Regresar Index

Regresar

Informe Sombra sobre Venezuela que se presenta al Comité de Seguimiento de la aplicación de la Convención  para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.

 Alternativo a los Informes Periódicos 4º, 5º y 6º presentados por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Convención.

FORO POR LA EQUIDAD DE GÉNERO

Caracas, 20 de febrero de 2005

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Contenidos

Preámbulo

Responsables de la elaboración del presente Informe Alternativo o Informe Sombra

Proceso de preparación del  Informe Alternativo o Informe Sombra

I    PRESENTACION

A. Venezuela y la Convención CEDAW

B. Características generales del contexto correspondiente a los informes 4º, 5º y 6º.

C. Contexto General:

    Demografía  

    Economía  

Pobreza

Índice de Desarrollo Humano 

    Características del sistema político y tendencias actuales 

II. UNA VISIÓN ALTERNATIVA DE LA APLICACIÓN DE LA  CONVENCIÓN CEDAW EN VENEZUELA

Artículos 2 y 3  Marco jurídico y goce derechos humanos

Artículo 4 Medidas Positivas

Artículo 5 Roles Sexuales y Estereotipos

Artículo 6  Tráfico y prostitución de la mujer y la niña. 

Artículo 7 Vida Pública y Política 

Artículo 10 Educación

Artículo 11 Empleo

Artículo 12  Salud

Recomendación 19 Violencia

PREAMBULO

Quienes hemos participado en el proceso de concebir, preparar y realizar este Informe Alternativo, estamos animadas y animados por el propósito de dejar constancia de nuestra preocupación por el creciente deterioro que están sufriendo los derechos humanos de las mujeres venezolanas y la ruptura del diálogo y la cooperación que, por más de 15 años, se estableció sólidamente entre las instancias gubernamentales a cargo de la atención a las políticas públicas dirigidas a las mujeres y las organizaciones de mujeres de la sociedad civil.

Aspiramos que, por la elevada vía que representa el Comité de Expertas que tienen a su cargo el seguimiento de la aplicación de la Convención CEDAW en nuestros países, los organismos públicos venezolanos responsables de tales políticas, se decidan a aplicar el articulado de la Convención, detener el deterioro señalado y tomar en cuenta nuestras opiniones, criterios e inquietudes, en beneficio de todas las mujeres y niñas venezolanas.

Responsables de la elaboración del presente Informe Alternativo o Informe Sombra:

La elaboración del presente Informe fue coordinada por la ONG “Foro por la Equidad de Género”. En la búsqueda, presentación, preparación y redacción de la información, además del Foro por la Equidad de Géneros participaron las siguientes organizaciones y personas:

·         Centro de investigación social, formación y estudios de la Mujer. CISFEM.

·         Federación Venezolana de Abogadas. FEVA

·         Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa. AVESA.

·         Asociación Venezolana de Planificación Familiar. PLAFAM.

·         FUNDAMUJER.

·         Círculos Femeninos Populares

·         Frente Nacional de Mujeres.

·         Centro de investigación social, formación y estudios de la Mujer del Estado  Trujillo. CISFEM Trujillo.

·         Asociación Hogares sin violencia.  Estado Anzoátegui

·         Centro de Atención Integral de la Mujer de Carúpano. CENAIM Carúpano

·         Red de Población y Desarrollo

·         Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca. AMBAR

·         Asociación de Defensa de la Mujer Reclusa.

·         Asociación Civil Desarrollo, Igualdad y Paz.

·         Asociación Género, Democracia y Derechos Humanos. GENDHU

·         Asociación PRODESOL

·         Adicea Castillo del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela

·         Gladys Parentelli de la Red Universitaria de Estudios de la Mujer.

Cooperación recibida

La elaboración del presente Informe ha sido posible gracias a la cooperación prestada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA y por el Banco Mundial, quienes además de proporcionar instalaciones para la realización de dos reuniones de las organizaciones participantes,  financiaron los gastos de elaboración, impresión y distribución del Informe.

Proceso de preparación del Informe Alternativo o Informe Sombra.

1.         La preparación del presente Informe Sombra fue un trabajo colectivo de las organizaciones y personas mencionadas. Con este propósito el 15 de julio de 2004 se realizó un primer seminario con todas ellas, donde se dieron a conocer los objetivos del trabajo, se fijaron los contenidos del informe y se distribuyeron las tareas entre diversos grupos, quienes analizaron las áreas correspondientes al articulado de la Convención, para la posterior recolección de la información y preparación de los textos que tendrían que ser incluidos. Los textos e informaciones preparadas fueron integrados en un único informe, el cual se sometió a la revisión y ajuste de los grupos de trabajo en un segundo seminario, celebrado el 27 de enero de 2005. Los resultados obtenidos en esta segunda reunión permitieron ajustar el texto final contenido en este documento, remitido al Comité de Expertas a cargo del seguimiento de la aplicación de la Convención CEDAW.

