ARGENTINA: EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS MUJERES

 

CONTRAINFORME AL COMITÉ DE LA CEDAW – enero 2004

 

 

 

 

Documento elaborado por ONG argentinas:

ADEUEM, ACDH, CELS, CLADEM Argentina, FEIM, Feministas en Acción, ISPM, Mujeres en Acción[1].

 

ÍNDICE

 

RESUMEN EJECUTIVO: PROPUESTAS

 

 

INTRODUCCIÓN

 

 

PARTE 1. PANORAMA GENERAL. SITUACIÓN ACTUAL

 

1.1. Aspectos centrales de la economía argentina en la post-convertibilidad

 

1.2. Aspectos centrales de la actividad política a comienzos del 2004.

Movimientos sociales populares. Papel de las mujeres

1.3. Acción del gobierno a partir de la crisis en temas de género

A) Institucionalidad

b) Legislación

c) Políticas públicas y su impacto en las mujeres.

 

 

PARTE 2. TEMAS DE INTERÉS ESPECIAL PARA LA CEDAW OCURRIDOS EN 2002 Y 2003

 

2.1. La protección internacional de los derechos humanos (en adelante DDHH) de las mujeres: protocolo opcional de la CEDAW

2.2. Pobreza. Situación específica de las mujeres

2.3. Panorama del mercado de trabajo. Discriminación por género

2.5. Derecho a la Salud sin discriminación

2.6. Prevención de la violencia familiar, doméstica y de género

2.7. Prostitución y explotación sexual de mujeres

2.8. Educación.

 

 

 

ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO: PUNTOS PENDIENTES Y PROPUESTAS

1) Principales puntos de preocupación:

Aunque en 2002 el país sufrió una agudización de la crisis económica, social y política —de la que se encuentra en vías de recuperación—-, el estado nacional no ha tomado el género como tema de agenda pública.

·      No se ha ratificado el Protocolo Facultativo de la CEDAW.

·      La gestión estatal —en particular en las provincias— es poco transparente y existen pocos mecanismos para el control y monitoreo por parte de la ciudadanía.

·      Las estadísticas e información para el monitoreo de las políticas públicas son escasas, poco confiables y poco accesibles. Hay pocos mecanismos que permitan a la sociedad civil controlar y conocer el efectivo cumplimiento de planes y programas destinados a la mujer, así como intervenir en las decisiones.

·      Argentina es un país federal y preocupa la persistencia de sistemas clientelares y casi feudales en muchas provincias, en las que las clases políticas se reciclan gracias a la corrupción y el autoritarismo.

·      La alta desocupación y la actual ley de contratos de trabajo favorece la precarización laboral, de la que son principales víctimas las mujeres, en particular las jóvenes.

·      Persisten estereotipos culturales sexistas en la cultura y en las familias.

·      Los servicios de salud sexual y reproductiva tienen un nivel de implementación muy desparejo en las distintas regiones del país. El aborto continúa penalizado. Sigue pendiente la debida atención del aborto no punible.

 

2) Aspectos pendientes. Propuestas (legislación y políticas públicas)

·      Ratificar el Protocolo Facultativo de la CEDAW para la efectiva protección de los DDHH de las mujeres.

·      Mejorar el acceso de la ciudadanía a la información sobre actos de gobierno e implementación de las políticas públicas (sistema estadístico, institucionalidad, presupuestos, organigramas, etc.). Inclusión del trabajo doméstico no remunerado en las estadísticas nacionales.

·      Rejerarquizar el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) y garantizar su gestión de manera eficaz y pluralista.

·      Incluir el tema de género a través de los distintos Ministerios de los gabinetes nacional y provinciales.

·      Crear acciones afirmativas y planes de igualdad de oportunidades en el ámbito del trabajo y en combate a la pobreza. También en ámbitos institucionales nacionales, provinciales y locales.

·      Garantizar y universalizar sistemas públicos y gratuitos de cuidado de niños.

·      Legislar y universalizar estándares sobre acoso sexual en el trabajo, garantizando el debido proceso.

·      Combatir de manera eficaz la trata de mujeres y la explotación sexual.

·      Educación sexual adecuada en las escuelas públicas y privadas del sistema educativo formal en todos los niveles. Mayor compromiso del Ministerio de Educación en su implementación efectiva en todo el territorio nacional.

