Desde Cladem
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM Paraguay), se dirige a Ud., y por su intermedio al pleno del Congreso con el objeto de expresar nuestro firme rechazo y cuestionamiento al execrable discurso vertido por el Senador Manuel Bóveda en esa Cámara, en ocasión de la plenaria realizada en fecha 12 de julio del año en curso, de publico conocimiento y difundido en todos los medios de prensa.
Denunciamos, rechazamos y repudiamos las expresiones discriminatorias respecto a las mujeres, las identidades de género, la xenofobia, y la libertad de expresión ideológica, que fomentan y legitiman el odio en la ciudadanía paraguaya y posibles situaciones de violencia, que durante muchos años, el Estado paraguayo ha tratado de rectificar en defensa y garantía de los derechos humanos de la población diversa que habita el suelo nacional. Es lamentable que en el siglo XXI, integrantes del Parlamento adolezcan de la minima formación respecto a los derechos y garantías que la Constitución de la República del Paraguay garantiza.
El Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM Paraguay), red que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, ante la destitución del Presidente electo en 2008, a través de un juicio político express y a nueve meses de nuevas elecciones, expresa cuanto sigue:
Nosotras, feministas e integrantes del Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), presentes en 14 países de la región, CONDENAMOS la destitución del Presidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo, elegido democráticamente por el voto ciudadano y REPUDIAMOS la actuación del Congreso, el cual demostró estar al servicio de intereses de grupos minoritarios con poder económico y sin representación popular, oponiéndose a las instituciones democráticas y a los procesos de transformación de los pueblos para no perder privilegios en cuanto a tenencia de la tierra y otros, negándose a una redistribución justa de los recursos entre paraguayos y paraguayas, por lo que han posibilitado un viciado juicio político, sin garantías ni cumplimiento de los principios del debido proceso requeridas conforme lo establece el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Interamericana, retrotrayendo al país a un pasado nefasto de represión y violación a los derechos humanos de dictadura.
.