, se hace relación a que cuando uno de los cónyuges no tuviere bienes ni gozare de emolumento alguno, el desempeño del trabajo del hogar o el cuidado de los hijos, se estimará como su contribución a tales gastos, con el mismo significado que las aportaciones del otro.

VIII.- ARTÍCULO 12

DERECHO A LA SALUD SIN DISCRIMINACIÓN

1.- CONTEXTO GENERAL

La Constitución de El Salvador contempla en el artículo 65 que la salud constituye un bien público, asignándole al Estado y a todas las personas, la obligación de velar por su conservación y restablecimiento. Asimismo establece que será el Estado quien determinará la política nacional de salud, controlando y supervisando su aplicación.

La situación política, económica y social que vive el país, en donde se impone un modelo económico que propone el recorte del gasto social, provoca una situación que golpea la precaria economía existente e impacta negativamente en la salud, especialmente de niñas y mujeres.

La salud de las mujeres sigue conceptualizándose desde el binomio materno/infantil, desconociéndolas como sujetas individuales, más allá de su capacidad reproductiva, constituyendo el grupo poblacional de mayor riesgo, junto con la población rural y población en situación de pobreza. Existen dificultades en el acceso a los servicios de primer nivel de atención y más aún a los servicios de medicina especializada del segundo y tercer nivel. La población más pobre en un gran porcentaje no tiene acceso a servicios de agua potable y saneamiento, que son aspectos determinantes en los resultados de salud.

La prestación de los servicios de salud es de tres niveles: 1. Educación para la salud y acciones preventivas; 2. Atención ambulatoria y hospitalaria y 3. Rehabilitación o recuperación. Los prestadores de salud actúan de forma descoordinada entre sí, lo que se traduce en duplicidad de esfuerzos en ciertas zonas y a falta de acceso en otras. Los recursos se concentran en el área urbana, dejando descubiertas amplias zonas rurales. 20/

Las instituciones del sector público que proporcionan servicios de salud son: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que teóricamente atiende el 80 % de la población. Cuenta con 30 Hospitales y con 547 centros periféricos de primer y segundo nivel de atención, con un promedio de 19,747 agentes, de los cuales aproximadamente el 18 % son médicos y médicas y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, que brinda cobertura en salud a la población trabajadora de los sectores público y privado, a sus cónyuges, a sus hijos e hijas menores de 6 años y a las personas jubiladas y pensionadas, cuenta con cerca de 44 establecimientos concentrados mayoritariamente en el área metropolitana..21/

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La Política Nacional de la Mujer, aprobada en 1997, destaca en el Objetivo Estratégico 3.3 , el compromiso del Estado a “ promover la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, sus derechos sexuales y reproductivos y las prácticas de riesgo que afecten su salud, aplicando el enfoque de género “. Es el Ministerio de Salud, el ente estatal encargado de la aplicación de las normas de salud. 22/ Desde 1999 se encuentra en la Asamblea Legislativa un proyecto de nuevo Código de Salud que contempla normas relativas a derechos sexuales y reproductivos.

La sociedad salvadoreña mantiene arraigadas bases filosóficas y religiosas, las que se fundamentan en creencias y valores sexofóbicos, existiendo la tendencia a creer que el sexo es tabú. La procreación ha sido vinculada fatalmente al hecho de ser mujer, haciendo que la identidad femenina se “complete“ al asumir la mujer su rol de madre, influenciada por los mensajes que recibe a través de los medios de comunicación, en la escuela, en la iglesia, en el hogar, que se limitan al rol reproductivo, dentro del marco de la legalidad y la castidad, sin alternativas de autorrealización.

No existen políticas dirigidas a educadoras y educadores, personal de salud, funcionarias y funcionarios públicos, que vayan encaminadas a su propio autoconocimiento y autoestudio, lo que es indispensable para darse cuenta y comprender su propia sexualidad, que les permita aislar sus mitos, falsos conceptos de la sexualidad humana, de tal manera que puedan comprender mejor las actitudes y conductas de las demás personas.

Las personas encargadas de los servicios de planificación familiar no relacionan los aspectos vinculados al comportamiento sexual placentero con la enseñanza y oferta de anticonceptivos para regular la reproducción. Se provee de métodos anticonceptivos sin orientar sobre el disfrute y la responsabilidad sexual.