2.         Es de hacer notar que, a través del Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER, se solicitó al Gobierno venezolano copia de los informes periódicos 4º, 5º y 6º presentados a CEDAW. INAMUJER no facilitó las copias solicitadas de los señalados informes, contra lo que ha sido la reiterada recomendación del Comité CEDAW respecto a la necesidad de que los informes se traten como documento público al cual pueden tener acceso todas las personas. (Solicitud dirigida a la Sra. María León, Presidenta del INAMUJER, por el Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer, CISFEM el día 30 de agosto de 2004).

3.         Para la preparación del Informe Sombra se han empleado como referencias no sólo los contenidos del articulado de la propia Convención CEDAW, sino también las Recomendaciones Generales del Comité y sus Observaciones finales al informe de Venezuela examinado el 12/08/97 y que aparecen en el documento: A/52/38/Rev.1,paras.207-247. (Concluding Observations/Comments).

I           PRESENTACION[1]

A.         Venezuela y la Convención CEDAW

4.         Venezuela firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujeres, CEDAW, el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 2 de mayo de 1983.

5.         Desde 1984, fecha en la cual se presentó el Informe Inicial al Comité de Seguimiento de la aplicación de la Convención CEDAW, los gobiernos venezolanos han rendido otros cinco Informes Periódicos. Del total de los seis informes presentados, el Comité de Seguimiento ha examinado tres. El tercer informe presentado fue el último en ser examinado en 1997.

6.         Hace pocos meses el actual gobierno venezolano consignó los informes periódicos 4º, 5º y 6º. La presentación llena un vacío de ocho años de atraso en relación con el 4º informe y de cuatro años respecto al 5º. Las fechas en las cuales los informes periódicos pendientes debieron ser presentados y lo fueron efectivamente son:

·                     El 4º Informe Periódico, debió ser presentado el 1º de junio de 1996  y se presentó el 25 de junio de 2004. (CEDAW/C/VEN/4-6)

·                     El 5º Informe Periódico debió ser presentado 1º de junio de 2000 y se presentó el 25 de junio de 2004. (CEDAW/C/VEN/4-6)

·                     El 6º Informe Periódico debió ser presentado 1° de junio de 2004 y se presentó el 25 de junio de 2004. (CEDAW/C/VEN/4-6)

7.         Es criterio de quienes hemos preparado este Informe Sombra que se mantienen y en algunos casos se han agravado los motivos de preocupación expresados por el Comité en 1997, durante la discusión del último Informe Periódico de Venezuela, y que sus justas y razonables recomendaciones al gobierno venezolano no han sido tomadas en cuenta, como podrá deducirse de los contenidos de este Informe Alternativo.

8.         Aun cuando el Comité no ha establecido las fechas en las cuales estos últimos informes presentados serán examinados, un grupo significativo de organizaciones y personalidades comprometidas con los derechos de las mujeres venezolanas hemos decidido preparar el presente Informe Sombra para brindar al Comité de Seguimiento de la Aplicación de la CEDAW una visión alternativa a la que presenta el gobierno venezolano en sus informes oficiales.

B.        Características generales del contexto correspondiente a los informes 4º, 5º y 6º.

9.         Los informes periódicos 4º, 5º y 6º que presentó el gobierno venezolano, corresponden a una época de extrema turbulencia política en Venezuela y de graves crisis económicas y sociales, que en estos momentos colocan al país en un proceso de transición, conducido por el gobierno y los demás poderes públicos bajo su control, hacia un régimen marcadamente autoritario, con evidentes tendencias sectarias y excluyentes, militarista y de orientación ideológica contradictoria: políticamente neo-populista, económicamente neoliberal y marcadamente sexista.

10.       La mayor parte de la historia venezolana durante los siglos XIX y XX  presentó largos y mayoritarios períodos de inestabilidad política y de dictaduras de origen militar, con episodios de turbulencia revolucionaria. En 1958 finalizó la última dictadura militar a consecuencia de un levantamiento popular asociado a una reacción de grupos militares disidentes. A partir de ese momento se produjo el retiro de los militares de la participación directa en la política nacional y, hasta hace menos de una década, Venezuela disfrutó de la continuidad de gobiernos cívicos democráticos  y alternativos.