·      Garantizar el acceso efectivo de las mujeres a los programas públicos de salud sexual y reproductiva, los que deben mejorar la calidad de su atención (consentimiento informado, consejerías, personal capacitado).

·      Extender a todo el país la legalización de la esterilización voluntaria.

·      Despenalización del aborto. Garantizar la atención adecuada y gratuita del aborto no punible en las diversas instancias de la salud pública. Avanzar hacia la legalización del aborto.

·      Crear nueva legislación que garantice la protección integral de los niños, niñas y jóvenes. Derogar la ley actual.

Preguntas claves para efectuar al Estado Argentino. Consejo Nacional de la Mujer

·      ¿Cuál es su posición jerárquica-administrativo-funcional dentro del Poder Ejecutivo? ¿De que repartición depende? ¿Que rol juega el CNM en las más altas decisiones del Estado?

·      ¿Posee el CNM presupuesto propio? ¿Cómo ha evolucionado el presupuesto en los últimos años? ¿Resulta suficiente para sostener los objetivos y programas planteados? ¿Cómo afecta la crisis el trabajo del CNM? ¿Por qué se no se hacen los informes nacionales con la colaboración de las ONG?

·      ¿El Plan Federal de la Mujer se ha implementado de manera continua, o ha sufrido interrupciones? En caso afirmativo, ¿de qué tipo y a qué razones obedecieron? ¿Que futuro se prevee?

·      ¿Qué medidas piensa implementar el Estado para monitorear las políticas públicas destinadas a la mujer? ¿Existen departamentos o presupuestos destinados a crear instrumentos, mecanismos e indicadores? ¿Por qué buena parte de las estadísticas continúan elaborándose sin desglosar la información por sexo?

·      ¿Por qué no se han integrado a las ONGs de mujeres a los Consejos encaragados del monitoreo de los Planes Jefes y Jefas de hogar?

 

INTRODUCCIÓN

 

Después de la agudización de la crisis desatada a fines de 2001 (que potencia problemáticas que ya estaban presentes en Argentina), el país comenzó lentamente su reconstrucción. Lo que en un momento pareció un país al borde de la disolución fue recuperando aspectos de su vida institucional, no sin grandes costos. El mayor de ellos es el record histórico de personas, adultos y jóvenes y en particular niños y niñas en situación de pobreza o indigencia. La inequidad social, la desocupación y una fuerte crisis de la credibilidad en la dirigencia completan el panorama. Sin embargo, a fines de 2003 las encuestas de opinión pública muestran altos índices de optimismo y esperanza, sin que quede claro si existen fundadas razones para ello.

 

El presente informe, elaborado para presentar al Comité que examina la acción de gobierno en relación a la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer ( en adelante CEDAW), trata de poner en foco algunos puntos que se consideran críticos en el marco de las obligaciones asumidas por el estado argentino en lo que se refiere a la discriminación por razones de género. A la vez, se incluyen determinadas iniciativas de la sociedad civil que son consideradas de interés. Tanto para el Comité como para Argentina, esta sesión es complementaria de la realizada en agosto de 2002, en ocasión del V Informe del Estado Argentino. Recordemos que en esa ocasión el Comité no interrogó exhaustivamente al Estado debido a la envergadura y lo reciente de la crisis, por lo cual decidió citar al Estado a una nueva reunión dos años después, es decir a mediados de 2004. Consecuentemente, la información aquí vertida debe comprenderse como una actualización al Contrainforme que las ONG abajo firmantes presentaron en su oportunidad (agosto 2002)[2], y no podrá comprenderse en su totalidad sin el aporte del documento precedente.

 

Hoy Argentina transita por una cornisa difícil de evaluar y predecir. En este momento el presidente, que asumió en mayo de 2003 como producto de elecciones, goza de una alta imagen positiva (más del 80% a la fecha de elaboración de este informe), pero el país tiene una de las deudas públicas per capita mas altas del mundo[3], y se encuentra actualmente en default parcial: ha cumplido con los organismos internacionales, pero no con los miles de poseedores de bonos de deuda pública. La clase política sigue fuertemente cuestionada y se recicla en los cargos ejecutivos y legislativos en todo el país. Algunos de los gobernadores de provincias, Senadores, etc., tienen causas pendientes con la justicia. Por su lado, existen fuertes cuestionamientos hacia la dirigencia sindical, empresaria y eclesiástica. Existen “megacasos” en los que la sospecha de corrupción se extiende sobre altos funcionarios de distintos poderes del estado (entre ellos, quienes en su momento ocupaban la presidencia) que se pierden en los laberintos de un sistema judicial también fuertemente cuestionado[4].