Las instituciones responsables del Programa de Planificación familiar son: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que abarca el 47.1% de los servicios en todo el país; el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con un 18.2% en el área urbana y la Asociación Demográfica Salvadoreña, con un 15.5% en el área rural. 23/

La última Encuesta Nacional de Salud Familiar, FESAL 1998, señala que del total de mujeres en edad fértil de 15 a 44 años de edad, el 38 % usa un método anticonceptivo, siendo el 59.7 casadas, 33.9 % separadas, en unión no matrimonial o divorciadas, y el 2.9 % solteras. A partir de 1998 la prevalencia hacia los métodos temporales fue mayor en las mujeres casadas, en unión no matrimonial y menores de 25 años; sin embargo en mujeres de 40 a 44 años, el método más usado es la esterilización. 24/

El Ministerio de Salud provee de métodos anticonceptivos a 68.0 % de población sin educación formal y a un 62.6 % de mujeres de niveles socioeconómico bajo. Por su parte, la Asociación Demográfica Salvadoreña, provee a un 18 % de mujeres con menos de 7 años de escolaridad y un 19 % de nivel socioeconómico bajo. Esto indica que el índice de utilización de métodos anticonceptivos de parte de las mujeres del área rural es mínimo, lo que se puede atribuir a la falta de una política de divulgación sobre salud reproductiva y a la falta de recursos para accesar a dichos métodos.

Salud de las Mujeres

El presupuesto nacional asignado al ramo SALUD es de 9.6 % , tal porcentaje limita la capacidad de provisión de servicios, tomando en cuenta que de un total de 6.031. 326 habitantes, el 52.4 % son mujeres; el 27.8 % son menores de 10 años, el 22.3 % son adolescentes entre 10 y 19 años y las mujeres en edad reproductiva representan el 31.7 % (1.911.061 ) de la población. 25/

De un total de 30 hospitales, solamente uno es especializado en salud reproductiva: el Hospital de Maternidad, ubicado en la capital. En este se atiende la demanda de partos y la atención externa y hospitalaria especializada para la detección y tratamiento del cáncer cérvico-uterino y de mama.

La limitación conceptual de los programas de salud se refleja en los servicios que se promocionan: control prenatal, parto, lactancia materna, puerperio y planificación familiar.

En cuanto a la tasa de mortalidad materna se encuentran grandes diferencias entre los datos proporcionados por el FNUAP: 300 x 100,000; Ministerio de Salud: 62.0 x 100,000; Encuesta Nacional de Salud, FESAL ,1998: 120 x 100,000. La mortalidad materna institucional para el año 2000 se reflejaba en relación al nivel socioeconómico: en el Departamento de San Salvador, donde se encuentra la capital del país fue 33.3 % con un índice del 31.3 % del total de la población y una inversión pública del 32.6 % ; en el Departamento de Cuscatlán fue de 123.0% , contando con un índice de población del 3.3%

Y con el 0.4 % de inversión pública (MSPAS). 26/

La mortalidad por cáncer en mujeres, en el área metropolitana de San Salvador, entre 1997 y 2000 se localizó en el cuello del útero y en la mama en 2002 mujeres, de las cuales , en 1998, 524 fallecieron por cáncer mamario, elevándose a 616 en el año 2000 . 27/ Uno de los métodos más efectivos para la detección temprana del cáncer cérvico-uterino es la prueba del Papanicolau, sin embargo, factores económicos inciden en el tratamiento por displasias dificultando el acceso al servicio sobre todo a mujeres de las zonas rurales. 28/ Entre los principales diagnósticos de morbilidad materna hospitalaria en el año 1988 se encontraba el aborto incompleto, en un número de 1,130, habiéndose reducido para el año 2000 a 1119. El número de partos en el año de 1998 fue de 19,409 , reduciéndose a 16,087 en el año 2001; en este año, en los meses de enero a junio, 2,549 partos fueron de madres en un rango de edades de 20-24 años , 2,200 en el rango de 15-19 años y 120 entre 10-14 años, entre otros. 29/

Uno de los principales problemas para determinar el número de las muertes maternas en los casos de abortos, se debe a los subregistros ya que las causas de defunción son reportadas en muchos casos, sobre la base de diagnósticos que no reflejan la realidad del hecho.

Embarazo y Maternidad adolescente.