11.       La década final del siglo XX fue escenario de un proceso de descomposición e inestabilidad de la democracia, así como de transformaciones, algunas de ellas violentas. En 1992, el Teniente Coronel Hugo Chávez lideró uno de los golpes de Estado contra el Presidente electo  Carlos Andrés Pérez. Este hecho dio inicio a un acelerado deterioro político de ese período gubernamental, el cual culminó con la presentación de acusaciones de corrupción contra el Presidente, planteadas por algunos líderes de la oposición y ex funcionarios del propio gobierno de Pérez, quien fue sometido a juicio por dichas acusaciones y finalmente sustituido por un gobierno provisional que duró seis meses. En las elecciones inmediatas, Rafael Caldera fue electo Presidente por segunda vez, para el período 1994–1999. Después del golpe de Estado contra Pérez, el Teniente Coronel Hugo Chávez fue encarcelado. Posteriormente fue sobreseído y puesto en libertad por orden del Presidente Rafael Caldera, lo que le permitió postularse inmediatamente a la Presidencia de la República y ganar las elecciones de 1998.

 12.      A su llegada al poder en 1999, el Presidente Hugo Chávez convocó una Asamblea Nacional Constituyente, con la tarea de crear una nueva Constitución que permitiera la “refundación de la República”. Las y los Constituyentes electos fueron en su gran mayoría seguidores del Presidente Hugo Chávez. La nueva Constitución fue sancionada en 1999 y en el año 2000, se produjeron nuevas elecciones de Presidente y de Diputados y Diputadas, ya que el anterior Congreso Bicameral de la “República de Venezuela” fue sustituido en el texto constitucional de la nueva “República Bolivariana de Venezuela” por una Asamblea Nacional unicameral.

13.       La reelección del Presidente Chávez en 2000, para un nuevo período, ahora de seis años, según la nueva Constitución, estuvo acompañada de un masivo respaldo electoral lo cual le ha dado al partido gubernamental y a los grupos políticos que le acompañan, la mayoría absoluta de los Diputados y Diputadas en la Asamblea Nacional y prácticamente todas las posiciones de poder y decisión en todos los órganos de los Poderes Públicos del Estado venezolano.

14.       Durante los cuatro años que van del 2000 al 2004, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha enfrentado una recia oposición, expresada en numerosas acciones que, por los medios legales a su alcance, invocan y exigen sin mayores resultados el respeto a la Constitución y las leyes. La oposición también ha protagonizado protestas masivas, acompañadas, a fines del año 2002 y comienzos del 2003, de una paralización prolongada del aparato productivo del país. Esta oposición está integrada por un frente de partidos, gremios, sindicatos y organizaciones y agrupaciones de  la sociedad civil, movilizada como antes no se había visto en la historia venezolana. El Presidente, por gestión de los grupos que le adversan, fue sometido a un Referendo Revocatorio en agosto del 2004, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición, bajo la acusación de fraude, en vista de que el organismo árbitro de los procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral, cuenta  en su órgano  de dirección y demás instancias operativas con una clara mayoría oficialista y porque en las fases previas al Referendo Revocatorio, el gobierno puso en marcha un proceso fraudulento de cedulación que otorgó indiscriminadamente la nacionalidad e identidad venezolana  hasta a miembros de grupos guerrilleros de la vecina Colombia.

15.       A estas irregularidades se sumó durante la preparación del Referendo Revocatorio, un evidente y masivo empleo de los recursos públicos al servicio de la propaganda en favor de la parcialidad política que el Presidente Chávez representa. Los resultados del Referendo lo ratificaron en el poder. Puede afirmarse que el Estado Venezolano, institucionalmente hablando e incluyendo a las fuerzas armadas, está totalmente en manos y bajo los controles directos del Presidente y de su partido y grupos afines, quienes gobiernan con una fuerte oposición que les enfrenta en abierta desventaja, por los abusos de poder en todos los órdenes que protagonizan el Presidente Chávez y demás funcionarios de los órganos del Poder Público. A esto hay que añadir que los últimos resultados electorales colocaron al sistema de partidos en situación de extrema minoría o virtual desaparición. Los partidos han sido agredidos en sus sedes y sus dirigentes son objeto permanente de hostigamiento por diversos medios que incluyen la agresión física personal y a sus familias.

16.       La oposición ha denunciado reiteradamente el  debilitamiento de la institucionalidad democrática como consecuencia del control total de los Poderes Públicos por parte del Presidente y su partido y por la creciente presencia de oficiales de las Fuerzas Armadas, activos o retirados, en posiciones de poder en prácticamente todas las altas instancias públicas. La existencia de elevados niveles de corrupción,[2] observada y evaluada por organismos internacionales especializados sobre el tema, que colocan a Venezuela entre los países con mayores índices de corrupción en el mundo, sumado al control del Poder Electoral y al carácter puntual y errático de políticas públicas explícitas en materia económica y social, han fortalecido e incrementado en forma extrema, la crisis que ha vivido el país desde principios de los años 80,  lo cual ha provocado una situación de creciente deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres y los niños, como lo muestran los últimos indicadores sobre pobreza que se incluyen más adelante en este informe y las cada vez más limitadas posibilidades de ejercicio efectivo de las libertades ciudadanas, ante la aprobación de leyes y reformas legales (Código Penal) que castigan hasta con cárcel a la opinión pública que exprese críticas al Presidente o a personeros de los Poderes Públicos y que ellos consideren opiniones “ofensivas” o “lesivas”. La penalización legal de la disidencia puede, incluso, llevar a la cárcel a quienes manifiesten públicamente su descontento contra el gobierno o contra algún funcionario.