 

Consideramos que algunos de los datos y análisis aquí presentes constituyen herramientas útiles para que el Comité de la CEDAW disponga de una visión más completa del complejo fenómeno argentino, y también para el movimiento de mujeres en Argentina en la tarea de contribuir a configurar un país más equitativo, solidario y confiable, con igualdad de oportunidades para todos y todas.

 

Buenos Aires, enero 2004.

PARTE 1. PANORAMA GENERAL. SITUACIÓN ACTUAL

 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), son derechos humanos básicos de toda persona, cuya operatividad continúa siendo una cuenta pendiente en nuestro país. Esta deuda es sufrida particularmente por las mujeres, por su conocida situación de vulnerabilidad debido a la  carga por el cuidado doméstico y la crianza de los hijos. La persistente discriminación por género que se encuentra arraigada y permanece en nuestra cultura agrava esta situación frente a la cual las políticas de gobierno se muestran ineficaces. Hoy, al igual que ayer, la agudización de la crisis tiene a las mujeres entre sus principales víctimas, conjuntamente con los/as niños/as y jóvenes.

 

Mas allá de la epicrisis del 2001 y del efecto específico de la salida de la convertibilidad, la actual situación de Argentina es producto de una larga historia. Tomando los últimos 30 años, su causa fundamental son las políticas neoliberales impulsadas y avaladas por los planes de ajuste estructural impuestos por los organismos financieros internacionales y ejecutadas por diferentes gobiernos, tanto militares como democráticos de distinto signo partidario[5].

 

Estas políticas priorizaron la desarticulación del Estado y del aparato productivo — específicamente el industrial—, la privatización de los servicios públicos y empresas del estado, la generación de condiciones favorables para la especulación financiera, la apertura indiscriminada del mercado y los grandes negocios corporativos en detrimento de los pequeños productores y la industrialización. La consecuencia fue una acelerada concentración de la riqueza en pocas manos, el aumento de la pobreza y la desocupación, y la agudización de la segmentación por ingresos. En 1975, la población bajo la línea de pobreza era del 7%; hoy es del 56%. También la deuda externa pasó, en el mismo período, de alrededor de 7 mil millones de dólares a más de 180 mil. El período de mayor incremento de la deuda fue el de la última dictadura militar. Hoy, la Argentina debe el doble de lo que produce anualmente.

 

1.1. Aspectos centrales de la economía argentina en la post-convertibilidad

 

A partir de la salida del tipo de cambio fijo y su reemplazo por un esquema de flotación sucia del tipo de cambio, el país modificó una de las principales variables macroeconómicas que imperaron desde principios de los ’90: la equivalencia de la moneda nacional con el dólar. El país sufrió una formidable agudización de su crisis social que se expresó en un salto histórico de sus tasas de desocupación (incrementándose también la sobreocupación) y de pobreza.

 

A pesar de lo brutal de estos índices, la economía argentina empezó a mostrar signos de recuperación a partir del segundo semestre de 2002 y las expectativas de futuro registran esperanzas de continuidad. Sus causas son básicamente tres: por un lado, el piso de la crisis representa niveles de actividad económica muy bajos, por lo que cualquier reactivación parece significativa. Por otro lado, existe una coyuntura favorable de los precios internacionales, que beneficia a la exportación desde Argentina. Por último, la devaluación interna favorece las exportaciones. Sin embargo y por el momento, las cifras todavía arrastran un resultado negativo. Aunque en 2003 el Producto Bruto Interno (PBI) creció más del 8%[6], en el año 2002 el nivel de actividad fue un 10% menos que en el 2001, año en el que a su vez se había registrado una caída del 8% en relación a 1998 (último año de crecimiento económico en los 90). Esto representa importantes niveles de capacidad ociosa que en un primer momento motivará la sobreutilización de los recursos materiales y humanos existentes, y lentificará el requerimiento de nueva mano de obra y las nuevas inversiones[7]. Por ello, se requerirá una fuerte presencia del Estado para motorizar el tan esperado crecimiento. Esto considerando que el crecimiento actual se concentra en ciertas ramas de actividad y en pocas empresas grandes, capital intensivas, algunas de ellas transnacionales, que tienen escasa gravitación en la creación de empleo. Además muchas de ellas, como por ejemplo la construcción, requieren prioritariamente de trabajadores varones.

