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Informe Alternativo de Monitoreo a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de Nicaragua

Informe Alternativo a los IV y V Informes Oficiales del Gobierno de Nicaragua

Presentado por

CLADEM Nicaragua y
Comité Nacional Feminista

Desde 1981, fecha que Nicaragua ratificó la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, hasta 1998, el Gobierno de Nicaragua ha presentado cinco informes. Tiene pendiente aún la aceptación a la enmienda del párrafo 1 del articulo 20 y la ratificación del Protocolo Facultativo.

El Cuarto y quinto informes serán objeto de revisión en la 25º sesión del CEDAW y a ellos se refiere el presente informe alternativo.

En Nicaragua, a partir de 1990 y como resultado de las elecciones más vigiladas en la historia del país, se cierra la etapa iniciada en 1979 con el triunfo de la Revolución Sandinista. 1990 es doblemente significativo puesto que ese año asume la responsabilidad de Conducir el país una mujer, la primera en la historia de Nicaragua y de Centroamérica "...en medio de una economía en ruinas, agudos períodos de conflictos alrededor del ejercicio del poder, la política económica y los cambios ideológicos", e inicia un período de "transición hacia la democracia".

Posteriormente, en 1998, asume el gobierno el Sr. Amoldo Alemán Como resultado de elecciones signadas por inestabilidad y vacíos institucionales, resultado de factores vinculados a problemas políticos y socioeconómicos derivados de los períodos anteriores. Es el gobierno que rige los destinos del país en la actualidad.

Durante este gobierno, especialmente a partir de 1998, la realidad del país se ha agudizado por los efectos del huracán Mitch, el ajuste estructural y el incremento de la arbitrariedad y discrecionalidad de las actuaciones presidenciales, incluida su ingerencia en el actuar de los funcionarios afines a su partido que forman parte de los poderes del Estado.

Esto se ha traducido en el debilitamiento de la incipiente institucionalidad democrática, en lo que también ha Contribuido el principal partido de oposición, quien en lugar de ejercer su papel, ha aprovechado la situación en función de sus intereses de grupo, a través de la negociación de espacios de poder.

Ambos partidos han rubricado un pacto político que ha allanado el camino del bipartidismo, elevado los niveles de Corrupción, eliminado del juego electoral a numerosas expresiones políticas y se han distribuido los poderes públicos, hecho que genera constantes crisis internas.

En este contexto deben ser analizados los informes de Gobierno objeto de revisión, los cuales han sido elaborados por el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) en dos momentos diferentes. El primero, con acciones del gobierno de Violeta Chamorro, cuando la institución gozaba de una relativa autonomía política, orgánica y funcional, y era rectora de políticas y planes en beneficio de las mujeres; el segundo, durante el gobierno actual y subordinado al Ministerio de la Familia, conforme la Ley de Organización del Poder Ejecutivo de 1997.

Lo anterior significa que pese a algunos avances en materia legislativa y de elaboración de políticas, éstas no pasan de ser ejercicios demagógicos y letra muerta que pretenden ocultar actitudes discriminatorias y falta de objetividad, frente a la ausencia de recursos y voluntad política del gobierno y resto de instituciones del Estado encargadas de implementarlas.

La discriminación y falta de voluntad política de las instituciones del Estado en general y del gobierno en particular, se refleja en que los últimos informes presentados al Comité de la CEDAW son fundamentalmente descriptivos; recogen información general de situaciones y acciones realizadas en diversos períodos, con algunas excepciones. Ello dificulta identificar adelantos correspondientes a los períodos reportados. Igualmente, se desconoce el importante papel desempeñado por el Movimiento de Mujeres y la Cooperación internacional en el impulso de las acciones más relevantes existentes a la fecha.

La falta de objetividad también se expresa en confundir acciones esporádicas, con políticas públicas; señalando avances inexistentes en la apropiación del principio de igualdad y beneficios sociales para las mujeres. En el último informe se ignoran los efectos del huracán Mitch en la población, así como la solicitud de desaforar a un ex presidente y actual diputado del parlamento nicaragüense, a la vez que Secretario General del principal partido de oposición, relacionada Con una denuncia de violación incestuosa por su hijastra.

Se pretende señalar como limitantes para el impulso y ejecución de políticas acordes a los compromisos asumidos en el marco de la Convención, la situación económica del país, lo cual no es aceptable puesto que son conocidos los niveles de despilfarro, Corrupción y apropiación indebida de recursos públicos por parte del actual gobierno.

Contrario a lo establecido en la Convención, desde el gobierno se fomentan valores que refuerzan roles y estereotipos tradicionales y negativos para las mujeres, para lo cual se ha establecido una alianza con los sectores más conservadores de la iglesia y jerarquía católica, irrespetando el carácter laico del Estado nicaragüense y los compromisos internacionales, haciendo retroceder a la sociedad y a las mujeres en particular, al período medieval.

La resistencia de las nicaragüenses y la denuncia ante el CEDAW de intenciones gubernamentales plasmadas en hechos, es el objetivo del presente informe, el cual ha sido elaborado por el Comité Nacional Feminista, con el apoyo del Comité de Lucha para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), basado en información derivada de distintas instancias del Movimiento de Mujeres de Nicaragua.

Confiamos que sea útil a las Honorables integrantes del CEDAW, para un mejor seguimiento a la realidad de las mujeres nicaragüenses.

Nicaragua es el país más extenso de Centro América, con 139 mil kms2, en el cual convive una población de raíces mestizas e indígenas, con distintos idiomas y culturas. El español es el idioma oficial, sin embargo las lenguas de las comunidades indígenas habitantes de las Regiones Autónomas del Atlántico, (miskito, sumu, rama e inglés creole) son reconocidos como oficiales en casos determinados por la ley.

Según el último censo (1995), la población asciende a cuatro millones 140 mil habitantes, de los cuales un 73% se declara católico, frente a un 96% reportado en 1963; 15.1% son evangélicos; 1.5% moravos; 2.0% de otros credos y un 8.4% no reportan credo alguno.

En 1999 la densidad poblacional era de 39.9 habitantes por kilómetro cuadrado. Existe una fuerte tendencia a una mayor concentración en las áreas urbanas y disminución en las rurales. Así, un 57% es población urbana y 42.9% rural.

El 53% de la población son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Un 49.2% son hombres y el 50.8% son mujeres, con una relación de masculinidad de 97.2 hombres por cada 100 mujeres, lo que se ha mantenido estable durante los últimos censos.

