Todas las personas tienen el derecho a una vida libre de violencia y a disfrutar de la paz, tanto en la esfera pública como en la privada. Todas las formas de violencia contra las mujeres constituyen una violación a sus derechos humanos.

Las personas migrantes, o refugiadas así como todas las personas en situación de vulnerabilidad tienen derecho a medidas especiales de protección frente a la violencia.

Las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la esterilización forzada, los embarazos forzados y otros abusos sexuales en situaciones de conflicto armado constituyen crímenes contra la humanidad.

Todas las personas tienen el derecho a un presupuesto nacional dirigido a la promoción de la paz por parte de los gobiernos, incluyendo medidas dirigidas a la reducción de los gastos militares, la eliminación de todas las armas de destrucción masiva, la limitación de armamentos a las estrictas necesidades de la seguridad nacional y a la reasignación de estos fondos para el desarrollo humano sustentable.