 

1.2. Aspectos centrales de la actividad política a comienzos del 2004

 

Un tema central para Argentina es el autoritarismo y la poca seriedad de las clases dirigentes y las instituciones en general, lo que implica que el Estado posee escasos mecanismos para garantizar la transparencia de la gestión y la participación de la población en las decisiones. Una de sus caras es el necesario combate contra la corrupción dentro y fuera del gobierno, hoy un tema que genera grandes expectativas. Sin embargo, parece tener puntos de contacto con problemáticas regionales. América Latina es la región del mundo que presenta más dudas respecto a la democracia como forma de gobierno. El “apoyo a la democracia” registra opiniones positivas en el 78% de la población de la Unión Europea, el 69% de la de Africa, el 60% de la India, el 53% de la de Europa del Este y sólo el 48% de la de América Latina[8]. Dentro de la región, Argentina presenta los índices más bajos de confianza en las instituciones. La confianza en la Iglesia Católica es del 56% (uno de los más bajos de la región, que en promedio presenta el 72% de confianza, con un máximo de 84% en Brasil) y en el Parlamento es del 17% (el promedio regional es de 24% y el máximo lo presenta Uruguay con el 46%). Durante 2003 se realizaron elecciones para legisladores y gobernadores provinciales, y dirigentes fuertemente cuestionados renovaron sus mandatos. La reforma política que la ciudadanía reclama no consigue plasmarse todavía.

 

Movimientos sociales populares. Papel de las mujeres

 

La crisis vio crecer, desarrollarse y en ocasiones declinar movimientos populares espontáneos de todo tipo. Entre ellos, algunos estaban dirigidos a la subsistencia familiar, comunitaria y/o personal, y otros vehiculizaron el descontento social y político que no encontró otros canales de expresión más adecuados. Entre los primeros, podemos mencionar las fábricas y empresas recuperadas, los cartoneros/as y el Club del Trueque como fenómeno que se amplió bruscamente. También se multiplicaron proyectos de microemprendimientos, y capacitación para el empleo, en ocasiones apoyados por ONG o con apoyo técnico de oficinas de gobierno.

 

Entre los movimientos que pretendieron canalizar el descontento social y político, cabe mencionar las asambleas populares, los movimientos de trabajadores desocupados (piqueteros/as), la multiplicación de Comedores comunitarios. Muchos de estos movimientos sociales continúan desarrollándose, y otros han disminuido o prácticamente desaparecido, como por ejemplo el movimiento asambleísta (una experiencia inédita para el país), que se generó a partir del “cacerolazo” de diciembre del 2001. Fue un movimiento horizontal centrado en la crítica a la dirigencia política y las jerarquías organizado en reuniones periódicas territorialmente centradas en los barrios. Lamentablemente este fenómeno fue decayendo y hoy casi no tiene presencia en la vida social del país.

 

Los que continúan teniendo presencia fuerte en la sociedad argentina actual son los movimientos de trabajadores desocupados, los cartoneros y las fabricas y empresas recuperadas, fenómenos que, sin ser nuevos, tienen presencia cotidiana. Mientras los comedores comunitarios se mantienen en niveles un poco superiores a los existentes antes del pico de la crisis, los movimientos de trabajadores desocupados han mantenido una presencia constante durante el 2002 y 2003, canalizando la protesta social de los más desposeídos. Se trata en general de población desocupada que hace manifestaciones públicas que se traducen en cortes de rutas o calles, que se conocen con el nombre de piquetes, el cual terminó dándoles su identidad. En la actualidad existe un abanico extenso de posiciones ideológicas y políticas al interior del movimiento, que se manifiesta en diferentes reivindicaciones y posiciones frente al gobierno. También los cartoneros —personas y familias que revisan la basura y reciclan materiales recuperables (cartón, metal, plástico, etc.) en los centros urbanos— se han convertido en parte de la vida social habitual.

En estos movimientos populares las mujeres tienen, en mayor o menor medida, un papel protagónico. Si bien en experiencias de corte tradicional —como la gestión y sostenimiento de comedores populares— ellas reciclan roles tradicionales de corte maternal, en algunos casos han comenzado a sostener reivindicaciones propias. Un movimiento de piqueteras exigió recibir directamente anticonceptivos al Ministerio de Salud de la Nación[9]. También han participado fuertemente en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres (Rosario, agosto 2003).

