Las organizaciones de mujeres y jóvenes feministas, comparecemos hoy para hacer pública nuestra exigencia al Congreso Nacional de la República, de que someta a discusión del pleno, el Decreto Legislativo N° 54-2009 que prohíbe y penaliza el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), en una clara violación de los derechos humanos de las mujeres.

Hace tres años, las feministas hondureñas logramos, ¡sí, fue un logro nuestro!, que el ex Presidente Manuel Zelaya vetara ese decreto, por su contenido violatorio de derechos protegidos por la Constitución de la República y a convenios internacionales de los cuales Honduras forma parte. Luego del veto presidencial, el mismo debió ser sometido a una nueva deliberación y aprobación por dos tercios de los votos de los diputados y diputadas del Congreso Nacional, previa opinión de la Corte Suprema de Justicia. Recién hace 3 meses la Corte se ha pronunciado.

Aprovechando la situación social en que estaba el país los meses previos al Golpe de Estado de 2009, la actual Ministra de Turismo, Nelly Jerez, presentó en la Cámara Legislativa, un proyecto de ley violatorio de los derechos de las mujeres. Dicho proyecto, fue elaborado por un grupo de fundamentalistas religiosos, como la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Honduras y el Opus Dei, que se esconden bajo el manto de organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas privadas y desde cargos públicos legítimos o no.

Con manipulaciones y falacias, estos grupos lograron que el Congreso aprobara el Decreto Legislativo N° 54-2009, bajo el argumento de que la anticoncepción de emergencia es abortiva. En la actualidad no existe una sola evidencia científica, rigurosa y seria en todo el mundo, que concluya que la anticoncepción de emergencia tiene efectos sobre un ovulo fecundado.

Desde entonces hemos estado viviendo y resistiendo una estrategia nacional y regional, en contra la autonomía de las mujeres de parte de organizaciones como el Opus Dei, que reforzada por los partidos tradicionales, pretenden impedir a las mujeres el ejercicio de sus derechos humanos. No hemos aceptado arreglos que a manera de maquillaje seudo democrático, buscan esconder las enormes, constantes y casi siempre invisibilizadas violaciones a los derechos humanos de las mujeres. A fin de cuentas, el militarismo, el estado policíaco, la violencia institucional y la manipulación de conciencias, son manifestaciones de la misma lógica patriarcal dominante.

Sólo en el año 2011, el Ministerio Público recibió 2,417 denuncias de abusos sexuales, en las que las víctimas eran mujeres y niñas, y si muy poco se hace por sancionar a los responsables de esos crímenes, menos esfuerzos se hace para prevenirlos. La falta de voluntad política para proteger los derechos de las mujeres, se evidencia casi en todas las instituciones del estado de Honduras. Cabe destacar acá, que la pastilla anticonceptiva de emergencia es el único método que puede utilizar una mujer sobreviviente de violencia sexual para evitar un potencial embarazo producto de una violación.

Ante el veto presidencial y la necesidad de esperar la opinión de la Corte Suprema de Justicia, se optó por la aprobación de un acuerdo ejecutivo para prohibir la promoción, comercialización y uso de las PAE, impidiendo que las mujeres hicieran uso de ella, luego de más de una década en que era distribuida y utilizada legal y legítimamente en el país.

Fue Mario Noé Villafranca, ministro de Salud del régimen de facto y ex presidente del Colegio Médico de Honduras, quien suscribió dicho acuerdo, desconociendo la evidencia científica existente sobre las PAE, y a pesar de no haber concluido el proceso parlamentario para la vigencia del Decreto Legislativo; razón por la cual, tiene una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos por delitos cometidos contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución.

El pasado 14 de febrero, la Corte Suprema de Justicia emitió la opinión solicitada por el Congreso Nacional, afirmando que prohibir y penalizar la promoción y el uso de las PAE no viola los derechos humanos de las mujeres, por lo que ahora y según el trámite constitucional corresponde al Congreso Nacional una nueva deliberación sobre el decreto, y ratificarlo o no.

Por tanto, desde nuestras organizaciones exigimos:

Al Presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, que someta a deliberación lo más pronto posible, el Decreto Legislativo N° 54-2009, y que el pleno actúe en consonancia con los mandatos de los Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la propia Constitución de la República, no ratificando el decreto.

Al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Mujer, que asuman una postura pública de defensa a los derechos de las mujeres a informarse, acceder y hacer uso de la anticoncepción de emergencia, de acuerdo a sus mandatos institucionales. A la Secretaría de Salud, que derogue el Acuerdo Ejecutivo N° 2744 que prohíbe el uso de las PAE, emitido ilegalmente por un régimen de facto, contrario a políticas públicas nacionales y a opiniones, recomendaciones y mandatos de distintas instancias internacionales

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Las mujeres hondureñas exigimos que se respeten nuestros derechos, que éstos no se utilicen para ganar votos.

Tegucigalpa, 16 de mayo de 2012

CLADEM HONDURAS

CENTRO DE DERECHOS DE LAS MUJERES DM

CENTRO DE DERECHOS REPRODUCTIVOS

Cattrachas

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