La mayor densidad poblacional se encuentra en la zona oeste, la cual representa el 56.6% del total, siendo la región más urbanizada y donde se concentra la infraestructura vial, industrial y de servicios. Las regiones Central y Norte concentran el 31.1% de la población del país, con prevalencia de población rural, sólo 34.7% se sitúa en áreas urbanas. A la región Atlántica le corresponde 12.3% del total y sólo 31.7% se sitúa en áreas urbanas.

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indican que la población ha crecido de manera sostenida un 3% anualmente, habiéndose duplicado la población en un lapso de 24 años. Este ritmo está relacionado con un balance entre la disminución de la tasa de fecundidad a partir de los años 70, combinada con el aumento en las expectativas de vida.

A diferencia de otros países, en Nicaragua el crecimiento demográfico ha sido influido por el saldo migratorio neto internacional, lo que cobró mayor fuerza a partir de los 80. En todo caso, la constancia en la tasa de crecimiento demográfico permite concluir que la población del país se duplica cada 22-23 años, con lo que se espera llegar a 8,9 millones de habitantes alrededor del año 2017.

Nicaragua es el país más pobre de América Latina, con un PIB percápita que no supera los 500 dólares anuales. Un 65% de los hogares nicaragüenses viven en condiciones de pobreza; de ellos, el 37% en situación de pobreza extrema.

Los hogares con jefatura femenina experimentan mayor empobrecimiento que los de jefatura masculina a lo largo de los últimos nueve años, y peor aún en el caso de los hogares en situación de extrema pobreza, altamente significativa en las Regiones Autónomas del Atlántico.

Los hogares pobres que tenían como jefa a una mujer pasaron de un 48.2% en 1992 a un 67.4% en el 2000; mientras que los hogares pobres con jefatura masculina pasaron de 41% a 59.4% en el mismo periodo. El 38.8% de los hogares en situación de extrema pobreza tienen jefatura femenina.

La tasa de mortalidad materna es de 133 por cada cien mil nacidos vivos (nvr) y la mortalidad infantil es de 45.2 (nvr), no obstante ésta tiene valores diferenciados por características geográficas, sexo, educación de la madre y alimentación, entre otros. La esperanza de vida al nacer es de 68 años y la tasa global de fecundidad alcanza el 3.9%, una de las más altas de América Latina.

Según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas, en 1991 Nicaragua ocupaba el puesto 85 habiendo descendido en 1997 al 127, el más bajo de Centroamérica.

El Estado nicaragüense está organizado en cuatro poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. El país está dividido política y administrativamente en 15 departamentos y dos regiones autónomas en la Costa Atlántica, al este del país; y 151 municipios.

En 1979, con el derrocamiento de la dictadura somocista se inició un proceso revolucionario tendiente al desarrollo de un modelo alternativo, el cual finalizó en 1990.

El régimen político implementado por la revolución fue sustituido en uno de los procesos electorales más vigilados en la historia nacional, por el tradicional sistema de democracia formal, aunque por las condiciones socio- políticas y económicas, ha sido denominado "de transición hacia la democracia".

El retorno a la democracia formal ha ido acompañado de la recomposición del modelo económico capitalista, por lo que el neoliberalismo y la economía de mercado impulsada por los países del primer mundo se han afincado en el país, con iguales o peores consecuencias que las sufridas por el resto de países periféricos al modelo global.

En los últimos 70 años, (menores que la esperanza de vida de una persona en un país del primer mundo), Nicaragua ha pasado por una dictadura de casi cinco décadas, una revolución y dos cambios de gobierno, sin que asista aún a un escenario de estabilización política y desarrollo económico, situación agravada por el paso del huracán Mitch, en 1998.

La destrucción ocasionada por los conflictos bélicos e ideológicos vividos desde la década de los 70 no solo incidió negativamente en la base productiva e infraestructura del país; también causó escisiones profundas en la identidad individual y colectiva de la sociedad nicaragüense, que no han logrado ser superadas. A ello se suma el impacto de los programas de ajuste estructural: la reducción del aparato del Estado y la inversión social, que ha tenido efectos negativos muy grandes.

La reducción de servicios públicos y el incremento desmesurado del desempleo, han complicado la vida de las mujeres, por el deterioro de los niveles de consumo y la ausencia de respuestas a sus necesidades particulares, afectando todo el sistema de relaciones sociales y reduciendo las oportunidades de generar ciudadanía.

La naturaleza inicial del proceso revolucionario y, dentro de éste, el desarrollo organizativo y niveles de conciencia política alcanzados por la sociedad y las mujeres, hicieron posible que se sentaran las bases de la defensa y ejercicio de los Derechos Humanos Universales, los cuales fueron plasmados en la Constitución de 1987, elaborada en un amplio proceso participativo, manteniéndose en posteriores reformas muchos de sus principales postulados.

El Estado nicaragüense es un estado laico, sin embargo el actual gobierno ha desnaturalizado este carácter, merced a concesiones otorgadas a la Iglesia católica para su ingerencia en los asuntos públicos, especialmente aquellos relacionados con la concepción patriarcal sobre la función de las mujeres en la familia y en la sociedad, y que atentan significativamente contra los derechos de las mujeres en tanto promueven la discriminación entre géneros, expresada entre otros hechos en:

a) La preeminencia que el Gobierno da a la Iglesia católica en la determinación de políticas nacionales de salud, educación y población, así como la ubicación de sus representantes y "asesoras en valores" en las instituciones responsables;

b) La asunción de la política del Vaticano como política oficial del Estado, expresa en todas las conferencias internacionales; y donde el Movimiento de Mujeres ha mantenido una posición firme a favor de los derechos de las mujeres, desde antes de 1994;

c) La abierta posición de la Iglesia de condenar la muerte a miles de mujeres, pretendiendo eliminar de la legislación, el derecho al aborto terapéutico, vigente en el sistema jurídico nicaragüense desde hace más de cien años, hecho que ha retrasado la aprobación de un nuevo Código Penal.

d) Manifestaciones públicas contra los derechos de las mujeres convocadas por la Iglesia, encabezadas por sus principales ministros, acompañados de prominentes funcionarios gubernamentales, quienes a través de la autoridad de sus cargos han utilizado las instituciones del Estado para manipular y obligar a alumnos de escuelas públicas y empleados estatales a asistir, acompañados igualmente de representantes de partidos políticos

e) El desfile del Presidente y funcionarios prominentes de su gobierno, de otros poderes públicos y de partidos políticos, ante el Cardenal que preside la iglesia católica a pedir bendiciones y solicitar aprobación para decisiones y actos estatales de importancia.