 

En cuanto a los cartoneros y las cartoneras —en ocasiones trabaja toda la familia, incluyendo los niños/as— un motivo de gran preocupación es que se trata de una ocupación no sólo absolutamente precarizada y explotada por los acopiadores, sino fuertemente insalubre.

 

Los microemprendimientos autónomos de todo tipo se han multiplicado. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) octubre 2003, en la Ciudad de Buenos Aires los microemprendedores son el 22,1% de la fuerza de trabajo[10]. Las ONG han multiplicado esfuerzos en esta dirección. Una experiencia interesante resulta los Clubes de empleo para mujeres jóvenas y jefas de hogar[11]. Pero las experiencias más interesantes son las fábricas recuperadas por sus trabajadores después de la quiebra. Estas experiencias han comenzado a tener relevancia como experiencias exitosas, que florecen a contracorriente de la crisis y el fenomenal aumento de las quiebras empresarias durante la década de los 90. En ese sentido constituyen un ejemplo alternativo a los tradicionales, que logran funcionar de manera adecuada y solidaria[12].

 

1.3. Acción del gobierno a partir de la crisis en temas de género

 

a) Institucionalidad

 

La actual gestión, iniciada en mayo 2003, lleva 7 meses en el poder. Se considera que hasta diciembre del mismo año el gobierno electo completó el mandato trunco del gobierno renunciante en diciembre 2001 y recién comienza su mandato constitucional de 4 años, que finalizaría en diciembre 2007. Por el momento, y a pesar de declaraciones del actual presidente[13], el tema género no constituye un tema de importancia en la agenda de gobierno. Tal como se ha informado oportunamente (punto II del contrainforme de agosto 2002), el Consejo Nacional de la Mujer —máxima oficina de gobierno en el tema— ha sufrido desde fines de los 90 una desjerarquización  institucional y presupuestaria[14]. Hoy sigue siendo un programa que depende del Consejo de Políticas Sociales, no participa de las reuniones de Gabinete de Ministros —ni siquiera de las reuniones del Ministerio de Desarrollo Social del que depende—. Es de hacer notar que, en cambio, sí lo hace el Consejo de la Niñez, una oficina equivalente, pero que depende directamente de la Ministra. Justamente este ministerio está presidido por la única mujer del Gabinete Nacional.

 

A pesar de ello, en el período analizado se registran avances que consideramos alentadores. Uno de ellos es el inicio de un proceso de renovación y depuración de la Corte Suprema de Justicia nacional. En 1995 se aumentó el número de sus jueces a 9 miembros, nombrándose varios adictos al poder ejecutivo de entonces. A partir de ese momento la Corte fue fuertemente cuestionada por ineficacia, parcialidad política y corrupción. La actual gestión de gobierno precipitó el juicio político  y la renuncia de tres de sus miembros, entre ellos su presidente. Actualmente se encuentra en proceso la nominación de nuevos candidatos, mientras uno ya asumió efectivamente el cargo. Es particularmente interesante que el gobierno haya creado un mecanismo inédito para el nombramiento de nuevos jueces, que incluye un período abierto a posibles impugnaciones por parte de la ciudadanía y una audiencia pública donde el candidato/a responde a las mismas. El decreto 222/03 prevee en su artículo 3º que al momento de la consideración de cada propuesta se tomará en cuenta la conformación del tribunal para reflejar, entre otras cosas, la diversidad de género. También se produjo la renovación de la cúpula de las fuerzas armadas y de seguridad (policía federal y de la Provincia de Buenos Aires), si bien el problema de seguridad urbana no termina de resolverse, ni las sospechas de corrupción encuentran respuesta cabal.