17.       Las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional han confirmado la tendencia a fortalecer al Estado y sus controles, en detrimento de la ciudadanía y sus derechos. Hoy por hoy en Venezuela hay más concentración del poder del Estado en el Poder Ejecutivo y menos posibilidades de ejercicio de la  ciudadanía.

18.       Hemos creído que, aun cuando sea a grandes rasgos, es importante que las distinguidas y respetables expertas miembras del Comité CEDAW conozcan parte del contexto en el cual deben ser analizados e interpretados los informes del Gobierno que serán revisados y que han sido elaborados por las actuales autoridades del Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER, pese a que el 4º Informe, abarca algunos años de gestión que no fueron responsabilidad del actual gobierno sino del Presidente Rafael Caldera.

19.       Para aquellas distinguidas expertas miembras del Comité CEDAW que deseen conocer los alcances y consecuencias de la turbulencia política y el nivel de los enfrentamientos políticos vividos desde el año 2000 a la presente fecha, nos permitimos sugerir muy respetuosamente, se sirvan acceder a las siguientes direcciones en Internet: http://www.urru.org/fotos_index.htm y www.elgusanodeluz.com donde se identifican claramente los sucesos, en las fechas y los protagonistas.

C. CONTEXTO GENERAL

Demografía

20.       Venezuela está ubicada al norte de América del Sur y es República soberana desde 1830. Se estima que la población actual del país es de 26,467,834 habitantes[3]  distribuidos en 912.050, Kmts². Se calcula que la relación entre población masculina y femenina es 49,5/50,5. La población joven de 12 a 24 años es de 25,7%. Tiene una densidad de población de 27/Kmts², un índice de masculinidad de 97,8, una relación de dependencia de las y los miembros del grupo familiar de 61,3% y una relación de adultos mayores/jóvenes de 14,8%.[4] Aproximadamente el 85% de la población vive en áreas urbanas, y al sur del río Orinoco, una de las áreas más extensas del territorio nacional, vive solamente el 5% de la población. [5]

21.       La tasa de natalidad tiene a disminuir, pero no como un comportamiento homogéneo de todos los grupos de edad o sectores socioeconómicos, ya que entre las madres adolescentes y adultas jóvenes, hay una tendencia al mantenimiento de la elevada natalidad, pese a que entre 1992 y 1998 el organismo a cargo de las políticas de las mujeres diseñó tres planes de prevención del embarazo precoz, que resultaron incompletos y que no se cumplieron o sólo adelantaron acciones limitadas. Otros indicadores demográficos importantes son:[6]

Tasa bruta de Natalidad: 23

Tasa bruta de mortalidad, 2003        : 5

Esperanza de vida, 2003: 74

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad†, 1985 - 2003, registrada:60

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad†, 2000, ajustada: 96

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad†, 2000, Riesgo de mortalidad de la madre en su vida. 1 en: 300

Tasa global de fecundidad, 2003: 2,7%

Economía

22.       Hasta las primeras décadas del siglo XX la economía venezolana era principalmente agrícola; a partir de 1926 hasta el presente, pasó a ser una economía centrada en la producción y exportación de petróleo, cuya contribución domina en más de un 80% la formación del PIB. En el año 2001, el crecimiento del PIB fue de 2.7% y en los últimos años este índice ha aumentado a consecuencia del alza internacional de los precios petroleros. La dinámica del valor de las exportaciones petroleras determina los períodos de recesión o crecimiento de la economía venezolana ya que el sector no petrolero es relativamente débil y en los últimos años tal debilidad se ha incrementado por la fuga de capitales, la  drástica reducción de las inversiones, el cierre de numerosas empresas y otros hechos acaecidos a consecuencia de la tendencia a incrementar la intervención estatal en la acción del sector privado, la ausencia creciente de seguridad económica, los ataques a la propiedad privada urbana y rural, la reversión del proceso de descentralización iniciado en 1990, la desaparición del Estado de Derecho expresada en la vulneración permanente del principio de legalidad, lo cual ha dado como resultado la inexistencia real de la Ley  y el incremento de la presencia del Estado en todas las esferas de la actividad económica y social.