En El Salvador, es alarmante el incremento en el embarazo en adolescentes. El Ministerio de Salud reportó que en 1998 se registraron 17,260 partos hospitalarios en adolescentes entre los 10-19 años, significando el 22 % del total de partos atendidos. En 1999, se elevó el número a 26,240; en el año 2000 hubo un descenso a 23,217 y en el año 2001 se reportan 22,090. Es en el rango de 10-14 años que la frecuencia varía ya que de 945 partos registrados en 1999, aumentaron en el año 2001 a 1,088. En los primeros cinco meses del presente año, el Hospital Nacional de Maternidad, ha registrado 194 partos en el rango de 10 a 14 años y 3,985 en el rango de 15 a 19 años. 30/

La Encuesta Nacional de Salud Familiar, FESAL 98, señala la tasa de fecundidad adolescente de 87 x 1,000 para la zona urbana y de 150 x 1,000 para la zona rural, Informando que el 75.8 % de esa población tiene acceso a educación sexual. Sin embargo, los datos oficiales solamente reflejan que persisten las creencias basadas en tabúes, en prejuicios y conceptos religiosos que no contribuyen a la prevención de embarazos, infecciones de transmisión sexual o del VIH/SIDA.

En el año 2000, se retiró del sistema educativo un manual que contenía información para adolescentes sobre salud sexual y reproductiva, limitando acciones realizadas por el Ministerio de Salud y el de Educación.

Aborto

El aborto se suma a la realidad de la fecundidad, mortalidad materna y anticoncepción. En la sociedad salvadoreña son muy limitados los espacios donde se pueden abordar abiertamente sus causas y consecuencias, con la finalidad de buscar alternativas viables desde los derechos reproductivos, ya que se genera la reacción de grupos conservadores, que desde el supuesto de la protección de los derechos del no nacido, ignoran los derechos de las mujeres, la irresponsabilidad paterna, la violencia sexual, los riesgos en la salud y en la vida de las mujeres; asimismo algunos de sus patrocinadores actúan desde la doble moral, ya que por una parte se pronuncian públicamente en contra del aborto, pero al mismo tiempo limitan el acceso al trabajo de las mujeres , exigiéndoles que comprueben que no están embarazadas. 31/

En El Salvador, desde 1998 el aborto está tipificado en el Código Penal como delito contra la vida del ser humano en formación, se encuentra penalizado bajo toda circunstancia. 32/ Esta situación impide conocer con exactitud las cifras reales, contándose únicamente con los ingresos que llevan los hospitales, los cuales son sistematizados por el Ministerio de Salud.

En 1999 en la Asamblea Legislativa se presentó una petición para despenalizar el aborto terapéutico, la cual fue rechazada, habiendo generado que grupos conservadores propusieran una reforma constitucional , que fue aprobada en relación al artículo 1 “reconociendo como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción“.33/

Se reporta que para 1998 se registraron 7,436 hospitalizaciones a nivel nacional, de abortos inducidos y en el primer semestre de 1999 se había registrado un número de 3,766, lo que solamente se puede tomar como una indicación de la prevalencia del aborto ya que son imprecisas y no contribuyen a dimensionar la magnitud del problema. 34/

Indicadores del Programa de Atención a la mujer adolescente del Ministerio de Salud, señalan para el período comprendido entre enero y marzo de 1999, 1,830 abortos inducidos, para el año 2001 el Ministerio de Salud registró 2,701 abortos atendidos institucionalmente.

Debido a las complicaciones que surgen de un aborto mal practicado y tomando en cuenta la penalización, las mujeres evitan acudir a los Hospitales por temor a ser denunciadas, esta situación contraviene el espíritu de la Recomendación 24 punto 14 que el Comité de la CEDAW hizo en 1999, referente a que no se debe restringir el acceso de la mujer a una adecuada atención médica, considerando que existen obstáculos como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas y penalizan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones. 35/

VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual

En El Salvador, se detectó el primer caso de SIDA en 1984, se ha incrementado rápidamente ya que para el año 2000 el Ministerio de Salud registró 3,481 casos, de los cuales el 26.7 % ( 931) son mujeres y el 73.3 % (2,550) hombres. El grupo de mayor prevalencia es el de 25-34 años seguido por el grupo de 15-24 años; desde 1984 se han registrado 194 casos de SIDA en niños y niñas entre 0 y 14 años y desde 1991 a 2000 el registro del VIH entre los 0 y 12 años identifica 101 niñas y 92 niños. La relación hombre-mujer a nivel general en SIDA es de 2.7 hombres a 1 mujer, sin embargo en el último año se ha observado un cambio aún más preocupante en el grupo comprendido entre los 12 y los 24 años con un total de 630 casos, de los cuales 434 fueron varones y 196 mujeres; VIH (+ ), 415 casos de mujeres. la relación en VIH entre los 10-19 años es 1.2 mujer a 1 hombre y en SIDA en ese mismo rango es de 1:1 . De los casos identificados, el 80 % corresponde al área urbana y el 19 % al área rural. La vía de transmisión es heterosexual en un 78.4 %. 36/