 

En cuanto a las mujeres, no existen políticas activas para promover su participación (salvo el cupo femenino, que data de 1991). Una de las  pocas excepciones parece ser la nominación, conocida el 29 de diciembre de 2003, de una mujer —Carmen Argibay— como candidata a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En toda la historia del país existió una sola mujer en este cuerpo, pero fue durante una dictadura militar. La actual nominada es miembro del Tribunal Internacional de la Haya, se define a si misma como una decidida defensora de los derechos de la mujer, en particular de los derechos sexuales y reproductivos. Es posible prever que próximamente se manifestará una fuerte oposición de la Iglesia Católica y de sectores conservadores, que ya ha comenzado en los primeros días de enero de 2004. Consideramos que el nombramiento de una mujer sólo viene a saldar una vieja deuda. Si se concretaran los anuncios de que la próxima candidata también será una mujer sensible al género, esto podría representar una política pública adecuada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

En el Parlamento nacional y en los provinciales sigue vigente el cupo femenino del 30% y existe una participación femenina promedio que ronda esa cifra. Sin embargo, el número no habla de la conciencia de género que eventualmente posean; por el momento su desempeño no resulta del todo satisfactorio ya que responden más a las estructuras partidarias que a los intereses de las mujeres. El acceso a los puestos más altos del poder ejecutivo está muy bloqueado (existe una sola ministra), aunque en estos últimos días se ha nombrado a una mujer sensible al género a la cabeza de la mayor obra social del país (PAMI) con el tercer presupuesto (por monto) del país. En cuanto al poder judicial, se constata un aumento de la participación de las mujeres, que disminuye a medida que se sube en la escala jerárquica[15].

 

b) Legislación

 

Se ha promulgado alguna legislación que favorece la situación de la mujer.

Leyes nacionales:

·       Ley 25.763. Crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (ver más adelante capítulo Salud).

·       Ley 25.864 de Aspirantes a guarda con fines de adopción. Enero 2004. Requiere 5 años de residencia en el país (Argentina considera ilegal la adopción internacional). Habilita un registro único de aspirantes.

·       Ley 25.674 de Cupo Sindical. 2003. Establece cupo femenino no sólo para los cargos electivos, sino en los procesos de negociaciones colectivas y paritarias.

·       Nueva ley de migraciones. 17 Diciembre 2003. Deroga la ley anterior, originada en la dictadura militar. Garantiza el derecho a la educación y a la salud de todos los migrantes. Elimina la obligación de denunciar a todo inmigrante en situación irregular. Facilita la migración intra MERCOSUR. A la espera de su publicación en el Boletín Oficial.

·       Ley de Registro Único de Deudores Alimentarios[16]. Espera publicación en Boletín Oficial. Existen leyes similares en la mayoría de las provincias, salvo Santa Cruz, Santiago del Estero y La Pampa.

·       Se amplió la ley antidiscriminatoria a situaciones de discriminación por opción sexual.

 

En trámite de sanción:

·       Ley de licencia por paternidad para varones (sanción en Diputados). Equipara las licencias por adopción a las licencias por maternidad biológica, e incluye a los varones.

·         La ley de acceso a la información pública (sanción en Diputados).

 

Leyes provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

·       Adelanto de parto en casos de fetos inviables. (Ciudad de Buenos Aires). 2003. Se podrá adelantar el parto a partir de la 24ª semana de embarazo si dictámenes médicos establecen la no viabilidad del feto. Su texto, lamentablemente, es inferior al dictamen de la Corte Suprema de Justicia Nacional, que en el mismo sentido dictamina en términos de interrupción del embarazo (ver anexo). Se obliga así a las mujeres a completar casi 6 meses de embarazo, cuando médicamente es posible el diagnóstico temprano. En la Cámara de Diputados se han presentado otros proyectos pero no se han producido dictámenes.

·       Ligadura de trompas y vasectomía. Se ha legalizado (antes equivalía a lesiones graves, previstas en el Código Penal) en 4 provincias: Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Neuquén.

 

Por lo tanto, algunas de las temáticas relevantes que siguen pendientes de una legislación adecuada son:

·         La despenalización del aborto. En agosto de 2002, las organizaciones que suscribimos el contra-informe denunciamos una situación que permanece en la actualidad: el gobierno mantiene penalizado el aborto y no proporciona atención adecuada en los casos contemplados por la ley. Hoy el movimiento de mujeres reclama además su legalización. Esta pretensión se expresó en las conclusiones del XVIII Encuentro Nacional de Mujeres (con 15.000 asistentes) y en las Multitudinarias Marchas del 28 de septiembre de 2003 en todo el país. Es de hacer notar que en ambos casos fue muy significativa la participación de mujeres de sectores populares, obreras y piqueteras. También van en este sentido numerosas encuestas de opinión realizadas[17].