23.       La crisis económica del país se ha agravado de manera alarmante y se mantiene la  paralización económica. Durante el año 2003 el PIB tuvo una caída de –9,2%, con una tasa de inflación de 27,1%. Se mantienen las más altas tasas de desempleo: 19,2 (17,6% para los hombres y 23% para las mujeres en el 2003). La tasa de informalidad de la economía es de 53%. Por el comportamiento de la inversión, no es de esperar que a breve plazo se produzcan bajas en esas tasas de desempleo e informalidad, donde las mujeres tienen la peor parte. Ese mismo año 2003, la inversión privada como porcentaje del PIB fue de, apenas, 4,4%. Entre 1999 y 2003, el PIB del sector industrial tuvo una caída promedio de 5,1%, el número de industrias ha disminuido en un 50% y tal tendencia se ha mantenido en 2004 manteniendo correlativamente las mismas tendencias en las cifras de crecimiento y de desempleo.

24.       Después de la aplicación de dos procesos de ajuste en 2002, el gobierno inició el 5 de febrero del 2003 el control total y rígido de cambios sobre todas las divisas extranjeras, bajo la dirección de una Comisión de Administración de Divisas, CADIVI. Estas iniciativas, cerraron totalmente la economía venezolana al resto del mundo. El sector externo pasó a depender de las decisiones de CADIVI. La deuda interna ha crecido enormemente, ahora es de 17,1 cuando en 1999 era de 5,3% del PIB. Este hecho vulnera en forma sensible la sostenibilidad fiscal, dadas las bajas tasas de crecimiento económico de la economía venezolana en los últimos años. Como era de esperar este control estimuló el descenso de la inversión privada, el cierre de empresas y disparó los niveles de inflación que colocaron a Venezuela en el segundo lugar internacional del más alto índice de inflación y en el primer lugar en América Latina y El Caribe. La caída del PIB en 2003 arrastró centenas de miles de personas a la pobreza. El control sobre las divisas ha dado lugar a la existencia de un mercado paralelo y una devaluación real cada vez más marcada del signo monetario.

Pobreza

25.       Según las cifras correspondientes al año 2004, en Venezuela, las y los trabajadores venezolanos  recibían como Salario Mínimo la suma de 321.345,oo bolívares (cerca de 160 US dólares, al precio oficial, que es sensiblemente inferior al del mercado paralelo). Mientras que el valor de la Canasta de Alimentos es de 523.000,oo bolívares (cerca de 250 dólares) y el de la Canasta Básica (que incluye otros bienes de subsistencia), es de 1.560.000,oo. Bolívares (cerca de 750 dólares). Las cifras son muy claras y dan una idea de las dificultades que tiene la población en estos momentos para subsistir.[7]

26.       Son necesarios casi dos salarios mínimos para adquirir la Canasta de Alimentos y casi 5 salarios mínimos para adquirir la Canasta Básica. Por otra parte los incrementos anuales del valor de esta canasta de alimentos son enormes. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, de octubre de 2003 a octubre de 2004, la Canasta de Alimentos aumentó 24,2%.[8] (Ver anexo a este párrafo). A esto hay que sumar que el poder adquisitivo se ha deteriorado gravemente por los impuestos que impiden a las y los trabajadores adquirir los bienes de la dieta diaria. Hay que añadir que más del 50% de los trabajadores formales laboran en empresas menores de 20 trabajadores y el resto, quienes están en la creciente economía informal o están desempleados, son ya 8 millones de personas, muchas de ellas mujeres, para cuya atención no existen políticas dirigidas a superar estos déficit y que en los últimos 5 años han superado el empleo formal. En la población informal el 85% devenga menos del salario mínimo y los desempleados carecen de protección por la eliminación del seguro de paro forzoso. Conviene advertir que el 40 % de las y los trabajadores informales trabaja en las calles en ventas ambulantes.[9](Ver anexos correspondientes a este párrafo)

27.       El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, reconoce que el 61%, es decir 14.5 millones de personas no pueden adquirir los bienes alimentarios que necesitan y 7.3 millones se encuentran en pobreza extrema, de los cuales el 30% son niños y niñas: casi 2.5 millones. A esto se añade la excesiva carga fiscal que pagan las y los trabajadores: Impuesto al Débito Bancario (IDB); IVA, l5%, (8% a productos de la cesta de alimentos), más el Impuesto sobre la Renta y Seguro Social, lo cual determina que un 20% del salario de la o del trabajador van a estos renglones. Esto se agrava con la devaluación de la moneda y el aumento de los precios de artículos de primera necesidad. [10]

28.       Hay que señalar que, según los datos del INE, el índice de desempleo descendió de 18% en octubre del 2003 a 14,4 % en octubre del 2004. Esto se debe a que el gobierno en ese mismo lapso contrató 284 mil personas para agrandar su nómina en 18%, mientras que el incremento de la nómina del sector privado en ese mismo período fue apenas de 1,6 %.[11](Ver anexo correspondiente a este párrafo). Por otra parte y según datos del Banco Central de Venezuela la inflación en los dos últimos años ha oscilado entre 17 y 25%.[12]