Esto se ha visto agudizado en el proceso de las próximas elecciones generales, en noviembre, que disfrazado de legalidad proyecta resultados para la reconstrucción de un régimen bipartidista, autoritario e involutivo, que menoscabará aún más los Derechos Humanos de las nicaragüenses, dado que es consecuencia del pacto entre dos partidos que defienden intereses económicos de grupos y posiciones eminentemente patriarcales. Esto es fácil de confirmar con la candidatura "legitimada" a la presidencia de la República de Daniel Ortega, acusado de violación incestuosa.

Es interés de los políticos acallar las voces críticas y cumplir con los compromisos con la Jerarquía de la Iglesia Católica en el marco del concordato denunciado. Por eso se vuelve perentorio para ellos el desmontaje y descabezamiento de las expresiones organizadas del Movimiento de Mujeres, en tanto voces independientes y autónomas de la Sociedad Civil nicaragüense y luchadoras militantes por los Derechos Humanos.

A través de reformas a la Ley electoral han conseguido la exclusión de otros actores; igualmente han creado un aparato tendiente a coartar el derecho a la libre expresión de los medios de comunicación; han cooptado las instituciones públicas de todos los poderes del Estado mediante el reparto de cargos y han convertido la inmunidad en impunidad.

A pesar que la atención en servicios básicos de salud y a víctimas de violencia intrafamiliar, entre otros, es prestada mayoritariamente a través de centros alternativos no gubernamentales dirigidos por mujeres, los que no reciben recursos del estado para sus actividades, en el último año estos han sido objeto de persecución y amenazas.

Actualmente, de lo individual se ha pasado a la persecución colectiva. No es casual tampoco la existencia de una denuncia irresponsable, efectuada por el Cardenal Miguel Obando, referida a una conjura centroamericana para asesinar curas, a raíz de un Foro Latinoamericano sobre Derechos Sexuales y Reproductivos realizado en Nicaragua.

Esta denuncia no ha sido planteada formalmente ante tribunales competentes, a pesar de estar referida a uno de los delitos más graves contemplados en la legislación penal nicaragüense y de habérselo demandado públicamente el Movimiento de Mujeres; tampoco ha sido asumida por los poderes públicos con la responsabilidad con amerita, limitándose a un proceso de hostigamiento por la Policía Nacional a las asistentas al Foro.

En conclusión, Nicaragua atraviesa una crisis de múltiples dimensiones: económica, social, ideológica y política, manifestada en numerosos indicadores de pobreza, desempleo, deterioro de las condiciones de vida, depredación de los recursos naturales, marginalidad y violencia, corrupción, autoritarismo, falta de credibilidad y representación de los partidos políticos e instituciones del Estado; que en conjunto con los efectos de los programas de ajuste estructural, proyectan un mayor agravamiento de la ya crítica situación de las mujeres nicaragüenses.

En el marco de la Convención, a partir del análisis de lo que establece la Constitución Política y obviando el idioma sexista -asumiendo que en la referencia a "los nicaragüenses" estamos incluidas las mujeres-, el Estado Nicaragüense asume claramente:

a) La responsabilidad contra la discriminación

b) El compromiso de asegurar el total desarrollo y avance de las mujeres y hombres de las diferentes edades, religiones, etnias y condición social.

La norma constitucional, entre sus Principios Fundamentales, establece el compromiso por parte del Estado nicaragüense, de "... promover el desarrollo humano de todos y cada uno de 105 nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión"

El texto constitucional refuerza la no discriminación y el principio de igualdad; la protección del estado; el reconocimiento, respeto, promoción, protección y plena vigencia de los Derechos Humanos consignados en diferentes instrumentos internacionales, mencionando expresamente algunos, aunque no se hace referencia a los Instrumentos Internacionales específicos para la protección de los Derechos de las Mujeres, que han sido suscritos y ratificados; de igual forma, establece la igualdad de derechos en los ámbitos Sociales, Económicos, Políticos y Culturales

El Código Civil de 1904 estableció en el nivel formal la igualdad y libre contratación entre los cónyuges, el divorcio y la investigación de la patria potestad; libró a la mujer de la potestad marital y suprimió la muerte civil entre otros aspectos importantes. Otros Códigos y Leyes especiales o reglamentarias como el Código del Trabajo, la Ley para la disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes, Ley de Alimentos, Ley de Adopción, han ampliado los derechos en cuanto a personas y familia contenidos en el Código Civil.

En 1992 entró en vigencia una reforma al Código Penal, (Ley 150) la cual constituyó significativos avances en materia de derechos humanos de las mujeres, eliminando de los conceptos jurídicos ideas discriminatorias basadas en valores como el pudor, la buena fama, honra, doncellez; tipificando la violencia sexual como delito contra la libertad sexual, la dignidad e integridad, física y psicológica y ampliando la tipificación del delito de violación más allá del acceso carnal

En 1995, a propuesta de la Red de Mujeres contra la Violencia, se reformó nuevamente el Código Penal a través de la Ley 230, "Ley para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar" modificando aspectos relacionados con las personas y la familia en los delitos de lesiones leves y graves, exposición de personas al peligro, amenazas y coacciones, daños y faltas, y medidas de seguridad Así mismo se derogaron el adulterio y amancebamiento, los que trataban una misma conducta de forma expresamente discriminatoria para las mujeres

Se reformó el concepto de familia, ampliando el reconocimiento de las parejas no sólo a partir de la familia nuclear sino a la familia ampliada, incluyéndose uniones de hecho, padres o madres con sus hijos y colaterales hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad.

Un paso importante a escala normativa, fue la aprobación en marzo de 1998 del Código de la Niñez y Adolescencia, en vigencia en noviembre del mismo año. Este retoma el principio universal de derechos humanos de "lgualdad ante la Ley" e igual que la Constitución en su texto, utiliza el concepto de no-discriminación, contenido en diferentes instrumentos de Derechos Humanos y particularmente en la Convención Sobre los Derechos del Niño, estableciendo medidas de prevención y protección a menores en riesgo y en conflicto con la ley penal.

El Movimiento de Mujeres a través de la Red de Mujeres contra la Violencia, junto a la Coordinadora de la Infancia y los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, han impulsado diferentes acciones que contribuyan a la prevención y sanción de la violencia. Producto de esa voluntad son:

e Las reformas legales ya mencionadas

e La creación en 1993 de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, que funcionan bajo coordinación interinstitucional entre el Instituto Nicaragüense de la Mujer, la Red de Mujeres contra la Violencia y la Policía Nacional.

e El acuerdo ministerial 67196, que reconoce la violencia como problema de salud pública, y la incorporación de éste en la Política Nacional de Salud.

e Sensibilización sobre la necesidad del registro en los sistemas de salud y judicial.

e Desarrollo de investigaciones sobre incidencia y prevalencia de la violencia de género.

e La constitución de la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, integrada por los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo; la Red de Mujeres contra la Violencia y la Coordinadora de ONG que trabajan con la niñez y adolescencia.

e Elaboración del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia, presentado en marzo de este año.