·       Situación de la niñez en riesgo[18]. Sigue vigente una legislación de casi un siglo que considera a los menores como objetos, no les reconoce autonomía y ejerce sobre ellos el “patronato” del estado. Esto, a pesar de que Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (ley nacional 23.849) y se le ha otorgado jerarquía constitucional en la reforma de 1994 (artículo 75 inc. 22 Constitución Nacional).

 

c) Políticas públicas y su impacto en las mujeres

 

Planes sociales. Desde comienzos de 2002, el Gobierno implementó el Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados, el de mayor envergadura en cuanto a cantidad de beneficiarios. Se lo concibió como derecho de inclusión social, y otorga a cada familia cuyo jefe está desocupado,150 pesos mensuales[19]. El Plan Jefes y Jefas ha implicado un esfuerzo importante del Gobierno Nacional por extender prestaciones asistenciales a un número significativo de personas, característica que lo diferencian de los programas que configuraron la política de la década del noventa en esta materia. Este hecho se debe a que el plan nace no sólo como herramienta de la política social, sino principalmente como instrumento para apaciguar un conflicto social de características inéditas que ponía en juego la continuidad del sistema político institucional. Sin embargo, el plan sólo se limita a distribuir beneficios asistenciales precarios, que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población en situación de indigencia[20]. La cifra de beneficiarios actualmente alcanza a alrededor de 1.900.000 personas jefas de hogar[21], de las cuales el 64,6 % tienen secundario completo. Son mujeres alrededor del 68%[22]; sin embargo, no se trata de una acción positiva de género, sino que se reproducen las prácticas tradicionales de asistencia que utilizan a las mujeres para el cuidado de la salud y educación de los hijos/as. En cuanto a los problemas que presenta, son:

·       La cifra total de beneficiarios ni siquiera abarca al total de los/as indigentes.

·       Su escaso monto funcionó en los hechos como un techo para el ingreso mínimo pagado en el mercado de trabajo.

·       Existen múltiples cuestionamientos sobre formas irregulares o clientelares en su otorgamiento.

·       No existe acuerdo, aún dentro del gobierno, sobre las modalidades de contraprestación laboral, y si estas deben existir.

·       Deja sin cobertura a los/as mayores que no tienen jubilación, otra fuente de ingreso u otro beneficio social, pero que no son jefes/as de hogar, lo cual involucra a muchas mujeres ancianas[23].

·       No distingue entre familias según su cantidad de hijos/as; por lo tanto, discrimina en forma negativa a aquellos hogares con mayor numero de hijos/as.

 

Existen otros planes, como el Plan Familias, que con un número mucho menor conservan las características del anterior. Actualmente el gobierno ha declarado que desea cambiar su filosofía básica, desde su actual orientación asistencialista, hacia formas de generación de autoempleo. En esta línea se ha anunciado el comienzo de la implementación del plan Manos a la Obra.

 

Emergencia sanitaria. Otra política de envergadura se implementó en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación con la declaración de la emergencia, la creación del Plan Remediar (distribución gratuita de medicamentos básicos) y la distribución gratuita de anticonceptivos (ver el acápite de Salud).

 

Sistema de Previsión y Seguridad Social. La situación de la población en tramos de edades mayores, de 60 años y más, se encuentra en deterioro progresivo, que extrañamente no está claramente reflejado en las cifras oficiales. Debido a la precarización laboral y la alta desocupación, muchos de ellos no pueden acceder a la jubilación, ya que no han completado los 30 años de aportes obligatorios. En esa situación suelen estar las mujeres en mayor proporción que los varones, por priorizar su rol tradicional a cargo del hogar. La reforma legal del sector en los 90 privatizó los fondos de pensión, creando las Aseguradas de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) que hoy se encuentran fuertemente cuestionadas. Sin embargo, el gobierno aún no ha tomado cartas en el tema. El problema se ha agravado por la pesificación de bonos de deuda pública, que habían comprado (a veces de manera compulsiva por medidas del propio gobierno), las mismas AFJP[24]. En resumen, millones de jubilados reciben el monto mínimo (alrededor de u$S 70 mensuales) y quienes deban acceder a este beneficio próximamente tienen una enorme incertidumbre acerca de si podrán acceder a él en su vejez; y en caso afirmativo, qué monto de dinero podrá corresponderles[25].