Existe un subregistro entre el 40 y 50 % debido a que las instituciones privadas no reportan oportunamente, así como a la falta de un Protocolo único de atención y la consolidación de planes de contingencia efectiva. 37/ Hasta junio del año 2001 el número ascendía a 3,934, la procedencia de zonas rurales es de 774 casos y en las zonas urbanas de 3,151 con un número no documentado de 9 casos. 38/

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, publicó en 1999 un estudio sobre las acciones desarrolladas a nivel institucional e intersectorial, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre las formas de prevención y el control del VIH/SIDA. Las acciones consistieron en desarrollar programas y ejecutar proyectos dirigidos a diferentes sectores de la población, proporcionándoles material educativo y capacitación. 39/ Se han Desarrollado Campañas, con la limitación de no tener cobertura en las zonas rurales.

La Ley de “ Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana” fue aprobada en octubre del año 2001 , considerando que “es obligación estatal dar asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos y a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible”, sin embargo, no existe dentro del Sistema Nacional de Salud, políticas específicas de atención y distribución de la Terapia Retroviral, argumentándose razones financieras, lo que ha significado interrupción en los tratamientos para las personas que viven con el VIH/SIDA, habiéndose presentado un caso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia . 40/

La relación en VIH/SIDA en niñas y adolescentes es alarmante, por lo que se hace indispensable tomar todas las medidas necesarias para garantizar una respuesta organizada, oportuna, eficaz y eficiente en la promoción, prevención, curación y rehabilitación.

La información sobre el sexo seguro es considerada como no propia para las mujeres. La utilización del condón tiene un bajo nivel de uso como método de prevención de las ITS, prevaleciendo patrones culturales que se sostienen en relaciones de poder desiguales.

La Encuesta Nacional de Salud Familiar, FESAL 98, encontró que el 77.6% de las mujeres sujetas de la encuesta nunca han usado condón en sus relaciones sexuales, el 40.6 % estaría dispuesta a usarlo si su pareja se lo propusiera y el 45.4 % considera que su pareja se molestaría o la trataría mal si fuera ella quien lo propusiera.

El mayor número de casos de infecciones de transmisión sexual, se detecta en la población sexualmente activa ( 15-44 años ), considerándose un grupo prioritario de riesgo. La incidencia desde 1992 la constituye la tricomoniasis urogenital, con una tasa de 184.5 en 1998. 41/

La tuberculosis sigue siendo un problema importante de salud. Durante el período de 1997-1998 la tasa de incidencia fue, para 1997 de 28.1 y para 1998 de 26 x 100,000 habitantes. Aplicando los criterios de la OMS se tendría un estimado de 10,700 casos anuales de los cuales solamente se está diagnosticando la tercera parte. La incidencia de casos de tuberculosis se incrementa cada día más, sobre todo en gente sexualmente activa, constituye dentro de la patología asociada al VIH, la segunda causa de infección en El Salvador. En 1998 hubo 1,564 casos de los cuales 6 fueron positivos. En los nuevos casos de SIDA para ese mismo año un 26% se observó con tuberculosis asociada. 42/

Salud Infantil

No existe una política definida para atender de manera prioritaria y especial la situación de las niñas, pues se invisibiliza dentro de una aparente neutralidad en términos de género. En la Política Nacional de la Mujer, tampoco se encuentran objetivos ni acciones tendientes a favorecer la situación y condición de las niñas.

El Subprograma de Atención Infantil, de la División de Salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS reportó para el año 2001 , que las primeras causas de morbilidad infantil de 1 a 4 años, fueron: Rinofaringitis aguda con un total de 32,938 casos, seguida de diarrea y gastroenteritis, con 13,755 casos. En los rangos de edades de 5 a 6 años, se mantienen la primera causa con un número de 7,452 casos, pasando a segundo lugar la amigdalitis aguda, con 3,652 casos. Se observa que la diarrea ocupa el sexto lugar de un total de 10 causas. Entre los principales diagnósticos de mortalidad infantil para el año 20001, el Hospital Nacional de Maternidad reporta : recién nacidos de pre término, sépsis bacteriana del recién nacido, hipoxia intrauterina, malformaciones congénitas múltiples y hemorragia pulmonar. La Unidad de Información y Monitoreo del Ministerio de Salud registra que en 1998 un 33 % de los casos de mortalidad hospitalaria en menores de 1 a 4 años, fue a causa de diarrea/deshidratación y un 41 % por infecciones respiratorias agudas.