Desde 1985, tres reformas realizadas a la Constitución Política no han tenido como objeto mejorar las disposiciones en favor de las mujeres.

La última reforma constitucional tuvo Como único objetivo la legalización del pacto de dos fuerzas partidarias dominadas por hombres, tendiente a la rearticulación de un sistema autoritario a través de la conclusión de los derechos políticos alcanzados por los y las nicaragüenses en los últimos veinte años. Por tanto, si para la población en general existe discriminación política encubierta en el mito de la democracia formal, podremos entender la ausencia de interés en modificar la forma y el fondo de los Contenidos y disposiciones constitucionales relativas a los derechos políticos de las mujeres, especialmente los referidos a promover y garantizar la opción a cargos de elección de mayor número de mujeres.

Por otra parte, la amenaza latente contra los derechos reproductivos de las mujeres radica en la pretensión de la iglesia de que sea declarada constitucionalmente, la existencia de la persona humana desde el momento de la concepción.

Mientras los valores religiosos, la naturaleza androcéntrica y machista de nuestra cultura sean reforzados mediante las instituciones del sistema socio-político y jurídico, y las personas que legislan continúen subordinadas a intereses partidarios, con posiciones y concepciones patriarcales; no será posible elaborar una doctrina constitucional basada en la igualdad real entre hombres y mujeres, ni habrá cambios sustantivos en estereotipos y valores que discriminan a las mujeres. Veamos algunos ejemplos:

Un hecho relevante son las modificaciones al INIM por la ley de reorganización del Estado, que lo hace dependiente para la formulación de políticas del Ministerio de la Familia, el que junto con el Ministerio de Educación, son los bastiones de una ideología conservadora y retrógrada, que desde el gobierno promueve el retorno a un modelo de estado y sociedad similar a la del siglo pasado.

Ley de Alimentos: En marzo del año 2000 fue presentada una iniciativa de reforma a la Ley de Alimentos vigente en el país desde 1992, por parte de los legisladores, en la cual se pretende reducir el período del derecho a reclamo de alimentos, de un año a seis meses.

Es conocido en el país que buena cantidad de diputados han sido demandados por esposas, ex esposas, compañeras en unión de hecho estable, o simplemente madre de algún hijo, por incumplimiento de esta ley; es fácil entonces entender la iniciativa de reformas a dicha Ley.

En la exposición de motivos de la reforma propuesta los legisladores manipulan los conceptos de igualdad y no discriminación; citando fuera de contexto uno de los considerandos de la anterior ley; argumentan la igualdad entre padres y madres señalando que dicha obligación "se constituye un crédito a favor y en beneficio del demandante y en consecuencia utilizado en beneficio de los mismos, sin que esto signifique dejar en situación crítica 105 derechos e intereses de quienes deben el crédito en concepto de alimentos"

Además, se condiciona el derecho de pagar alimentos entre otros al compañero de unión de hecho estable comprobada y se remite el conocimiento de la situación a la vía judicial, eliminando la anterior facultad administrativa para conocer de los casos al Ministerio de la Familia; puede dimensionarse la afectación que tal reforma ocasionará en mujeres sin recursos económicos.

Niñas y mujeres adolescentes Las niñas y las adolescentes son víctimas de una doble discriminación, por su condición de mujer y en razón de su edad. A pesar de establecerse en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el principio de Igualdad y no-discriminación, la desigualdad, las prácticas adultistas autoritarias y la violencia como parte de la discriminación, persisten y en vez de ir eliminándose, su praxis va en ascenso.

Los medios de comunicación constantemente registran hechos de violencia contra niñas, niños y adolescentes; en los últimos meses se ha denunciado públicamente el escandaloso incremento de la prostitución infantil, pero son las niñas quienes viven mayores niveles de discriminación y violencia.

Las medidas de prevención y protección especial a menores en situación de riesgo, así como las de menores en conflicto con la ley penal establecidas en el Código, no han sido puestas en práctica por falta de recursos económicos; a pesar que el mencionado cuerno de leyes establece la obligatoriedad al Ministerio de Finanzas de garantizar recursos para ello, violentando así, no solamente compromisos internacionales sino ley expresa.

A pesar de las reformas al Código Penal, Siguen vigente en el mismo normas contradictorias, vacíos e imprecisiones, que se espera sean consideradas en la elaboración de uno nuevo. Nos preocupa la presión de la iglesia y funcionarios fundamentalistas por abolir la despenalización del aborto, aún en condiciones de riesgo para las mujeres.

Aún cuando en este ámbito es que pueden reconocerse mayores avances, no se conoce el monto de los fondos nacionales empleados para prevenir, sancionar y atender a las víctimas de violencia; tampoco se cuenta con presupuesto desagregado en las instituciones estatales que brindan atención.

El Proyecto Comisarías de la Mujer y la Niñez no cuenta con presupuesto nacional para su funcionamiento, sino que depende del financiamiento de la cooperación. Esto limita el desarrollo de nuevas iniciativas y la autosostenibilidad en el tiempo.

En 1999 el Instituto Nicaragüense de la Mujer contó con un porcentaje del 0.003% del Presupuesto General de la República, lo que corresponde al 20% del presupuesto total que requiere, el restante es financiado por la cooperación internacional.

Ni el Ministerio de Salud, ni el Poder Judicial incluido el Instituto de Medicina Legal, tienen en sus presupuestos desagregados los costos de la atención a la violencia contra mujeres y niñas. Los proyectos específicos son financiados por agencias internacionales.

Leyes Laborales: En las Empresas Privadas y del Estado o en los mismos hogares donde las mujeres se desempeñan como trabajadoras domésticas, continúan los despidos arbitrarios por embarazos, sin que se conozcan estadísticas confiables por causa de sub- registro. Muchas de las despedidas ni siquiera interponen la denuncia en el Ministerio del Trabajo por diferentes factores, siendo la mayoría de ellos factores de discriminación social, económica y cultural.

Esto es resultado de la carencia de una Política Pública Laboral que permita a las mujeres acceder a la justicia por medio de un juicio laboral, oportuno, beligerante y gratuito; que le garantice lograr el resarcimiento de su derecho violentado.

