Todas las personas y pueblos tienen derecho a participar de un desarrollo humano sustentable y disfrutar de sus beneficios.

Las decisiones en relación a las prioridades nacionales y la asignación de recursos, deberá priorizar la erradicación de la pobreza y la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo la salud física y mental, educación, trabajo, vivienda, alimentación, distribución equitativa de la renta y el acceso a la tierra, al crédito, la tecnología, el agua potable y la energía.

El trabajo doméstico, la provisión de las necesidades de la familia, la crianza y educación de los hijos e hijas, inclusive después de la separación o el divorcio, son un derecho y un deber de toda mujer y de todo hombre.

Todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y lucrativo; a la libre elección de su trabajo; a la protección contra el desempleo; a condiciones de trabajo seguras, equitativas y satisfactorias y a un nivel de vida adecuado que incluya el descanso y la recreación.

Todas las personas tienen derecho a gozar de las mismas oportunidades y tratamiento con relación al acceso a los servicios de orientación profesional y empleo; a seguridad en el empleo; a igual remuneración por un trabajo de igual valor, a la seguridad social y otros beneficios sociales.