Organizaciones del continente instan a un adecuado proceso, con las debidas garantías*

El próximo 19 de marzo dará inicio en Guatemala la audiencia pública en el juicio que se sigue en contra del General en retiro Efraín Ríos Montt y de su ex director de los servicios de inteligencia militar, también General en retiro José Mauricio Rodríguez Sánchez, como presuntos autores intelectuales de crimenes de lesa humanidad (asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura) en contra de casi dos mil personas, la mayoría de ellas mayas Ixil. Estos hechos ocurrieron durante el periodo que Ríos Montt ocupó el poder, es decir, desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983.

CIDH RECIBIÓ INFORMACIÓN Y PETICIONES SOBRE CASOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

En el marco del 147º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones de la sociedad civil de Paraguay peticionaron a la Comisión:
1) La realización de una Visita In loco de la CIDH al país para constatar las situaciones denunciadas en el marco de la audiencia mantenida con la Comisión;
2) Un pronunciamiento respecto de las violaciones de derechos humanos ocurridas en la Masacre de Curuguaty;
3) Que solicite al Estado paraguayo datos sobre la investigación de las denuncias de torturas sufridas por varias de las personas detenidas por el caso Curuguaty;

El Foro Internacional de Mujeres Indígenas, creado luego de la 4ta Conferencia de la Mujer en 1995, elaboró el documento de posicionamiento de las mujeres indígenas en relación al tema de la violencia que compartimos con ustedes:

SESION QUINCUAGESIMA SEPTIMA DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER
Del 04 al 15 de marzo del 2013
Nueva York

Posicionamiento político:
Mujeres y niñas indígenas unidas por una vida sin violencia y con dignidad

Reafirmando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing , la Declaración de Beijing de Mujeres Indígenas, los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General  y las declaraciones aprobadas por la Comisión con ocasión de los aniversarios décimo y decimoquinto de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,

Reafirmando además los compromisos internacionales en la esfera del desarrollo social y en favor de la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer contraídos en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, así como los contraídos en la Declaración del Milenio  y la Cumbre Mundial 2005 , y observando la atención prestada a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres indígenas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada por la Asamblea General en su resolución 61/295, de 13 de septiembre de 2007,

Cladem Uruguay (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), es parte de una red socio-jurídica de carácter regional que cuenta con estatus consultivo en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. Tiene como mandato la defensa y promoción de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de las mujeres, así como el monitoreo de la observancia por parte de los Estados de la ley nacional e internacional. En cumplimiento de aquél, realiza el presente comunicado.

La Suprema Corte de Justicia por sentencia Nº 20 de 22 de febrero de 2013, en mayoría, amparó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley Nº 18.831.
El extenso Fallo viene a decir en un lenguaje más llano, que la mencionada norma vulnera principios constitucionales y legales básicos de un Estado de Derecho, como la prohibición de juzgar a persona alguna por crímenes que a la fecha de su comisión, no fueran delitos según la ley y la prohibición de irretroactividad de la ley penal mas gravosa, así como distintas normas del Derecho Internacional que Uruguay ha ratificado, entre otros la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica.

Sostiene también que los delitos cometidos durante la dictadura que padeció Uruguay de 1973 a 1985, no constituyen delitos de lesa humanidad.