En Nicaragua las autoridades laborales actúan de manera displicente, incoherente y discriminatoria.

Las disposiciones laborales hacia el sector rural son diminutas; hay ausencia de normas específicas que consideren las condiciones de las mujeres rurales, por lo que la discriminación existente para las mujeres en general, se ahondan en las campesinas.

Código de Familia: Desde hace casi una década y a propuesta del Movimiento de Mujeres se encuentra pendiente la aprobación un Código de Familia. Su aprobación no es de interés de quienes definen la agenda y prioridades parlamentarías, al punto de haber sido eliminado de las iniciativas pendientes de dictamen.

Códigos Penales. Pendientes de aprobación en la específico se encuentran las nuevas propuestas de Código Penal y Procesal Penal. Artículos relativos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que tienen trabada la aprobación del primero, especialmente lo relativo al aborto terapéutico por razones médicas.

En los períodos reportados, no se identifica ninguna medida temporal, tendiente a la superación de patrones y conductas discriminatorias.

Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Existe un ante proyecto de Ley impulsado por la presidencia de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, con el apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH>, respaldado por los resultados de un diagnóstico, un compendio de análisis legislativo y un proceso de consulta amplia de la propuesta realizado en casi todo el país.

Una Ley de este tipo ha sido demanda de vieja data; pero se requiere aún mayor discusión puesto que se teme sea utilizada en la próxima campaña electoral por el partido Frente Sandinista. (FSLN).

La Constitución Política, estatuye que "Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la patria y la humanidad". Asimismo, reconoce el derecho que tienen mujeres y hombres a una protección igualitaria, y plasma el principio de "no-discriminación". También establece que: "Las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer. Los padres deben atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, con iguales derechos y responsabilidades".

El estado nicaragüense refuerza la visión de roles y estereotipos discriminatorios a través de:

· Implementación de una política de educación sexual, basada en la abstinencia y la preservación de la virginidad hasta el matrimonio

· Desconocimiento y condena, en conjunto con la iglesia católica de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

· Ausencia de medidas, políticas y programas tendientes a modificar estereotipos derivados de tradiciones religiosas

e Ausencia de medidas, políticas y programas tendientes a modificar el uso de las mujeres con fines comerciales y promover una nueva imagen de las mujeres en los medios de comunicación social

· Sublimación del rol reproductivo de la mujer, asociado fundamentalmente a la protección de la familia, como esposa, madre e hija, vía Ministerios de la Familia y de Educación principalmente.

A pesar de haberse realizado una transformación curricular que incluye como ejes transversales la "Formación para la Familia" y el "Enfoque integral de Género"; la ex Asesora en Valores del Ministerio de Educación, actualmente con igual cargo en el Ministerio de la Familia, rechaza que mujeres y hombres tienen iguales roles en la sociedad y defiende el concepto que se debe "educar buscando cómo se valore el trabajo de la mujer en la casa".

Desde la cartera de Educación se ha hablado de promover la "complementariedad de los sexos", haciendo coincidir el enfoque oficial con el de la Iglesia Católica (Encíclica "Famitiaris Consortio").

Un análisis de planes, programas y textos escolares, permite concluir, en concordancia con otros estudios y experiencias (Wasmann, 1994; Castillo, 1997), que prevalece: centración sobre el protagonismo masculino", "violencia institucionalizada contra la mujer" y "oposición institucional al desarrollo integral de la mujer". En el sentir de la Comisión de la Mujer de la Confederación General de Trabajadores Educativos de Nicaragua, 1997, "maestros y maestras se convierten en factor multiplicador de la frustración, pasividad y aprendizajes para la sumisión de niñas y adolescentes..."

A pesar de algunas modificaciones en la visión sobre las mujeres, el estereotipo: "ser para los otros y otras", continúa siendo central en la vida de las nicaragüenses.

Los resultado de entrevistas y grupos focales realizados en diversas investigaciones identifican claramente la vigencia de estereotipos de género negativos para las mujeres.

Estas concepciones e ideas están presentes en hombres y mujeres, pero de manera más marcada entre los primeros, quienes tienden a considerar las limitaciones como factores que explican las diferencias en la ubicación laboral y la remuneración; mientras las mujeres reconocen y aceptan su doble rol, pero no que su rol reproductivo sea desempeñado a costa del trabajo de la oficina. Mayoritariamente, las mujeres ubican las desventajas identificadas Como manifestaciones de una sub- valoración prejuiciada de las mujeres por parte de los hombres.

Las situaciones detectadas vía datos y encuestas se dan en ambientes laborales mixtos, y que justamente esa característica del ambiente institucional que supone la existencia de muchas mujeres y mujeres en cargos de dirección, se traducen en una tendencia entre el personal activo de las instituciones a percibir el empleo formal, particularmente el de oficina, como "neutral" y no discriminatorio hacia las mujeres.

Aún para las mujeres resulta difícil percibir la discriminación de que son objeto, especialmente en el caso de instituciones gubernamentales, algunas de las cuales tienen esferas de acción que no son percibidas como especialmente masculinas, tales como los casos del Instituto del Seguro Social, Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda.

La Constitución Política reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad Individual y a su seguridad; asimismo, el respeto a la integridad física, psíquica y moral, la protección contra la torturas, procedimientos, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

También estatuye que "La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere" por lo cual tiene plena vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.

La Ley 150, Ley de Reformas y Adiciones al Título III, del Código Penal de Nicaragua, respecto a los "Delitos Contra la Libertad Sexual", penalizan una serie de conductas que lesionan los derechos de las mujeres.

El Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que: "Ninguna niña o adolescente, será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, traslado ilícito dentro o fuera del País, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrorizados, humillante, Opresivo, trato cruel, atentado o negligencia, por acción u omisión a sus derechos y libertades":

De igual manera consigna la prohibición a agencias publicitarias para la difusión de mensajes que inciten al uso de drogas, la pornografía infantil, prostitución, el alcohol, que exalten al vicio o irrespeten la dignidad de niños y adolescentes como personas; igualmente prohibe a los propietarios y trabajadores de cantinas, casinos, club nocturnos y otros establecimientos similares, permitir la entrada de niños, niñas y adolescentes.

La despreocupación, desinterés y falta de atención del Gobierno respecto a la creciente problemática de explotación, tráfico y prostitución, de mujeres, adolescentas y niñas, se refleja en la inexistencia de registros estadísticos que reflejen la verdadera realidad y la inobservancia de las normas legales referidas a la prevención y sanción de los delitos de explotación sexual de niñas y mujeres adolescentes.