29.       Los hogares pobres crecieron desde el año 2000 de 60,3% a 67,5% en el 2002; el porcentaje de hogares en pobreza crítica pasó de 25,3% en el 2000 a 36,4% en el 2002. Esto ocurrió a pesar de una cierta expansión del gasto social, pero dicha expansión no fue eficiente, no se focalizó en los hogares más pobres. Esta tendencia se mantuvo en el 2003, por la ya señalada paralización de la economía. El gobierno ha impulsado una serie de programas sociales que llama Misiones y a los cuales identifica con nombres de héroes de la independencia y de jefes indígenas históricos. Esta Misiones están sólo parcialmente ligadas a la institucionalidad social y reciben muy escaso control porque no dependen de los organismos regulares, tales como los Ministerios, sino que dependen de la Presidencia de la República directamente. Por esa vía se paga a las y los beneficiarios de cada Misión el 61% del salario mínimo sólo por estudiar o realizar tareas proselitistas del gobierno del Presidente Hugo Chávez.   

30        Como en otros países de la región, en Venezuela la pobreza tiene cara de mujer. Como lo ha contabilizado la CEPAL para nuestro país y con base en la Encuesta de Hogares (documento oficial), del 1998 al 2002 ha aumentado la jefatura de hogares en manos de mujeres, es significativamente mayor el numero de hogares indigentes donde la cabeza es femenina y ha crecido de manera alarmante el trabajo no remunerado de las mujeres. En mas de un 70% de los hogares pobres la cabeza de familia es una mujer, tendencia en crecimiento en los últimos 10 años. [13]

31.       En el Informe Panorama Social de América Latina 2004, elaborado por la CEPAL , se señala que con relación a la situación de 1990, la pobreza en Venezuela ha avanzado en un 122%, y es el único país donde la tendencia asegura que la indigencia aumentará en los próximos años. Según J. A. Ocampo, de la Secretaría General de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL: "Las condiciones de vida permanecerán casi invariables en la mayoría de los países, salvo en Venezuela, donde la pobreza podría aumentar significativamente …..”[14]. Esto puede deberse según la CEPAL a que Venezuela en los últimos 14 años ha logrado romper los records de contracción y recesión económica crecientes y al aumento de la maternidad adolescente que es, con excepción de Nicaragua (24%), la más alta de la región (21,5%).[15]

Índice de desarrollo humano

32.       El Informe de Índice de Desarrollo Humano, IDH 2004 del PNUD, señala para Venezuela en el año 2002 un IDH de 0,778, conformado por los indicadores: esperanza de vida 73,6 años; proporción de alfabetismo en adultos 93,1%; porcentaje de matriculación combinada (primaria, secundaria y universitaria) 71% y PIB per cápita de 5.380 dólares con paridad de poder adquisitivo. El país se ubica en la posición 68, entre los países de IDH Medio.

Características del sistema político y tendencias actuales

33.       El Estado venezolano, según lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999, está estructurado en cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Poder Moral. El país está dividido política y administrativamente en 23 estados y 340 municipios.

34.       En los últimos 50 años desde 1958 hasta el año 2000, Venezuela vivió diversos gobiernos de partidos políticos, gracias a que la Constitución de 1961, vigente hasta 1999, consagró un sistema político sustentado en una democracia de partidos. Esto permitió que desde entonces el país viviese en un ambiente de pluralismo político creciente, cuya composición ideológica diversa se expresaba principalmente en la representación legislativa y en los acuerdos bi-partidistas o pluri-partidista que se dieron para ejercer los poderes públicos hasta la fecha indicada. En este período se alcanzaron logros importantes en materia de educación, salud, industrialización y urbanización.

35.       A partir de las elecciones del año 2000, cuando el actual Presidente de la República ganó las elecciones  y obtuvo una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional, Venezuela se ha visto conducida políticamente por un gobierno de signo altamente personalista, con cambios profundos en el orden institucional que apuntan a confirmar y ampliar drásticamente la concentración del poder en manos del Presidente Hugo Chávez y su partido sobre todas las instancias del Estado[16], y el inicio de una acción sistemática contra la organización civil y contra la propiedad privada, como lo demuestra el hecho de que hace pocos días el gobierno ha iniciado la confiscación de las propiedades rurales y urbanas “ociosas” o “improductivas” y muchas de las propiedades productivas, pertenecientes a ciudadanos o ciudadanas que el gobierno califica de “oligarcas”,[17] así como una acción de intervención en las organizaciones de la sociedad civil como las Federaciones y Confederaciones gremiales y sindicales, organizaciones de acción cívica y últimamente, organizaciones de mujeres.