 

Planes de igualdad de oportunidades. A nivel nacional, existe en el Ministerio de Trabajo (desde 1998), un Plan de igualdad de oportunidades y de trato en el mundo laboral, que nunca se ha implementado. También existe, de manera más formal que efectiva, el Plan de Igualdad de Oportunidades del Consejo Nacional de la Mujer, de implementación discontinua. Finalmente, importa señalar que nunca se repuso el Plan en la esfera de la educación que se instaló en 1991 y se viera bruscamente interrumpido en 1995 por acción opositora de la Iglesia Católica.

 

 

PARTE 2. TEMAS DE INTERÉS ESPECIAL PARA LA CEDAW OCURRIDOS EN 2002 y  2003

 

2.1. La protección internacional de los DDHH de las mujeres: protocolo opcional de la CEDAW

 

Argentina firmó el Protocolo Facultativo el 28 de febrero de 2000, pero aún está pendiente su ratificación. La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación trató los proyectos de ley respecto a la aprobación del Protocolo Opcional durante 2001 y dictaminó a favor de su aprobación. Pero en abril 2002 el Ejecutivo Nacional, bajo presión de sectores conservadores, solicitó el retiro del proyecto de ley que ratificaría el Protocolo con el insidioso argumento de que su aprobación resultaba una amenaza para la soberanía nacional[26], y un avance hacia la legalización del aborto. Después de idas y vueltas parlamentarias[27], a la fecha de este informe la Argentina no ha aprobado ni ratificado el Protocolo[28].

 

 

2.2. Pobreza. Situación específica de las mujeres

 

Según cifras del INDEC, en octubre de 2002, el 57.5% de la población total urbana era pobre. Discriminando por edad, eran pobres el 73.5% de los niños de 0 a 14 años y el 66,5% de los jóvenes de 15 a 22. La indigencia[29] era del 27,5% de la población; del 41,4% de los niños de 0 a 14 años y del 33,3% de los jóvenes de 15 a 22. En estos cálculos cuantitativos existen pequeñas diferencias por sexo, apareciendo los varones con cifras ligeramente superiores que consideramos no significativas (ver anexos). Pero por otro lado, sabemos que la pobreza de las mujeres muchas veces está subregistrada, y que a nivel cualitativo incluye fenómenos como abuso sexual, incesto, incitación a la prostitución, explotación sexual y embarazos forzados/no deseados. Algunos datos significativos sobre ellas son:

 

·       El 27,7% de los hogares están a cargo de una mujer (Censo 2001).

·       De las mujeres jefas de hogar, el 38% esta bajo la línea de pobreza.

·       De las jefas de hogar con menores a cargo, el 66,7% está bajo la línea de pobreza.

 

2.3. Panorama del mercado de trabajo. Discriminación por género

 

Según el INDEC, la tasa de desocupación urbana abierta, a octubre de 2003 era del 17.9% y ha bajado respecto de mayo del mismo año en que se registraba el 21.5%. Sin embargo, la tasa actual sube a cerca del 20% cuando se descuenta la población cubierta por los planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados —que en este relevamiento se ha contabilizado como ocupada— (ver descripción de este Plan ut supra). La tasa de subocupación horaria es del 19.9% y la de sobreocupación horaria del 28.8%. Si tomamos en conjunto las cifras sobre desocupación/ subocupación/ sobreocupación, encontramos que el 56% de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene problemas de empleo. En declaraciones del Ministro de Trabajo  de fecha 8 enero de 2004 se afirma que la desocupación ha disminuido el 4.1%, pero es evidente que el mercado de trabajo no se ha modificado sustancialmente. Se refleja un leve repunte desde un año atrás, pero en ninguno de los centros urbanos se recuperan los niveles de ingreso ya deprimidos de 1999.

 

En este período continúa la tendencia de la década de mayor incorporación de mujeres a la actividad laboral. Entre octubre de 2001 y mayo de 2003 la tasa de actividad femenina permanece estable o aumenta levemente, en particular en el tramo de edad de 30 a 64 años, mientras el correlativo descenso de los varones es más acentuado entre los jóvenes[30].

 

Cuadro 1. Tasa de actividad diferenciada por sexo y edad

 

	Oct 01	May 02	Oct 02	May 03	Oct 03
Tasa actividad mujeres	43,4	42,9	42,2	42,0	44,5
Tasa actividad de varones	71,7	71,9	70,8