Información del ONG Nacional TESIS, en los últimos tres años se han incrementado los lugares de concentración para la realización del comercio sexual, el cual ha incorporado a una gran cantidad de adolescentes que oscilan entre 13 y 18 años. Un dato alarmante es que de entre 1,200 a 1,500 personas atendidas por este organismo en Managua, un 75 % son mujeres, y de ellas, el 40% están dentro del rango de 13 a18 años de edad.

De un mapeo de 40 puntos donde se registran focos de prostitución y explotación sexual en la ciudad de Managua, se identificó:

e 13 puntos están ubicados en mercados y basureros, y en ellos se encontraron adolescentes menores de 13 años en situación de explotación sexual. Los principales clientes son recolectores de basura, vendedores, comerciantes, mecánicos, acarreadores y conductores.

· 10 de los puntos están ubicados en sectores donde transita la clase media y alta de Managua, especialmente reconocidos clubes nocturnos. Aquí se encontró explotación sexual de adolescentes entre 14 y 18 años. Los principales clientes son hombres de negocios, profesionales, extranjeros y comerciantes fuertes; en general, adultos de posición económica estable.

e 4 puntos están ubicados en las principales arterias de comunicación al norte, sur y oriente de la capital, donde se encontró explotación sexual de adolescentes entre 15 y 18 años.

· Otros puntos están en barrios marginales y calles solitarias de Managua, especialmente el antiguo centro, donde aún existen escombros del terremoto de 1972 y viven familias en condiciones de extrema pobreza.

De 40 puntos estudiados, sólo en 7 de ellos no se encontró adolescentes menores de 18 años, lo cual evidencia la creciente gravedad del problema. León, Chinandega y Granada son los otros departamentos donde se reportan mayores casos de prostitución infantil.

No hay una estrategia para enfrentar el problema. Un grupo de ONG desarrolla una iniciativa denominada "Espacio de reflexión y acción para la prevención de la explotación sexual y el tráfico infantil" con el objeto de unificar criterios, propiciar el análisis integral del problema, la focalización de las situaciones urgentes y sobre todo, hacer visible el fenómeno y la conformación de una "red" que integre a todos los sectores de la sociedad.

A pesar que en los últimos 25 años se ha desarrollado en Nicaragua un proceso paulatino de incremento de la participación de las mujeres en lo público, las partes fundamentales parecen poco afectadas por este ingreso.

El derecho al sufragio fue reconocido para las mujeres nicaragüenses hasta en 1955, cuando la reforma constitucional de 1950; pero manteniendo limitado el derecho a ser electa para ocupar cargos públicos. Hasta 1974 es reconocido el derecho a votar y ser electa para las mujeres.

En 1987, producto de la beligerancia de las nicaragüenses, se reconoció en la Constitución Política la igualdad de derechos de las mujeres en relación con los hombres, es decir, su condición de ciudadanas. Sin embargo, los derechos políticos reconocidos en la Constitución de 1987, carecen de mecanismos para hacerlos efectivos en igualdad de condiciones con los hombres.

El ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, está signado por una cultura política androcéntrica que frena mayores avances y es causa de discriminación. Dicha cultura domina tanto a los partidos políticos corno a las instituciones de gobierno, donde ha disminuido la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad y toma de decisión.

En el ámbito político público, tal discriminación se expresa en que, a pesar de constituir más del 50% de la población del país y casi un 45% de la población económicamente activa, la participación de las mujeres en el gobierno y otros poderes del Estado no es proporcional a sus niveles de representatividad demográfica e incidencia socioeconómica. Tal situación es constatable si analizamos la participación de las mujeres en las distintas esferas del quehacer público, a lo largo de la década.

En el período 1990-96, mujeres parlamentarias ocuparon cargos de Presidenta, Segunda y Tercera Vice Presidenta y Primera y Segunda Secretaria de la Asamblea Nacional. De igual forma, la mitad de las Comisiones existentes (12 en total), fueron presididas por 6 de las 17 parlamentarias electas (35%). Dicha influencia se proyectó en el trabajo y representatividad de las parlamentarias en las Comisiones Económica; de Educación y Cultura; de la Mujer, la Niñez y la Juventud; Población y Desarrollo; Antidrogas y del Exterior. En ese mismo período una parlamentaria ocupó el cargo de Vice Presidenta del Parlamento Latinoamericano en representación de Nicaragua.

En la actual legislatura, aparentemente, la tendencia es que la presencia de las mujeres en los cargos de decisión y representación está influenciada por los estereotipos de género, puesto que las mujeres únicamente han presidido la Comisión de la Mujer, Niñez, la Juventud y la Familia. Tampoco en los últimos años, mujeres parlamentarias han ocupado cargos en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

La tasa general de analfabetismo de las personas es de 24.3%, pero dicha tasa alcanza hasta un 30.8% en las zonas rurales y es de un 17.6% en las zonas urbanas. La estructura por sexos del analfabetismo muestra que una mayor cantidad de mujeres son analfabetas, 25.4%; en comparación con la cantidad de hombres que es de 23.1%.

La tasa general de escolarización primaria para el año 200 fue de 53%; sin embargo el porcentaje de hombres con escolarización primaria es de 55% en comparación con un 51.2% en el caso de las mujeres. En la educación secundaria la tasa neta de escolarización en el año 2000 fue del 22.9%, sin que exista una marcada diferencia entre hombres, 22.5% y mujeres, 23.3%.

En el ámbito de la educación Superior, la matrícula total de todas las universidades del país, en el periodo comprendido entre 1990 y 1998 fue de unos 300.0 miles de estudiantes, de los que el 47% eran hombres y el 53% mujeres. El comportamiento de la matrícula en los hombres fue menor en el periodo 1985-1990, incrementándose a partir de 1991. En cambio el comportamiento de la matricula de las mujeres fue mayor en el periodo 1985-1990, decreciendo relativamente a partir de 1991.

Los datos estadísticos nacionales evidencian una reducción de matriculas, para ambos sexos, en los años comprendidos entre 1998-2000. También se constata que, pese a que el porcentaje de mujeres se ha reducido, en números absolutos ha habido un incremento gradual en su matrícula, particularmente en cursos diurnos y por encuentros, con una reducción en los cursos nocturnos.

La segmentación genérica de las carreras y profesiones afecta la búsqueda de empleo, ya que las mujeres encuentran dificultades vinculadas a su condición de género, particularmente si es joven, pues el estereotipo social las define como faltas de responsabilidad e inconstantes. A ello se suman los problemas de poca formación ocupacional, poca o ninguna experiencia laboral, además de las restricciones de la economía.