36.       La turbulencia política de estos años ha polarizado y enfrentado a la sociedad venezolana entre quienes apoyan al Presidente y quienes lo adversan. Los enfrentamientos teñidos de violencia han cobrado víctimas fatales de uno y otro lado, especialmente del lado de la oposición pues grupos armados actúan con impunidad atacando manifestaciones, marchas y concentraciones de protesta de los grupos opositores. Uno de los propósitos del gobierno, es armar a sus seguidores para una “organización militar popular”, como Unidades Populares de Defensa que el Presidente anunció como cuerpo de “defensa del territorio”.[18] Los grupos de choque que mantiene el gobierno para atacar físicamente los puntos de reunión de la oposición, han determinado que ésta se encuentre permanentemente impedida para expresar sus protestas, más allá de espacios municipales, que las autoridades determinan. En las siguientes direcciones se identifican claramente los sucesos, las fechas y los protagonistas: http://www.urru.org/fotos_index.htm y www.elgusanodeluz.com

37.       Venezuela vive en estos momentos una crisis compleja, donde no se perciben salidas pacíficas o acuerdos de pacificación cercanos. El ambiente presenta un clima de conflicto y enfrentamiento permanente. Los indicadores de pobreza, desempleo, la disminución de la actividad productiva formal, el crecimiento expansivo de la informalidad, la depredación de los recursos naturales, las tragedias ambientales relativamente frecuentes que, por ausencia de prevención y cuido ambiental, arrojan numerosas perdidas humanas y económicas, la corrupción, la creciente militarización del Estado,[19] el incremento de la burocracia y del tamaño del Estado,[20] las medidas dirigidas al control de los medios privados de comunicación[21], el autoritarismo de los poderes y las fuerzas públicas, la violencia gubernamental[22]  y muy especialmente la violencia política ejercida por los cuerpos represivos del Estado, en contra de las mujeres, la existencia de persecuciones y presos políticos,[23] la reducción al mínimo de los partidos políticos, la presencia comprobada de guerrillas que penetran desde Colombia y dirigentes de estas fuerzas guerrilleras que reciben la nacionalidad venezolana e incluso disfrutan del derecho al voto y además viven en nuestro territorio sin que se las persiga o sancione por las autoridades públicas,[24] la presencia de contingentes de ciudadanos cubanos que son empleados en programas gubernamentales (como los 20.000 médicos cubanos que trabajan en una de las “Misiones” creadas por el Presidente Chávez) y a quienes se les están confiriendo crecientes responsabilidades políticas directas y de gestión pública, (como el recientemente firmado convenio de asistencia jurídica de Cuba a Venezuela que permite a abogados cubanos realizar operaciones de investigación y control de ciudadanos de origen cubano que residen en Venezuela), son algunas de las agudas manifestaciones de dicha crisis. En este mismo sentido se destaca el hecho, ya notorio internacionalmente, de que se ha generado una grave situación política con Colombia porque la policía colombiana, según criterio del Presidente Hugo Chávez, habría violado la soberanía venezolana, porque gestionó el secuestro y retorno a prisión de un jefe de la guerrilla colombiana que vivía en Venezuela bajo el amparo del gobierno. Este escándalo diplomático que preocupa a toda la región contrasta con la permisividad ante los enormes contingentes de ciudadanos cubanos que desempeñan funciones de gobierno.

38.       La calidad de vida de la población venezolana ha continuado su acelerado deterioro particularmente por la inseguridad económica, política, social y jurídica. Una evidencia de lo dicho es el crecimiento permanente de la mortalidad para mujeres y hombres por homicidios, en los cuales los varones mueren mucho más; por su parte, las mujeres hacen el correspondiente duelo y, además, deben luchar por la búsqueda de justicia para sus hijos, esposos, hermanos y padres. Sin embargo la información estadística evidencia que detrás de la escandalosa muerte de los varones por estas causas hay un sostenido e invisible crecimiento de la mortalidad femenina como mostraremos en párrafos posteriores.

39.       El encarecimiento de los servicios públicos, de los alimentos y el incremento del desempleo, han complicado la situación y posición de las mujeres, por el deterioro de su capacidad adquisitiva, por el descenso grave en los niveles de consumo de bienes primarios y por la falta de acciones concretas dirigidas a satisfacer sus necesidades fundamentales y conseguir oportunidades que les permitan el pleno ejercicio de la ciudadanía como lo establece la Constitución.

40.       La atención en servicios a víctimas de violencia intrafamiliar, entre otros, es prestada mayoritariamente por organizaciones no gubernamentales dirigidas por mujeres, la inmensa mayoría sin subsidio estatal; sobre algunas de ellas se ha desatado una persecución, como se informará en detalle más adelante.