Se han incrementado los niveles de inmunización, entendido como esquema de vacunación completo hasta los 5 años de edad, comprendiendo 4 vacunas: tuberculosis, poliomielitis, difteria-tétano-tosferina y sarampión.

En relación al SIDA , hasta diciembre del año 2000 se registran 86 casos en menores de 1 año, 70 casos de 1 a 4 años y 38 casos de 5 a 14 años. VIH ( + ) en el mismo período: menores de 1 año, 92 niños y 101 niñas; 1-2 años, 23 niños y 31 niñas; 3-4 años, 3 niños y 10 niñas; 5-7 años, 2 niños y 4 niñas; y de 8-12 años, 2 niños y 6 niñas.

Respecto a los niveles de nutrición, la FESAL 98 no reporta datos desagregados por sexo, señalando en su registros que la anemia por deficiencia de hierro y folatos es causa de desnutrición en la población de menores.

IX. ARTÍCULO 14

LAS MUJERES DEL ÁREA RURAL

NORMAS LEGALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES DEL ÁREA RURAL.

La Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas (1979) ratificada por el Gobierno Salvadoreño en 1981, en su Art. 14 número 1 y 2 enfatiza las prioridades que el Estado, como signatario, debe contemplar en orden de tomar en cuenta los problemas especiales de las mujeres de áreas rurales así mismo la adopción de medidas para combatirlos y solventarlos.

Según la prioridad que el Estado asigna al área rural existe una gran barrera entre la atención que brinda a esta última y al área urbana. Por ejemplo, el acceso que tienen las mujeres a servicios básicos esta fuertemente marcado y con obvia desventaja para las mujeres del área rural.

En 1996 se funda el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y en 1997, el ISDEMU, junto al Movimiento de Mujeres, formula las Políticas Nacionales orientadas a respeto de los derechos de las mujeres. Contenía actividades realizadas por el gobiernos, sobre todo en zonas rurales, las cuales son mínimas y de poco alcance. E ISDEMU había planteado en la Política Nacional de la Mujer 1997- 2000 la revisión de un Anteproyecto de Código Agrario, es una acción que no realizó y no promovió ante la Asamblea Legislativa.

En 1998 se presentó una propuesta de Código Agrario con Enfoque de Género a la Asamblea Legislativa a fin de introducir normas que faciliten a la mujer la propiedad de la tierra en el marco de la transferencia de tierras afectadas por la Reforma Agraria y por los Acuerdos de Paz. 43/

Es desde el movimiento de mujeres , que se han promovido las iniciativas para favorecer mujeres del Sector Rural: Propuesta de Reforma del Código Agrario desde el Enfoque de Género. Propuesta de creación de un Fondo de Financiamiento y Garantía para las Mujeres pobres Urbanas y Rurales (FOGAMUJER). 44/

Son doce las organizaciones no gubernamentales que promueven a las mujeres rurales en El Salvador. Los proyectos que ejecutan son diversos y no surgen de un programa general común estatal, sino que constituyen esfuerzos unificados de organismos de mujeres y otros de la sociedad civil que impulsan el desarrollo de mujeres en áreas rurales.

Las áreas en que estos proyectos se desarrollan son diversas, entre ellos figuran proyectos de capacitación, alfabetización, créditos, huertos caseros, productividad y mercadeo, hornillas mejoradas, capacitación ambiental, agroecología, microempresas, organización de comités de mujeres, asistencia técnica, salud y capacitación de partera, desarrollo local, no violencia, salud y educación no sexista, granjas, medicina natural, educación en género, capacitación de técnicos y técnicas, capacitación para la producción. 45/

La población atendida por una de las clínicas “Isis Dagmar” en San Nicolás Lempa, departamento de Usulután, el 100% de la atención brindada es hacia mujeres rurales con énfasis en enfermedades prevenibles causadas por la pobreza y enfermedades propias de la mujer por su rol reproductivo. 46/

Diferenciación de Acceso a Beneficios entre Mujeres Rurales y Urbanas.