Una revisión de los datos disponibles acerca de la formación académica de hombres y mujeres en los centros de estudios superiores existentes en el país permite identificar que, por un lado, hay una marcada tendencia de las mujeres a estudiar carreras técnicas de menor duración que las carreras profesionales, lo que les permite entrar rápidamente al mercado laboral, aún cuando ello significa entrar con menores remuneraciones y responsabilidades que los hombres.

Las mujeres con formación técnica se concentran en más del 95% en cargos que no son de dirección, aún cuando los hombres con el mismo grado académico participan casi 3 veces más en cargos de dirección. En el caso de las personas con formación profesional universitaria, por cada dos mujeres que acceden a un cargo de dirección, hay al menos 4 hombres que lo hacen. En otros grados académicos las diferencias de acceso a cargos de dirección entre hombres y mujeres, aunque son menores, persisten. Cuanto mayor es el nivel del cargo, mayor es el nivel de exigencia que en términos de escolaridad se establece para las mujeres, en un esquema que se convierte en desventaja para las mujeres en relación con los hombres.

También es evidente una fuerte concentración de mujeres en carreras técnicas y profesionales afines al rol reproductivo: salud, educación, nutrición, administración. Los hombres por su parte se concentran en las carreras de ingeniería en sus distintos ramos, coincidiendo con su ubicación posterior en ocupaciones consideradas tradicionalmente masculinas, las que son mejor remuneradas y con mayor reconocimiento social.

Otra de las restricciones importantes y que opera como desestimulante para el ingreso a las distintas escuelas de formación técnica y profesional, es la falta de vacantes, que alcanza el 40.8% de las causas señaladas para no tener empleo según resultados de la Encuesta a mujeres y adolescentes presentados por el Instituto nicaragüense de la mujer (INIM) en Junio de 1 998. Tales resultados refuerzan la percepción señalada en cuanto a que el peso de las restricciones que impone el mercado de trabajo por la segmentación de las ocupaciones en atención a la condición genérica, restringen también el acceso a instituciones de educación, condición que el mercado no logra rebasar.

Una tercera parte de la población total del país es menor de 10 años. El 14% de la población esta comprendida en un rango etáreo entre 10 y 14 años, el 27.5% esta en un rango entre 15 y 29 años, y un 18% esta en el rango entre 30-49 años; lo que evidencia que se trata de una población mayoritariamente joven.

De los 3.6 millones de personas de 10 años y más considerada población en edad de trabajar (PET)", el 48.5% es masculina y el 51.5% es femenina. La tasa global de participación fue de 55.7% en el año 2000, donde el 67.6% de la PEA total eran hombres y un 44.8% mujeres, sin embargo en el caso de la PEA rural la participación de los hombres desciende a un 61.8% frente a un 38.2% de las mujeres

La tasa neta de ocupación en el mismo periodo fue de 52.0%, siendo la participación de los hombres del 63.6% frente a un 41.4% de las mujeres; situación que varia mucho en las zonas rurales donde el nivel de Ocupación de las mujeres es de apenas 37.8% frente a un 62.2% para los hombres

La tasa de desempleo abierto para el año 2000 fue de un 7%; pero en su composición por sexo el 8% de las mujeres estaban desempleada, mientras que los hombres sólo alcanzaron el 6% La tasa neta de subempleo durante el mismo periodo fue del 43.1%, y en su composición por sexos la participación de las mujeres representó el 51.2% frente a un 37.2% de los hombres. Sin embargo, en el subempleo urbano la situación de las mujeres superó la de los hombres por más de 15 puntos porcentuales, mientras que en el área rural la diferencia entre unas y otros fue sólo de 10 puntos porcentuales

La tasa de inactividad general registrada en el año 2000 fue de 32.7%, pero en su composición por sexo los hombres representaron un 22.1% del total y las mujeres un 42.5%, que se elevó hasta un 70.5% en las áreas rurales.

Si se complementa esta información con datos acerca de la distribución de la fuerza de trabajo por niveles de instrucción, área geográfica y sexo, se observa que el 30% de los hombres, urbanos y rurales, no tienen ningún grado de instrucción, comparado con sólo un 20% de las mujeres en la misma situación. Incluso los hombres se concentran mayoritariamente en los niveles de instrucción primaria pero arriba del cuarto grado, mientras que en el caso de las mujeres estas se concentran en grados inferiores al tercero de primaria.

En Nicaragua, pese a que las medidas de ajuste estructural han implicado un achicamiento del aparato gubernamental, el Estado continúa siendo el mayor empleador del país. Un breve análisis de las estadísticas sobre empleo público indican que este es mayoritariamente femenino.

Las mujeres constituyen el 61% del personal que labora en el servicio público, sin embargo no es menos cierto que continúan concentradas en cargos de prestación de servicios, especialmente educación y salud, que representan el 64% del empleo femenino total en el sector público, y su peso en los cargos de administración es muy superior al de los hombres. Los hombres presentan una sola área de concentración laboral importante: seguridad y defensa

De otra parte, si se relacionan esos datos con el tipo de institución y la composición de su personal por sexos, las instituciones que presentan un fuerte peso de empleo femenino en su empleo general, trabajan en ámbitos considerados tradicionalmente como 'femeninos' o que, al menos, se acercan a algunos estereotipos sociales imperantes acerca de las habilidades femeninas: relaciones públicas, cooperación externa, turismo y relaciones exteriores, entre otras. Mientras que las instituciones con fuerte peso relativo de empleo masculino en el total, éstas son identifícables con esferas consideras tradicionalmente masculinas: ciencias, guerra, seguridad militar y deportes.

Sin embargo, la participación del empleo masculino en cargos de dirección es mayor que la participación femenina en el mismo tipo de cargos. La probabilidad de que un hombre acceda a un cargo de dirección es al menos 3 veces la probabilidad de que una mujer lo haga.

Otra característica del empleo público es que esta conformado mayoritariamente por gente joven, y en el conjunto las mujeres lo son aún más que los hombres. Así, el 20% de las personas en edad de trabajar tienen entre 15 y 24 años y de ellos unas 11 son mujeres; el 13% están entre 25 y 34 años y 7 de ellas son mujeres; un 9% tienen entre 35 y 44 años y 5 de ellas son mujeres.

Tanto en el ámbito nacional como a escala de Managua la capital, se encuentran sesgos de género en el empleo público, particularmente marcados en lo referente al acceso diferenciado a cargos de dirección. Los hombres tienen mayor acceso que las mujeres a cargos de dirección, y la posibilidad del acceso se torna más distante para las mujeres en los niveles más altos de este tipo de cargos.