41        Sintéticamente puede señalarse que los principales retrocesos que se han registrados para las mujeres en estos últimos cinco años son: la eliminación de la cuota del 30% establecida en beneficio de las mujeres en la Ley del Sufragio y Participación Política; la desaparición en el año 2000, de las “Comisiones Asesoras” del INAMUJER, integradas por mujeres de todos los partidos y de la sociedad civil, que habían sido creadas en 1984 para actuar como asesoras en las políticas  dirigidas al adelanto de las mujeres; la desaparición por solicitud del Fiscal General de la República, de las medidas cautelares sobre los agresores contra las mujeres, según lo establece la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia; la eliminación de la representación de la Sociedad Civil en la Junta Directiva del INAMUJER; la disminución creciente de la presencia de mujeres en los cargos de representación popular; el que se haya ignorado el sostenido esfuerzo de las mujeres unidas por lograr la modificación del Código Penal en materia de delitos sexuales; el crecimiento del embarazo adolescente; el incremento de los hogares indigentes en los que las mujeres son cabeza del hogar; el uso reiterado de un lenguaje abiertamente sexista y degradante de la dignidad de las mujeres en los discursos públicos del Presidente y de algunos de los funcionarios de su gobierno.

II. UNA VISIÓN ALTERNATIVA DE LA APLICACIÓN DE LA  CONVENCIÓN CEDAW EN VENEZUELA

Articulo 2       Obligación de consagrar una política orgánica contra la discriminación.

Artículo 3       Obligación de garantizar el adelanto de las mujeres y el  goce  de todos los Derechos Humanos y Libertades.

42.       Gracias a iniciativas y presión conjuntas del movimiento de mujeres, la Constitución venezolana de 1999 eliminó el lenguaje sexista y consagró por primera vez en forma directa, en su Artículo 21, el principio de igualdad de todas las personas ante la Ley; dicho artículo también contempla la prohibición de las discriminaciones en los términos establecidos en el Artículo 1 de la CEDAW, así como la garantía legal de igualdad real y efectiva mediante la posibilidad de que los organismos públicos puedan adoptar medidas positivas. Sin embargo, este conjunto de avanzados criterios que logramos insertar las mujeres en la Constitución de 1999, son, en muchos sentidos, letra muerta, como las leyes existentes y los planes diseñados.

43.       El Estado venezolano no ha cumplido con el espíritu y propósito del Articulo 2 que exige a los Estados Partes “… seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer…”. La acción contra la discriminación ha sido puntual, dispersa e incoherente, como lo demuestra el hecho de que en ninguno de los Ministerios y demás organismos del Poder Ejecutivo se ha diseñado, sancionado o ejecutado ninguna política explícita integral o parcial en tal sentido; no existe ningún instrumento de política gubernamental que exprese estrategias claras y las líneas de política gubernamental en la materia. No hay señales concretas de que, aun sin la existencia de tal instrumento, el gobierno esté desarrollando una política integral de igualdad y lucha contra la discriminación. Más grave aun son el predominio de expresiones machistas en el discurso político del Presidente y de algunos de los líderes de su gobierno y el que se hayan tomado decisiones que perpetúan los patrones discriminatorios, como se verá a lo largo de este informe.

44.       Hay significativos avances en materia legislativa, casi todos anteriores al año 2000 (Reforma del Título VI de Ley del Trabajo para proteger a la trabajadora embarazada, Reforma de la Ley del Sufragio para establecer una cuota del 30%, la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia) y se han formulado algunos instrumentos de política pública como son el Plan Nacional de la Mujer de 1997 y el Plan de Igualdad para las Mujeres; este último bastante extenso en contenidos para ser ejecutados en el período 2004 al 2005. Ninguno de estos dos planes se han ejecutado; no han pasado de ser instrumentos  formales, declarativos y se mantienen las actitudes y prácticas discriminatorias aun dentro de la estructura misma de los organismos públicos[25] y de la sociedad en general, frente a una clara ausencia de voluntad política del Estado, del gobierno y del resto de instituciones encargadas de ejecutar las leyes y los planes señalados.

45.       A fines de la Presidencia de Carlos Andrés Pérez, en 1993, fue promulgada la Ley de Igualdad de Oportunidades,  la cual permaneció cinco años (1994–1999) sin la sanción del Presidente Rafael Caldera, quien decidió no aplicarla. El actual Presidente de la República, antes de sancionarla, resolvió en el año 2000, modificar la Ley mediante un Decreto Presidencial.[26] La Ley en cuestión crea el Instituto Nacional de la Mujer INAMUJER y el Decreto señalado, eliminó la representación de la sociedad civil organizada de mujeres de la Junta Directiva del Instituto, con lo cual dicho órgano está enteramente integrado por representantes del Estado.[27]

46.       Las disposiciones de la  Ley de Igualdad de Oportunidades no se aplican y no ha habido ninguna iniciativa concreta dirigida a la realización práctica y efectiva del principio de Igualdad en el mainstream de las políticas públicas estatales o gubernamentales, como exige la CEDAW. Pese a lo que se enuncia en el Plan de Igualdad 2004-2005, el gobierno no ha formulado ni ejecutado una política gubernamental realmente orgánica e integral dirigida a liquidar la discriminación y a garantizar en los hechos el principio de Igualdad.