La participación diferenciada de hombres y mujeres en cargos de dirección no parece estar relacionada con la participación que los mismos tengan en el empleo total de las instituciones públicas. Los hombres siempre tienden a una mayor participación, independientemente del hecho que el empleo total de la institución sea más o menos femenino o masculino.

Para el año 1996, el salario promedio masculino global representaba 1,42 veces el salarlo promedio femenino. Esta relación ha variado hasta 2.5 veces. La misma relación en las categorías de los cargos de dirección era 1,45 veces y se ha desplazado hacia 3.8 veces. Ello significa que al año 2000, el salario promedio del personal dirigente masculino era casi el cuádruple del salario promedio del personal dirigente femenino; por cada 100 córdobas que gana una dirigente femenina, un dirigente masculino devenga 400 córdobas.

Destaca el hecho que, los casos en que se presentan brechas saláriales a favor de los hombres, son más numerosos que los que se presentan a favor de las mujeres. Otro aspecto evidente es que la dimensión de la brecha salarial es normalmente mucho más alta en los casos a favor de los hombres, que en los casos a favor de las mujeres.

Se observa que los casos con brechas a favor de los hombres aparecen en subcategorias mayoritariamente masculinas, mixtas y hasta mayoritariamente femeninas en la composición del personal. Esto indica que las brechas saláriales a favor de los hombres se dan en cualquier caso, independientemente de la feminidad o masculinidad de las categorías ocupacionales.

En cambio los casos de brechas saláriales a favor de las mujeres, prácticamente se ubican en donde todas las categorías son típicamente femeninas. Un último elemento a relevar es que los mayores niveles de igualdad salarial entre hombres y mujeres se dan en categorías de empleo típicamente femeninas y normalmente mal pagadas, docencia por ejemplo.

El análisis del mercado laboral nacional muestra una inserción diferenciada entre mujeres y hombres en dependencia de las actividades económicas, que presenta una segregación en este mercado. En la mayoría de los casos, dicha segregación esta determinada por la construcción de género que condiciona ciertas actividades a los hombres o a las mujeres, pero también es el reflejo de la falta de oportunidades para las mujeres, que les impide tener un mayor involucramiento en el espacio productivo o uno con más calidad.

Mientras la presencia de mujeres se concentra en sectores económicos de baja productividad, con baja remuneración o en condiciones de 'informalidad', corno son las actividades del sector comercio y servicios; los hombres tienen una mayor participación en el sector primario y secundario de la economía.

En los últimos 9 años las mujeres concentraron aún más su participación en las ramas de comercio y servicios, pasando del 76% al 85%, en detrimento de su participación en el sector agropecuario y el sector secundario (artesanías e industria, principalmente). Estos datos evidencian la reducción del empleo sufrida por las mujeres a raíz de la crisis económica y los programas de ajuste estructural que vive el país, quedando ocupadas en trabajos por cuenta propia o subocupadas en trabajos familiares no remunerados, contribuyendo a la subsistencia familiar a costa del deterioro de sus propias condiciones.

Algunas otras formas de discriminación se refieren a falta de requisitos ocupacionales como edad, experiencia mínima, nivel de escolaridad y falta de capacidad de adquisición de los documentos solicitados (récord de policía, Partida de Nacimiento, cartas de recomendación, etc.), que afecta al 54% de las mujeres.

Según datos del INIM, la comparación del nivel de afectación de la ocupación por problemas de escasez de plazas muestra que para las mujeres adolescentes de entre 15-17 años, (27%), estos tienen menor peso que para las mujeres jóvenes de entre 18-21 años, (40.8%). Los problemas atribuibles a su condición de mujeres jóvenes tienen mayor peso para las adolescentes (64.4%), constituyendo la causa más importante para su baja participación en el mercado de trabajo; en cambio para las mujeres jóvenes es del 50%.

Tal comportamiento en el mercado de trabajo pone en evidencia el hecho de que, en el mercado laboral nicaragüense, persiste una visión androcéntrica acerca de las Ocupaciones femeninas y su posterior inserción laboral en el aparato económico, que invisibiliza el aporte y contribución económica de las mujeres en la vida nacional. Ello aparejado a la falta de reconocimiento del aporte que hacen las mujeres, una vez incorporadas al mercado laboral, al mejoramiento de las condiciones económicas del hogar, evitando o reduciendo los niveles de pobreza en el mismo.

De manera general puede afirmarse que, las restricciones ocupacionales en atención a la condición genérica continúan siendo obstáculos para el desarrollo económico y social del país; particularmente por el hecho de que las mujeres en su condición de garantes de los aspectos reproductivos de la sociedad, son quienes aseguran la calidad de los recursos humanos disponibles a futuro. Esta falta de visión estratégica y de largo plazo dificulta la incorporación de hombres y mujeres con mayor experiencia y calificación en los planes de desarrollo de la nación, en condiciones equitativas.

La falta de oportunidades y de igualdad de condiciones para romper con los esquemas discriminatorios, también impide a las mujeres acceder a empleos más calificados y/o en áreas de mayor productividad; viéndose reducidas al ámbito privado y confinadas al rol reproductivo directa o indirectamente, en actividades y ocupaciones de servicios con poca calificación y menor salario, con las consecuencias que ello implica para las propias mujeres y para la sociedad en su conjunto.

Estos sesgos no pueden ser explicados satisfactoriamente por los factores que normalmente se emplean para justificar una determinada ubicación laboral y nivel salarial. Todo indica que el nivel académico, la experiencia o la antigüedad no parecen funcionar de la misma manera para mujeres y hombres; ni explican las diferencias de ubicación laboral y remuneración salarial entre hombres y mujeres, dada la homogeneidad relativa encontrada en estos aspectos. Pese a que la movilidad laboral, en términos generales es baja, las probabilidades de obtener uno o más ascensos en las instituciones, son normalmente mayores para un hombre que para una mujer.

Existen también sesgos de género en la diferenciación de la remuneración al trabajo, en un mismo cargo dentro de una misma institución y en la misma ubicación territorial. Las brechas saláriales entre hombres y mujeres en ¡a gran mayoría de las veces son a favor de los hombres y mucho más grandes que las que se encuentran a favor de las mujeres.

Dentro de una misma sub- categoría ocupacional, las mujeres tienden a concentrarse en ¡OS niveles de remuneración más bajos y los hombres en los más altos. Entre las sub- categorías de dirección, el máximo nivel de remuneración obtenido por las mujeres, es generalmente inferior que el máximo obtenido por hombres.